Breves apuntes en torno a los valores jurídicos en el horizonte del binomio legalidad-legitimidad en Cuba

• Páginas: 36-59
• Fecha: 01 Julio 2025
• Fecha de publicación: 01 Julio 2025
• Autor: Yuri Pérez Martínez
• Materia: Derecho Público y Administrativo

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

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BREVES APUNTES EN TORNO A LOS VALORES JURÍDICOS

EN EL HORIZONTE DEL BINOMIO LEGALIDADLEGITIMIDAD EN CUBA

Brief notes on legal values within the framework

of the legality-legitimacy binomial in Cuba

Dr. Yuri Pérez Martínez

Profesor Titular de Derecho Constitucional

Universidad de La Habana (Cuba)

https://orcid.org/0000-0002-8221-5296

yuriperez1@lex.uh.cu

Resumen

El artículo examina los valores jurídicos, a partir del análisis de las categorías

valor, valoración y signicación social. Se expone la naturaleza objetiva e his-

tórica de los valores y su diferenciación respecto de las valoraciones subjetivas,

así como la distinción entre valores y antivalores. Sobre estas bases conceptua-

les, se aborda la jerarquía de los valores y su función dentro del sistema social y

jurídico, con especial atención a los valores constitucionales. Se analiza la rela-

ción entre valores jurídicos, poder político y ordenamiento jurídico, y examina el

proceso mediante el cual determinadas signicaciones morales se incorporan al

Derecho como valores jurídicos. En este contexto, se estudia la dignidad huma-

na en la Constitución de la República de Cuba de 2019, su presencia en el texto

constitucional y su consagración como valor supremo en el sistema de derechos

y deberes. Finalmente, se aborda el binomio legalidad-legitimidad y su proyec-

ción en los valores sociales y jurídicos.

Palabras clave: valores jurídicos; dignidad humana; jerarquía de valores; legali-

dad; legitimidad.

Abstract

The article examines legal values from a theoretical and constitutional

perspective, based on the analysis of the categories of value, valuation, and

social signicance. It explains the objective and historical nature of values and

distinguishes them from subjective valuations, as well as dierentiating values

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from anti-values. On these conceptual foundations, the study addresses the

hierarchy of values and their function within the social and legal system, with

particular attention to constitutional values. The paper analyzes the relationship

between legal values, political power, and the legal order, and examines the

process through which certain moral signications are incorporated into law as

legal values. In this context, it studies human dignity in the 2019 Constitution

of the Republic of Cuba, its presence throughout the constitutional text, and its

recognition as the supreme value of the system of rights and duties. Finally, the

article addresses the legality–legitimacy binomial and its projection onto social

and legal values.

Key words: Legal values; human dignity; hierarchy of values; legality; legitimacy.

Sumario

1. Presupuestos conceptuales: valor, valoración y signicación social. 2. La jerarquía de

valores. Los valores jurídicos. 3. La dignidad humana como valor supremo que susten-

ta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes en Cuba. 4. El binomio lega-

lidad-legitimidad y su proyección en los valores jurídicos. 5. Conclusiones. Referencias

bibliográcas.

1. PRESUPUESTOS CONCEPTUALES: VALOR, VALORACIÓN

Y SIGNIFICACIÓN SOCIAL

En la actualidad, los debates morales y su trascendencia para el futuro de la

humanidad, alcanzan su punto más álgido. La sociedad democrática se articu-

la a partir de relaciones que se maniestan entre moral y Derecho, legalidad y

legitimidad, mayorías y minorías, enajenación y desenajenación. No es casual

que las transformaciones en los sistemas políticos contemporáneos se de-

sarrollen -en parte- dentro del terreno de los valores.

En este contexto, valor, valoración y signicación social constituyen términos

que, en dependencia de circunstancias históricas y culturales, pueden variar su

sentido y alcance. Solo desde el Derecho, el vocablo valor posee múltiples sig-

nicados. Así, en el ámbito jurídico es común la utilización de los términos va-

lor activo, valor actual, valor aduanero, valor agregado, valor ajustado, valor al

cobro, valor cierto, valor de afección, valor en uso, valor declarado, valor en

cambio, valor en cuenta, valor inmovilizado, valor líquido, valor locativo, valor

nominal, valor ocial, valor pasivo, etc. De igual forma, la voz valoración puede

referirse a la apreciación de las pruebas por el juez o tribunal competente, a la

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valoración aduanera, o sea, la determinación por la autoridad actuante del

valor imputable a los bienes que se exportan o se importan; valoración co-

mercial, agrícola, entre otras.1 Esta razón implica comenzar este análisis con

precisiones que permitan una coherencia conceptual.

Los valores, en principio, deben ser entendidos como la signicación social-

mente positiva de los objetos y fenómenos de la realidad.2 Desde esta concep-

ción tienen naturaleza esencialmente objetiva. Esta noción implica que los

valores se estructuran solo dentro de las relaciones sociales, en la simbiosis

entre el ser humano y su entorno de desarrollo. Poseen un carácter históri-

co-concreto que se justica por el continuo avance social y la singularidad que

aporta que esos intereses, propósitos y nalidades se determinen, en última

instancia, por las condiciones del régimen socioeconómico.

La nota distintiva del valor radica en la cualidad de ser eminentemente objeti-

vo, mientras que la valoración, como reejo subjetivo en la conciencia del

hombre de la signicación que para él posee los objetos y fenómenos exis-

tentes en una sociedad establecida; es un proceso subjetivo. Aunque ambos

conceptos presentan un vínculo estrecho y comparten raíces etimológicas,

son diferentes en su forma y contenido.

El valor se objetiva por la signicación que la sociedad le atribuye, pero solo

en la medida en que las necesidades que esa signicación maniesta coinci-

den con las que surgen del sistema de relaciones sociales donde se realiza el

proceso valorativo; o sea, la signicación social positiva es el resultado de la

necesidad histórica y del progreso de la humanidad en un ámbito preciso.

Las necesidades sociales existen en la medida en que articulan las necesidades

individuales durante el transcurso del tiempo; pero, sin minimizar el papel de

las necesidades del sujeto en el proceso valorativo, la signicación social no

depende de las inclinaciones subjetivas de la persona que valora.

1 Véase: CABANELLAS DE LA TORRE, G., Diccionario de Ciencias Jurídicas, edición actualizada por

Guillermo CABANELLAS CUEVAS, Heliasta, Buenos Aires, 2012, pp. 984-987; DE CASO Y ROMERO, I.,

y CERVERA Y JIMÉNEZ ALFARO, F. (directores), Diccionario de Derecho Privado, Labor, S. A., Madrid,

1950, pp. 3947-3949.

2 En los conceptos de valor y valoración se siguió la propuesta que –con una visión mar-

xista- hiciera FABELO CORZO, J.R., Práctica, conocimiento y valoración, Ciencias Sociales, La

Habana, 1989.

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La libertad como valor –por ejemplo- presenta una signicación socialmente

positiva que puede sintetizarse en la fórmula “todos los seres humanos somos

libres”, sin embargo cuando la persona valora, expresa en su valoración, entre

otros, sus conocimientos, ideales, experiencias, concepción del mundo, emo-

ciones y necesidades. El resultado de esa valoración puede denotar una con-

ducta que atente contra la libertad social; por ello el valor de la libertad, su

signicación social no se deriva de la subjetividad del sujeto que valora, de la

internalización en su conciencia de condicionantes tanto por parte del objeto,

como por parte del sujeto. El valor de la libertad está jado por su capacidad

de satisfacer necesidades humanas en el plano de la realidad social.

De argüir la fundamentación objetiva de los valores, como producto de la

actividad histórico-práctica de los hombres, se caería en una interpretación

subjetivista, por ende, relativa de estos. En esta línea advierte FABELO CORZO:

“Es indiscutible que si suponemos el surgimiento de los valores en la relación

cognoscitiva o valorativa (…) afrontamos dos dicultades casi insuperables.

En primer lugar, nos veríamos imposibilitados a considerar como valores

aquellos que, sin que el hombre aún los conozca o valore, poseen una bien

denida signicación para la sociedad y afectan realmente (y no potencial-

mente) las necesidades humanas, aunque el hombre no sea consciente de

esto. En segundo lugar, implicaría una relativización extrema de los valo-

res, haciéndolos depender de cuantos sujetos con necesidades e intereses

distintos existan, lo cual nos privaría de la posibilidad de encontrar una

fundamentación objetiva para los valores auténticamente humanos.”3

La valoración del sujeto individual puede conciliar con la signicación que la

sociedad atribuye a la libertad, por ser expresión de sus intereses y necesida-

des, pero son de naturaleza diferente. Entre ellas -valoración y valor- se pueden

manifestar divergencias, incluso contradicciones antagónicas.

Desde esta perspectiva, es ineludible distinguir valor de signicación social.

Todo lo valioso es signicativo, pero no a la inversa, no toda signicación

social es un valor.

El valor es una forma de signicación social, es la signicación que desempeña

un rol positivo en el perfeccionamiento de la sociedad y que, por lo tanto, está

3 FABELO CORZO, J.R., cit., pp. 32-33. El paréntesis es del autor.

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relacionada con el avance, el desarrollo y el progreso social. El valor es siempre

positivo, mientras las valoraciones pueden ser de signo positivo o negativo.

La existencia de valores negativos constituye un contrasentido, el propio

término valor excluye tal posibilidad. Ni siquiera con acento en la relación

valorativa se puede sostener la presencia de valores negativos, pues ella es

la afirmación del engranaje en la conciencia humana entre el sujeto que

valora y el valor de los objetos y fenómenos, o sea, de la significación social

positiva que estos tienen. En la valoración intervienen disímiles elementos

que se vinculan siempre a las necesidades, por ello, el resultado de la acti-

vidad valorativa no siempre se reputa como positivo.

La categoría signicación social respecto al concepto de valor es más amplia,

pues abarcan los denominados anti-valores con signicaciones sociales ne-

gativas. La inexistencia de valores negativos no refuta la objetividad y exis-

tencia de los anti-valores que se identican a partir del propio parámetro del

avance y progreso social, pero con un enfoque en los efectos negativos que

estos provocan (o pueden provocar) sobre la sociedad. De esta manera, las

signicaciones sociales que no se corresponden con las necesidades de los

seres humanos en su actividad práctica y se valúan como lesivas al desarrollo

social, se reputan como anti-valores.

Con el ánimo de ilustrar, sirva la referencia a la dignidad humana como un va-

lor que presenta, en la escala jerárquica de cualquier sociedad, el lugar supre-

mo. Como valor relacional tiene profunda signicación positiva, por lo que

encarna para el desarrollo social. Implica la realización plena de la persona

como ser y es consustancial en la prevención, protección y promoción de los

derechos humanos. La dignidad se objetiva a partir de que su esencia satisface

la necesidad del sujeto en cuanto ser libre y en función de la determinación

social de la propia dignidad, o sea, la sociedad –sobre la base de necesidades e

intereses concretos- atribuye a la dignidad una trascendencia positiva para la

armonía individual y social.

La idea anterior obliga a hacer una aclaración teórica pues, en la conguración

de la dignidad, como en tantos otros valores, es relevante el componente sub-

jetivo. La dignidad no existe en la realidad material, sino en la realidad espiri-

tual. Sin embargo, la subjetividad está enfocada y limitada al momento de su

construcción y al de su valoración.

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La signicación social presenta naturaleza objetiva porque está fundamenta-

da, más allá de valoraciones individuales, en las necesidades históricas de la

sociedad en su conjunto, en su unidad axiológica. La objetividad de la digni-

dad devela su núcleo, sirve para satisfacer a la humanidad con vistas a sus inte-

reses principales y esto tiene siempre una signicación positiva. Se reitera, no

debe confundirse al valor dignidad de la valoración que de ella hagan los suje-

tos. Entonces, la dignidad se presenta con independencia de la conciencia del

ser humano y calican como indignas las conductas y comportamientos que

atentan, contrarían o desdibujan al valor.

De esta forma, por ejemplo, la homofobia es una práctica indigna, no solo en

la medida en que se opone a la libertad del sujeto de decidir en torno a su

sexualidad, sino porque se opone a la signicación que la sociedad atribuye

a la libertad sexual y que es producto del progreso humano. Igual criterio se

sigue con el racismo y todas las prácticas que generan discriminación. Aquí

la homofobia y el racismo, serían expresión de anti-valores.

Sin embargo, la signicación social positiva en esta dirección, si se tratara de

una sociedad machista, androcéntrica y sustentada en la heteronormatividad

o en la superioridad de razas, podría ser de signo negativo, porque las necesi-

dades en la actividad práctica de los hombres no se visualizan de igual forma

en todas las sociedades.

Un alto en estas precisiones conceptuales merece la comunicación y concate-

nación de los valores. El factor de relación entre ellos, amén de la jerarquía que

presentan, lo constituye el desarrollo social. El “normal” (sin dudas, término

producto de una valoración) funcionamiento de la sociedad se cimienta en

variadas signicaciones sociales positivas que se exhiben como vencedoras

en la lucha entablada entre valores y anti-valores. Estas signicaciones se in-

tersectan porque las necesidades e intereses sociales que exteriorizan y que

surgen de la actividad práctica de los hombres, se articulan.

En síntesis, el valor constituye siempre una referencia para la valoración. La

signicación social coincide con el valor solo si representa un elemento positi-

vo con relación al adelanto y mejora de la civilización, aspecto que actúa como

medida de identicación y calidad de los valores, a la vez que permite con-

trarrestar los antivalores como signicaciones sociales negativas.

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Los valores son siempre positivos, tienen un carácter histórico y se ubican en

un sistema jerárquico, donde la sociedad privilegia en lugares cimeros aquellos

que mayor satisfacción ofrece a sus necesidades.

Estas notas características se corresponden con la teoría de los valores que

subraya la naturaleza clasista, social-objetiva del valor, su esencia condiciona-

da y se distancia del pretendido carácter a-histórico, subjetivo y relativo que

expone la axiología liberal.

Las ideas sostenidas conducen a rechazar la expresión “pérdida de valores” que

en disímiles ocasiones se usa para representar una causa que tiene como efec-

to una conducta atentatoria respecto a las signicaciones sociales positivas

que se conceden a los objetos materiales y fenómenos de la conciencia social.

En este escenario, la pérdida, que indica merma o quebranto, no se reere al

daño o menoscabo que sufre el valor, sino a la valoración que realiza un sujeto

en el plano de la conciencia individual y que lo mueve a violentar códigos en el

orden de la moral social.

Si se entiende por pérdida, la acción y resultado de perder o perderse4 y se

extiende al campo de los valores, con ello solo se expondría la forma cambian-

te de estos y su concreción histórica. Dejan de ser valores -y se pierden- porque

desaparece la signicación social positiva que la sociedad les asigna, sobre la

base de las necesidades e intereses que representan. En pocas palabras, “pér-

dida de valores” indica que la sociedad deja de atribuirle a ese objeto o fenó-

meno de la realidad material o espiritual, una signicación positiva conforme a

la práctica social, pues no entraña un avance y el progreso humano.

La relación individuo-valor se exterioriza a raíz de las valoraciones positivas del

sujeto en torno a los valores. El valor se erige como orientador y regulador de

la conducta humana. El individuo actúa conforme al proceso valorativo que

realiza sobre la base de signicaciones sociales, sean positivas o negativa. Si

procede conforme a las primeras, se percibirá por la sociedad como una perso-

na con valores; si lo hace en razón de las segundas, se avistará como una per-

sona que se comporta dentro de los moldes de los anti-valores. En ninguno

de los dos casos, existe “pérdida de valores”, lo que se maniesta es el signo de

valoraciones a partir de fenómenos objetivos y subjetivos.

4 Véase Gran Diccionario de la Lengua Española Larousse, Larousse Planeta S. A. Creación y rea-

lización de la versión electrónica de Planeta Actimedia S. A. 1998.

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Lo anterior trasciende –por ejemplo- al plano de la argumentación que realiza

el juez al acudir a la expresión “pérdida de valores” para referir a la causa que en el

orden cultural tiene como efecto una conducta negativa o contraria a los valo-

res que el Derecho consagra. En este supuesto, la argumentación encierra una

contradicción, pues si no existe el valor, o sea, la signicación social positiva, el

Derecho dentro de la sociedad democrática, como espacio de articulación en-

tre legalidad y legitimidad, no debe –en principio- reprimir la conducta. El juez,

garante de la legalidad, debe visualizar que no infringió la norma y con ello la

protección que el Derecho ofrece a ciertas signicaciones, porque el sujeto

perdió valores, sino porque hizo una valoración negativa que se aparta de los

intereses y necesidades sociales.

2. LA JERARQUÍA DE VALORES. LOS VALORES JURÍDICOS

Un aspecto trascendente en este análisis lo ocupa la jerarquía de los valores.

Piénsese en la justicia y la solidaridad y cómo se posicionan en la escala de

valores sociales y óbviese, por el momento, el perl jurídico de ellos y la fuerza

que al legalizarlos le otorga la coacción estatal, por ende, el lugar dentro del

sistema de valores jurídicos. Sobre estos se hacen juicios de preferencia. Desde

la sociedad, en virtud de las signicaciones positivas, se genera una selección:

es mejor ser justo y solidario, que ser solo justo o solo solidario.

El problema radica en tener que elegir entre una persona justa y una solida-

ria. La salida se proyecta en el campo de la valoración, a partir de los elemen-

tos que la acompañan, condicionan y determinan. Justicia es preferible a

solidaridad, en tanto justicia tenga una signicación social positiva superior

a solidaridad. Pero la solución no se postula como categórica, pues estará en

dependencia de las relaciones sociales y de las necesidades e intereses con-

cretos que se presentan en un período histórico y ello se enfrenta a la preten-

dida independencia del juicio de valor y de la libertad que se le atribuye al

sujeto de poder elegir.

En efecto, desde la concepción liberal se postula una tensión entre libertad y

valores, un conicto de primacía entre la libertad -que se presenta como auto-

dirección de la conducta humana- y las signicaciones sociales positivas. Para

este enfoque, la libertad del hombre es superior al deber-ser de los valores. Los

valores se construyen para ser obedecidos, pero lo serán sólo en la medida en

que la libertad quiera obedecer.5

5 MÉNDEZ, J.M., Valores éticos, Estudios de axiología, Grácas Halar, S. L.-Andrés de la Cuerda,

Madrid, 1978, p. 299.

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Precisamente, en la independencia que se reivindica de la libertad, es donde se

evidencia la debilidad de esta conguración teórica, que no tiene en cuenta

que la autodeterminación de la persona no se maniesta de forma pura, que

tiene cause en las valoraciones y que estas son siempre, como producto de la

conciencia humana, una relación mediada; al punto de que la aparente liber-

tad individual es una libertad admitida socialmente.

El criterio anterior, no pretende desconocer el raciocinio que caracteriza al

hombre y que lo dota de un espacio de autodecisión, sino que ese querer

actuar transita por la asimilación de diversos factores por el sujeto y que, en

consecuencia, inciden en su actuación.

Entre las teorías que explican cómo se estructura la escala o pirámide de los

valores y cómo funcionan los criterios de posicionamiento en ella,6 a juicio

nuestro, debe prevalecer la que postula una mirada que capta al ser humano en

su complejidad, en sus interrelaciones en sociedad. Si el parámetro de iden-

ticación del valor lo constituye el progreso social, los lugares superiores lo

alcanzarán aquellos que cumplan de mejor manera esta función. Las posi-

ciones de los valores no se conciben como inmutables, estáticas e inaltera-

bles; por el contrario cambian en dependencia del devenir histórico, de las

realidades y el contenido de las necesidades sociales.

A la estructuración del sistema de valores en un espacio social concreto, el

poder político le otorgan un papel fundamental, pues se erige en elemento

estratégico para privilegiar valores que permiten la reproducción de un sis-

tema político dado. De hecho, la construcción de un orden de valores siem-

pre estará condicionado por estimaciones políticas y, en última instancia, por

el régimen socio-económico.

Para un Estado Socialista de derecho y justicia social, el principal valor es el ser

humano, su dignidad, y sobre esta premisa, se escalonan el resto de los valores,

6 Autores como SCHELER, LAVELLE, HARTMANN, entre otros se enfocaron en la altura, grado y fuer-

za respectivamente. SCHELER, parte de cinco maneras de constatar la altura de los valores, a

saber: duración, divisibilidad, fundamentación, satisfacción y relatividad. Para LAVELLE “se as-

ciende por grados desde los valores que interesan al ser en cuanto inmerso en la naturaleza

a los valores que interesan al hombre en cuanto espectador de la naturaleza, y nalmente

a los valores en los que el hombre se eleva sobre la naturaleza para transformarla o para li-

brarse de ella.” HARTMANN, por su parte acepta, en un inicio, el criterio de SCHELER pero centra su

análisis en la fuerza que la percibe en sentido opuesto a la altura. Para profundizar en estas

disquisiciones teóricas, véase: MÉNDEZ, J.M., Valores éticos, cit., pp. 137 y ss.

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sean económicos, políticos y jurídicos. La jerarquía real y objetiva entre ellos

depende del estado de las necesidades sociales y de las singularidades y cir-

cunstancias de cada sociedad.

Así, en nuestro sistema social y durante mucho tiempo, se postularon con

mayor jerarquía los valores espirituales respecto a los valores materiales y se

soslayó que “no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por

el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”.7

Hoy, surge la problemática de cuáles valores deben ocupar los primeros

lugares en Cuba, pues la cotidianidad descubre la necesidad de valuar la

significación social de los valores a los efectos de fijar su jerarquía, se trata

de precisar el valor de los valores.

Es necesaria una sinergia entre valores materiales y espirituales, pero que ten-

ga en consideración que el hombre satisface las necesidades propias de su

existencia y luego se proyecta sobre el mundo espiritual; claro no es una rela-

ción unidireccional.

Un sistema social se levanta a partir de signicaciones sociales positivas que se

muestran como nes a alcanzar y el rechazo a signicaciones sociales negati-

vas (anti-valores). Lo anterior genera una disputa constante entre sistemas de

valores. La preponderancia de unos sobre otros, estará en dependencia, amén

de otros elementos, de las condiciones materiales de vida y del nivel de con-

ciencia existente en el país.

Dentro de la escala de valores sociales, los jurídicos ocupan una posición pri-

mordial. Los valores jurídicos,8 en especial los constitucionales, son expresión

de los más altos objetivos éticos de una sociedad. Están relacionados con el

hecho fundante básico, razón por la cual se extienden a todo el ordenamiento

jurídico. La Constitución dota de supremacía a los valores morales que por in-

tereses del poder político, se incorporan al Derecho.

7 MARX, C., “Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política”, Obras escogidas,

tomo I, Progreso, Moscú, 1980, p.270.

8 No es objetivo del presente trabajo realizar una disección de los valores jurídicos, de su con-

tenido, estructura y alcances, sino aludir a su importancia en la sociedad democrática.

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El par valores jurídicos y sociedad democrática permite acercarse a la relación

entre el poder y el Derecho. Las concepciones morales asumidas por el poder

como valores políticos se insertan en el Derecho como valores jurídicos.

Existe una diferencia entre signicación moral y signicación jurídica. Ambas

son signicaciones sociales y pueden coincidir en dependencia del contexto y

los intereses del poder político. La igualdad y el respeto que de ello deriva tie-

ne una signicación socialmente positiva. No obstante, pese a la signicación

moral, el Estado, a través del Derecho, constitucionaliza la igualdad y la inserta

en el ordenamiento jurídico como n. Al positivar estos valores, se realiza una

atribución de signicación jurídica.

La signicación moral y la signicación jurídica coinciden en la medida en que

el poder asuma las signicaciones morales, como valores políticos que repro-

ducen sus intereses. La sociedad estructurada democráticamente es escenario

de coincidencias entre ambas signicaciones. Se perla, desde esta perspecti-

va el ajuste del normativismo puro y la elaboración de un normativismo corre-

gido que asume contenidos materiales de moralidad legalizada. Se plantea la

articulación entre legalidad y legitimidad.

3. LA DIGNIDAD HUMANA COMO VALOR SUPREMO QUE SUSTENTA

EL RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS

Y DEBERES EN CUBA

En la Constitución de la República de Cuba de 2019, la dignidad humana no

aparece concentrada en una sola norma, sino desplegada a lo largo del texto

constitucional. Desde el preámbulo, la dignidad humana plena se presenta

como aspiración fundante del diseño constitucional y congura un horizonte

axiológico general. Esta proyección se desarrolla en normas posteriores en las

que la dignidad opera como valor y como principio orientador de la actuación

de los poderes públicos, así como como n esencial de la actividad estatal, en

cuanto esta se dirige a garantizar la dignidad plena de las personas.

Ahora bien, esta presencia transversal de la dignidad no implica una equipa-

ración funcional de todas sus formulaciones constitucionales. El texto distin-

gue con claridad entre la dignidad como principio, como n político-jurídico

y la dignidad como valor supremo del sistema de derechos fundamenta-

les y deberes.

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En efecto, el texto constitucional consagró en su artículo 40 a la dignidad hu-

mana como “el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los

derechos y deberes consagrados en ella, los tratados y las leyes”.9 Esta arma-

ción no es retórica ni declarativa, sino normativa y estructural, pues dene un

criterio rector obligatorio para la interpretación constitucional, el desarrollo

legislativo, las políticas públicas y el control de constitucionalidad.

El artículo que apertura el Capítulo I del Título V “Derechos, Deberes y Garan-

tías” de la constitución, eleva la dignidad humana a la cúspide axiológica del

orden constitucional en materia de derechos. Aquí la dignidad deja de operar

como criterio general de orientación y se congura como fundamento norma-

tivo cualicado y directamente vinculante del reconocimiento y del ejercicio

de los derechos fundamentales, mandato que vincula a la Asamblea Nacional del

Poder Popular como único órgano con facultad legislativa del país.

De este modo, la dignidad cumple una función estructural precisa, fija el

único valor supremo del sistema de derechos fundamentales y delimita su

ámbito de aplicación. Ser el valor supremo, la cúspide en la jerarquía de los

valores jurídicos para el sistema de los derechos fundamentales y los debe-

res, justifica su consagración normativa como eje axiológico principal y

preserva la coherencia interna del modelo constitucional cubano.

El constituyente delimitó con precisión el único valor que puede operar como

fundamento superior del orden jurídico en materia de derechos. Bajo este

enfoque, la dignidad humana cumple una función unitaria y operativa. No se

presenta como una noción abierta o programática, sino como un parámetro

jurídico concreto que orienta la actuación del legislador, condiciona la activi-

dad administrativa y vincula de manera directa a los órganos jurisdiccionales.

La Constitución cubana de 2019 no prevé una pluralidad de valores supremos

en el ámbito de los derechos y deberes, sino una estructura axiológica concen-

trada y jurídicamente funcional. La dignidad no comparte su posición y funcio-

nalidad con otros valores, menos comparte jerarquía con ellos. La supremacía

que intencionadamente le asignó el constituyente, es una posición exclusiva.

9 Cfr. artículo 40 de la Constitución de la República de Cuba. Gaceta Ocial de la República

No.5 Extraordinaria, de fecha 10 de abril de 2020, Año CXVII.

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Esta centralidad se refuerza al observar la articulación sistemática del ar-

tículo40 con el régimen general de los derechos humanos y con el principio

de igualdad y no discriminación. Ambos descansan sobre la dignidad humana

como presupuesto común, lo que conrma que el sistema constitucional no

está construido sobre una suma de valores equivalentes, sino sobre un pilar

axiológico único que ordena el conjunto. La dignidad actúa, así como funda-

mento, límite y criterio de coherencia del sistema de derechos. Lo anterior no

implica que los derechos constitucionales, así como los reconocidos en trata-

dos internacionales y la ley, no se sostengan en otras signicaciones sociales.

De hecho, los derechos es el terreno más fértil para el análisis de los valores y

principios. Lo que se sostiene es que por conguración constitucional es la

dignidad la que mayor jerarquía tiene y esto es vinculante para todos los órga-

nos estatales. Sin embargo, desarrollos legislativos recientes y posteriores a la

Constitución, introducen una tensión relevante en el ámbito de los valores ju-

rídicos, de su jerarquía y las funciones que estos desempeñan en el ordena-

miento jurídico.

El Código de las familias y el Proyecto del Código de la Niñez, Adolescencias y

Juventudes (PCNAJ), aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en

julio de 2025; expanden el carácter de supremo que tiene la dignidad a otras

dos signicaciones sociales positivas: el humanismo y la justicia.

El artículo 3 de la Ley No. 156/2022, establece que “las relaciones que se de-

sarrollan en el ámbito familiar se basan en la dignidad y el humanismo como

valores supremos (…)”.10 Por su parte, el PCNAJ en su artículo 5 estipula que

“los derechos y mecanismos de protección, atención y participación de la ni-

ñez, adolescencias y juventudes se basan en la dignidad, el humanismo y la

justicia como valores supremos (…)”.11 Téngase en consideración que ambas

disposiciones jurídicas son leyes de desarrollo de la Constitución.

10 Cfr. Ley No. 156 de fecha 22 de julio de 2022. Gaceta Ocial No. 99 Ordinaria de 27 de sep-

tiembre de 2022, edición ordinaria, AÑO CXX, número 99, p. 2895.

11 Cfr. Proyecto de Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, aprobado por la Asamblea

Nacional del Poder Popular de la República de Cuba en fecha 18 de julio de 2025, pero a la

fecha sin ser publicado en la Gaceta Ocial de la República, a pesar de que entra en vigor

el próximo 28 de enero de 2026. Disponible: https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/

default/les/documento/2025-07/proyecto-de-ley-codigo-de-la-ninez-adolescencias-y-ju-

ventudes-2.pdf

REVISTA CUBANA DE DERECHO 49

Breves apuntes en torno a los valores jurídicos en el horizonte del binomio legalidad-legitimidad en Cuba

Al calicar al humanismo y a la justicia como valores supremos, la legislación

infraconstitucional altera el diseño axiológico jado por la Constitución. Esta

operación no puede ser considerada una simple opción terminológica, pues

implica la creación de fundamentos normativos que el texto constitucional no

reconoce y modica indirectamente la jerarquía de valores establecida en el

artículo 40. El problema no es de orientación ética ni de nalidad política, sino

de técnica constitucional.

En el caso de la justicia, una signicación social positiva de trascendencia en el

derecho constitucional cubano, presenta una función de valor-n que orienta

la actuación de diferentes actores sociales y a diferentes procesos y mecanis-

mos en la sociedad democrática. Si bien es un valor relevante y sustancial para

el Estado socialista de derecho, en el sistema de derechos y deberes no presen-

ta el carácter de supremo, cualidad que reserva la Carta Magna para la dignidad.

En el caso del humanismo, este no constituye un valor jurídico unitario sus-

ceptible de ocupar la cúspide axiológica del sistema. Cierto es que el ar-

tículo1 constitucional enumera un conjunto de valores que caracterizan al

Estado, entre ellos la dignidad, la igualdad, la libertad, el humanismo, la soli-

daridad y la justicia social, pero esta enumeración no implica jerarquía de

valores. Se trata de una cláusula de caracterización general del Estado socia-

lista de derecho, no de una denición de valores supremos. Bajo la sombrilla

normativa del artículo1 el legislador familiar del 2022 no tenía licencia para

atribuir el carácter de supremo al humanismo, sobre todo porque, amén su

impacto en el ordenamiento jurídico, se parte de una consideración del hu-

manismo como valor que carece de precisión técnica.

En las distintas corrientes que han reivindicado ese concepto, el humanismo

aparece siempre como una constelación de valores, no como un valor en sí

mismo. Comprende nociones como la solidaridad, la igualdad, la fraternidad,

la autonomía, la justicia social y la cooperación; valores que, en ocasiones, in-

cluso pueden entrar en tensión entre sí. El humanismo es una categoría amplia

e integradora que agrupa múltiples valores y principios. Precisamente por esa

naturaleza agregativa, el humanismo carece de la densidad normativa y de la

univocidad conceptual que exige un valor supremo constitucional. No ofrece

un criterio claro de preferencia jurídica ni un parámetro estable para resolver

conictos de derechos.

La elevación del humanismo a la categoría de valor supremo junto a la digni-

dad humana produce una duplicación axiológica incompatible con el diseño

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constitucional. Coloca en el mismo nivel jerárquico dos categorías de naturale-

za distinta: un valor jurídico unitario expresamente consagrado por la Consti-

tución y un marco axiológico amplio de carácter programático. El resultado es

una antinomia axiológica que el propio ordenamiento no está en condiciones

de resolver, pues la Constitución solo reconoce un valor supremo en mate-

ria de derechos.

Desde la Teoría del Derecho, esta distinción no es menor. Un valor supremo

debe poseer singularidad y densidad normativa; debe ofrecer un criterio cla-

ro de preferencia y un parámetro estable para orientar la interpretación y el

control de constitucionalidad. La dignidad humana cumple esa función, es

un valor unitario, operativo y justiciable, que la Constitución consagra como

fundamento estructural del ordenamiento.

El humanismo, en cambio, carece de esa univocidad. Es una categoría losóca

programática, útil para describir horizontes éticos, pero no para sostener una

jerarquía de valores en el plano jurídico. La función de los valores dentro del

sistema normativo exige claridad conceptual; cuando un término agrega en sí

mismo múltiples principios, algunos de los cuales pueden colisionar, se dicul-

ta su utilización como parámetro jurídico. La unidad del ordenamiento jurídico

exige precisamente que la cúspide axiológica sea coherente, no expansiva ni

imprecisa.

Por esa razón, armar que el humanismo es un “valor supremo” junto a la dig-

nidad humana produce una duplicación que no solo carece de fundamento

constitucional, sino que genera una distorsión conceptual, pues convierte en

valor lo que es, en realidad, un marco de valores, y sitúa en el mismo nivel je-

rárquico dos categorías de naturaleza distinta.

El análisis de este punto no conduce a desautorizar el ideal humanista que

inspira al Código de las Familias; por el contrario, permite ubicarlo adecuada-

mente: el humanismo puede actuar como principio orientador, incluso como

criterio programático de política familiar, pero no como valor supremo. Mante-

ner esa distinción no disminuye la fuerza simbólica del humanismo; al contra-

rio, fortalece la coherencia del sistema y preserva la centralidad de la dignidad

humana, que la Constitución ha consagrado como núcleo axiológico del mo-

delo de reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes en Cuba.

Las consecuencias jurídicas de esta expansión axiológica son signicativas. En

primer lugar, se vulnera indirectamente el principio de jerarquía normativa, al

REVISTA CUBANA DE DERECHO 51

Breves apuntes en torno a los valores jurídicos en el horizonte del binomio legalidad-legitimidad en Cuba

introducir por vía de ley de desarrollo constitucional un valor supremo no

previsto constitucionalmente. En segundo lugar, se genera un riesgo real de

incoherencia interpretativa, ya que la existencia de más de un valor supremo

plantea interrogantes inevitables sobre cuál debe prevalecer en caso de ten-

sión. En tercer lugar, se debilita la fuerza estructural del artículo 40, relativi-

zando la centralidad de la dignidad humana y abriendo la puerta a interpre-

taciones subjetivas y variables del humanismo como criterio jurídico. El efecto

más problemático es el desplazamiento del núcleo del sistema de derechos.

Al construir un binomio o una pluralidad de valores supremos, se diluye el

papel ordenador de la dignidad humana y se fragmenta la coherencia axio-

lógica del orden constitucional. Esto no fortalece la protección de los dere-

chos, sino que introduce incertidumbre y debilita la seguridad jurídica.

4. EL BINOMIO LEGALIDAD-LEGITIMIDAD Y SU PROYECCIÓN

EN LOS VALORES SOCIALES Y LOS VALORES JURÍDICOS

La legalidad y legitimidad son categorías importantes para el ejercicio pleno

de la ciudadanía en la sociedad democrática. Los niveles de legitimidad cons-

tituyen punto neurálgico para valorar la relación entre la moral social y el De-

recho. El entramado jurídico debe, en principio, responder a las necesidades e

intereses sociales. De lo contrario se genera disfuncionalidad del sistema

democrático.

Es difícil la comprensión del Derecho y el ordenamiento jurídico en su integra-

lidad si no se tiene en cuenta el sistema de legitimidad que lo inspira; o si se

evade la realidad social que lo cobija en una doble perspectiva, como espacio

de generación del Derecho y como ámbito de aplicación y realización de este;

o si se incomunica con el sistema de signicaciones sociales positivas que se

presentan en la sociedad, o sea, con los valores morales; o, si una vez que el

Derecho goza de legitimidad formal y material, se renuncia a una mirada críti-

ca que se ubica en la abstracción del Derecho justo. Debe existir una concep-

ción integral en el examen del fenómeno jurídico que implique solventar qué

es el Derecho, cómo es el Derecho y cómo debe ser el Derecho.12

12 Para profundizar véase DíAZ, E., Legalidad-legitimidad en el socialismo democrático, Civitas,

S.A, Madrid, 1978.

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Centraremos el análisis –precisamente- en la articulación entre legalidad y le-

gitimidad, a partir del enjuiciamiento crítico de la primera en relación con los

sistemas de valores que se constatan en la segunda.

Con atención a una concepción amplia de legalidad, se considera como un

valor de carácter político.13 La afirmación anterior tiene origen en una aso-

ciación realizada a la consideración de democracia como valor político de

la sociedad, defendida por FABELO CORZO y GONZÁLEZ P ALMIRA14 y en un concepto

de legalidad que la ubica como un mecanismo de regulación jurídica de la

sociedad.15

A nuestro juicio, debe tomarse en atención la signicación socialmente positi-

va que implica un valor; pues la legalidad se vincula a la fuerza coactiva del

Estado y su cumplimiento puede amparar también antivalores, reprochables

desde el punto de vista de las necesidades e intereses de la sociedad, pero

convenientes políticamente a la clase o clases que detentan el poder. La lega-

lidad constituye vehículo para la realización de determinados valores, pero no

debe ser considerado en sí un valor, sino un principio general que articula la

sujeción y actuación de todos “a” “y por los cauces de” la ley.

Aunque el contenido del Derecho en la sociedad democrática debe expresar

valores, existen estipulaciones normativas que son percibidas (valoradas)

como negativas por el conglomerado social, lo que no implica necesariamente

una afectación a la legitimidad formal del Derecho. Un sistema de legitimidad,

13 “(…) la perspectiva de reconocer por su signicación y alcance social el principio de lega-

lidad como un valor de carácter político, a partir del cual se puede erigir también como

puntal ético del derecho. De lo que resulta que el derecho en su conjunto y la legalidad

como principio, sobre la base de los fundamentos éticos de ambos, deban ser considerados

fuente directa de educación cívica”. PÉREZ HERNÁNDEZ, L., “El derecho entre la educación cívica y

la ética, cuestión de presente”, IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.,

no. 21, 2008, México, pp. 210-211.

14 FABELO CORZO, J.R., y GONZÁLEZ PALMIRA, E., “Para un estudio de la democracia como valor político

de la sociedad cubana actual”, en LÓPEZ BOMBINO, L. R.: Por una Ética nueva, Félix Varela, La Ha-

bana, 2004, pp. 104-109. PÉREZ HERNÁNDEZ fundamenta su raciocinio en el concepto de valor

político que argumenta GONZÁLEZ PALMIRA, a saber: “Un valor político en su dimensión objetiva

es todo elemento de la actividad política (institución, relación, norma, fórmula, mecanismo,

sujeto, conducta, aspecto de la conciencia política) que tenga una signicación social positi-

va, ya sea porque existe realmente en la sociedad o que aún sin existir, pueda y deba hacerlo

en condiciones históricas dadas”.

15 Véase: Fernández Bulté, J., Teoría del Estado y el Derecho, Félix Varela, La Habana, 2004,

pp. 237-254.

REVISTA CUBANA DE DERECHO 53

Breves apuntes en torno a los valores jurídicos en el horizonte del binomio legalidad-legitimidad en Cuba

expresión de intereses concurrentes en un momento histórico preciso se di-

mensiona en legitimidad formal o legalizada, legitimidad material o social y la

legitimidad crítica. Se trata de concebir la relación legalidad-legitimidad en su

integralidad que transita por las nociones de Derecho válido, en tanto legítimo

formalmente; Derecho ecaz que se cubre de legitimidad social y Derecho jus-

to, o sea, el plano de justicación del Derecho a partir de un nivel crítico

individual.

En este sentido, señala DÍAZ «todo sistema de legalidad, por de pronto, incorpo-

ra y realiza a través de sus normas un determinado sistema de legitimidad, un

determinado sistema de valores e intereses, los que sean, buenos o malos, jus-

tos e injustos (…). Puede decirse que no hay, pues, legalidad neutra y adiáfora:

detrás de todo Derecho, y de todo Estado hay siempre una concepción del

mundo, unos u otros valores y por supuesto que, vinculados a ellos, unos u

otros intereses»16. Por ende, la sincronía entre legitimidad formal y legitimidad

material, no siempre acompaña a la legalidad.

En definitiva, interesa saber qué normas y qué valores son los que social-

mente poseen o no legitimación y por qué se da esa circunstancia, con in-

dependencia de que a su vez tales valores figuren o no como protegidos

por las normas jurídicas o de que alguien los considere justos o injustos. La

concepción de la legalidad como valor de carácter político suprime la des-

legitimación que en ocasiones sufre el derecho, por consiguiente, el Esta-

do, o sea, la pérdida de aceptación social de su legitimidad.

En términos axiológicos, la consideración de la legalidad como valor en una

visión de suciencia, parte de un criterio que postula a la relación Derecho-mo-

ral desde el positivismo mecanicista que deja al lado que moral social se dife-

rencia de moral legalizada y de la moral crítica; aunque la democracia opere

como nexo entre ellas.

La democracia compone valores porque la sociedad concierta, en el ámbito

sociopolítico, dotar de signicaciones positivas la actividad democrática,

como actividad práctica-material que satisface necesidades sociales en un

entorno donde se privilegia a la participación en los asuntos públicos, la

protección integral de los derechos humanos, la transparencia, los meca-

16 DÍAZ, Elías: De la maldad estatal y la soberanía popular, colección universitaria, Ed. Debate,

Madrid, 1984, p. 27.

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nismos de control del poder, etc.; de ahí su naturaleza objetiva y su inde-

pendencia respecto a las valoraciones que hacen los sujetos actuantes en

espacios democráticos.

La democracia se concreta en la relación sujeto-objeto, en la cual sus compo-

nentes estructurales resultan representativos para el ser humano y la com-

placencia de sus intereses. Por ello, la democracia se erige en principio que

articula un cúmulo valores. El principio democrático se concibe como un

mandato de optimización que debe ser realizado en la mayor medida posi-

ble dentro del ordenamiento jurídico.17

La arquitectura moral de la sociedad y la forma jurídica que puede adoptar,

está mediada por intereses políticos, económicos, culturales, religiosos, entre

otros; que funcionan como resortes de selección. La discriminación de patro-

nes morales con alta y positiva signicación social obedece a valoraciones que

realiza el poder y descubre la capacidad de los sistemas políticos de ser el a

los valores fundacionales. Las relaciones entre valor, valoración, poder, dere-

cho, moral, valor jurídico, entre otras categorías, debe realizarse con enfoque

de totalidad.

Todo valor se articula socialmente e implica una exigencia moral que se or-

ganiza a partir de la actividad práctica de los seres humanos. Si es un valor

jurídico su realización estará en dependencia, entre otros factores, del grado

de normatividad y obligatoriedad con que se refuerce.

Desde esta conguración teórica, la columna ética del fenómeno jurídico son

los valores que se instituyen como meta-n del Derecho y cuya objetividad no

depende del reconocimiento formal. La esencia objetiva de los valores se dife-

rencia de la exigibilidad jurídica de estos en un escenario social. Las relaciones

protegidas por el Derecho deben tutelarse precisamente por la carga axioló-

17 No es objetivo del presente análisis insistir en la diferencia entre principios y valores jurídi-

cos. Por lo pronto, baste con señalar, sin perjuicio de nuestras consideraciones, el criterio de

Robert Alexy: «La diferencia entre principios y valores se reduce así a un punto. Lo que en el

modelo de los valores es prima facie lo mejor es, en el modelo de los principios, prima facie

debido; y lo que en el modelo de los valores es denitivamente lo mejor es, en el modelo

de los principios, denitivamente debido. Así pues, los principios y valores se diferencian

sólo en virtud de su carácter deontológico y axiológico respectivamente» ALEX Y, Robert:

Teoría de los derechos fundamentales, Ed. Centro de Estudios Constitucionales de Madrid,

1993, p. 147.

REVISTA CUBANA DE DERECHO 55

Breves apuntes en torno a los valores jurídicos en el horizonte del binomio legalidad-legitimidad en Cuba

gica que su regulación compone y se concretan en los valores explícitos o

subyacentes en las disposiciones jurídicas.

Este aspecto fundamenta la idea de que el orden jurídico debe producir segu-

ridad, valor que se conecta con las funciones del Derecho; sin embargo, este

último no está exento de contradicciones axiológicas que se develan como

tensiones, oposiciones y reacciones entre valores y antivalores.

El Derecho, en diversas oportunidades y conforme a intereses políticos e ideo-

lógicos precipita los cambios y modicaciones en la sociedad, n que tiene

como consecuencia una mutabilidad en el signo de las signicaciones sociales.

De esta manera, algunos valores dejan de serlo porque el poder político, a tra-

vés de la legalidad estructura un discurso de transformación que respalda con

la coacción estatal.

La moral del poder político encierra valores determinados que se plasman,

a través de los mecanismos formales de creación del Derecho, en el orde-

namiento jurídico. Estas significaciones son claves para la ordenación de la

sociedad y encauza la actuación de todos los actores del sistema, sean los

destinatarios de las normas jurídicas, o los encargados de aplicarlas. Existe,

por tanto, una diferencia entre la legitimidad formalizada y la legitimidad

social, o sea, entre diferentes sistemas de valores, entre moral legalizada -

por dominante en el entendido de la exigibilidad y coactividad que le son

propias- y moral social.

También, el Derecho en ocasiones reeja el cambio, en otras fuerzas el cambio

o –simplemente- se mantiene circunspecto al cambio, y ello es posible por la

interacción de la legalidad con los diferentes órdenes de legitimidad. El Dere-

cho, en cuanto expresión de la voluntad política puede representar un factor

de inmovilismo, de conservación del orden existente, pero puede impulsar un

proceso de verdadero cambio y transformación social.18

Sirva lo anterior para insistir en la forma clasista del poder político, por ende

del Derecho. Explicar la legalidad como valor tiene implicaciones ideológicas

que favorece la concepción liberal, pues representa la mejor manera de atribuir

al Derecho siempre una signicación socialmente positiva, cuando en realidad,

el Derecho válido puede resultar ecaz o no y puede ser socialmente útil o in-

18 Véase DÍAZ, E., Sociología y Filosofía del Derecho, Taurus, Madrid, 1984, p. 203.

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útil, justo o injusto, bueno o malo. En n, esas signicaciones solo son posibles

en la sociedad democrática y a partir de la plena interrelación entre los valores

jurídicos y la realidad social.

Para que exista una sociedad democrática cualitativamente superior, el com-

ponente cívico se convierte en uno de los soportes de ecacia de los valores

jurídicos. La efectividad de los valores puede verse frustrada por el Derecho

cuando el fenómeno jurídico se distancia de la signicación que para la socie-

dad presenta la plena realización de estos.

Por esta razón la educación cívica también debe, en una lógica crítica, apuntar a

las zonas que dentro del Derecho contrarían los valores sobre los que se levanta

el sistema social. En este contexto, la educación democrática debe dotar a los

ciudadanos de herramientas para resolver de modo responsable y “libre” –sin

que sea desconocer las múltiples condicionantes de orden político, religioso,

cultural, económicos, entre otros que penden sobre esa libertad- las alternativas

o conictos axiológicos que se maniestan en el entorno social.

5. CONCLUSIONES

El tópico de los valores jurídicos, su jerarquía y la relación con categorías como

legitimidad y legalidad, es un océano para la investigación jurídica, la natura-

leza y esencia de las signicaciones sociales positivas, así como su mediación

normativa, impide concebirlos como categorías cerradas. En consecuencia, se

exponen algunas ideas a modo de conclusiones, que a la vez funcionan como

provocaciones para estudios futuros en torno al tema:

A) El análisis que se desarrolló conrma que los valores no pueden com-

prenderse como construcciones subjetivas ni como simples preferencias

individuales, sino como signicaciones sociales objetivas, históricamen-

te determinadas y vinculadas al progreso humano. Desde esta premisa, la

distinción entre valor, valoración y signicación social resulta imprescindi-

ble para evitar reducciones relativistas que vacían de contenido normativo

a la axiología jurídica y debilitan su función ordenadora dentro del sistema

social y jurídico.

B) La jerarquía de valores no responde a criterios abstractos ni inmutables,

sino a la capacidad real de cada valor para satisfacer necesidades sociales

concretas en un contexto histórico determinado. En ese marco, los valo-

res jurídicos, y en particular los constitucionales, ocupan una posición

REVISTA CUBANA DE DERECHO 57

Breves apuntes en torno a los valores jurídicos en el horizonte del binomio legalidad-legitimidad en Cuba

estratégica, pues expresan las opciones ético-políticas fundamentales

asumidas por el poder constituyente y proyectadas sobre todo el orde-

namiento jurídico.

C) En la Constitución de la República de Cuba de 2019, la dignidad humana se

erige como el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de

los derechos y deberes. Esta consagración no es simbólica ni retórica, sino

normativa y estructural. El artículo 40 ja de manera expresa y exclusiva

la cúspide axiológica del sistema de derechos fundamentales, dotando a la

dignidad de una función unitaria, vinculante y operativa para el legislador,

la administración pública y los órganos jurisdiccionales.

D) La presencia transversal de la dignidad en el texto constitucional no desdi-

buja esta jerarquía, sino que la refuerza. La dignidad actúa como funda-

mento, límite y criterio de coherencia del sistema de derechos, sin compartir

su posición suprema con otros valores. La Constitución no reconoce una

pluralidad de valores supremos en esta materia, sino una estructura axio-

lógica concentrada, condición necesaria para la seguridad jurídica y la

coherencia interpretativa del orden constitucional.

E) Desde esta perspectiva, los desarrollos legislativos infraconstitucionales

que atribuyen carácter supremo a otras signicaciones sociales positivas,

como el humanismo o la justicia, introducen una tensión relevante en el

sistema de valores jurídicos. Tal expansión axiológica no encuentra respal-

do en el diseño constitucional y genera una alteración indirecta de la jerar-

quía jada por el constituyente. El problema no es de nalidad ética, sino

de técnica constitucional y de coherencia normativa.

F) El humanismo, en particular, no posee la densidad normativa ni la univoci-

dad conceptual exigidas a un valor supremo. Su naturaleza agregativa y

programática lo convierte en un marco axiológico orientador, pero no en

un parámetro jurídico apto para ocupar la cúspide del sistema de dere-

chos. Elevarlo a ese nivel junto a la dignidad humana produce una duplicación

axiológica incompatible con la unidad del ordenamiento y debilita el pa-

pel ordenador del artículo 40 constitucional.

G) Por último, el examen del binomio legalidad-legitimidad conrma que el

Derecho no puede evaluarse exclusivamente desde la legalidad formal.

La legitimidad material y crítica, sustentada en los valores sociales, consti-

tuye un componente esencial de la democracia. La legalidad no es un valor

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en sí misma, sino un principio instrumental que puede vehicular tanto va-

lores como antivalores, en función de los intereses políticos que orientan

su contenido.

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Recibido: 1/9/2025

Aprobado: 18/10/2025