Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reflexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

• Author: Elizabeth Valdés-Miranda Fernández, Desireé Llaguno Cerezo
• Position: Universidad de La Habana/Universidad de La Habana
• Pages: 117-139

SECCIÓN ESPECIAL

REVISTA CUBANA DE DERECHO 117

VOL. 4, NO. 02, NÚMER O CENTENA RIO, PP. 117139, 2024

CUBA ANTE LA LEY HELMSBURTON: REFLEXIONES SOBRE CAMBIO

DE RÉGIMEN Y DERECHO INTERNACIONAL

Cuba and the Helms-Burton Act: Reections on regime change

and International Law

Dra. Desireé Llaguno Cerezo

Profesora Titular de Derecho Internacional Público

Universidad de La Habana (Cuba)

https://orcid.org/0000-0003-2910-0577

desiree@lex.uh.cu

M.C. Elizabeth Valdés-Miranda Fernández

Profesora Auxiliar de Derecho Internacional Público

Universidad de La Habana (Cuba)

https://orcid.org/0000-0001-7434-3194

elizabeth.valdesmiranda@lex.uh.cu

Resumen

El objetivo primordial de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba es indu-

cir un cambio en el sistema político, económico y social de la Isla. Para lograrlo,

Washington ha empleado diversas herramientas de política exterior, entre las

que se destaca la Ley Helms-Burton. Este artículo aborda el cambio de régimen

como un elemento clave en la ilegalidad internacional de la política estadou-

nidense hacia Cuba, utilizando la teoría de las sanciones internacionales como

marco conceptual. Se examina dicha ley como un componente esencial de las

medidas coercitivas estadounidenses, evidenciando su incompatibilidad con

principios estructurales del Derecho internacional.

Palabras claves: sanciones; cambio de régimen; medidas coercitivas; Derecho

internacional; Cuba; Estados Unidos.

Abstract

The primary objective of the hostile U.S. policy toward Cuba is to induce a

change in the political, economic and social system of the island. To achieve

118 ISSN EDICIÓN IMPRESA: 0864165X, ISSN EDICIÓN ELECTRÓNICA: 27886670,VOL. 4, NO. 02, NÚMERO CENTENARIO, 2024

Dra. Desireé Llaguno Cerezo y M.C. Elizabeth Valdés-Miranda Fernández

this, Washington has employed various foreign policy tools, most notably

the Helms-Burton Act. This article addresses regime change as a key element

in the international illegality of U.S. policy toward Cuba, using the theory of

international sanctions as a conceptual framework. It examines the Helms-

Burton Act as an essential component of U.S. coercive measures, highlighting its

incompatibility with structural principles of international law.

Keywords: sanctions; regime change; coercive measures; international law;

Cuba; United States.

Sumario

1. Introducción. 2. El cambio de régimen como objetivo de política exterior. 2.1. El caso

Cuba y la ley Helms-Burton. 3. Legalidad del cambio de régimen como objetivo de las san-

ciones internacionales. 4. Conclusiones. Referencias bibliográcas.

1. INTRODUCCIÓN

En 1959, la Revolución cubana supuso el n de un modelo de subordinación

político-jurídica con respecto a Estados Unidos, que impactó signicativamen-

te en el posicionamiento internacional del Estado cubano. El nuevo gobierno

de la Isla adoptó una política exterior centrada en la defensa de la soberanía, la

autodeterminación y el interés nacional. Esta postura se tradujo rápidamente

en una confrontación de intereses que ha dominado las relaciones bilaterales

entre La Habana y Washington hasta la actualidad.

Las tensiones escalaron rápidamente, llegando en apenas tres años a la in-

terrupción casi completa de los intercambios. El embargo decretado por el

presidente John F. KENNEDY en 1962 trascendió desde su génesis los nexos bila-

terales. Comenzó de esta forma una larga historia de medidas unilaterales, que

han constituido el núcleo duro de la política de Estados Unidos hacia Cuba.

La política exterior de Estados Unidos ha recurrido regularmente al uso de

diversas formas de penalización para inducir cambios de comportamiento

en otros Estados. Estas medidas punitivas abarcan desde embargos de ar-

mas, reducciones y suspensiones de asistencia extranjera, restricciones a la

exportación e importación, congelamiento de activos, aumento de arance-

les, disminución de cuotas de importación, hasta la revocación del estatus

de nación más favorecida en el comercio, votos en organizaciones interna-

cionales, retirada de relaciones diplomáticas, negación de visas, cancelación

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Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

de enlaces aéreos y prohibiciones de crédito, nanciamiento e inversiones.

La justicación pública de estas medidas se ha fundamentado en desalen-

tar la proliferación de armas de destrucción masiva, promover los derechos

humanos, combatir el terrorismo, frustrar el tráco de drogas, prevenir la

agresión armada y propiciar cambios de gobierno. Sin embargo, la legalidad

internacional de tal comportamiento ha sido puesta en duda en reiteradas

ocasiones.

La coercibilidad es uno de los conceptos más discutidos en la teoría general del

Derecho internacional. Según Roberto HOFFMAN,1 se reere a la posibilidad de cum-

plimiento no espontáneo y, por lo tanto, de imposición coercitiva de la norma.

En otras palabras, es el uso legítimo de la fuerza que acompaña al Derecho

para hacer exigibles sus obligaciones y efectivos sus preceptos. Es importante

distinguirla de la coacción, que es la fuerza o violencia utilizada para obligar a

un sujeto a decir algo o realizar alguna acción.

Hans KELSEN sostiene que las normas internacionales conforman un orden jurí-

dico y deben establecer actos coercitivos,2 o lo que es lo mismo, “sanciones”. En

correspondencia, la juridicidad general de una norma radicaría en la sanción.

Sin embargo, en el ámbito del Derecho internacional, que no ha alcanzado el

desarrollo del Derecho interno, predomina con frecuencia la coordinación, con

respecto a la subordinación. Por tanto, el mecanismo coercitivo del Derecho

internacional es aún débil y rudimentario. Sus sanciones son imperfectas, pues

los Estados, en tanto creadores y destinatarios de la norma, fungen en cierta

medida como juez y parte en este proceso.3

Las sanciones internacionales por excelencia son las adoptadas por la ONU

dentro del mecanismo de seguridad colectiva previsto en el Capítulo VII de

su tratado constitutivo. Los acuerdos u organizaciones regionales pueden

también aplicar sanciones, previa autorización del Consejo de Seguridad.4

1HOFFMAN ELIZALDE, Roberto, Introducción al estudio del Derecho, p. 274.

2KELSEN, Hans, Théorie générale du droit international public:problèmes choisis. Recueil des cours,

t. 42, p. 655.

3MALPICADE LAMADRID, Luis, “La coercibilidad en el Derecho Internacional Público.”,Revista

Española de Derecho Internacional, Vol. 22, No. 1, 1969, p. 68, disponible en http://www.jstor.

org/stable/44294331

4Carta de las Naciones Unidas, artículo 53.

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Noobstante, las medidas coercitivas unilaterales5 sólo pueden considerarse

lícitas –y por tanto sanciones propiamente dichas– cuando constituyen con-

tramedidas6 sometidas a las limitaciones que impone en tal sentido el Derecho

internacional.

Sin embargo, tras el n de la guerra fría, las principales potencias, con Esta-

dos Unidos a la cabeza, han recurrido cada vez con mayor intensidad a la apli-

cación de medidas unilaterales, en sustitución del uso o la amenaza de uso de

la fuerza como herramienta de política exterior. Estas acciones, generalmente

enarbolan como pretexto la protección de los derechos humanos, la democra-

cia o el Estado de Derecho. Sin embargo, comúnmente encubren la intención

de provocar en el Estado “objetivo” un cambio de régimen, con nes económi-

cos, estratégicos o ideológicos. Por tal motivo, los países en desarrollo se han

opuesto continuamente a la imposición de estas mal llamadas sanciones, ale-

gando que implican una jerarquización ajena al ordenamiento jurídico inter-

nacional, que permite a un Estado imponer restricciones por él elegidas para

presionar a otro Estado soberano.

El propósito de este estudio es examinar la conformidad con el Derecho inter-

nacional de la política adoptada por Estados Unidos hacia Cuba, empleando

como marco conceptual la teoría de las sanciones en el ámbito jurídico inter-

nacional. Se centrará en particular en la aspiración de cambio de régimen, que

constituye el objetivo nal de numerosos sistemas coercitivos unilaterales,

incluido el implementado por Washington respecto a Cuba. Este tema, que ha

recibido escasa atención por parte de la comunidad académica en Derecho in-

ternacional, se abordará en el contexto del entramado coercitivo estadouniden-

se, con especial énfasis en la Ley Helms-Burton. Se analizará cómo esta ley, como

componente esencial de las sanciones, resulta incompatible con principios es-

tructurales del Derecho internacional, lo cual sustenta su ilegalidad.

5Consideradas como tal no solo las adoptadas por un Estado de manera individual o en

coordinación con otros, sino también las tomadas por una organización regional en

relación con Estados no miembros, sin previa aprobación del Consejo de Seguridad. HOVELL,

Devika, “Unnished business of international law: the questionable legality of autonomous

sanctions”, Symposium on unilateral targeted sanctions, 2019.

6Entendidas como “medidas de reacción del sujeto afectado por un hecho ilícito de otro,

que persiguen restaurar el respeto del Derecho e inducir al Estado infractor a cumplir las

obligaciones derivadas de la responsabilidad por el ilícito cometido”. DIEZDE VELASCO VALLEJO,

Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, p. 1052.

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Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

2. EL CAMBIO DE RÉGIMEN COMO OBJETIVO DE POLÍTICA EXTERIOR

Entendemos como régimen político, un conjunto de reglas, procedimientos

y entendimientos que rigen las relaciones entre el Estado y la sociedad en un

país determinado.7 El “cambio de régimen” hace referencia en la ciencia políti-

ca al reemplazo forzoso o coaccionado de un gobierno por otro. Este puede

implicar la aparición de nuevas instituciones, la restauración de antiguas y la

promoción de ciertas ideologías.

En el proceso de cambio de un régimen político intervienen diversos factores

y actores. Aunque comúnmente se alude a mecanismos “horizontales”, que se

desarrollan entre entidades formalmente equiparables como Estados sobera-

nos, partidos políticos y movimientos sociales, en el actual escenario interna-

cional altamente descentralizado, las desigualdades de poder entre Estados

desempeñan un papel determinante. En este contexto cobran relevancia los

llamados mecanismos “hegemónicos”, caracterizados por su naturaleza ver-

tical y su impacto de arriba hacia abajo.8 Estos mecanismos suelen implicar

dinámicas de coerción o consenso, donde Estados poderosos con intereses

especícos en la propagación de un tipo particular de régimen desempeñan

un rol destacado. Con frecuencia, estas potencias operan de manera indirecta,

fortaleciendo o debilitando a actores domésticos especícos para inuir en el

cambio que favorece sus intereses, ya sea mediante la amenaza o la imple-

mentación de sanciones.

Las medidas sancionadoras unilaterales se vinculan comúnmente de mane-

ra explícita con el propósito de inducir modicaciones en el sistema políti-

co-ideológico, el inicio de procesos de transición o la convocatoria a elecciones

presidenciales en el Estado destinatario de dichas sanciones. Sin embargo,

estas acciones se llevan a cabo bajo la perspectiva gnoseológica de terceros

Estados respecto a los principios democráticos.9 Ello responde, como señalara

7GASIOROWSKI, Mark J., “The Political Regimes Project”, Studies in Comparative International

Development”,Vol. 25, No. 1 1990, p. 109.

8SCHENONI, Luis L. and Scott MAINWARING, “Hegemonía estadounidense y cambio de régimen en

América Latina”, América Latina, Hoy, No. 81, 2019, p. 119.

9GRATIUS, Susanne y Anna AYUSO POZO, “Sanciones como instrumento de coerción: ¿cuán

similares son las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Venezuela?”, América

Latina Hoy: Revista de ciencias sociales, No. 85, 2020, doi: https://doi.org/10.14201/alh.21989

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SEPÚLVEDA,10 a las desigualdades en el orden internacional, resultantes de una

asimilación de la condición de “potencia” por algunas naciones como Estados

Unidos, la Unión Europea (UE), Canadá y Australia, a partir de su superioridad

real en términos económicos, militares y tecnológicos.

Los intereses de los Estados “sancionadores” no sólo tienen que ver con el

mejor desenvolvimiento de las relaciones internacionales, sino también, en

ocasiones, con la asunción por otros Estados de modelos internos especícos

de organización político-estatal. No obstante, cada acción coercitiva unilateral

encaminada a que otro Estado ejerza sus potestades internas y externas según

las expectativas del “sancionador”, no sólo repercute en el actuar del Estado

“objetivo”, sino en la vida de los actores sociales a su interior, cualquiera que

sea su condición.

Como evidenciaremos en el análisis del caso de Cuba, las medidas coercitivas

unilaterales, especialmente las de naturaleza económica, a menudo no logran

por sí solas el cambio deseado en el sistema político del Estado receptor; en

cambio, generan daños difíciles de cuanticar en las estructuras instituciona-

les y la vida de la población. En consecuencia, retrasan o anulan perspectivas

de desarrollo en los ámbitos económico, social, laboral, cultural y educativo.

2.1. EL CASO CUBA

La alteración en la dinámica de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos

después de 1959 se manifestó en un conicto de intereses que sigue siendo

la piedra angular de los vínculos bilaterales hasta la actualidad. Mediante la

Proclama 3447, “Embargo on All Trade with Cuba”, del 3 de febrero de 1962, el

presidente John F. Kennedy prohibió el intercambio de bienes y servicios con

Cuba. Aunque esta medida se ha justicado como una reacción a la naciona-

lización de propiedades estadounidenses por parte de Cuba,11 en realidad se

basó en compromisos internacionales individuales derivados de la necesidad

de garantizar la seguridad colectiva en la región frente a la posible alineación

de Cuba con potencias comunistas como China y la Unión de Repúblicas So-

cialistas Soviéticas (URSS). La imposición de esta prohibición trascendió el ám-

bito bilateral, ya que surgió de una acción colectiva regional en respuesta a la

10SEPÚLVEDA, César, “Alcances de la no intervención como norma legal internacional”, Revista

Mexicana de Política Exterior, No. 46, 1995, p. 228.

11 En la descripción del programa de sanciones a Cuba de la página del Departamento

de Estado se reeren a “in response to certain actions taken by the Cuban Government”,

disponible en https://www.state.gov/cuba-sanctions/

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Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos.12 Así comen-

zó una prolongada historia de sanciones unilaterales, que constituyen el

núcleo central de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba.

Las sanciones unilaterales como mecanismo de coerción para provocar un

cambio en la conducta del destinatario han sido una herramienta habitual de

la política exterior de Estados Unidos. En el caso de Cuba se han originado

tanto en el ejecutivo –presidente, Departamento del Tesoro, Ocina de Control

de Activos Extranjero (OFAC), FAC, etc.– como en el legislativo. Por consigui-

ente, conforman una amalgama de normas de diferente naturaleza y alcance,

con mecanismos múltiples para su modicación, terminación y abrogación,

que no permiten el desmantelamiento integral y automático del entramado

sancionatorio.

A las limitaciones comerciales iniciales se han agregado numerosas medidas

adoptadas por cada nueva administración estadounidense, todas con el ob-

jetivo de imponer mayores restricciones, barreras y obstáculos a la economía

cubana. La política de bloqueo de Estados Unidos con respecto a Cuba toma

forma en diversas leyes y secciones de leyes, entre las que pueden mencio-

narse:13 Ley de comercio con el enemigo de 1917 (la renovación de la autori-

dad presidencial para sancionar bajo esta ley tuvo lugar el 14 de septiembre

de 2020, Cuba es el único país para el que continúa prorrogándose esta autor-

ización); Ley de asistencia exterior de 1961; Ley para la administración de las

exportacio nes de 1979; Ley para la democracia cubana o Ley Torricelli, de 1992;

Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas o Ley Helms-Burton,

de 1996; Sección 211 de la Ley de asignaciones suplementarias y de emergencia

para el año scal 1999; y la Ley de reforma a las sanciones comerciales y am-

pliación de las exportaciones, de 2000. De forma indirecta, además se aplican

otras normativas a las que remiten los instrumentos previamente señalados.

Por sólo citar un ejemplo, la Ley Helms-Burton14 realiza remisiones sustantivas

a otras siete disposiciones normativas, además de las ya mencionadas.

12 Disponible en https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we-

b&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiqMHht67yAhWVds0KHZyvBj0QF-

noECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.memoriapoliticademexico.org%2F-

Textos%2F6Revolucion%2FIM%2F1962-Ene31-%2520Reunion_Punta_Este.

pdf&usg=AOvVaw1UBit9VReVVWT9VdA4G7fI

13 Disponible en http://www.minrex.gob.cu/es/informe-de-cuba-en-virtud-de-la-resolucion-

747-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas

14Disponible en https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/927

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Estos instrumentos jurídicos, con una inherente vocación de permanencia, han

conformado el mecanismo que garantiza la continuidad de la política de estran-

gulamiento hacia Cuba, con independencia incluso de la opinión del presidente

de Estados Unidos. Solamente un cambio en la Isla, como el que demanda el

establishment estadounidense, permitiría, no sin tropiezos, desmontar este com-

plejo sistema de sanciones.

En este contexto, las Leyes Torricelli y Helms-Burton han desempeñado un

papel crucial. Su aplicación extraterritorial marcó la internacionalización de

la política de bloqueo hacia Cuba como parte de la estrategia de aislamien-

to implementada desde 1962, ahora en un entorno desfavorable para la Isla,

después de la desintegración de la URSS. La sanción a ciudadanos y empresas

de terceros países por su participación en transacciones económico-comercia-

les con La Habana va más allá de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba,

siendo este aspecto particularmente controvertido y objeto de rechazo por

la opinión pública internacional. Como se verá más adelante, ambas disposi-

ciones constituyen además claros ejemplos de vulneración de los principios de

igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de los Estados, en

torno a los cuales se estructura todo el aparto normativo del Derecho interna-

cional. Por medio de disposiciones de Derecho interno, Washington pretende

servir a sus intereses legislando sobre la vida política, económica y social de otro

Estado soberano, lo que resulta especialmente evidente en el Título II de la Ley

Helms-Burton.

Solamente la asumida condición de potencia por parte de Estados Unidos, al

amparo de las amplias desigualdades internacionales existentes, puede expli-

car la inclusión en la Ley Torricelli15 de un llamado al resto de los miembros de

la sociedad internacional a alinear su comercio con Cuba a las restricciones

impuestas por Estados Unidos, so pena de no resultar elegibles para fondos de

ayuda económica ni benecios o reducciones de la deuda externa. Asimismo,

las compañías de terceros Estados deben limitar la determinación de las rutas

comerciales de las navieras y compañías mercantiles de múltiples orígenes, a

partir de la prohibición de acceder a puertos de Estados Unidos en los 180 días

posteriores a haber entrado a puerto cubano.

15 Disponible en https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&-

cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNqu_0hbHyAhXcRjABHWmbBF4QFnoECAoQAw&ur-

l=https%3A%2F%2Fwww.congress.gov%2Fbill%2F102nd-congress%2Fhouse-bill%-

2F5323&usg=AOvVaw37hlgrdQEOBJbn8Sc_RjES

REVISTA CUBANA DE DERECHO 125

Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

La promulgación de la Ley Helms-Burton en 1996 llevó la extraterritorialidad

de la política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba a un nuevo nivel. Con el

propósito declarado de respaldar al pueblo cubano, esta legislación impone

restricciones al comercio, las transacciones, los viajes hacia y desde Cuba, así

como a la compraventa de propiedades, entre otras medidas. De manera sig-

nicativa, esta normativa establece pautas para un cambio de gobierno en

Cuba. La Helms-Burton conere al presidente de Estados Unidos, en 75 oca-

siones, prerrogativas relacionadas con el desenvolvimiento político cubano.

Entre estas se incluyen la promoción de un embargo internacional obligatorio

ante el Consejo de Seguridad, similar al aplicado en Haití; el estímulo a otros

países para restringir sus relaciones comerciales y crediticias con Cuba, en

consonancia con los objetivos de la ley; la adopción inmediata de sanciones

contra países que brinden ayuda a Cuba; la presentación de informes regu-

lares al Congreso sobre la implementación de la ley, abarcando el estado del

comercio cubano con terceros países y la asistencia prestada por estos a la Isla;

la oposición permanente de los directores ejecutivos estadounidenses de in-

stituciones nancieras internacionales al acceso de Cuba a dichas instituciones

hasta que el Presidente determine que en Cuba existe un gobierno democráti-

camente elegido; el apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales

independientes que respalden los esfuerzos de democratización en Cuba; y

la adopción de medidas para instar a la OEA a establecer un fondo especial

de emergencia destinado especícamente a desplegar observadores de dere-

chos humanos y respaldar y observar la celebración de elecciones en Cuba,

para lo cual se proporcionarán no menos de cinco millones de dólares como

contribución voluntaria, entre otras disposiciones.

Es importante hacer notar que en el momento de promulgación de esta ley,

Cuba estaba dando pasos para insertarse en la cadena de valor internacion-

al. En 1992 se había llevado a cabo una reforma constitucional y en 1994 se

promulgaron las leyes de inversión extranjera y tributaria, al tiempo que se

reformó la administración central del Estado. En 1995, la Isla ingresó como

miembro originario a la Organización Mundial del Comercio. En este contexto

se apreciaba un creciente el interés de capitales europeos y canadienses, e in-

cluso estadounidenses, en el país, luego de la implementación de las primeras

inversiones extranjeras y la promoción del turismo.

Es precisamente por ello que la aprobación de la Helms-Burton se encam-

ina a distanciar a Cuba del comercio, las ayudas al desarrollo y la inversión

extranjera, con el n de agravar la situación económica del país y deteriorar

aún más las condiciones de vida de la población, en medio de una aguda

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crisis económica. Neutralizando cualquier oportunidad de éxito en el terreno

económico, Estados Unidos se proponía forzar un cambio político en Cuba,

que se ajustara a sus intereses económicos, políticos y geoestratégicos.

En síntesis, la Ley Helms-Burton es el corolario de un conjunto de disposicio-

nes internas cuya aplicabilidad se extiende más allá del territorio, los ciuda-

danos o residentes y las situaciones relacionadas con Estados Unidos. Estas

normas inuyen no sólo en el normal desarrollo de las relaciones entre Cuba

y Estados Unidos, sino en las de la Isla con terceros, incluso cuando no exis-

ten puntos de conexión con Estados Unidos. En tanto legislaciones diseña-

das con nes de política exterior, estas medidas no sólo buscan eliminar todo

respaldo económico al gobierno cubano y garantizar su incapacidad para

cumplir con sus funciones públicas, sino que detallan acciones que respal-

darán su aplicación en territorio cubano, supervisada por el presidente es-

tadounidense, con el objetivo de forzar un cambio en el sistema político de

la mayor de las Antillas.16 Como se analizará a continuación, Estados Unidos

puede, en sus relaciones internacionales, adoptar las posturas que libremen-

te decida, siempre y cuando respete los límites establecidos por el Derecho

internacional, que prohíbe intervenir en los asuntos internos de otro Estado

bajo el pretexto de contribuir a su mejora política, social o económica.17

3. LEGALIDAD DEL CAMBIO DE RÉGIMEN COMO OBJETIVO

DE LAS SANCIONES INTERNACIONALES

Los propósitos declarados de las sanciones y su verdadero objetivo o n últi-

mo ponen de maniesto la recurrente contradicción entre el deber ser (ought)

y el poder ser (might) en el Derecho internacional. Los objetivos reales de los

emisores de sanciones pueden diferir de aquellos que se hayan hecho pú-

blicos. Se desdibujan así las fronteras entre las acciones legítimas de política

exterior y los actos violatorios del Derecho internacional.

En la política de Estados Unidos respecto a Cuba se observa un patrón que va

más allá de la intención de corregir presuntas violaciones del Derecho inter-

nacional por parte del Estado caribeño. Con el paso del tiempo, Washington

16 La Constitución cubana fue modicada en 2019, con una aprobación en referendo por

el 86,85 % de los electores que votaron. Disponible en https://www.parlamentocubano.

gob.cu/index.php/comision-electoral-nacional-informa-resultados-nales-del-referendo-

constitucional/

17SEPÚLVEDA, César, “Alcances…”, cit., p. 234.

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Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

ha ajustado las justicaciones para su política de presión, que ha perdurado

prácticamente sin cambios durante más de sesenta años. Desde las naciona-

lizaciones de propiedades estadounidenses hasta la supuesta violación del

principio democrático y diversas alegadas vulneraciones de los derechos hu-

manos, el propósito declarado ha evolucionado con los tiempos. Este cambio

en la nalidad, manteniendo el mismo sistema de sanciones, destaca la clara

intención de Estados Unidos de buscar un cambio en el régimen político cuba-

no. Es importante subrayar que este tipo de medidas coercitivas hacia Estados

soberanos carece de respaldo jurídico internacional.

Es preciso recordar que las medidas coercitivas unilaterales sólo pueden consi-

derarse excepcionalmente de conformidad con el Derecho cuando persiguen

inducir a un Estado a cumplir las obligaciones derivadas de la relación de res-

ponsabilidad resultante de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito.

En consecuencia, objetivos naturalizados en la literatura jurídica18 y la práctica

internacional, como modicaciones de política interna o exterior de un Estado,

su desestabilización, así como mostrar desaprobación en relación con acciones

de este o incluso responder a conictos entre las fuerzas políticas internas en

el país sancionador, crean una jerarquía entre “sancionadores” y “sancionados”

que contradice la estructura horizontal del sistema internacional, en tanto no

estén relacionados o excedan el cese de una violación del Derecho internacio-

nal.19 Este tipo de medidas, adoptadas como especie de castigo internacional,

son incompatibles con el principio de igualdad soberana de los Estados.

La soberanía es un elemento medular de las relaciones interestatales. Aunque

su denición y viabilidad actual no están exentos de polémica, es generalmen-

te aceptada su doble armación: a lo interno referida a la autoridad suprema

para tomar decisiones y hacerlas cumplir en determinado territorio y respecto

a determinada población; a lo externo como ausencia de autoridad interna-

cional suprema, que implica la independencia de los Estados.20 Este concepto

se expresa en el principio de igualdad soberana de los Estados, codicado en

18DEL OLMODÍAZ, Marçal, “La práctica de las sanciones internacionales en el derecho

internacional ¿son legítimas las sanciones que se le aplican a Venezuela?”, Trabajo de n de

grado en Derecho; TÉLLEZ NÚÑEZ, Andrés, “Una mirada a la vivencia del derecho internacional

desde la perspectiva de las sanciones económicas unilaterales”, Revista D erecho del Estado,

No. 42, 2019, pp. 311-338.

19HOFER, Alexandra R., “Creación y contestación de la jerarquía: efecto punitivo de las sanciones

en un sistema horizontal”, CIDOB d’Afers Internacionals, No. 125, 2020, pp. 15-37, doi: doi.

org/10.24241/rcai.2020.125.2.15

20REMIRO BROTÓNS, Antonio, et al., Derecho internacional. Curso general, pp. 89-93.

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el artículo 2, apartado 1, de la Carta de las Naciones Unidas, y desarrollado por

la Declaración relativa a los principios de Derecho internacional, referentes a las

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad

con la Carta de las Naciones Unidas de 1970.21

La igualdad soberana de los Estados es consustancial a la horizontalidad del

ordenamiento jurídico internacional y remite fundamentalmente a la paridad

jurídica, sin desconocer las enormes desigualdades de facto entre Estados.22

Como principio estructural del Derecho internacional se expresa en la prác-

tica normativa, formal y existencial.23 La soberanía e igualdad de los Estados

impone a los miembros de la sociedad internacional el deber inexcusable de

respetar la personalidad de los demás Estados, garantizando la pluralidad del

orden jurídico internacional, en tanto protege la libertad de los Estados para

elegir y desarrollar sus propios sistemas políticos, sociales y económicos; im-

plica por tanto el derecho de los Estados a su existencia, corporizada en su

integridad territorial e independencia política, que entronca con el principio

de abstenerse de intervenir en sus asuntos internos.24

El principio de no intervención se sustenta en la convicción jurídica de los Es-

tados de que ciertas reglas obligan a la comunidad internacional en su conjun-

to. En consecuencia, son vinculantes para todos los Estados, en tanto esencia

misma del Derecho internacional que, manifestados en el Derecho consuetu-

dinario, tienen efectos erga omnes. Aunque existen criterios en contra, nos in-

clinamos por considerarlo en igual medida una norma de ius cogens.25

Existen diversas formas de intervenir en los asuntos internos de un Estado. Es, por

tanto, posible ofrecer tantas interpretaciones y deniciones del principio como

actividades pueden considerarse injerencistas. Sin embargo, existe actualmente

21Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation

among States in accordance with the Charter of the United Nations, G.A. Res. 2625 (XV), U.N.

Doc. A/RES/25/2625 (24 October 1970).

22DIEZDE VELASCO VALLEJO, Manuel, Las organizaciones internacionales, pp. 168 y 169.

23HOFER, Alexandra R., “Creación y contestación…”, cit., p. 17.

24CASANOVASYLA ROSA, Oriol, “Los principios de igualdad soberana y no intervención frente a

la hegemonía en el orden internacional”, en Javier Díez-Hochleitner, et al. (ed.), Principios

y Justicia en el Derecho Internacional. Libro Homenaje Al Profesor Antonio Remiro Brotóns,

pp. 71-75.

25RONCAGLIOLO BENÍTEZ, Ignacio, “El principio de no intervención: consagración, evolución y

problemas en el Derecho Internacional actual”,Ius et Praxis[online], Vol. 21, No. 1, 2015,

pp.449-502; HOFER, Alexandra R., “Creación y contestación…”, cit.

REVISTA CUBANA DE DERECHO 129

Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

consenso en cuanto a que el principio se vulnera tanto por el uso de la fuer-

za como por otros actos de presión económica, política o social, que tiendan

a forzar la soberanía de un Estado o, lo que es lo mismo, el ámbito en que

cada Estado puede decidir en libertad, particularmente su sistema político,

económico, social y cultural, y la formulación de la política exterior.

Es por ello que las sanciones que se proponen, abierta o solapadamente,

un cambio de régimen, así como las que calican y tratan unilateralmente a

Estados soberanos como “criminales”, “fallidos” o “ilegales”, los privan de sus

derechos soberanos.26 En igual medida socavan el ordenamiento jurídico in-

ternacional en lo referido a la igualdad soberana, la no intervención en los

asuntos internos de los Estados y otros principios como la buena fe y la solu-

ción pacíca de controversias.

La Corte Internacional de Justicia ha desempeñado un papel importante en la

aplicación e interpretación del principio de no intervención por medio de su

accionar en casos como el del Canal de Corfú (1949), actividades militares y

paramilitares en y contra Nicaragua (1986) y las actividades armadas en el

territorio del Congo (2005). El órgano jurisdiccional se ha pronunciado contra

el empleo de métodos de coerción en lo que respecta a opciones que deben

permanecer libres para los Estados, como la elección de su sistema político,

económico, social, cultural y la formulación de la política exterior.27

A pesar de la amplia producción doctrinal y jurisprudencial sobre el tema,

en las últimas décadas han proliferado prácticas contrarias al principio de ig-

ualdad soberana. Esto incluye interferencias para detener la propagación de

ciertas ideologías, intervenciones humanitarias y operaciones de pacicación,

entre otras. Siguiendo a James B. SCOTT,28 los poderes se han alejado del puro

ejercicio de la fuerza para salvaguardar sus intereses, refugiándose en el pre-

texto de brindar protección a ciertos sectores de la población de los Estados

“objetivo”, invocando los principios de los derechos humanos y la democracia.

El argumento de que el principio de no intervención debe ceder paso ante

el “principio democrático” es jurídicamente erróneo y políticamente peligroso

26SIMPSON, Gerry, Great Powers and Outlaw States Unequal Sovereigns in the International Legal

Order, p. 55.

27Military and Paramilitary Activities (Nicaragua vs. United States of America), STC I.C.J., de 27

de junio de 1986.

28BROWN-SCOTT, James, Le Principe de l’Egalite Juridique dans les Rapports Internationaux, p. 583.

130 ISSN EDICIÓN IMPRESA: 0864165X, ISSN EDICIÓN ELECTRÓNICA: 27886670,VOL. 4, NO. 02, NÚMERO CENTENARIO, 2024

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para la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Es cierto que se

habla en la actualidad de un principio naciente, a partir de la práctica de los Es-

tados y algunas organizaciones internacionales –fundamentalmente la Unión

Europea y la OE– a favor del desarrollo de los derechos humanos y libertades

fundamentales, que concede un derecho a los individuos y a los pueblos a ser

gobernados de forma democrática. Sin embargo, no puede considerarse aún

como un principio fundamental o estructural del Derecho internacional, al niv-

el del de no intervención.29

La tensión entre el surgimiento del principio democrático y la vigencia del dere-

cho de los Estados a elegir libremente su sistema político, es palpable en la so-

ciedad internacional contemporánea. Cada día se reportan ejemplos de cómo

Estados desarrollados de occidente imponen medidas coercitivas unilaterales

con el pretexto de favorecer el establecimiento de regímenes democráticos

en otras zonas del planeta, las que generan efectos radicalmente contrarios a

estos objetivos “democratizadores”. Este patrón de conducta a su vez revela un

posicionamiento contradictorio de los promotores de la democracia, que llega

incluso a violar normas fundamentales del Derecho internacional.

En lo que a los derechos humanos atañe, con lo que ha dado en llamarse

la humanización del Derecho internacional, se ha producido el ascenso del

individuo en el plano de la subjetividad internacional y su protagonismo

en las relaciones internacionales. En paralelo se ha fraguado una nueva

visión de la paz y la seguridad internacionales, que toma en consideración

el concepto de seguridad humana. En consecuencia, no cabe dudas de que

la cuestión se ha ubicado entre las mayores preocupaciones de los Estados

y la comunidad internacional, ejerciendo cierta presión sobre pilares sen-

tados del ordenamiento jurídico internacional, como la igualdad soberana

y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

En este contexto han surgido, al calor de la práctica de los Estados, guras

jurídicas que han intentado presentarse como excepciones al principio de no

intervención, amparadas en una nalidad humanitaria. No obstante, incluso

la doctrina de la “responsabilidad de proteger”, que aún puja por convertirse

en una norma del Derecho internacional, presupone la igualdad soberana de

los Estados y con ella la prohibición de intervenir en sus asuntos internos. La

responsabilidad primaria de la promoción y protección de los derechos hu-

manos continúa recayendo en los Estados que ejercen el control y jurisdicción

29DÍAZ BARRADO, Cástor M., El Derecho Internacional del tiempo presente, pp. 76-98.

REVISTA CUBANA DE DERECHO 131

Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

sobre ese territorio30 y, sólo subsidiariamente, sobre la comunidad interna-

cional. Es decir, solamente “cuando la población esté sufriendo graves daños

como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida por el

Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda atajar o

evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá

prioridad sobre el principio de no intervención”.31

Adicionalmente, la “responsabilidad de proteger” no otorga la representación

de la comunidad internacional a ningún Estado, grupo de Estados u organi-

zación internacional –ni siquiera a otro órgano de las Naciones Unidas–. Por

ello, una vez más corresponde al Consejo de Seguridad adoptar las medidas

encaminadas a prevenir, reaccionar y reconstruir la situación. Por tanto, la “re-

sponsabilidad de proteger” está condicionada por un conjunto de criterios

y nalidades que limitan su colisión con el principio de no injerencia en los

asuntos internos de los Estados o en los aspectos relativos a su política exte-

rior, siendo, al menos en el plano doctrinal, más bien una garantía del cum-

plimiento de principios y normas fundamentales del ordenamiento jurídico

internacional.32

Sin embargo, como señala el Informe de la Comisión Internacional sobre inter-

vención y soberanía de los Estados, de 2001, “se han creado numerosas insti-

tuciones internacionales para hacer frente a estas nuevas circunstancias. Sin

embargo, en los aspectos fundamentales, los mandatos y la capacidad de las

instituciones internacionales no han estado a la altura de las necesidades ni

de las expectativas modernas”.33 No obstante, las limitaciones del mecanismo

de seguridad colectiva de las Naciones Unidas relacionadas con el veto de los

miembros permanentes del Consejo de Seguridad, quienes pueden bloquear la

aplicación de sanciones internacionales, no deben ser suplidas por el accionar

30A/RES/53/144 8 de marzo de 1999, “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos,

los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades

fundamentales universalmente reconocidos”.

31“La responsabilidad de proteger”. Informe de la comisión internacional sobre intervención y

soberanía de los Estados, ICCIS, 2001, p. X.

32DÍAZ BARRADO, Cástor M., “La responsabilidad de proteger en el Derecho Internacional

contemporáneo. Entre lo conceptual y la práctica internacional”, Revista electrónica de

estudios internacionales (REEI),No. 24, 2012.

33“La responsabilidad de proteger”, cit., p. X.

132 ISSN EDICIÓN IMPRESA: 0864165X, ISSN EDICIÓN ELECTRÓNICA: 27886670,VOL. 4, NO. 02, NÚMERO CENTENARIO, 2024

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unilateral de potencias con el poder suciente para aplicar medidas coercitivas

en “defensa del bien común”. Esta práctica no sólo resquebraja la autoridad de l a

organización universal, también crea las condiciones para revestir de aparente

legalidad actos violatorios del ordenamiento jurídico internacional.

El éxito de estas intromisiones en la conducta de otro Estado soberano –con

el cambio de régimen como máxima expresión– sólo es posible debido a la

esencia profundamente desigual de la sociedad internacional, expresada en

todos los ámbitos de las relaciones internacionales. La marcada asimetría en-

tre países desarrollados y subdesarrollados, es lo que permite a los primeros

“inuir” sobre los últimos, doblegando su voluntad.34 En tales circunstancias,

los “sancionadores” se autoperciben como sujetos con el poder y la “respons-

abilidad” de defender la legalidad internacional. Ello implica una evaluación

unilateral de la conducta del país “infractor” y la aplicación extraterritorial del

Derecho interno del sancionador, tamizada por sus interesas nacionales. Como

resultado, se impone un sistema de estándares, normas, valores o patrones de

conducta no necesariamente internacionales o escritos, que pueden resultar

ajenos al sancionado e incluso al ordenamiento jurídico internacional.35

En otro orden, como se ha esbozado, el incremento y diversicación de los

conictos, la globalización y la interdependencia han favorecido la percepción

de las medidas coercitivas unilaterales como alternativas válidas al uso de la

fuerza, con independencia de su legalidad. Su inferior costo económico, en

comparación con una acción militar, para el país que las aplica, y su mejor acog-

ida internacional han convertido a las medidas económicas en la herramienta

de elección de las grandes potencias. Sin embargo, su elevado impacto en la

34No se trata de ignorar la práctica de imposición de sanciones entre países de similar grado

de desarrollo, sino de poner de relieve la tendencia a que estas sean aplicadas por países

desarrollados a países vulnerables del llamado tercer mundo. Vid. GORDON, Joy, “Unilateral

Sanctions: Creating Chaos at Bargain Rates”, in Ali Z. Marossi and Marisa R. Bassett(ed.),

Unilateral sanctions in International Law, pp. 88 y 89.

35ÁLVAREZ ZÁRATE, José M., “Las sanciones económicas internacionales”, Con-Texto, No. 3,

1998, pp. 50-56, disponible en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/

article/view/1704

REVISTA CUBANA DE DERECHO 133

Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

economía y la vida de los Estados “objetivo”36 puede a menudo equipararse al

causado por un conicto armado.37

Esta nueva realidad ha avivado el debate en torno al alcance objetivo del prin-

cipio de prohibición de amenaza y uso de la fuerza, como norma de Derecho

consuetudinario consagrada en el artículo 2, apartado 4, de la Carta. La mayo-

ría de la doctrina iuspublicista continúa armando que el uso de la fuerza está

reservado casi en exclusiva a la fuerza armada,38 excluyendo así la coerción

política y económica.39 Parece pronto aún para dar por superado el marco nor-

mativo de la Carta en esta materia, sin embargo, no resulta ocioso reevaluar

a futuro el alcance del uso de la fuerza en el contexto de medidas coercitivas

unilaterales que persiguen un cambio de régimen.

36 En los últimos años ha ido en aumento la preocupación internacional por el impacto

negativo de las medidas coercitivas en general, y en especial las de carácter económico.

Particularmente alarmante ha resultado el deterioro de derechos humanos básicos como

la vida, la alimentación y la salud en poblaciones civiles, como consecuencia de la aplicación

de sanciones internacionales. Estos “daños colaterales” son frecuentemente un resultado

calculado para catalizar el cambio de régimen perseguido por las sanciones, lo que no solo viola

los más elementales principios éticos y morales, sino los propósitos y principios de la Carta de

las Naciones Unidas y el Derecho internacional humanitario. Adicionalmente, el efecto nocivo

de esta conducta sobre el desarrollo de los países sancionados y la economía internac ional

atenta contra la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la

comunidad internacional en 2015. Vid. MILANINIA, Nema, “Jus ad bellum economicum and jus

in bello economico: The Limits of Economic Sanctions under the Paradigm of International

Humanitarian Law”, in Ali Z. Marossi and Marisa R. Bassett (eds.), Economic Sanctions under

International Law. Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences, pp. 83-95;

MOHAMAD, Rahmat, “Unilateral Sanctions in International Law: A Quest for Legality”, in Ali

Z. Marossi and Marisa R. Basset (eds.), Economic Sanctions…, cit., pp. 83-95; DE WAAR, Paul,

“Economic Sanctions Infringing Human Rights: Is There a Limit?”, in Ali Z. Marossi and Marisa

R. Bassett (ed.), Economic Sanctions…, cit., pp. 83-95; SIMONEN, Katarina, “Economic Sanctions

Leading to Human Rights Violations: Constructing Legal Argument”, in Ali Z. Marossi and

Marisa R. Bassett (eds.), Economic Sanctions under…,cit., pp. 83-95; GORDON, Joy, “Unilateral

Sanctions…”, cit., p. 104.

37MILANINIA, Nema,“Jus ad bellum economicum…”, cit., p. 108.

38También infringe la prohibición del artículo 2.4 el Estado que lleve a cabo lo que la Corte

Internacional de Justicia ha denominado “usos menos graves de la fuerza armada”. Vid.

REMIRO BROTÓNS, Antonio, et al., Derecho internacional.., cit., p. 668.

39 A la conrmación de esta postura tributan el proceso codicador de la Carta de las

Naciones Unidas y las negociaciones de posteriores resoluciones de la Asamblea

General de la organización, donde no fue aceptada la propuesta de incluir la coerción

económic a entre los usos de la fuerza. El uso del término tanto en el preámbulo de la Carta

como en los artículos del 43 al 47, también apunta en este sentido. Por otra parte, algunas

interpretaciones amplias de la resolución 42/22 de la Asamblea General pretenden acoger

la posición contraria. Vid. DIEZDE VELASCO VALLEJO, Manuel, Instituciones…, cit., pp. 1069-1072.

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El abuso por un Estado de su posición dominante en las relaciones internacio-

nales para exigir directa o indirectamente a otro Estado soberano un cambio

de política se funda en las mismas razones por las que los Estados tradicional-

mente han recurrido a la guerra, transgrediendo principios diplomáticos, éti-

cos y morales. Las medidas coercitivas unilaterales no son medios pacícos de

solución de controversias internacionales y su potencial para poner en peligro

la paz y la seguridad internacionales crece con su capacidad destructiva en los

Estados “objeto”. En consecuencia, el Derecho internacional debería catalogar-

las como actos de violencia o usos no autorizados de la fuerza.40

Este argumento cobra fuerza cuando se trata de medidas coercitivas unilat-

erales comprendidas bajo el término “guerra económica”,41 cuyo impacto en

las poblaciones civiles puede alcanzar proporciones similares al producido por

ataques militares convencionales.42 Incluso cuando estas medidas pretenden

la reparación de un ilícito internacional, si adicionalmente persiguen objetivos

y benecios económicos, políticos o territoriales contrarios a los intereses de

los Estados “objeto”, podrían considerarse actos de guerra por su intencionali-

dad, alcance y potencial destructivo.43

Las medidas económicas y nancieras que persiguen un cambio de régimen

responden por lo general a la clasicación de guerra económica en tanto bus-

can alterar el normal desarrollo de las relaciones internacionales económicas,

comerciales y nancieras sin una justicación real, por medio de la violencia

desmedida. Su objetivo último de desestabilización política, económica y

social de los países afectados es incompatible con el Derecho internacional

vigente. La ausencia de una regulación internacional especíca de las medidas

coercitivas unilaterales y de una autoridad imparcial facultada para controlar la

legalidad y efectividad de estas no sólo reeja, sino profundiza la desigualdad

en las relaciones internacionales, obstaculizando la paz y la cooperación inter-

nacional y debilitando el ordenamiento jurídico internacional.

40ÁLVAREZ ZÁRATE, José M., “Las sanciones…”, cit., p. 52.

41CETINA CONTRERAS, Álvaro, Natalia SERRANO CORTES y Laura TORRADO ROJAS, “Análisis de las sanciones

económicas en el derecho económico internacional”, Tesis de grado, pp. 14-16; JOYNER, Daniel H.,

“International Legal Limits on the Ability of States to Lawfully Impose International Economic/

Financial Sanctions”, inAli Z. Marossi and Marisa R. Bassett (eds.), Economic Sanctions…, cit.,

pp. 83-95.

42MILANINIA, Nema,“Jus ad bellum economicum…”, cit., p. 83-95.

43TÉLLEZ NÚÑEZ, Andrés,“Una mirada…”, cit., p. 329.

REVISTA CUBANA DE DERECHO 135

Cuba ante la Ley Helms-Burton: Reexiones sobre cambio de régimen y Derecho Internacional

4. CONCLUSIONES

Los Estados pueden determinar soberanamente los límites de sus relaciones

con otros miembros de la sociedad internacional. No todas las acciones “no

amistosas” violan el Derecho internacional, en tanto un amplio rango de

conductas constituyen retorsiones, y otras se consideran contramedidas en

respuesta a actos ilícitos internacionales, sometidas a límites trazados por el

ordenamiento jurídico internacional. Sin embargo, los sujetos por excelen-

cia del Derecho internacional no pueden imponer por medio de su poderío

económico, político o militar, cambios conductuales dentro del ámbito de la

libre elección de Estados soberanos, en correspondencia con el ordenamien-

to jurídico internacional vigente.

El análisis de la política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y su codi-

cación en normas internas como las leyes Torricelli y Helms-Burton revela que,

tras los objetivos declarados, se vislumbra el propósito de forzar un cambio de

régimen político en Cuba. La intención de provocar un cambio fundamental en

el orden interno de Estados soberanos se ha revelado en estas páginas como

incompatible con los principios constitucionales sobre los que se asienta el

Derecho internacional. Asimismo, se ha podido constatar que en la práctica

de las relaciones internacionales se calica como sanciones a un conjunto de

simples violaciones del ordenamiento jurídico internacional. Ninguna medida

coercitiva unilateral que persiga un cambio de régimen en el Estado “afectado”

puede considerarse conforme a Derecho. Al calicarla como sanción interna-

cional se pretende diluir su verdadero carácter de acto ilícito internacional, re-

vistiéndola de un aura de autoridad.

La proliferación de las medidas coercitivas adoptadas por grandes potencias

que pretenden cambios de régimen constituye un intento deliberado de re-

escribir el Derecho internacional para adaptarlo a sus propósitos. Por ello es

que se hace necesario un instrumento jurídico internacional que proscriba

el uso de sanciones ajenas al mecanismo de seguridad colectiva de las Na-

ciones Unidas y consagre el cambio de régimen como un propósito ilícito,

que en el caso de las sanciones económicas pueda equipararse a un acto de

guerra económica.

136 ISSN EDICIÓN IMPRESA: 0864165X, ISSN EDICIÓN ELECTRÓNICA: 27886670,VOL. 4, NO. 02, NÚMERO CENTENARIO, 2024

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web/20070730130013/http://www.icap.cu/pdf/ley%20helms%20

burton.pdf

Fuentes jurisprudenciales

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo

v. Uganda), disponible en https://icj-cij.org/case/116

Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland vs. Albania),

disponible en https:// icj-cij.org/case/1

Military and Paramilitary Activities (Nicaragua vs. United States of America), STC I.C.J.

de 27 de junio de 1986.

Recibido: 11/1/2024

Aprobado: 1/3/2024