Ley de ejecución penal. ¿Una norma jurídica sustantiva o procesal?

• Author: Jesús Ramón García Ruiz
• Position: Tribunal Supremo Popular
• Pages: 90-109

RPNS 0491 ISSN 2789-0910 BOLETÍN ONBC. REVISTA ABOGACÍA No. 72, julio-diciembre 2024

http://ojs.onbc.cu

LEY DE EJECUCIÓN PENAL. ¿UNA NORMA JURÍDICA SUSTANTIVA O PROCESAL?

Law on penal enforcement. A substantive or procedural legal rule?

Esp. Jesús Ramón García Ruiz

Magistrado, Sala de lo Penal, Tribunal Supremo Popular, Cuba

0009-0007-8495-2680

jesus@tsp.gob.cu

INTRODUCCIÓN

I. Preliminar. Danilo Rivero García, en el

prefacio de su último libro “Estudios sobre el

proceso penal” (Ediciones ONBC. La Habana,

2014), señaló que su mayor aspiración era que

los temas incluidos en el texto abarcaran

íntegramente las diversas etapas del proceso

penal, para contribuir de esa manera a la

cotidiana labor y discusión académica.

No obstante, en esa compilación de sus trabajos

en materia procesal no existe referencia alguna

a la ejecución penal, cuya causa no es que se

hubiera desentendido de esta etapa final del

proceso; en ese sentido, en varias oportunidades

comentó al autor del presente trabajo la

necesidad de incluir un artículo sobre el tema,

pero no pudo materializar la idea debido a su

delicado estado de salud, por lo que el texto

quedó inconcluso en ese aspecto. Por ende, el

presente trabajo da continuidad a un

compromiso personal de saldar una deuda con

Danilo, quien fue un procesalista innato,

natural, que tuvo una relevante actividad dentro

de la ONBC y la Sociedad Cubana de Derecho

Procesal.

En ese sentido, conviene aclarar que el presente

artículo contiene varias ideas que ya fueron

reflejadas por el autor en “Precisiones

necesarias acerca de la Ley de Ejecución

Penal” (Revista Justicia y Derecho del TSP.

Vol. 20. No. 36. Pp. 353-386), las que deben ser

reiteradas y ampliadas, por la conexión que

tienen con el objeto del tema que se trae a

debate.

En el referido artículo se afirma que la doctrina

autóctona sobre el derecho penal de ejecución

estaba incompleta, ya que la academia cubana

la ha tratado de manera difusa, casi siempre

desde la perspectiva criminológica, a lo que se

unía el desvalor agregado de la inexistencia de

un marco legal con carácter concentrado,

específico y propio de la materia; aunque, desde

comienzos del presente siglo, fue instaurado el

juez de ejecución en el sistema de tribunales

populares, mediante pronunciamientos

Ley de ejecución penal. ¿Una norma jurídica sustantiva o procesal? 90-110

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Jesús Ramón García Ruiz

RPNS 0491 ISSN 2789-0910 BOLETÍN ONBC. REVISTA ABOGACÍA No. 72, julio-diciembre 2024

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normativos del CGTSP, hasta desembocar en el

actual sistema de control, influencia y atención

a las personas que extinguen sanciones y

medidas de seguridad penales; por lo que la

experiencia acumulada en los órganos

judiciales constituye un elemento básico e

insustituible dentro del proceso de elaboración

de una doctrina del derecho penal de ejecución

propiamente cubana, en el que también, desde

la entrada en vigor de la Ley No. 152 de 2022 y

sus disposiciones legales complementarias

actuales y futuras, se puede gestionar y

aprovechar un estado de interés favorable para

ir cubriendo el camino que le falta a la

dogmática sobre este tema.

Ahora, para conformar un derecho penal de

ejecución propio, es necesario esclarecer la

naturaleza y ubicación exacta que tiene la Ley

de Ejecución Penal, como rectora en la materia,

dentro del sistema jurídico penal que desarrolla

el marco constitucional surgido a partir del 10

de abril de 2019, que cuenta con un

considerable conjunto de preceptos, entre los

que son relevantes los artículos 60, 94 y 95 de

la Constitución de la República (GOR-E (5),

2019).

II. La ejecución como una etapa específica

del proceso penal y el sistema legal que lo

regula. En la actualidad se constata un

tranquilo y general consenso, respecto a que la

ejecución forma parte del proceso penal como

una de sus etapas o fases, en la que intervienen

diferentes sujetos, estatales o no, cuya

actuación aislada o coordinada, según sea el

caso, tiene como fin el cumplimiento de las

decisiones contenidas en las correspondientes

resoluciones firmes dictadas por los sujetos

investidos de autoridad para ello, a cuyo efecto

ordenan, cumplen o coadyuvan al cumplimiento

de los actos que se requieran y sean necesarios,

dentro de los límites establecidos en la ley.

Esta es una verdad de Perogrullo, que se

constata con solo decir que la Ley del Proceso

Penal (GOR-O (140). 2021), es clara y

terminante al reconocer que la ejecución de las

sentencias firmes y otras resoluciones dictadas

en un procedimiento en esta materia, es parte

natural del proceso, en tanto constituye una de

sus etapa, a cuyo efecto destina su LIBRO

OCTAVO, cuya denominación es omisa en

tanto alude únicamente a las sentencias, a pesar

de que en varios de sus preceptos puede tratarse

de resoluciones judiciales que resuelven

incidentes, como son los casos de sus artículos

822, 824, 825.1 y 4 y 840; omisión que debe ser

salvada por el legislador cuando la norma

jurídica sea sometida a los reajustes que están

previstos dentro de poco tiempo.