La Ley Helms-Burton: la reacción de la Unión Europea

• Autor: Hermenegildo Altozano García-Figueras
• Cargo: Pinsent Masons LL
• Páginas: 204-218

SECCIÓN ESPECIAL

204 REVISTA CUBANA DE DERECHO

VOL. 4, NO. 02, NÚMER O CENTENA RIO, PP. 204218, 2024

LA LEY HELMSBURTON: LA REACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Helms-Burton Act: the European Union’s reaction

Lic. Hermenegildo Altozano García-Figueras

Abogado

Socio de Pinsent Masons LL, Madrid (España)

https://orcid.org/0009-0001-4475-3640

Hermenegildo.Altozano@pinsentmasons.com

Resumen

La implementación plena del Título III de la Ley Helms-Burton ha creado un esce-

nario novedoso en el plano jurídico internacional, que ha recibido respuesta le-

gislativa por parte de determinados países de la OCDE (señaladamente, Canadá,

México y los Estados miembros de la Unión Europea). El objeto de este trabajo es

analizar la efectividad de las medidas adoptadas por la Unión Europea y, en par-

ticular, por el Reino de España para proteger a sus nacionales frente a los efectos

de alcance extraterritorial de la Ley Helms-Burton. Con este n se han analiza-

do la normativa especíca para contrarrestar los efectos de la Ley Helms-Burton

(i.e., el Reglamento (CE) No. 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996,

relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la

legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o

derivadas de ella) y otras actuaciones derivadas de la aplicación de normativa

ya vigente, con especial incidencia en los procesos en curso (i.e., Convenio de 15

de noviembre de 1965, sobre la Noticación o Traslado en el Extranjero de Do-

cumentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial) y su impacto

en resoluciones judiciales de tribunales de EE.UU. que conocen en la actualidad

de demandas planteadas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton. Tanto

el Reglamento No. 2271/1996 como el Convenio de La Haya de 1965 se han de-

mostrado instrumentos efectivos para contrarrestar o paliar los efectos adversos

de las referidas reclamaciones.

Palabras claves: Ley Helms-Burton; Reglamento de la Unión Europea 2271/1996;

Convenio de La Haya de 1965.

REVISTA CUBANA DE DERECHO 205

La Ley Helms-Burton: la reacción de la Unión Europea

Abstract

The full implementation of Title III has originated a new scenario from an

international law perspective that has received legislative response by certain

OEDC countries (Canada, Mexico and the member states of the European Union).

The purpose of this paper is to analyse the eectivity of the measures adopted

by the European Union and, in particular, by the Kingdom of Spain to protect

its nationals vis-a-vis the extraterritorial eects of the Helms-Burton Act. To this

end the specic regulation to counteract the eects of the Helms-Burton Act

(i.e. Regulation (EU) nº 2271/96 and Hague Convention of 1965), as well as their

impact on judicial decisions by US courts that currently handle claims pursuant

to Title III of the Helms-Burton Act, have been analysed. Both Regulation

2271/1996 and Hague Convention of 1965 have shown that they are eective

instruments to counteract or mitigate the adverse eects of said claims.

Keywords: Helms-Burton Act; European Union Regulation 2271/1996; Hague

Convention of 1965.

Sumario

1. Introducción. 2. Antecedentes de la plena implementación del Título III de la Ley

Helms-Burton. 3. Las contramedidas de la Unión Europea. 4. El Convenio de La Haya de

1965. 5. Conclusiones.Referencias bibliográcas.

1. INTRODUCCIÓN

La “Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act” (Ley Helms-Burton) representa

uno de los pilares fundamentales de la política exterior de Estados Unidos hacia

Cuba, cuyo objetivo es alcanzar objetivos políticos (que dene en sus Títulos I y

II) por medio de las medidas coercitivas que incorpora en sus TítulosIII y IV. Como

señala Robert MUSE, la Ley Helms-Burton supone “un abandono radical de la

práctica de Estados Unidos en las relaciones internacionales”, pues “deja en ma-

nos de los Tribunales federales de EEUU la labor de alcanzar una serie de objeti-

vos de política exterior de EEUU en Cuba”. Y añade: “al tratarse el Título III de la Ley

Helms-Burton de un ejercicio de política exterior, su legitimidad debe analizarse

según los principios del Derecho Internacional Público”.1

1MUSE, Robert L., “A Public International Law critique of the Extraterritorial Jurisdiction of the

Helms-Burton Act (Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996”, The

George Washington Journal of International Law and Economics, No. 207, 1996, pp. 241-242.

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El Título III de la Ley Helms-Burton permite a antiguos propietarios naciona-

les de EE.UU. (donde se incluyen los cubanoamericanos que adquirieron esta

condición antes de marzo de 1996, fecha de publicación de la Ley Helms-Bur-

ton) afectados por las nacionalizaciones del gobierno revolucionario de

Cuba reclamar una compensación ante los tribunales de EE.UU. frente a quie-

nes se benecien de dichas propiedades (“traquen”, en la terminología de la

LeyHelms-Burton). Se trata de una norma de alcance extraterritorial que

quiebra dos de los principios básicos de Derecho internacional: el principio

de igualdad soberana de los Estados y el principio de no intervención, pues

pretende regular actos de personas no sujetas a la jurisdicción de EE.UU. fue-

ra del territorio de EE.UU. y condicionar, de esta manera, la acción exterior de

aquellos países que, en ejercicio de su soberanía, optan por impulsar la in-

versión y el comercio con Cuba.

En efecto, la Ley Helms-Burton es un instrumento de política exterior de

EE.UU., que persigue alcanzar objetivos de naturaleza política (el cambio de

régimen político en Cuba) por medio de la coerción económica (privar a Cuba

del ujo de comercio, nanciación e inversiones) con un alcance extraterrito-

rial (EE.UU. pretende ejercitar su jurisdicción fuera de los límites de su territorio).

Las medidas que la Ley Helms-Burton incorpora para alcanzar ese n se inser-

tan en la misma línea de sus predecesoras: principalmente, las Cuban Assets

Control Regulations, las Export Administration Regulations y la Cuban Democra-

cyAct de 1996 (Ley Torricelli), que en conjunto conforman lo que en la jerga

geopolítica se conoce como “embargo o bloqueo”.

El 16 de enero de 2019, el secretario de Estado de EE.UU., Michael POMPEO, co-

municó al Congreso que suspendía la aplicación del Título III de la Ley Hel-

ms-Burton por un periodo de 45 días (a partir del 1 de febrero de 2019). El 17

de abril de 2019 anunció su decisión de no comunicar una nueva suspensión,

con lo que el Título III de la Ley Helms-Burton entraba plenamente en vigor con

carácter general el 2 de mayo de 2019. De este modo, la Administración Trump

se apartó de la práctica seguida hasta la fecha por todas las administraciones

de EE.UU.: desde CLINTON hasta OBAMA, pasando por BUSH: suspender cada 6 me-

ses la plena aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton. En esa fecha, el Tí-

tulo III dejó de ser, pues, una espada de Damocles olvidada entre las partidas

de un inventario de armas de guerra económica (los operadores habían ajusta-

do su conducta económica a una práctica consolidada) para transformarse en

una reluciente caja de Pandora, cuya apertura queda ahora en manos privadas

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La Ley Helms-Burton: la reacción de la Unión Europea

–los potenciales reclamantes que, en muchos casos, no eran siquiera nacionales

de EE.UU. cuando ocurrieron las nacionalizaciones de la Revolución cubana.

El cambio abrupto por parte de la Administración Trump respondía a una lógi-

ca geopolítica donde la coerción económica contra Cuba no sólo se limita a la

Isla, sino que pretende alcanzar objetivos políticos (y, por ende, económicos)

en otros países, sobre todo Venezuela. Se trata, pues, de una estrategia consis-

tente en crear un entorno de inseguridad jurídica para extender la idea de que

es ilegal invertir en Cuba y en establecer sanciones contra los inversores ex-

tranjeros en la Isla con el doble n de cumplir objetivos de política exterior

de EE.UU. y de desplazar a los competidores en un escenario futuro: la ame-

naza del Título III (y en cierta medida del Título IV, que permite al Secretario

de Estado de EE.UU. impedir la entrada en el territorio norteamericano a

quienes “traquen” con “propiedades conscadas”).

La Unión Europea ya había anunciado al secretario de Estado de EE.UU., por

medio de carta de 10 de abril de 2019,2 de Federica MOGHERINI (Alto Represen-

tante de la UE en Política Exterior) y de Cecilia MALMSTRÖM (Comisaria de Comer-

cio), que la Unión Europea se planteaba someter la disputa ante la Organización

Mundial de Comercio y recordó las medidas protectoras que el Reglamento de

la UE 2271/19963 pone a disposición de los nacionales de la UE afectados por la

Ley Helms-Burton:4

2La carta que dirigió la Unión Europea al secretario de Estado de EE.UU. el 10 de abril de 2019

ya hacía referencia expresa a las medidas que han terminado adoptándose en relación con

litigios especícos en los que los demandados son nacionales (personas físicas o jurídicas

de países miembros de la Unión Europea): “The EU Blocking Statute (Council Regulation (EC)

No2271/96 offers protection to individual EU companies, by banning the enforcement or

recognition in the EU of foreign judgments based on Title III. It legally empowers EU com-

panies to recover, in EU courts, any losses caused by claims based on Title III led against them

in the US. We would point out that an overwhelming majority of the 50 largest claimants –who

together make up more than 70% of the total value of certied claims– have assets in the EU. This

means that any claims in US courts would likely be followed by counter-claims by EU companies

in EU courts. As a concrete example, if a US hotel chain with a certied claim sued an EU hotel

chain in a US court under Title III for alleged tracking in US property, the EU hotel chain would

be able to counterclaim for damages from the EU-based assets of the same US hotel chain in an

EU court”.

3Reglamento (CE) No. 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protec-

ción contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer

país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella, disponible en https://eur-lex.

europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2271-20180807

4Esta reacción de la Unión Europea es coherente con la “Explicación del voto de los Estados

Miembros de la UE en la Asamblea General de Naciones Unidas de 1 de noviembre de 2018”:

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a) La obligación de noticación por parte de los afectados por la Ley Helms-Bur-

ton a la Comisión Europea de cualesquiera medidas adoptadas contra ellos al

amparo de la norma extraterritorial de EE.UU.

b) La prohibición de reconocer cualquier resolución judicial o de cual-

quier autoridad fuera del ámbito de la Unión Europea basada en la

LeyHelms-Burton.

c) La prohibición de cumplimiento de los requerimientos basados en la

LeyHelms-Burton.

d) El derecho de los nacionales de la Unión Europea a obtener una compen-

sación por daños como consecuencia de la aplicación de ley Helms-Bur-

ton. Esto signica, como recuerda la carta de 10 de abril, que si una ca-

dena hotelera de EE.UU. presenta una reclamación contra una cadena

hotelera de la Unión Europea al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton,

la cadena hotelera de la Unión Europea podrá demandar a la cadena ho-

telera de EE.UU. ante los tribunales de cualquiera de los países miembros

de la Unión Europea y obtener una compensación ejecutable contra los

bienes de la cadena hotelera de EE.UU. en la Unión Europea.

El propósito de este trabajo es exponer cómo se ha concretado la reacción

de la Unión Europea (y especícamente del Reino de España) frente a la ple-

na aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton y su repercusión en algunas

de las decisiones de los Tribunales federales de EE.UU. que están conociendo de

reclamaciones al amparo de dicho título. Para ello es oportuno conocer el iter

de la plena implementación del Título III y los instrumentos disponibles para

hacer frente a la aplicación de las medidas contenidas en los Títulos III y IV de

la Ley Helms-Burton.

“Más allá del impacto dañino del embargo sobre los ciudadanos cubanos, las sanciones unilat-

erales de EEUU y otras medidas unilaterales administrativas y judiciales están también afectan-

do negativamente los intereses económicos de la Unión Europea. Nos hemos opuesto rme

y continuamente a estas medidas debido a su impacto extraterritorial en la Unión Europea,

en violación de las reglas comúnmente aceptadas del comercio internacional. No podemos

aceptar que medidas impuestas unilateralmente impidan nuestras relaciones económicas y

comerciales con Cuba. El Consejo de Ministros de la UE ha adoptado, por tanto, una regu-

lación y una acción común para proteger frente a problemas e interferencias indebidas a los

ciudadanos, negocios y ONGs de la UE que residan, trabajen u operen en Cuba”.

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La Ley Helms-Burton: la reacción de la Unión Europea

2. ANTECEDENTES DE LA PLENA IMPLEMENTACIÓN DEL TÍTULO III

DE LA LEY HELMS-BURTON

La plena implementación del Título III de la Ley Helms-Burton vino precedida

de varias actuaciones coordinadas de la Administración Trump, dirigidas a

crear el entorno necesario para justicar la medida:

(a) Memorándum Presidencial NSPM-5, con el título “Fortalecer la Política de

Estados Unidos hacia Cuba”(Strengthening the Policy of the United States

Towards Cuba), de 16 de junio de 2017,5 que detallaba los ejes sobre los

que giraría la acción exterior de la Administración Trump respecto de Cuba:

–Prohibición de las transacciones nancieras directas con las entidades

bajo control o que actúan en benecio de las fuerzas armadas de Cuba, o

de sus servicios de inteligencia o seguridad, incluidos en la “Lista de Enti-

dades Restringidas de Cuba”.6

–Asegurar que se cumplen las restricciones en materia de turismo hacia

Cuba por parte de personas sujetas a la jurisdicción de EE.UU.

–Apoyar el embargo económico a Cuba que se describe en la Ley Helms-Bur-

ton, inclusive por medio de la oposición a aquellas medidas que reclamen

en n del embargo en Naciones Unidas o en otros foros internacionales.

(b) Acuerdo (Settlement Agreement) entre la Oficina de Control de Activos

Extranjeros (Office of Foreign Assets Control–OFAC–) del Departamen-

to del Tesoro de EE.UU. y la entidad financiera francesa Société Géné-

raleS.A., de 19 de noviembre de 2018, por el que esta última acordó

pagar al Departamento del Tesoro de EE.UU. 53.966.916,05 dólares de

EE.UU. como consecuencia de haber violado, entre otras regulaciones,

las Cuban Assets Control Regulations, al haber procesado transacciones

5DEPARTMENTOF STATE, National Security Presidential Memorandum NSPM–5 “Strengthening the

Policy of the United States Toward Cuba”, issued by the President on June 16, 2017, disponible

en https://www.federalregister.gov/documents/2017/10/20/2017-22928/strengthening-

the-policy-of-the-united-states-toward-cuba

6El 9 de noviembre de 2018, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó por vez primera

la “Lista de Entidades Restringidas Asociadas con Cuba” (“List of Restricted Entities Associated

with Cuba”). Esta lista ha sido objeto de actualizaciones periódicas, la última el 24 de abril

de 2019. Disponible en https://www.state.gov/cuba-restricted-list/list-of-restricted-enti-

ties-and-subentities-associated-with-cuba-eective-january-8-2021/

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financieras por medio de instituciones nancieras de EE.UU., que impli-

caban, entre otras jurisdicciones, a Cuba o a entidades cubanas. Société

Générale se une así a la lista de entidades nancieras europeas que han su-

frido la coerción de EE.UU. para privar de instrumentos nancieros a países

sancionados por EE.UU.,7 como BNP Paribas o la Unión de Bancos Suizos.

(c) Discurso del Consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., John BOLTON,

sobre las Políticas de la Administración Trump en América Latina (Mia-

mi, 2 de noviembre de 2018), con el que se regresa a la retórica de la

Guerra Fría al referirse a Cuba, Nicaragua y Venezuela como la “Troika

de la Tiranía”,8 en una pretensión de invocar “razones de seguridad na-

cional” y justificar, así, medidas coercitivas sin impor tar si estas medidas

vulneran o no el Derecho.

3. LAS CONTRAMEDIDAS DE LA UNIÓN EUROPEA

La plena implementación del Título III de la ley Helms-Burton ha servido, tam-

bién, para poner de maniesto la idoneidad de las medidas de la Unión Euro-

pea contenidas en el Reglamento (UE) 2271/1996, del Consejo, de 22 de no-

viembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación

7No en vano el propio “Settlement Agreement” entre Société Générale y OFAC comienza

diciendo que “OFAC administers and enforces economic sanctions against targeted foreign

countries, regimes, terrorists, international narcotics trackers and persons engaged in activi-

ties related to the proliferation of weapons of mass destruction, among others”. (“OFAC admi-

nistra y ejecuta sanciones económicas contra países extranjeros y regímenes especícos,

terroristas, tracantes internacionales de narcóticos y personas implicadas en actividades

relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros”). Disponi-

ble en https//ofac.treasury.gov/recent-actions/20140630

8Uno de los denominadores comunes que presentan las medidas coercitivas dirigidas a cau-

sar cambios políticos o alcanzar otros objetivos de política exterior, es el uso deliberado de

expresiones con una carga semántica negativa elevada. La expresión “Troika de la Tiranía”

para designar a Cuba, Nicaragua y Venezuela responde a la misma intención de la etiqueta

“Eje del Mal” (Irán, Corea del Norte e Irán), que sirvió a George W. BUSH para armar coaliciones

e impulsar la segunda guerra de Irak. OFAC “administra y ejecuta sanciones económicas con-

tra países y regímenes especícos, terroristas, tracantes internacionales de narcóticos y perso-

nas implicadas en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción ma-

siva”. En la Ley Helms-Burton las propiedades nacionalizadas son “propiedades conscadas”

y quienes invierten o se benecian de ellas se denominan “tracantes”. El objetivo no es

otro que reforzar el efecto de la propia sanción con el daño reputacional y contribuir con

ello a privar a Cuba de los ujos económicos derivados del comercio y la inversión, para

alcanzar los objetivos políticos apetecidos por la Administración de EE.UU. Disponible en

https://cu.usembassy.gov/assistant-to-the-president-and-national-security-advisor-ambas-

sador-john-r-bolton-delivers-remarks-on-the-trump-administrations-policies-in-latin-am/

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La Ley Helms-Burton: la reacción de la Unión Europea

extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las accio-

nes basadas en ella o derivadas de ella (el “Reglamento 2271/96” o “Estatuto de

Bloqueo”). El propósito de este Reglamento (que constituye legislación direc-

tamente aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea) es,

como ya se ha apuntado, proteger el orden legal establecido, los intereses de

la Unión Europea y los intereses de personas físicas y jurídicas sometidas a la

jurisdicción de los Estados miembros, en particular por medio de la remoción,

neutralización, bloqueo o, de otro modo, contrarrestando los efectos de leyes,

regulaciones y otros instrumentos legislativos extranjeros que se listan en el

Anexo del propio Reglamento No. 2271/96 (donde se incluye expresamente la

Ley Helms-Burton) que, por su aplicación extraterritorial, vulneran el Derecho

internacional. La propia Comisión Europea ha considerado que las medidas

que se contienen en el Anexo del Reglamento tienen efectos extraterritoria-

les y causan efectos adversos a los intereses de la Unión Europea y a los inte-

reses de personas físicas o jurídicas de la Unión Europea que ejercitan sus

derechos derivados de los tratados constitutivos de la Unión Europea. Así:

a) Por virtud del primer párrafo del artículo 5 del Reglamento No. 2271/96,

las personas referidas en el artículo 11 de dicho Reglamento (esto es, las

personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la UE o

sujetas a la jurisdicción de un Estado miembro de la UE –e.g., residentes en

la UE–) tienen prohibido cumplir directamente o por medio de cualquier

aliada o persona intermediaria, de un modo activo o por omisión delibe-

rada, con los requerimientos o prohibiciones, inclusive las solicitudes pro-

venientes de tribunales extranjeros, basados en o resultado de las leyes,

regulaciones y otros instrumentos legislativos extranjeros que se listan en

el Anexo del Reglamento 2271/96.

b) Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 5 del Reglamento (EC) No.

2271/96 permite a las personas referidas en el artículo 11 de dicho Regla-

mento solicitar de la Comisión Europea una autorización para cumplir total

o parcialmente con los requerimientos o prohibiciones basados en o resul-

tantes de leyes, regulaciones y otros instrumentos legislativos listados en

el Anexo del Reglamento No. 2271/96, en la medida en que exista prueba

suciente de que el no cumplimiento pudiera lesionar sus intereses o los

intereses de la Unión Europea.

Los tribunales federales de EE.UU. ya han tenido ocasión de manifestarse sobre

el impacto que ha tenido el Reglamento No. 2271/96 en los procedimientos

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iniciados al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton. Así, la United States

District Court for the Southern District of Florida (tribunal de distrito del Sur

de la Florida), en el asunto “María Dolores Canto Martí (demandante) vs.

Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L. (demandado)”9 adoptó el 24 de abril

de 2020, una orden en la que se ponía de manifiesto que la compañía espa-

ñola Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L. (“Iberostar”) había solicitado de

dicho tribunal la suspensión del caso, hasta que hubiera podido cumplir

con el requisito establecido por la Comisión Europea para las compañías de

la Unión Europea de obtener autorización antes de presentar una respues-

ta en cualquier procedimiento al amparo de la Ley Helms-Burton. La propia

orden del tribunal del Distrito del Sur de la Florida reconocía expresamente

que el requerimiento derivaba del Estatuto de Bloqueo, aprobado para con-

trarrestar los efectos de la Ley Helms-Burton y que Iberostar enfrentaba san-

ciones por importe de 600.000euros en caso de que procediera sin haber

obtenido previamente la autorización, así como que Iberostar ya había pre-

sentado ante la Comisión Europea la solicitud de autorización [al amparo del

artículo 5.2 del Reglamento No. 2271/96] y estaba pendiente de resolución. La

orden concluía que en el interés de la cortesía internacional (international co-

mity), el propio tribunal consideraba apropiado suspender el procedimiento

mientras estuviera pendiente la solicitud de autorización de la Comisión Euro-

pea y, por tanto, otorgaba a Iberostar la suspensión del procedimiento (motion

for a stay) hasta que la Unión Europea hubiera otorgado a Iberostar la corres-

pondiente autorización.

El propio tribunal del distrito del Sur de la Florida (el “Tribunal”) tuvo la oportu-

nidad de pronunciarse con detalle sobre el fundamento jurídico de su decisión

de suspender el procedimiento con ocasión del recurso que planteó la parte

9Civil Action No. 20-20078-Civ-Scola. “Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L. requests that this

Court stay the case until it can comply with the European Commission’s requirement for com-

panies from the European Union to obtain authorization before ling a response to any lawsuit

under the Helms Burton Act. This requirement comes from a European Union blocking statute

enacted to counteract the eects of the Helms-Burton Act, and Iberostar faces EUR 600,000 in

sanctions for failure to rst obtain authorization. (ECF No. 16 at ¶ 3.) Iberostar’s request for au-

thorization has already been led and is currently pending before the European Commission. (Id.

at ¶ 18.) In the interest of international comity, this Court has determined that it is appropriate to

stay this case pending the Iberostar’s request for authorization from the European Commission.

The Court grants Iberostar’s motion for a stay (ECF No. 16), and the case is stayed until the Euro-

pean Union grants Iberostar’s request for authorization. Iberostar shall submit status reports on

its request for authorization every 30 days. In the interim, the Court directs the Clerk to adminis-

tratively close this case”.

REVISTA CUBANA DE DERECHO 213

La Ley Helms-Burton: la reacción de la Unión Europea

demandante contra la orden de suspensión del procedimiento. Los argumen-

tos principales del Tribunal fueron los siguientes:

a) Los tribunales de distrito tienen amplia discreción para disponer la sus-

pensión de procedimientos en el ejercicio de su arbitrio judicial, en el en-

tendido de que la suspensión debe ser razonable en su alcance y no tener

carácter indenido.10

b) Los precedentes judiciales (e.g., Turner Entertainment Co. vs. Degeto Film

GmbH, el primer caso en el Circuito 11 que consideró la cuestión de abs-

tención basada en international comity) establecieron los factores que

deben tomarse en consideración a tales efectos: 1) respeto a los actos de

otras naciones soberanas; 2) trato justo (fairness) a los litigantes y 3) uso

eciente de los recursos judiciales.11 Por consiguiente, el tribunal debe

considerar estos tres elementos para determinar la oportunidad de la sus-

pensión del procedimiento:

–Cortesía Internacional (International Comity): el Tribunal cita la doctri-

na jurisprudencial en “GDG Acquisitions, LLC vs. Government of Belize”

y establece que el Undécimo Circuito (al que pertenece el tribunal de

distrito del Sur de Florida) ha determinado que es apropiado para un

tribunal suspender un procedimiento sobre la base de international co-

mity en aquellos supuestos en que el tribunal (i) considera la fortaleza

del interés de EE.UU. por usar un fórum extranjero; (ii) la fortaleza de los

10District Courts have broad discretion to stay proceedings in the exercise of their good judgment.

Clinton v. Jones, 520 U.S. 681, 706 (1997). Courts may enter stays for a variety of reasons, such

as to control their dockets or pursuant to principles of abstention. Trujillo v. Conover & Co. Com-

muc’ns, Inc., 221 F.3d 1262, 1264 (11th Cir. 2000). In the Eleventh Circuit, when a District Cour t

enters a stay, the stay must not be immoderate, meaning it must be reasonable in scope and not

indenite. Id. Whether the stay is reasonable in scope may hinge on the reasons cited for the stay.

Id. Here, the Court issued a stay based on “international comity” and in light of the signicant

sanctions Iberostar faces for each breach of Regulation 2271/96. (ECF No. 17.)

11In Turner Entertainment Co. v. Degeto Film GmbH, the rst case in this Circuit to consider the

question of abstention pursuant to international comity, the Court noted several factors should

be considered when judging abstention pursuant to international comity, including: “(1) a proper

level of respect for the acts of our fellow sovereign nations—a rather vague concept referred to

in American jurisprudence as international comity; (2) fairness to litigants; and (3) ecient use

of scarce judicial resources.” 25 F.3d 1512, 1518 (11th Cir. 1994); see also Hilton v. Guyot, 159 U.S.

113, 163-64 (1895) (noting comity is “neither a matter of absolute obligation, on the one hand,

nor of mere courtesy and good will upon the other [b]ut it is the recognition which one nation

allows within its territory to the legislative, executive, or judicial acts of another nation.”).

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intereses del gobierno extranjero de que se trate y (iii) la adecuación del

foro alternativo.12

–Trato justo (Fairness): el Tribunal considera que para evaluar esta cuestión

los tribunales consideran habitualmente lo siguiente: (i) el orden en el

que los procesos se iniciaron; (ii) el foro más conveniente y (iii) el posible

prejuicio de las partes que pudiera derivarse de la abstención13.

12International Comity Courts may properly apply the doctrine of international comity to stay a

litigation. In GDG Acquisitions, LLC v. Gov’t of Belize, the Eleventh Circuit indicated it is appro-

priate for courts to appropriately stay a case based on principles of international comity, where

Courts consider “(1) ‘the strength of the United States’ interest in using a foreign forum,’ (2) ‘the

strength of the foreign governments’ interests,’ and (3) ‘ the adequacy of the alternative forum.’”

749 F.3d 1024, 1030 (11th Cir. 2014) (citing Ungaro-Benages v. D resdner Bank AG, 379 F.3d 1227,

1238 (11th Cir. 2004). The nal factor of “adequacy of the alternative forum is informed by forum

non convenience analysis.” Id. As there is no parallel proceeding ongoing, the Court nds that the

rst factor does not apply. (See ECF No. 21, at 12 (“Here, there is no such parallel action.”).) With

respect to the third factor, Plainti has provided no information calling into question the ade-

quacy of the European Commission to undertake interpretation of its own rules and regulations,

accordingly, the third factor weighs in favor of abstention pursuant to international comity. Fi-

nally, under the second factor, Court nds that the European Commission and European Union

has a strong interest in evaluating its own rules and regulations. Hale v. Fr. Lurssen Weft GmbH &

Co.KG, Case No. 09-23787-Civ-Ungaro, 2010 WL 11601558, at *3 (S.D. Fla. April 26, 2010) (Unga-

ro, J.) (recognizing foreign jurisdictions have an interest in interpreting their own laws). Indeed, as

it seems this is the rst time the European Commission has considered an authorization request

pursuant to Regulation 2271/96 based on a claim under the Helms Burton Act, it would seem

that interest is particularly heightened in this case. (ECF No. 22, at 3.) Accordingly, concerns of

international comity weigh in favor of this Court maintaining the stay over these proceedings

until the European Commission provides Iberostar authority to participate in this litigation.

13The next question for the Court to consider is fairness to litigants. In evaluating this factor, courts

typically consider, “(1) the order in which the suits were led, (2) the more convenient forum, and

(3) the possibility of prejudice to the parties resulting from abstention.” Turner, 25 F.3d at 1521-

22 (internal citations omitted). Again, as no parallel proceedings are ongoing, the Court nds

that factors one and two do not apply to its analysis. Turning to the third factor, the Court notes

that both parties argue they will be prejudiced. Plainti argues she will be prejudiced if the stay

remains in place and Iberostar argues it will be prejudiced if the stay is lifted. Plainti contends

that she is prejudiced because she will be delayed in pursuing her claims against Defendant and

because the stay allows Defendant “to move assets or otherwise plan to avoid any economic

consequences from adverse rulings by this Court.” ECF No. 23, at 6.) The Court notes that Plainti

has oered no evidence whatsoever to support her speculative contention that Defendant may

be moving assets to avoid economic consequences stemming from any ruling against it by this

Court. Conversely, Defendant claims it will be harmed by being subjected to sanctions up to EUR

600,000 pursuant to Regulation 2271/96 and Spanish Law 27/1998, for each breach of Regula-

tion 2271/96. Given the speculative nature of the harm alleged by Plainti and the immediate

and concrete nature of the harm faced by Defendant, the Court nds that this factor, too, weighs

in favor of maintaining the stay until such time as the European Commission issues a decision on

Iberostar’s application.

REVISTA CUBANA DE DERECHO 215

La Ley Helms-Burton: la reacción de la Unión Europea

Uso eciente de los recursos judiciales (Ecient use of judicial resources): los

factores que el Tribunal toma en consideración a estos efectos son (i) la incon-

veniencia del foro federal; (ii) la deseabilidad de evitar la dispersión procedi-

mental (piecemeal litigation); (iii) si los procedimientos presentan identidad de

partes y de “causa petendi ” y (iv) si el foro alternativo va a producir una pronta

decisión14.

4. EL CONVENIO DE LA HAYA DE 1965

Por último, otro elemento relevante en la defensa de los demandados al amparo

del Título III de la Ley Helms-Burton lo constituye la respuesta del Reino de Es-

paña al amparo del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, sobre

la Noticación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extraju-

diciales en materia civil o comercial (el “Convenio de La Haya”).15 En este con-

texto es innegable que las demandas planteadas de conformidad con el Títu-

loIII de la Ley Helms-Burton son acciones civiles, pues dejan en manos de los

denominados claimants (esto es, titulares de una reclamación) accionar o no

frente a quienes “traquen” con “propiedades conscadas”). Por tanto, la no-

ticación y/o traslado de una demanda del Título III (o de una noticación al

amparo del Título IV) de la Ley Helms-Burton a una entidad española, por

ejemplo, requiere cumplir lo establecido en el Convenio de La Haya.

El Ministerio de Justicia español (que es el organismo designado como “Autori-

dad Central” a todos los efectos del Convenio de La Haya) ha hecho público el

criterio ocial del Reino de España en relación con la noticación y/o traslado de

documentos judiciales y/o administrativos del amparo de la Ley Helms-Burton

14The Court considers whether the stay is an ecient use of judicial resources. Factors relevant to

this inquiry are “(1) the inconvenience of the federal forum; (2) the desirability of avoiding piece-

meal litigation; (3) whether the actions have parties and issues in common; and (4) whether the

alternative forum is likely to render a prompt disposition.” Turner, 25 F.3d at 1522 (11th Cir. 1994)

(internal citations omitted). Again, given the lack of parallel judicial proceedings, the Court nds

the rst three factors do not apply. Turning to the nal factor, the Court notes that there is no rea-

son to presume that the European Commission is unlikely to render a prompt decision on Ibero-

star’s request for authorization under Regulation 2271/96. Indeed, the European Commission

has been providing updates on the status of Iberostar’s application, indicating the application is

under active consideration. Plainti has oered no evidence to rebut this. Accordingly, the Court

nds that the nal factor weights in favor of maintaining the stay.

15Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Noticación o Traslado en el Extranjero de

Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, disponible en https://

www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=17

216 ISSN EDICIÓN IMPRESA: 0864165X, ISSN EDICIÓN ELECTRÓNICA: 27886670,VOL. 4, NO. 02, NÚMERO CENTENARIO, 2024

Lic. Hermenegildo Altozano García-Figueras

(ya se trate de actuaciones de conformidad con el Título III o con el Título IV ),

por medio de ocio de 20 de enero de 2020. Así:

a) A la luz del Reglamento 2271/96, y entendiendo el Reino de España que

la aplicación extraterritorial de una norma menoscaba la integridad terri-

torial de España, la Autoridad Central española considera que el cumpli-

miento de cualquier solicitud de noticación o traslado basada en el Títu-

loIII de la Ley Helms-Burton que pretenda hacer valer sus pretensiones en

territorio español, constituye un atentado a la soberanía en los términos

del art.13 del Convenio de La Haya16.

b) Por virtud de lo anterior, las solicitudes de noticación basadas en la Ley

Helms-Burton remitidas al amparo del art.3 del Convenio de La Haya17

serán rechazadas por la Autoridad Central. De igual modo, las solicitudes

recibidas por cualesquiera otras de las vías a las que se reere el Conve-

nio de La Haya (cfr. arts. 10 y 11) pueden remitirse a la Autoridad Central

española para que proceda a su rechazo y devolución a la autoridad cen-

tral de Estados Unidos.

c) La Autoridad Central española ha indicado expresamente a la autori-

dad central de Estados Unidos que en todo caso las notificaciones al

amparo del Título III o del Título IV de la Ley Helms-Burton se tendrán

por no efectuadas, sin que puedan desplegar ningún efecto jurídico en

territorio español.

5. CONCLUSIONES

El Reglamento No. 2271/96, de la Unión Europea (conocido como “Estatuto de

Bloqueo”) se ha demostrado como un instrumento ecaz para contrarrestar

16Artículo 13 del Convenio de La Haya: “El cumplimiento de una petición de noticación o

traslado conforme a las disposiciones del presente Convenio podrá ser rehusado única-

mente si el Estado requerido juzga que este cumplimiento es de tal naturaleza que implica

un atentado a su soberanía o a su seguridad. El cumplimiento no podrá rehusarse por el

solo motivo de que el Estado requerido reivindique competencia judicial exclusiva para

el procedimiento en cuestión o de que su Derecho interno no admita la acción a que se

reera la petición. En caso de denegación, la Autoridad Central informará inmediatamente

al requirente e indicará los motivos”.

17Artículo 3 del Convenio de La Haya: “La autoridad o el funcionario ministerial o judicial

competente según las leyes del Estado de origen dirigirá a la Autoridad Central del Estado

requerido una petición conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio, sin

que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga”.

REVISTA CUBANA DE DERECHO 217

La Ley Helms-Burton: la reacción de la Unión Europea

los efectos de la Ley Helms-Burton, al menos en lo relativo al reconocimiento

por parte del Tribunal de distrito del Sur de la Florida en el asunto “María

Dolores Canto Martí (demandante) vs. Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L.

(demandado)”, de la necesidad para el demandado que sea nacional de un

Estado miembro de la Unión Europea de obtener la preceptiva autorización

de la Comisión Europea, al amparo del artículo 5-2 del Reglamento

No.2271/96, para poder comparecer en el procedimiento de que se trate.

Por otra parte, determinadas jurisdicciones (señaladamente el Reino de España)

han hecho uso de la facultad del artículo 13 del Convenio de La Haya para

negar la validez y ecacia a las noticaciones y traslados a demandados radi-

cados en territorio español de demandas y/o noticaciones al amparo, res-

pectivamente, del Título III y del Título IV de la Ley Helms-Burton.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes doctrinales

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of the Helms-Burton Act (Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Liber-

tad) Act of 1996”, The George Washington Journal of International Law and

Economics, No. 207, 1996, pp. 241-242.

DEPARTMENTOF STATE, National Security Presidential Memorandum NSPM–5 “Strengthe-

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ments/2017/10/20/2017-22928/strengthening-the-policy-of-the-uni-

ted-states-toward-cuba [consultado el 19 de noviembre de 2023].

Fuentes legales

Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Noticación o Traslado en el Extran-

jero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comer-

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la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legis-

lación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o

derivadas de ella, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/

TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2271-20180807

218 ISSN EDICIÓN IMPRESA: 0864165X, ISSN EDICIÓN ELECTRÓNICA: 27886670,VOL. 4, NO. 02, NÚMERO CENTENARIO, 2024

Lic. Hermenegildo Altozano García-Figueras

Fuentes jurisprudenciales

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“Hilton vs. Guyot”, 159 U.S. 113, 163-64 (1895).

“Hale vs. Fr. Lurssen Wef t GmbH & Co. KG” (S.D. Fla. April 26, 2010).

“María Dolores Canto Martí vs. Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L.” (Civil Action

No.20-20078-Civ-Scola).

“Trujillo vs. Conover & Co. Commuc’ns, Inc.”, 221 F.3d 1262, 1264 (11th Cir. 2000).

“Turner Entertainment Co. vs. Degeto Film GmbH”, 25 F.3d 1512, 1518 (11th Cir. 1994).

“Ungaro-Benages vs. Dresdner Bank AG”, 379 F.3d 1227, 1238 (11th Cir. 2004).

Recibido: 18/1/2024

Aprobado: 28/3/2024