La perseguibilidad de los delitos económicos

• Autor: Lic. Yeney Valido Andrés
• Cargo: Licenciada en Derecho, profesora instructora del a Facultad de Derecho, Universidad de La Habana
• Páginas: 93-109

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La perseguibilidad de los delitos económicos

The prosecution of economic crimes

LIC. YENEY VALIDO ANDRÉS*

Cuba

Sumario

1. Introducción

2. La perseguibilidad de los delitos económicos

3. Principios que facilitan la persecución de los delitos económicos

3.1. Principio de especialización

3.2. Principio de oportunidad en sentido estricto o de oportunidad reglada

3.3. Principio de prueba técnica o prueba pericial

4. Dicultades actuales en la persecución penal de la delincuencia económica

5. Los presupuestos formales de la perseguibilidad de los delitos. Las condiciones de

procedibilidad

6. Diferentes condiciones de procedibilidad presentes en el ordenamiento jurídico cu-

bano

7. Un análisis de las condiciones de procedibilidad en el ámbito empresarial presentes

en la Ley 62 de 1987

8. Las condiciones de procedibilidad en la Ley 151 de 2022 “Código Penal”

9. Conclusiones

10. Bibliografía

Resumen

La perseguibilidad de los delitos económicos es una tarea difícil producto de las

características que son inherentes a estos tipos penales. De igual manera, los agentes co-

misores generalmente son altos directivos en las entidades y que generalmente falsican

documentos para que no se demuestre la existencia de un hecho antijurídico, lo cual

va aparejado a la presencia excesiva de normas penales incompletas en blanco que trae

consigo reiteradas remisiones a normas extrapenales y de condiciones de procedibilidad

que en lo Penal Económico a pesar de no haber tenido gran trascendencia en los últi-

mos tiempos cobran virtualidad a partir del Decreto Ley 46 sobre las micro, pequeñas y

medianas empresas que introduce la empresa privada. Asimismo, estas condiciones de

procedibilidad están dirigidas a las entidades privadas por lo que se excluyen de su marco

* Licenciada en Derecho, profesora instructora del a Facultad de Derecho, Universidad de La Habana,

yeneyvalidoandres@gmail.com, Registro ORCID: https://orcid.org/000-0003-4128-2019

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de aplicación otras formas de organización empresarial que tienen cabida producto de

la regulación de las diferentes formas de propiedad en el artículo 22 constitucional. Es

por ello que el objetivo de esta investigación es el análisis de las condiciones de proce-

dibilidad plasmadas en la Ley 151 de 2022 “Código Penal”.

Palabras clave

Perseguibilidad .Delitos económicos. Condiciones de procedibilidad.

Abstract

e prosecution of economic crimes is a dicult task due to the characteristics that are

inherent to these criminal types. In the same way, the commissioning agents are generally

senior managers in the entities and falsify documents so that the existence of an unlawful

act is not proven, which is coupled with the excessive presence of incomplete criminal regu-

lations in white that brings with it repeated references to regulations extra- criminal and

procedural conditions that in Economic Criminal matters, despite not having had great

importance in recent times, take virtuality from Decree Law 46 that introduces the private

entities. Likewise, these procedural conditions are aimed at private entities, so other forms

of business organization that have a place as a result of the regulation of dierent forms of

property in article 22 of the Constitution are excluded from their application framework.

at is why the objective of this investigation is the analysis of the conditions of procedure

embodied in Law 151 of 2022 “Penal Code”.

Keywords

Prosecution, economic crimes, procedural conditions

1. Introducción

La perseguibilidad de los delitos económicos se presenta como una problemática

en la realidad cubana actual debido a que la economía nacional presenta una esfera

dinámica al estar en constante cambio y perfeccionamiento. De esta forma, se han pre-

sentado cambios en la economía como es caso de la inclusión de la propiedad privada

a la luz de la Constitución de 2019, así como la presencia de nuevos agentes que inter-

vienen en el ámbito económico, lo cual va aparejado de la presencia de la condición de

procedibilidad de la denuncia del perjudicado que permite que no opere la persecución

penal si no se cumple este requisito.

De igual forma, se presentan al unísono otras cuestiones que hacen engorrosa la

perseguibilidad en el ámbito económico cubano como es el caso de las características

personales de los agentes comisores que le dan apariencia de licitud al hecho antijurí-

dico, la falta de especialización del órgano jurisdiccional y de la Fiscalía como órgano

encargado de la persecución penal, así como las a veces innecesarias remisiones a las

normas penales incompletas en blanco.

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En este sentido, la motivación de esta investigación está sustentada en lo difícil que

resulta hoy día la persecución de los delitos económicos especialmente en el ámbito

empresarial, lo cual trajo consigo el análisis de las condiciones de procedibilidad en esta

esfera y de la nueva Ley del Proceso Penal.

Así, en cuanto al estado de la ciencia existen múltiples criterios sobre la persegui-

bilidad de los delitos económicos; sin embargo, el tema de las condiciones de pro-

cedibilidad como un límite a la perseguibilidad en el ámbito empresarial no ha sido

desarrollado de la forma que esta materia exige.

De esta forma, al referirse a los antecedentes investigativos han escrito sobre el tema

a nivel internacional autores como B, T y A, que sin bien

no se centran en el tema de la perseguibilidad, sino que brindan una visión general de

Derecho Penal Económico y su rama procesal de cierta forma desarrollan la temática

que nos ocupa.

Por otro lado, a nivel nacional se destacan autores como B, M R-

, P D y R G que analizan de forma minuciosa los

principios que deben regir para la correcta perseguibilidad de los delitos económicos;

no obstante a ello, el tema de la procedibilidad no es abordado por ninguno de estos

autores, sino que se trata desde una mirada general y no se lleva al Derecho Penal Eco-

nómico.

De esta manera, hay que tener presente que los delitos económicos protegen un

bien jurídico supraindividual de vital importancia, el cual es la economía o el orden

económico. Asimismo, entre los diferentes preceptos analizados se destacan como ele-

mentos comunes: la presencia de la denuncia del perjudicado o representante legal y

que debe perjudicar a una entidad privada.

En consecuencia, esta investigación persigue como objetivo analizar la formulación

de las condiciones de procedibilidad en el nuevo Código Penal.

2. La perseguibilidad de los delitos económicos

Atendiendo al principio quod delicta tot poena, que se traduce en que a todo delito

debe seguir una pena entra a jugar un papel fundamental el principio de legalidad tam-

bién conocido como principio de necesidad que se encuentra dentro de los principios

relativos al objeto del proceso y “se basa en que el Estado tiene la obligación de perseguir

toda aquella conducta que revista características de delito según los elementos de tipicidad

contenidos en la legislación penal vigente, de forma que no es dable dejar a la voluntad de

ninguna institución o individuo los criterios de persecución, sino que esta debe operar de

carácter automático1, de aquí que el órgano represivo tenga la obligación de perseguirlo

hasta el nal del proceso.

1 M D, Juan, “Principios del proceso penal” en: AA.VV: Temas para el estudio del Derecho

Procesal Penal, pp.71-72.

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En este sentido, el órgano encargado de la persecución de los delitos es el Ministerio

Fiscal, lo cual se maniesta en la realidad cubana al ser la Fiscalía quien tiene como

obligación impuesta por ley del ejercicio de la acción penal y por tanto de perseguir

cualquier conducta que presente los elementos constitutivos de un delito. Asimismo, la

persecución de los delitos es pública y obligatoria tal y como maniesta el artículo 16

de la Ley del Proceso Penal salvo las excepciones previstas para la perseguibilidad como

es el caso de las condiciones de procedibilidad que constituyen el eje temático de esta

investigación.

En el proceso penal cubano rige de forma absoluta el principio de legalidad procesal

a pesar de que no existe un precepto de la Ley Adjetiva que así lo exponga; sin embargo,

encuentra su sustento en el artículo 2 del vigente Código Penal. De igual forma, a pesar

de nuestro ordenamiento jurídico deberse a la legalidad se presenta ante nosotros una

nueva realidad con la regulación en la nueva Ley del Proceso Penal de los criterios de

oportunidad dando paso a que al unísono del principio de legalidad coexista el princi-

pio de oportunidad reglada al cual se hará referencia a posteriori.

De esta forma, se puede armar que la perseguibilidad de los delitos va más allá del

ejercicio de la acción del penal, sino que representa todo un conjunto de presupuestos

formales o procesales y materiales que deben estar presentes, pues para que opere la

persecución debe ser una conducta que presente características de un delito y se deben

seguir todas las formalidades que establece la ley penal.

Así, siguiendo a S dentro de estos presupuestos materiales que inci-

den como tal en el llamado “derecho a penar” se encuentran las condiciones objetivas

de punibilidad, las causas personales que excluyen la punibilidad (excusas absolutorias)

y las causas que dejan sin efecto la punibilidad, estas últimas son denominadas en

el ordenamiento patrio como causas posteriores al hecho que anulan la punibilidad,

mientras que dentro de los presupuestos formales que condicionan la perseguibilidad

y que solamente se reeren a la posibilidad de proceso penal se ubican las condiciones

de procedibilidad, por lo que estos presupuestos formales presentan gran trascendencia

para esta investigación.

3. Principios que facilitan la persecución de los delitos

económicos

A continuación se analizarán los principios que deben regir en el Derecho Penal

Económico Procesal y que por ende facilitan la persecución de los delitos económi-

cos tomando como referencia a las autoras cubanas G A y P

2 S, Gunter, Derecho Penal Parte General I. El hecho punible, Ed. Reelab, Buenos

Aires, 2005, p. 74.

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D, dentro de estos se destacan: el principio de especialización, el principio

de oportunidad en sentido estricto o de oportunidad reglada y el principio de prueba

técnica o pericial4.

3.1. Principio de especialización

En el Derecho Penal Económico Procesal moderno existe una fuerte tendencia a la

especialización no solo del Ministerio Fiscal que se encarga de la persecución de los de-

litos económicos, sino también del juez y del personal auxiliar con el n de garantizar

una investigación y una resolución judicial más ecientes.

En este sentido, siguiendo B y A hay que tener presente la comple-

jidad y variabilidad que caracteriza a los delitos económicos, pues comprende ilícitos

como el delito informático, el delito ambiental, el delito societario, el delito aduanero

y el delito contra los consumidores, entre muchos otros, de aquí que resulte una difícil

tarea para el acusador precisar las circunstancias y requiera de “discursos cientícos

prestados”, por ello estos autores hablan de la necesidad de una especialización estraté-

gica y temática, la primera para que el actor penal asuma criterios de persecución que se

corresponda con las ilegalidades que le toca perseguir y la segunda para que el acusador

estatal se diversicara en tantos ocios como manifestaciones tiene el Derecho Penal

Económico Procesal.

T tomando como referencia la experiencia francesa plantea que de nada

sirve la especialización en la persecución penal si después el juez entiende poco de los

problemas propios de estos asuntos; es decir, que un juez que no se encuentra especia-

lizado en esta materia no puede apreciar correctamente los hechos acusados.

Por otro lado, a la par de la especialización del juez debe especializarse el personal

auxiliar, a través de la inserción de profesionales no jurídicos conocedores de estos te-

mas (economistas, nancistas, contadores, administradores, empleados y trabajadores

vinculados a la esfera económica) con preparación especializada en esta materia, que les

faciliten la comprensión al órgano jurisdiccional, de los pormenores que en el hecho

penal económico se producen; sin embargo, como se planteaba con anterioridad no

3 G A, Tania y Arlín, P D, “La economía y el Derecho Procesal Penal en un

nuevo alumbramiento: El Derecho Procesal Penal Económico” en: Crespo Gómez, Yesenia Guadalupe

y Medina Cuenca, Arnel (coordinadores): Avances y retrocesos de la reforma procesal penal latinoamerica-

na desde la visión de México y Cuba, Ed. UNIJURIS, 2016, pp. 230-236.

4 Estas autoras también hablan de un cuarto principio de reducción de la inmediación, sin embargo, se

considera que el principio de inmediación es nuclear a cualquier proceso penal incluyendo aquellos

vinculados a la delincuencia económica, por lo cual no será tenido en cuenta a los efectos de este aná-

lisis.

5 A, Gustavo A. y B, Fabián, Derecho Penal Económico Procesal.[Disponible en: www.

ciidpe.com] [Consultado el 18 de diciembre de 2022).

6 T, Klaus, Lecciones de Derecho Penal Económico (comunitario, español, alemán), Traducido

por Teresa M, Barcelona, PPU, 1993, p. 29.

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bastará con esto, sino que el juez por sí mismo debe ser capaz de entender los informes

realizados por los especialistas.

De igual forma, atendiendo al principio de especialización y a los aspectos técnicos

que conforman el Derecho Penal Económico se habla de la exclusión de los jueces no

profesionales o jueces legos en otros actos procesales que no sean el juzgamiento. En

este sentido, a la luz de la nueva Ley de los Tribunales de Justicia y la Ley del Proceso

Penal se presentan grandes cambios en este aspecto, pues a través este primer cuerpo

normativo se hace posible la existencia de Tribunales unipersonales en virtud del ar-

tículo 20 apartado 2 para los casos de delitos de escasa entidad y para las actuaciones

de mero impulso procesal, lo cual se relaciona con el artículo 411 apartado 2 de la Ley

de Proceso Penal correspondiente a la fase intermedia donde la actuación del Tribunal

se determina por un juez unipersonal que se encarga de la devolución o radicación del

asunto, donde la composición será de manera colegiada en los supuestos que la com-

plejidad del asunto lo amerite en relación con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de

Tribunales y se aprecia que la cantidad de jueces profesionales o legos puede variar en

dependencia del conicto, lo cual se toma como un cambio signicativo, pues permiti-

rá que en el caso de delitos económicos predomine la presencia de jueces profesionales,

dada la complejidad que caracteriza a los mismos.

En consecuencia, como se ha hecho mención a priori el principio de especialización

doctrinalmente se agota en la especialización de la Fiscalía, del órgano jurisdiccional

y del personal auxiliar; sin embargo a consideración de esta autora el mismo se debe

llevar a los defensores con el n de garantizar una defensa apropiada y acorde a las di-

cultades de lo Penal Económico, lo cual tributará al cumplimiento efectivo del derecho

a la defensa técnica que pasó a tenor respaldo constitucional a tenor del artículo 95

inciso b).

Asimismo, en el ámbito nacional se encuentra la Sala Segunda del Tribunal Provin-

cial Popular de La Habana, que se encuentra especializada en la atención a los delitos

económicos y asociados a la corrupción administrativa cuyas sanciones sean superiores

a 8 años, lo cual encuentra su sustento en el Acuerdo 655 de 2022 de depone los mar-

cos competenciales de este órgano de justicia y establece que además de estos hechos

delictivos esta Sala atenderá los delitos de tráco de personas, lo cual en gran medida

descentraliza la especialización de esta Sala al conferirle otros delitos que no guardan

relación con la delincuencia económica.

3.2. Principio de oportunidad en sentido estricto o de oportunidad

reglada

El principio de oportunidad se presenta como la antítesis del principio de legalidad

que como bien se explicaba rige en materia de perseguibilidad de los delitos.

Existen dos modalidades de aplicación del principio de oportunidad; la primera es

cuando la renuncia a la persecución penal puede conllevar tanto a la aplicación de una

medida pecuniaria administrativa, como de una advertencia al agente comisor por la

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escasa lesividad social de su conducta, así como por sus condiciones personales, mien-

tras que la segunda modalidad se vincula con el modelo anglosajón de la plea bargai-

ning, donde el delincuente acepta su relación con el delito y procede la posibilidad de

negociar con la autoridad la pena a imponer, surgiendo las guras de la conformidad

y la negociación.

Por otro lado, desde la Constitución cubana en su artículo 93 se reconoce el derecho

de las personas a resolver sus controversias utilizando métodos alternos a la solución

de conictos, porque se evidencia que la solución de los conictos no se llevará a cabo

solamente en sede judicial, sino que va a tener cabida en otras instancias utilizando

métodos como la conciliación y la mediación.

Es producto de este precepto y a todo el debate que ha existido en torno a la apli-

cación de una forma de proceder diferenciada para infractores primarios de la norma

penal, con buena conducta moral y social en su lugar de residencia que comenten un

delito de escasa signicación7 que con el artículo 17 de la Ley del Proceso Penal se regu-

lan por primera vez en suelo patrio los criterios de oportunidad para delitos cometidos

por imprudencia o cuyo marco sancionador no exceda de 5 años para los cuales se tie-

nen en cuenta las condiciones tanto personales como del hecho antijurídico cometido,

excluyéndose de los marcos de su aplicación los hechos de corrupción.

3.3. Principio de prueba técnica o prueba pericial

El problema de la prueba es un tema que presenta una gran trascendencia en lo

penal económico debido a la dicultad de obtener elementos que sirvan como material

probatorio para el esclarecimiento y sanción del hecho delictivo, donde muchas de las

tácticas y técnicas de la Criminalística carecen de utilidad en el ámbito económico,

pero otros peritajes como es el caso del peritaje de Documentología tienen vital im-

portancia producto de la lucha constante de los agentes comisores del hecho punible

económico de encubrir el faltante presente en la entidad mediante la falsicación de

documentos.

Así, “la actividad probatoria, es ante todo actividad procesal, o lo que es lo mismo, está

conformada por actos procesales (actos de acopio de las fuentes de prueba, actos de propo-

sición o postulación, de admisión, conformación y práctica de medios de prueba, así como

de valoración del material probatorio)”8, siendo la actividad procesal más trascendental

y dinámica, pues es el único modo de concretar la demostración del hecho objeto del

proceso.

En el plano de la valoración probatoria, se sostiene que en el Derecho Penal Econó-

mico se relativiza el denominado sistema de libre valoración de la prueba; sin embargo,

dada la falta de especialización existente en esta materia en Cuba se presentan algunos

7 En relación con la Ley del Proceso Penal se utiliza erróneamente el término escasa lesividad social.

8 G A, Tania y Arlín, P D, op. cit; p. 234.

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inconvenientes en la actividad probatoria relativa a los delitos económicos, pues el

juez depende en gran medida de las declaraciones de las partes y de los dictámenes

periciales.

Por ello, autores cubanos como M R y P D hablan de

la necesidad de insertar analistas informáticos, economistas, contadores, es decir, perso-

nal no jurídico que acerquen al espacio procesal penal aquellos conocimientos técnicos

especícos necesarios para resolver adecuadamente los casos relativos a la delincuencia

penal económica que sean requeridos por el Tribunal, los cuales han sido denominados

por algunas legislaciones como peritos ociales.

Así, cabe destacar que esta problemática es resuelta en la nueva normativa adjetiva

que admite de forma plena los peritos de cargo y descargo en su articulado, incluso los

abogados podrán estar acompañados de auxiliares que les expliquen de forma efectiva

el contenido del informe emitido por el perito producto de la complejidad que llega

a presentar la práctica de este tipo de prueba para personal no capacitado en esta ma-

teria10.

4. Dicultades actuales en la persecución penal

de la delincuencia económica

La delincuencia económica está carente de un control social y jurídico mínimamen-

te satisfactorio, lo que se reeja en la elevada cifra negra de estos delitos, de aquí que

se pueda armar que en la persecución penal de los delitos económicos perduren una

serie de dicultades.

Siguiendo a B y B una de estas limitaciones radica en “la apariencia

externa de licitud”, dadas las características de los autores que rara vez han cometido

un delito con anterioridad y que poseen dominio de la información que les permite

ocultar toda evidencia.

De igual forma, la tipicación de los ilícitos económicos goza de una alta com-

plejidad y se remiten a normas jurídicas incompletas en blanco, por lo que existe una

amplia dispersión jurídica en esta materia.

Así, se destaca el arcaísmo en muchos de los textos que hoy se encuentran vigentes,

por ende, son inadecuados para la protección de los bienes jurídicos supraindividuales

tutelados, así como para socavar las nuevas manifestaciones de delincuencia económica.

9 M R, Carlos Alberto, “Delitos económicos: barruntos y propuestas” en: M C-

, Arnel (coord.): El Derecho penal de los inicios del siglo XXI en la encrucijada entre las garantías penales

y el expansionismo irracional. Libro Homenaje al Dr. Ramón de la Cruz Ochoa, Ed. UNIJURIS, 2014,

pp.121-123 y G A, Tania y Arlín, P D, op. cit; p. 235.

10 Vid. Artículo 286.2 de la Ley del Proceso Penal.

11 B F, Miguel y Silvina, B, Derecho Penal Económico, Centro de Estudios Ra-

món Areces, Colección CEURA, Madrid, 2001, p. 28.

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En esta misma línea, la economía cubana se ha mantenido cambiante como es el

caso de la presencia de nuevos agentes que intervienen en la economía, tales como la

presencia de las micro, pequeñas y medianas empresas a la luz del Decreto- Ley 46 del

2021 y otras formas no estatales como las cooperativas no agropecuarias que si bien no

son nuevas entre nosotros fueron reestructuradas con reciente Decreto Ley 47.

Las legislaciones carecen de numerosas tipicidades y, paralelamente, las que existen

adolecen de excesiva vaguedad. En tal particular concuerda con K, quien ha resu-

mido esta cuestión en el siguiente planteamiento: “el sedicente Derecho Penal Económico

no está organizado de forma adecuada, ofreciendo una regulación intrincada, dispersa,

insuciente y oscura, que en no pocos casos impide la aplicación de sus tipos a las actividades

ilícitas perpetradas en la esfera económica12”.

En el ámbito probatorio los delitos económicos no dejan como los delitos contra

la vida y la integridad corporal indicios racionales de criminalidad, en cambio como

se planteaba anteriormente los autores actúan con profesionalidad, conocen profun-

damente el ámbito de actuación y los mecanismos de control existentes como para

dotar formalmente apariencia de legalidad al delito económico, de aquí que en muchas

ocasiones no exista material probatorio para demostrar la ejecución de un hecho anti-

jurídico.

Asimismo, como se manifestó a priori la falta de especialización tanto del órgano

jurisdiccional como de la Fiscalía, este último que es el órgano encargado de la perse-

cución de los delitos, incide directamente en las problemáticas actuales que persisten

en la represión de estos delitos.

Por su parte, M P también se ha referido a las problemáticas en la

represión de estos delitos. Menciona el autor los mecanismos selectivos que privilegian

a esta clase de delincuentes, la escasa severidad de los órganos de persecución penal y

la inexistencia en la colectividad de una auténtica conciencia social de reproche a estos

delitos. Adiciona el rol negativo que juega la creciente internacionalización de esta de-

lincuencia, lo que en relación con la aún insuciente colaboración entre Estados para

la persecución de actos que ya no se concentran en un país de manera exclusiva sino

que se cometen al unísono en más de uno, sin duda ha coadyuvado a que su represión

se vea en gran medida entorpecida13.

Por otro lado, en la perseguibilidad de los delitos económicos inciden otros facto-

res formales que la limitan como es el caso de las condiciones de procedibilidad, de

las mismas se realizará un análisis independiente debido a su trascendencia para esta

investigación.

12 K, Günther, Criminología. Una introducción a sus fundamentos científicos, Traducción de la Segun-

da Edición Alemana por B Z, José, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, p. 289.

13 F A, Agustín y Carlos, M P, Delincuencia y economía, Universidad de

Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1983, p. 10.

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5. Los presupuestos formales de la perseguibilidad de los

delitos. La condiciones de procedibilidad

Las condiciones de procedibilidad conforman los presupuestos formales o procesa-

les que limitan la perseguibilidad de los delitos económicos y como tal el ejercicio de

la acción penal.

Así, como bien señala O M son “causas que condicionan el ejercicio de

la acción penal y que sin su satisfacción no es posible promoverla; de esta manera se tiene

que al no cumplir con el requisito de procedibilidad especíco no es posible continuar con el

ejercicio de la acción penal14”.

Según M  C condiciones de procedibilidad son circunstancias

ajenas a lo injusto culpable de las cuales depende la celebración de un proceso penal15.

De esta forma, es oportuno destacar que la terminología empleada condiciones de

procedibilidad no cuenta con la aceptación unánime de la doctrina, que utiliza para

designar a esta clase de elementos las expresiones presupuestos procesales, condiciones

objetivas de penalidad y condiciones objetivas de perseguibilidad16.

La doctrina cubana ha optado generalmente por denominar a estos presupuestos

formales de la persecución penal como presupuestos de procedibilidad. En tal sentido,

esta autora es del criterio que las condiciones de procedibilidad son presupuestos for-

males que afectan al proceso, es decir, al ejercicio de la acción y con ello a la persegui-

bilidad de los delitos

6. Diferentes condiciones de procedibilidad presentes

en el ordenamiento jurídico cubano

En el ordenamiento jurídico cubano existen diferentes casos de procedibilidad que

de no estar presentes limitan la perseguibilidad de estos delitos, por ello se considera

oportuno que antes de proceder a analizar las condiciones de procedibilidad presentes

en el ámbito económico referirse brevemente a los diferentes supuestos en los que se

maniestan.

14 O M, José Luis, “Los requisitos de procedibilidad exigidos por el numeral 4 del artículo 334°

del Código Procesal Penal, presentes en las disposiciones de reserva provisional de la investigación preliminar

expedidas por la Fiscalía Provincial Penal de El Dorado, periodo 2017-2018”. Tesis para optar por el

grado académico de maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, Perú, 2019, p. 14.

15 M  C, Érika, Las condiciones de procedibilidad y su ubicación sistémica. Una crítica al

sistema integral del Derecho Penal. [Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc] [Consultado el 23 de

febrero de 2023].

16 Ídem, donde se hace un análisis minucioso de las diferentes posiciones doctrinales en cuanto a cuál es

la denominación más acertada para las condiciones de procedibilidad.

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Así, uno de los primeros ejemplos a los que se puede hacer referencia es la denuncia

de la persona legitimada para formularla en determinados delitos como sucede en los

delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Por otro lado, se encuentra la falta de autorización para proceder que encuentra

cabida en los artículos 658 y siguientes que se reere al modo de actuación en el caso

de los sujetos con un fuero especial, donde la inobservancia de este requisito puede dar

al traste la invocación de una causal de previo y especial pronunciamiento. Asimismo,

cabe destacar que si el órgano encargado de realizar la solicitud la rechaza opera de

manera directa el sobreseimiento denitivo de las actuaciones.

También, como otra condición de procedibilidad se encuentran los delios perse-

guibles a instancia de parte mayormente conocidos como querella que hace referencia

a aquellos delitos que solo pueden ser perseguidos a instancia de parte en cuyo caso

la acción penal adquiere una conguración privada al tener que ser ejercitada por el

ofendido o su representante legal,

Asimismo, como última condición general de procedibilidad se encuentra en so-

breseimiento injusticado. En este sentido, el sobreseimiento según dispone la ley en

materia procesal penal: denitivo o provisional, diferenciándose ambos en cuanto a

su permanencia en el tiempo, pues el primero tiene un carácter denitivo y por ello

tiene iguales efectos que una sentencia absolutoria, mientras que el segundo presenta

un carácter temporal y permite abrir de nuevo el proceso. Estos a su vez pueden ser

totales o parciales, por ende el sobreseimiento total comprende a todos los acusados y

hechos investigados y el parcial queda limitado a determinados acusados o hechos, por

lo que en este último se abre el juicio respecto a los acusados a quienes no comprenda

el sobreseimiento, mientras que en el total se archiva el expediente.

En este sentido, se toma como condición de procedibilidad al sobreseimiento injus-

ticado que no es más que la situación procesal que se crea cuando el Ministerio Fiscal,

una vez recibido el expediente en fase preparatoria, decide que no hay mérito suciente

para acusar, es decir, no ejercita la acción penal y solicita al Tribunal el sobreseimiento

libre.

Si esta petición es rechazada por el Tribunal y lo estima injusticado debe el órgano

jurisdiccional dictar un auto en el que se aporten los medios de prueba que consten

de las actuaciones y los fundamentos de derecho por los que no se acepta la petición

del sobreseimiento y lo devolverá al Fiscal, por lo que si el Ministerio Fiscal insiste el

Tribunal tiene dos opciones: aceptar dicha solicitud o por el contrario su expediente al

perjudicado para que este haga uso o no de su derecho y lo ejercite, por lo que se pasa

de una acción pública a una acción privada. Así, de no efectuarse esta última opción

el Tribunal no podrá ejercer su actividad juzgadora, pues la misma no procede si no se

ejercita la acción penal, de aquí que el sobreseimiento injusticado sea una condición

de procedibilidad.

Ahora bien, dentro de estos sobreseimientos por la Ley del Proceso Penal les invo-

cado una nueva categoría: el sobreseimiento condicionado en el artículo 419, el cual

supone un período de prueba para hechos cometidos por imprudencia o cuyo marco

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sancionador no exceda de 5 años de privación de libertad, donde se deben también

cumplir una serie de requisitos como es el caso de la reparación del daño y perjuicio

ocasionado; sin embargo, se debe partir que en los delitos económicos en ocasiones la

responsabilidad civil se hace corresponder con cifras irrisorias puesto que tipos pena-

les como es el caso de la malversación son delitos de trato sucesivo, de aquí que sean

hechos que vienen desarrollándose por años y por ende la afectación se hace casi im-

posible de resarcir.

7. Un análisis de las condiciones de procedibilidad en el

ámbito empresarial presentes en la Ley 62 de 1987

Como muestras fehacientes de requisitos de procedibilidad en el ámbito empre-

sarial se encuentran el delito de incumplimiento de obligaciones en entidades econó-

micas regulado en el artículo 220 del Código Penal en su apartado 2, en el tipo penal

de incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas en el

artículo 222 apartado 3, en el delito de uso indebido de recurso nancieros y materiales

regulado en su artículo 224 apartado 4, en la gura delictiva de abuso en el ejercicio

de cargo o empleo en la entidad económica que encuentra cabida en el artículo 225

apartado 2 y el delito de malversación en su artículo 336 apartado 5.

Respecto al delito de malversación cabe un análisis particular, pues a pesar de estar

ubicado en los delitos contra los derechos patrimoniales, donde el bien jurídico tute-

lado en este título es individual, la malversación es un delito pluriofensivo y “se ponen

en juego varios bienes jurídicos como la propiedad, la lealtad administrativa, la conanza

depositada en los funcionarios y con ello el normal desenvolvimiento de la administración

y hasta la honestidad de determinados sujetos en el desempeño de sus funciones17”, por lo

que se considera pertinente su inclusión en los delitos contra la economía nacional; sin

embargo, resulta más acertado plantear que es un delito de corrupción administrativa.

Asimismo, aunque se incluyó al delito de Malversación dentro de los delitos que

afectan el ámbito empresarial no es menos cierto de que el mismo puede tener lugar en

otras esferas; sin embargo, son abundantes los casos en los que este delito se consuma

en el seno de una empresa, por lo que es imprescindible su inclusión.

En este sentido, si se analizan los artículos antes mencionados se evidencian en los

mismos la condición de procedibilidad de que solo se procederá si media la denuncia

del perjudicado o del representante legal de la persona jurídica, así como se incluye que

el hecho debe ser cometido en perjuicio de una entidad privada.

Atendiendo a lo anterior, hay que tener presente varios elementos: a las empresas

se destina gran parte del presupuesto nacional y las mismas constituyen el sustento del

17 G P, Mayda, “Delitos contra los derechos patrimoniales” en: AA.VV: Derecho Penal Especial

Tomo II, Ed. Félix Varela, La Habana, 2005, p. 241.

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país, pues se encargan de la elaboración de productos de primera necesidad, así como

para la exportación, esta última es una importante fuente de ingresos para la economía

cubana.

Entonces habría que preguntarse: ¿Qué entender por perjudicado en los delitos

económicos? En estos delitos existen 3 posturas fundamentales en relación a la persona

perjudicada: quienes arman que son delitos sin víctimas, que el perjudicado es una

colectividad de personas o que el perjudicado es una persona jurídica18, donde esta

última postura ha sido la mayormente acogida.

Por otro lado, se presenta un elemento común entre estos preceptos como se seña-

laba con anterioridad que el hecho debe ser cometido en perjuicio de una privada, lo

cual genera cierta polémica, puesto que se entiende como entidad privada a aquella

organización que es propiedad de los particulares y sobre la que recae una forma pro-

piedad privada reconocida expresamente en el nuevo texto constitucional en el artículo

22 inciso d); sin embargo, existe una omisión en cuanto a la propiedad mixta y a la

cooperativa.

En consecuencia, al analizar a las entidades privadas se debe tener en cuenta la pre-

sencia en el ámbito económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales

según el Decreto- Ley 46 pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, mediante

el cual se introduce la empresa privada en suelo patrio, lo cual da a entender que la

condición de procedibilidad analizada que está presente desde hace más de 20 años se

encuentra en desuso al no existir con anterioridad a esta normativa empresas de índole

no estatal reconocidas.

Siguiendo con la idea anterior, a tenor del artículo 4 de este mismo cuerpo norma-

tivo se trae a colación que la clasicación de micro empresa, pequeña empresa o me-

diana empresa dependerá del número de socios o personas implicadas. Así, las micro,

pequeñas y medianas empresas se constituyen como sociedades mercantiles, siendo

una sociedad de responsabilidad limitada, lo cual supone que el capital está dividido en

participaciones sociales y está integrado por las aportaciones de los socios.

En este sentido, para la correcta reformulación de las condiciones de procedibilidad

esta autora destaca que será imprescindible el reconocimiento de estos nuevos agen-

tes que empezarán a jugar un papel protagónico en la economía cubana, así como el

reconocimiento de la propiedad mixta y cooperativa como formas de propiedad en la

legislación penal, donde a esta última se le dotó de contenido mediante el Decreto- Ley

47 de las Cooperativas no Agropecuarias.

Asimismo, se debe tener presente que la Carta Magna del 2019 establece que la pro-

piedad privada tiene un carácter complementario en la economía, pues es la empresa

estatal socialista quien verdaderamente constituye la base de producción del país al ser

el sujeto principal de la economía nacional a tenor del artículo 27 constitucional. De

18 G L, María Jesús, “¿Es posible la justicia restaurativa en la delincuencia de cuello blanco?”

en: Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XI, 2020, pp. 571 y ss.

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esta forma, se consideran que todas las formas de propiedad reconocidas en el artículo

22 contribuyen al desarrollo económico y social del país, por ende, se estima que no se

debería dar un tratamiento diferenciado a esta forma de propiedad, pues a pesar que

tiene un carácter accesorio contribuye a la economía del país, pues la materia económi-

ca se rige por el principio de trato paritoria, de aquí que no se puedan excluir al resto

de las formas de propiedad.

En consecuencia, se tiene como una solución a esta problemática la nueva regula-

ción que trae el Anteproyecto de Código Penal que hace alusión no solo al funcionario

de una entidad privada, sino de una entidad cooperativa, mixta, de instituciones y

formas asociativas.

8. Las condiciones de procedibilidad en la Ley 151 de 2022

“Código Penal”

El nuevo Código Penal representó un cambio de paradigma en las condiciones de

procedibilidad, toda vez que en relación a los delitos económicos amplía los marcos de

actores económicos para su aplicabilidad incluyendo cooperativas, propiedades priva-

das, mixtas, de instituciones y formas asociativas no estatales, manteniendo como re-

quisito que debe mediar la denuncia de la víctima o del perjudicado, del representante

legal, o del scal cuando afecte un interés estatal19.

De esta manera, se incluye la posibilidad de que el Fiscal pueda denunciar cuando

los hechos, pese a cometerse en una entidad privada afecten un interés estatal, lo cual

resulta atinado y permite que sucesos que afecten el orden económico nacional no

queden impunes aunque no estén vinculados con el sector estatal.

Asimismo, se abren las puertas hacia la inclusión de la corrupción privada al re-

conocerse por primera vez en el Artículo 197 el tipo penal de cohecho en el sector

privado. De forma tal, que ya el camino esté abierto para el reconocimiento de la de-

lincuencia económica y otros actos de corrupción en el sector privado, de aquí que la

limitante ya no radique en la ley, sino en que no se denuncien estas conductas, por lo

que se requiere un cambio de mentalidad de cara a lograr una mejor perseguibilidad de

los delitos económicos en el ámbito privado.

9. Conclusiones

La persecución penal de los delitos económicos presenta grandes dicultades en la

actualidad como es el caso de la apariencia de licitud de estos delitos dadas las caracte-

rísticas personas de los sujetos activos, quienes generalmente falsican documentos que

19 Vid, Artículo 297.5.

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los pueden comprometer, por lo que muchas veces no existe material probatorio que

demuestre la comisión de un hecho típico y antijurídico, la dispersión que caracterizan

a los textos penales vigentes que regulan lo Penal Económico que se remiten a normas

penales incompletas en blancos, así como el arcaísmo que presenta la legislación penal

que muchas veces resulta inadecuada para proteger un bien jurídico supraindividual

tan importante como lo es la economía y por ende son inadecuadas para socavar las

nuevas manifestaciones de delincuencia económica.

De igual forma, se encuentran la falta de especialización y la actitud poco colabo-

rativa de las víctimas, quienes más que querer denunciar al agente comisor del delito

piensan en recuperar el dinero perdido, por ello en pos de mejorar la perseguibilidad de

los delitos económicos y con ello una reformulación de las condiciones de procedibili-

dad en el ámbito empresarial privado se arriba a las siguientes conclusiones:

Primera: La especialización no debe limitarse al órgano encargado de la persecu-

ción penal, sino que se debe hacerse extensiva a los juzgadores, el personal auxiliar y

los abogados como garantes del derecho a la defensa técnica. Asimismo, existe una Sala

especializada para conocer los delitos económicos y asociados a la corrupción adminis-

trativa en el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Segunda: Se hace necesaria la agrupación en un mismo cuerpo normativo de todas

las normativas económicas, pues debido a la presencia de normas penales incompletas

en blanco y con ello la gran cantidad de remisiones a normas extrapenales se diculta

la persecución penal.

Tercera: Se tiene como idea de delitos económicos a “aquella infracción jurídico pe-

nal que lesiona o pone en peligro el orden económico y que es sancionado y perseguido

mediante el Derecho Penal Económico Procesal”, por ello la presencia de la condición

de procedibilidad de la denuncia del perjudicado desnaturaliza la esencia de estos jurí-

dico tutelado, el cual es supraindividual, es la propia colectividad quien se ve afectada

ante los cambios que se produzcan en la economía. Además, en la Ley Sustantiva Penal

se añade que debe tratarse de una entidad privada, organización sobre la que recae una

forma de propiedad privada; por lo que se excluyen otras formas de propiedad como

la mixta y la cooperativa.

Cuarta: A la luz la nueva Ley del Proceso Penal se regulan grandes cambios que

tributan al tema de la perseguibilidad y las condiciones de procedibilidad como es el

caso de la inclusión de la oportunidad reglada en esta normativa y de los métodos al-

ternativos de solución de conictos, la existencia de Tribunales unipersonales o donde

predominen los jueces profesionales, así como no se hace necesario la presencia de

jueces legos en los trámites de mero impulso procesal, se ve a la víctima como parte

del proceso, no obstante a ello, representa todo un reto para los jueces aplicar de ma-

nera efectiva una normativa tan novedosa de aquí que solo quede ir abriendo camino

sobre la base de la práctica judicial para una correcta persecución penal de los delitos

económicos.

Quinta: El Código Penal ofrece una reformulación de las condiciones de procedi-

bilidad en el ámbito empresarial cubano al abrir las puertas a nuevas formas de gestión

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no estatal como las entidades privadas, mixtas y cooperativas. Asimismo, reconoce la

presencia de la corrupción en el sector privado, de aquí que únicamente se requiera un

cambio de mentalidad en la sociedad para que se denuncien estas conductas y se logre

una mejor persecución penal de los delitos económicos en el sector privado.

10. Bibliografía

Obras Generales

A, Gustavo A. y B, Fabián, Derecho Penal Económico Procesal.

B F, Miguel y Silvina, B, Derecho Penal Económico, Centro de

Estudios Ramón Areces, Colección CEURA, Madrid, 2001.

F A, Agustín y Carlos, M P, Delincuencia y economía, Uni-

versidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1983.

G P, Mayda, “Delitos contra los derechos patrimoniales” en: AA.VV: Dere-

cho Penal Especial Tomo II, Ed.Félix Varela, La Habana, 2005.

G A, Tania y Arlín, P D, “La economía y el Derecho

Procesal Penal en un nuevo alumbramiento: El Derecho Procesal Penal Econó-

mico” en: Crespo Gómez, Yesenia Guadalupe y Medina Cuenca, Arnel (coordi-

nadores): Avances y retrocesos de la reforma procesal penal latinoamericana desde la

visión de México y Cuba, Ed. UNIJURIS, 2016.

G L, María Jesús, “¿Es posible la justicia restaurativa en la delincuencia de

cuello blanco?” en: Estudios Penales y Criminológicos, Vol XI, 2020.

M R, Carlos Alberto, “Delitos económicos: barruntos y propuestas” en:

M C, Arnel (coord.): El Derecho penal de los inicios del siglo XXI en

la encrucijada entre las garantías penales y el expansionismo irracional. Libro Ho-

menaje al Dr. Ramón de la Cruz Ochoa, Ed. UNIJURIS, 2014.

M  C, Érika, Las condiciones de procedibilidad y su ubicación sistémica.

Una crítica al sistema integral del Derecho Penal.

O M, José Luis, “Los requisitos de procedibilidad exigidos por el numeral 4

del artículo 334° del Código Procesal Penal, presentes en las disposiciones de reserva

provisional de la investigación preliminar expedidas por la Fiscalía Provincial Penal

de El Dorado, periodo 2017-2018”. Tesis para optar por el grado académico de

maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, Perú, 2019.

S, Gunter, Derecho Penal Parte General I. El hecho punible, Ed. Reelab,

Buenos Aires, 2005.

T, Klaus: Lecciones de Derecho Penal Económico (comunitario, español, ale-

mán), Traducido por Teresa M, Barcelona, PPU, 1993.

Fuentes legales

Constitución de la República de Cuba, Gaceta Ocial No.5 Extraordinaria del 10 de

abril de 2019.

CUBALEX • enero-diciembre • 2023 • pp. 93-109

Lic. Yeney Valido Andrés

A / 109

Código Penal de la República de Cuba, Ley 62/87(Anotado con las Disposiciones del

CGTSP) Tercera Edición, Ed. ONBC, La Habana, 2017.

Ley de Procedimiento Penal de la República de Cuba, Ley No.5 de 13 de agosto de

1977, Ediciones ONBC, La Habana, 2017.

Decreto- Ley 46 de 2021 Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, Gaceta O-

cial número 94 Ordinaria de 19 de agosto de 2021.

Decreto- Ley 47 de 2021 De las Cooperativas no Agropecuarias, Gaceta Ocial núme-

ro 94 Ordinaria de 19 de agosto de 2021.

Ley 143 de 2021 Del Proceso Penal, Gaceta Ocial número 140 Ordinaria de 7 de

diciembre de 2021.

Ley 151 de 2022 “Código Penal”, Gaceta Ocial número 93 Ordinaria de 1ro de

septiembre de 2022.