El procedimiento de habeas corpus en España

• Author: Guillermo Portilla Contreras
• Profession: Catedrático Derecho Penal. Universidad de Jaén
• Pages: 203-225

EL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS EN ESPAÑA

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Catedrático Derecho Penal. Universidad de Jaén

Sumario: I. Características generales del procedimiento de habeas corpus.- II. Privaciones

de la libertad cometidas por funcionarios vulnerando los plazos o las garantías

del detenido, preso o sentenciado: 1. Bien jurídico. 2. Sujeto activo. 3. Sujeto

pasivo. 4. Conducta típica: 4.1. Ámbito de aplicación del artículo 530 y su relación

con el artículo 167. 4.2. Retorno al privilegio sancionatorio de los funcionarios públicos:

acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 27 enero

2009. 4.3 Infracción de determinadas garantías del detenido, preso o sentenciado y su

protección penal. 4.3.a. El plazo legal de privación de libertad policial. 4.3.b. Inf rac-

ción de los derechos a la información inmediata de las razones de la detención,

asistencia letrada, derecho a instar un procedimiento de habeas corpus y otros. 5.

Elemento subjetivo. 6. Consumación.- III. Bibliografía.

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE

HABEAS CORPUS

Uno de los derechos fundamentales que el artículo 17 de la Constitución

Española reconoce es el procedimiento de habeas corpus (artículo 17.4) con la fi-

nalidad de promover la inmediata puesta a disposición judicial del que ha sido

detenido sin respetar las garantías legales: “La ley regulará un procedimiento de

«habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda

persona detenida ilegalmente…”. Este instrumento es definido por GIMENO

SENDRA como el medio por el que se solicita de un órgano judicial ordinario la

satisfacción de una pretensión de amparo nacida con ocasión de la comisión de

una detención ilegal (1985, pp. 44 y ss).

En este trabajo se analizan los supuestos en los que puede iniciarse este pro-

cedimiento y la responsabilidad en que puede incurrir el funcionario que no tra-

mita la petición de revisión de la supuesta privación ilegal de la libertad.

En desarrollo de la previsión constitucional mencionada, la Ley 6/1984, de 24 de

mayo, sobre el procedimiento de habeas corpus, ha establecido sus requisitos básicos:

en primer lugar, el derecho a instar el procedimiento no lo tienen todas las personas

privadas de libertad sino sólo aquéllas detenidas ilegalmente por la autoridad, agente,

funcionario o particular. Se entiende que la detención es ilegal cuando no concurren

los supuestos legales, no se cumplen las formalidades prevenidas o los requisitos exigi-

dos por las leyes; cuando el internamiento es ilícito; cuando se supera el plazo o cuan-

do no se respeten los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan.

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En segundo lugar, una vez recibida la reclamación por la autoridad guber-

nativa o el funcionario público, deben poner inmediatamente en conocimiento

del juez de instrucción la petición de este mecanismo. Solicitud que sólo puede

efectuar el interesado y las personas a las que alude expresamente el artículo 3º

de la Ley de 1984: el privado de libertad, cónyuge o persona unida por análo-

ga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos o represen-

tantes legales; el Ministerio fiscal; el Defensor del pueblo; el Juez competente.

Sin embargo, aunque no lo recoge expresamente la ley, la sentencia del Tribunal

Constitucional, 224/ 1998, 24 de noviembre, otorga también tal opción al aboga-

do defensor. Por el contrario, no puede plantear el “habeas corpus” un tercero

que presencie la realización de una detención ilegal.

El funcionario que ejecute la detención y reciba la reclamación de este proce-

dimiento, debe ofrecer al detenido todos los datos necesarios para satisfacer el es-

crito de petición, así como las razones que motivaron la detención. El funcionario

debe motivar la razón de la privación de libertad y los hechos que se imputan. Por

tanto, la base del recurso se fundamenta en la motivación del funcionario sobre la

existencia de motivos bastantes como para considerar que el privado de libertad

tuvo una participación directa en el delito. La ausencia de cualquiera de estas ra-

zones permite al detenido a instar el procedimiento de habeas corpus.

En ese escrito debe describirse el nombre y razones por las que se solicita el

amparo ante la autoridad judicial; el lugar en el que se encuentra privado de liber-

tad; autoridad bajo la cual se encuentra custodiada; motivo concreto por el que se

solicita el habeas corpus y cualquier otra observación e información relevante.

Es la autoridad judicial, no el funcionario al que se realiza la petición, la que

decide sobre la veracidad de la solicitud y si la detención es o no ilegal.

En el supuesto de que el funcionario no tramite el procedimiento, no mo-

tive las razones de la detención o incumpla cualquiera de los requisitos necesa-

rios para cumplimentar el escrito de petición, incurrirá en el delito del artículo

530 del Código penal: “La autoridad o funcionario público que, mediando causa

por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de

un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías

constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial

para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.

II. PRIVACIONES DE LA LIBERTAD COMETIDAS POR FUNCIONA

RIOS PÚBLICOS VULNERANDO LOS PLAZOS O LAS GARAN

TÍAS DEL DETENIDO, PRESO O SENTENCIADO

1. Bien jurídico

Tras la aparición del Código penal de 1995, la privación ilegal de libertad y la

vulneración de los plazos y garantías del detenido, sentenciado o preso aparecen