El programa penal de la Constitución y su interpretación en Cuba. Necesidad y utilidad

AuthorYan Vera Toste
PositionAbogado, Bufete Colectivo de Marianao, La Habana, Cuba
Pages1-20
Boletín ONBC
RPNS 0491 ISSN 2789-0910
No. 66, julio-diciembre, 2021
www.ojs.onbc.cu
RESUMEN
La interpretación constitucional es un tema
que desde el Derecho constitucional abre el
diapasón del análisis de las diversas ramas del
saber jurídico, no escapando el Derecho penal.
Desde la ilustración, la doctrina y la practica
legislativa se ha ido encaminando a legitimar
las garantías penales a través de los textos
constitucionales, ya sea por regulación directa
o por interpretación de los preceptos generales
contenidos en la carta magna. Sobre esa
esencia, en un contexto garantista y
constitucional revolucionario en nuestra
realidad jurídica, trata el presente trabajo.
Palabras clave: Interpretación judicial, garantías,
tutela judicial efectiva y debido proceso.
ABSTRACT
Constitutional interpretation is a topic that
from the constitutional law opens the
diapason of the analysis of the various
branches of legal knowledge, not escaping
criminal law. Since the Enlightenment,
doctrine and legislative practice has been
aimed at legitimizing criminal guarantees
through constitutional texts, either by direct
regulation or by interpretation of the general
precepts contained in the Magna Carta. This
paper deals with this essence, in a
revolutionary constitutional and guarantee
context in our legal reality.
Keywords: Judicial interpretation, guarantees,
effective judicial protection and due process.
El programa penal de la Constitución y su interpretación en Cuba.
Necesidad y utilidad
The Penal Program of the Constitution and its interpretation in Cuba.
Necessity and Utility
Dr. Yan Vera Toste
Abogado
Bufete Colectivo de Marianao, La Habana
Cuba
yanvera76@gmail.com
0000-0002-4211-4626
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El programa penal de la Constitución y su interpretación en Cuba. Necesidad y utilidad pp. 1-20
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Yan Vera Toste
Boletín ONBC
RPNS 0491 ISSN 2789-0910
No. 66, julio-diciembre, 2021
www.ojs.onbc.cu
Aproximación al tema
Atienza (2020) ha insistido en más de una
ocasión que el problema de la interpretación y
concretamente de la constitucional, se encuentra
en el centro de la teoría jurídica. Se ha
entendido como parte de ésta la realizada a las
normas infraconstitucionales, pero como acota
Alfonso Da Silva (2005) lo que sucede en estos
casos es que existe una interpretación conforme
a la constitución, siendo la carta magna el
parámetro interpretativo, no obstante, en este
supuesto de casos no deja de interpretarse por lo
que esta se encuentra dentro de su objeto de
estudio.
Hoy en día este tipo de interpretación marca
(al menos en el campo teórico) los límites de
posibilidades hermenéuticas en el resto de las
normas jurídicas, estableciendo para los
diversos niveles del ordenamiento jurídico la
obligación de interpretar «conforme» a la
constitución.
Esta puede ser realizada por los órganos
estatales entendida entonces como una
interpretación orgánica al tener un carácter
jurídicamente vinculante en contra posición a la
no orgánica, que es realizada por las personas
naturales en sentido general.
Dentro de la interpretación orgánica
encontramos a la judicial que a su vez presenta
un carácter provisional, definitivo, implícito y
explícito. Resulta provisional cuando es
susceptible de ser revisada, en el caso del
Derecho penal, por un tribunal superior, el cual
le ofrece una interpretación definitiva. Es
implícita por el deber que tienen los jueces
durante el ejercicio interpretativo de establecer
el alcance de la norma en plena consonancia con
el texto constitucional, y de cumplir en su
persona y actuación los principios que se
deriven de esta.
Se considera que la interpretación judicial es
explícita cuando se realiza por jueces que tienen
encomendado la misión de ser garantes de la
constitución, es decir, los que tienen como
misión salvaguardar el orden constitucional y
defendiendo los derechos fundamentales de las
personas.1
El propio artículo 7 de la Constitución
cubana establece que «La Constitución es la
norma jurídica suprema del Estado. Todos
están obligados a cumplirla ». Es por ello que
por el propio mandato constitucional la guía
interpretativa debe partir de los valores y
presupuestos que en ella se consignan, así como
la legitimidad y legalidad del resto de las
disposiciones jurídicas.
El papel de supremacía de la Constitución en
su aspecto formal y material es abordado por
Hans Kelsen en un trabajo titulado La garantía
jurisdiccional de la Constitución, publicado en
1928. Kelsen (2011) distingue que en el fondo,
las leyes no sólo deberán ser elaboradas según
el procedimiento que la Constitución proscribe,
sino además, que no podrán vulnerar las
garantías y libertades que en ella se consagren.
«… una ley puede ser inconstitucional en razón

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