Recensiones de libros
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Recensiones de libros
LUIS M. BUCH RODRÍGUEZ. JUSTICIA Y REVOLUCIÓN, Tribunal Supremo Popular, La Habana, 2013.
Siguiendo con la máxima martiana de que “Honrar, honra”, el libro que hoy reseñamos forma parte de un conjunto de publicaciones que desde el 2010, el Tribunal Supremo Popular ha desarrollado con el objetivo de homenajear a importantes figuras de la judicatura nacional. La labor, por demás encomiable, contribuye a acercar a las nuevas generaciones de juristas a la vida y a la obra de paradigmas de la administración de justicia en el país.
La figura seleccionada en esta ocasión –en conmemoración, además, por los 40 años de la constitución del Sistema de Tribunales es Luis M. BUCH RODRÍGUEZ (Santiago de Cuba, 1913-La Habana, 2000), magistrado del Alto Foro cubano (1962-1987), presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo, y una excepcional figura del proceso revolucionario cubano.
El libro narra sus inicios en Santiago de Cuba y su labor revolucionaria desde que era estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza, sus vínculos con Antonio Guiteras y su posterior ingreso a la Joven Cuba; resultan igualmente interesantes, los esfuerzos del joven por establecerse en La Habana e ingresar a la Universidad, vinculándose activamente en esa etapa a las luchas estudiantiles hasta su egreso de la Casa de Altos Estudios en 1938.
Por Giselle JORDÁN FERNÁNDEZ. Licenciada en Derecho. Profesora del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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Asimismo, la interesante narración nos acerca a la labor profesional de BUCH RODRÍGUEZ como exitoso abogado primero en Oriente y posteriormente en La Habana, así como su importante labor como miembro activo del Movimiento 26 de Julio al asignársele significativas tareas en el exilio, su integración al Gobierno Provisional desde la entrada a Santiago de Cuba el 1ro de enero de 1959 y su labor como Secretario del Consejo de Ministros, responsabilidad que ocupó por varios años hasta su designación, en 1962, como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, primero de la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales, y luego de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo de la que fue presidente por varios años hasta su jubilación.
La obra que reseñamos resulta también valiosa por recoger 13 sentencias escogidas dictadas por el magistrado durante el período de 1978 a 1986. Las sentencias destacan por su sólida argumentación y están comentadas por el juez José Félix LEÓN RIVAS, quien resalta importantes elementos técnicos e instituciones tratadas en las mismas que resultan de inestimable utilidad para el estudio del Derecho Procesal.
Por último, no podemos dejar de mencionar la faceta de escritor del magistrado, al asumir también el papel de cronista del proceso revolucionario, a través de varios libros que nos acercan a hechos y sucesos en los que su autor fue partícipe y protagonista.
Luis M. Buch Rodríguez. Justicia y Revolución, es un libro que nos brinda una panorámica de una figura en la que se aúnan, a la perfección, el jurista y el revolucionario. La obra, más allá de sus oportunas notas biográficas, de su interesante testimonio gráfico y de las valiosas sentencias recogidas, es un justo y merecido homenaje a una figura que todo jurista tiene el deber de conocer y recordar.
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LEY No. 81 “LEY DEL MEDIO AMBIENTE”, de Alfredo SOLER DEL SOL, Colección “El Derecho al alcance de todos”, Ediciones ONBC, Organización Nacional de Bufetes Colectivos, La Habana, 2013.
Dentro de la colección “El Derecho al alcance de todos”, la Editorial de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos ha puesto a disposición de los lectores un nuevo título, Ley No. 81 “Ley del Medio Ambiente”, de la autoría de Alfredo SOLER DEL SOL.
La problemática ambiental ha sido asumida recientemente por la humanidad; el medio ambiente constituye hoy en día una gran preocupación tanto para los países desarrollados como para los subdesarrollados, a tal magnitud que los Estados han tomado partido en ello, lo cual se ha manifestado tanto en el ámbito internacional como en el interno de cada país.
La obra que se presenta goza del mérito de engrosar el cuadro de estudios jurídicos en una materia aún poco explorada en nuestro país como es el Derecho Ambiental. Dada la juventud que desde el punto de vista científico caracteriza al Derecho Ambiental, el libro en cuestión representa un intento más por ampliar la cultura jurídica ambiental y lograr un elevado nivel de concientización para enfrentar los acuciantes problemas medioambientales actuales.
Ley No. 81 “Ley del Medio Ambiente, es una obra en la cual el autor, sin dejar a un lado la escritura técnica, logra de forma clara y sencilla desplazar al lector por todo un conjunto de cuestiones esenciales del Derecho Ambiental, enfatizando en todo momento en la necesidad de proteger el medio ambiente en que vivimos.
En Cuba, la Ley No. 81 “Ley del Medio Ambiente” representa el eje medular del marco legal ambiental, siendo el instrumento jurídico encargado de establecer los principios rectores de la política ambiental en el ámbito nacional. En correspondencia con ello, el autor desarrolla su obra sobre la base de un conjunto de
Por Yaraí TOLEDO BARRIOS. Licenciada en Derecho. Profesora del Departamento de Asesoría Jurídica e Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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interrogantes y sus correspondientes respuestas, relacionadas con la política y la gestión ambiental reguladas en esta Ley, así como lo referente a las distintas esferas de protección específicas también reconocidas en la normativa antes mencionada.
¿Qué se entiende por diversidad biológica? ¿Tenemos derecho a un medio ambiente sano? o ¿Quiénes están obligados a proteger el medio ambiente? Son aspectos generales tratados en esta obra a los cuales el autor ofrece respuesta desde la regulación que de estos temas se realiza en la Ley No. 81.
La obra consta en su estructura de Introducción, Parte General y después aborda cuestiones específicas como son el marco institucional ambiental; gestión ambiental; regímenes de responsabilidad administrativa, civil y penal; esferas específicas de protección del medio ambiente, así como el medio ambiente humano y la protección del medio ambiente en el desarrollo de las actividades laborales.
Sin lugar a duda, la obra que se reseña se concibió de forma tal que resulta accesible tanto a estudiantes y profesionales del Derecho como al lector común que se encuentre motivado por estos temas. De cualquier modo, la obra constituye un aporte más al enriquecimiento de la doctrina ambientalista en nuestro país, la cual necesita de autores que, como Alfredo SOLER DEL SOL, contribuyan a su fortalecimiento.
LA VIVIENDA EN CUBA. UN NUEVO ENFOQUE LEGAL, de Santiago HERRERA LINARES, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2013.
En noviembre de 2011 entró en vigor el Decreto-Ley No. 288, modificativo de la vigente Ley No. 65 “Ley General de la
Por Lisandra ESQUIVEL CABEZAS. Licenciada en Derecho. Profesora del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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Vivienda”. Esta disposición es expresión de un nuevo enfoque legal con respecto a la propiedad de la vivienda y a las garantías legales que ostentan, en el ejercicio de los derechos, sus titulares.
En este sentido, la obra de HERRERA LINARES, La vivienda en Cuba. Un nuevo enfoque legal, facilita el acceso y la comprensión de esta Ley. Su texto va dirigido tanto a la población como a los operadores del Derecho, que tienen la función de asesorar y representar a las personas en diversas instancias administrativas y judiciales.
A partir de la utilización del método histórico jurídico, HERRERA
LINARES de forma sucinta aborda cuatro períodos de lo que él
denomina como las etapas principales de la política revolucionaria en el tema de la vivienda. Utiliza como referentes: las primeras medidas de beneficio popular promulgadas del 1ro de enero de 1959 hasta el 14 de octubre de 1960; la Ley de Reforma Urbana, de 1960; la Ley No. 48 “Ley General de la Vivienda”, de 1984; la Ley No. 65 “Ley General de la Vivienda”, de 1988, y las modificaciones que a esta última hace el Decreto-Ley No. 288 de 2011, epicentro del texto que recensionamos.
Con un lenguaje ameno y sencillo, el autor advierte el tratamiento dado en este cuerpo legal a las instituciones propias de la especialidad como la compraventa, la permuta y la donación de viviendas. Vincula la regulación especial a las supletorias correspondientes al Código Civil vigente. Señala las normas complementarias a este Decreto-Ley. Aborda la problemática de la inscripción registral y dentro de ella la actualización de los títulos de propiedad. Mención especial merece el análisis de los problemas relativos a la herencia sobre la vivienda, los derivados de los derechos en las salidas del país, así como de las facultades otorgadas al notario y de su importante papel en todo el régimen actualizado de la vivienda en nuestro ordenamiento jurídico.
Valor añadido posee el libro al contener el texto íntegro del Decreto-Ley No. 288 y sus disposiciones complementarias:
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Resolución No. 85 de 2011 del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba; Resolución Conjunta No.1 de 2011 de los ministros de Justicia y del Interior, y la Presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda; Resolución No. 342 de 31 de octubre de 2011 de la Presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda; Resolución No. 351 de 31 de octubre de 2011 de la Ministra de Finanzas y Precios; Resolución No. 270 de 31 de octubre de 2011 de la Ministra de Justicia, capítulos II, III, IV y V del Decreto No. 272 “De las Contravenciones en Materia de Ordenamiento Territorial y de Urbanismo” de 20 de febrero de 2001; Circular No. 2 de 17 de junio de 1992 del Jefe Jurídico del Instituto Nacional de la Vivienda, sobre los documentos que justifican la ocupación de viviendas y cuartos, así como una relación de las principales resoluciones emitidas por el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda en relación con los temas objeto del libro.
Santiago HERRERA LINARES, quien desde el año 2003 se desempeña como jefe del Departamento de Asesoría y Legislación y como director jurídico del Instituto Nacional de la Vivienda, nos regala un valioso libro de obligada consulta por los operadores del Derecho y una herramienta valiosa para la población que busca orientación, conocimiento y cultura en el tratado tema.
LA LEY DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, de Aurelio A. CASTILLO ÁLVAREZ, Colección “El Derecho al alcance de todos”, Ediciones ONBC, Organización Nacional de Bufetes Colectivos, La Habana, 2013.
¿Puede alguna persona desentenderse de la existencia del Registro Civil? ¿Cuáles son los elementos que constituyen el
Por Lisandra ESQUIVEL CABEZAS. Licenciada en Derecho. Profesora del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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estado civil de las personas? ¿Existen jurídicamente los hechos y actos jurídicos aun cuando no han sido inscritos? ¿Pueden ser cambiados el nombre y los apellidos? ¿Cómo proceder en cuanto al cadáver de una persona que haya fallecido fuera del territorio nacional? ¿Puede ser recuperada la ciudadanía cubana una vez perdida?
Son estas algunas de las interrogantes que resuelve CASTILLO ÁLVAREZ en su obra La Ley del Registro del Estado Civil, como parte del proyecto divulgativo que desarrolla la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en su colección “El Derecho al alcance de todos”. El noble propósito de contribuir a la formación de valores jurídicos en la población cubana y de incrementar su cultura general, alistó a un buen número de juristas de alta calificación profesional, quienes comparten sus saberes de una forma amena y sencilla.
El texto que hoy recensionamos comenta un texto legal relevante para el desarrollo de las relaciones jurídicas y la vida de los ciudadanos en general: la Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 “Ley del Registro del Estado Civil” y su Reglamento, establecido mediante la Resolución No. 157 de 25 de diciembre de 1985, del Ministro de Justicia. Estas normas legales si bien fueron promulgadas hace ya más de treinta años y requieren una valoración y adaptación a las actuales condiciones socioeconómicas y de desarrollo de las relaciones jurídicas en la sociedad cubana conservan su vigencia.
Estructurado en ocho capítulos, el material aborda cuestiones tan disímiles como la publicidad derivada de la inscripción en el Registro del Estado Civil; las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción y adquisición; pérdida y recuperación de la ciudadanía; libros y certificaciones del Registro, así como errores u omisiones registrales; los términos para la solución de la subsanación, las notas marginales y la reconstrucción y reinscripción de los asientos.
Su último acápite va dirigido a reflexionar sobre la importancia de la actividad registral y el valor probatorio de los documentos emitidos por el Registro del Estado Civil. Especial
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referencia merece el análisis sobre el vínculo de esta actividad con el Derecho Penal, específicamente aquellas figuras delictivas en las que puede incurrir el registrador de incumplirse o ser utilizadas en beneficio propio o de un tercero, las disposiciones jurídicas que regulan su actuar.
El Registro del Estado Civil en su carácter público y los principios que sustentan su organización y actuación demuestran que, en su esencia, implica ofrecer seguridad jurídica para los inscritos y terceros en el marco de las relaciones jurídicas y originar un clima de confianza que permita a los interesados ejercitar los derechos relacionados con el objeto de inscripción. Propósito que quedaría trunco si se desconoce por parte de la población su existencia y función. En este sentido, CASTILLO ÁLVAREZ tiene el mérito de, tal como versa el nombre de la colección a la que pertenece esta obra, poner al alcance de todos, los elementos básicos que permiten el cumplimiento y respeto de la legalidad, así como la comprensión de máximas que rigen la actividad registral.
DERECHO AGRARIO Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, de Miriam P. VELAZCO MUGARRA, Ediciones ONBC, Organización Nacional de Bufetes Colectivos, La Habana, 2013.
Una nueva obra llega al panorama jurídico en nuestro país, esta vez de la autoría de la Doctora en Ciencias Jurídicas Miriam P. VELAZCO MUGARRA, quien es portadora de una larga experiencia como agrarista y tanto desde el ejercicio de la abogacía como de la práctica académica ha sabido transmitirnos su acervo de conocimientos.
Por Yaraí TOLEDO BARRIOS. Licenciada en Derecho. Profesora del Departamento de Asesoría Jurídica e Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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Bajo el título “Derecho Agrario y desarrollo rural sostenible” se nos entrega una obra de gran rigor científico, actualidad y profundidad en los temas objeto de análisis, fruto de la consagración y el trabajo continuo de su autora, quien durante décadas se ha dedicado a enaltecer la importancia de esta rama del Derecho, que cada día se torna más dinámica y compleja.
Como plantea la autora, esta obra se dedica a analizar la relación del Derecho Agrario y el desarrollo rural sostenible, centrándose en valorar legislaciones y políticas agrarias como instrumentos de dicho desarrollo en distintas áreas de Iberoamérica y analizar las experiencias que pudieran ajustarse a nuestro contexto, a fin de justificar una propuesta de Ley de Desarrollo Rural Sostenible nacional.
A lo largo de sus páginas, la autora comparte ideas de gran valor teórico a tono con el pensamiento agrarista más moderno, poniendo de relieve la transversalidad del ambiente y la alimentación con la agricultura. Desde esta perspectiva realiza un análisis de instrumentos útiles para la gestión del medio rural en pos de lograr la sostenibilidad, no solo desde un punto de vista agrícola, sino económico, territorial, ambiental y social. El libro consta de tres capítulos en los cuales se desarrollan aspectos teóricos y prácticos, a través de los cuales la autora se propone contrastar la normativa y las experiencias logradas en la aplicación del desarrollo rural sostenible en los distintos sistemas de gestión.
Desde una visión moderna del Derecho Agrario, el primer capítulo desarrolla todo un contenido teórico, que basado en la teoría de las tres A del ius agrario: agricultura, alimentación y ambiente, demuestra la interdisciplinariedad e interdependencia de esta rama del Derecho y el desarrollo rural sostenible. Además, se enfatiza en la importancia de la Agenda 21 y Agenda Local 21 en el ámbito de la multifuncionalidad de la agricultura y la nueva ruralidad.
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El segundo capítulo nos muestra la trascendencia, desde un enfoque territorial, del desarrollo rural sostenible en la adopción de estrategias adecuadas para el desarrollo agrícola y rural como los contratos agrarios, la competitividad en el mercado y la repercusión, en el tema, de la concepción cubana del ordenamiento ambiental.
El tercer capítulo refrenda un estudio de políticas y legislaciones de desarrollo rural sostenible, se analizan problemas del desarrollo rural en países de Iberoamérica. Además, se valora la relevancia de la política del desarrollo endógeno en países miembros del ALBA, tomando como referencia a Venezuela, Bolivia y Cuba. También son objeto de análisis en este capítulo, las reformas estructurales del sistema para el desarrollo rural de China, la Ley del Desarrollo Rural Sostenible de España y los retos de futuro en la Unión Europea.
Por último, valiosas conclusiones permiten a la autora destacar la relevante función de la ley como instrumento de gestión hacia el desarrollo rural sostenible y la propuesta, dada la necesidad en Cuba, de una ley reguladora del desarrollo rural sostenible con enfoque territorial.
La obra que se reseña posee un valor indubitado, no nos encontramos ante un clásico texto docente, sino ante un libro de referencia para profesores, operadores del Derecho, estudiantes y todo el personal interesado en conocer sobre Derecho Agrario y desarrollo rural sostenible. La autora, utilizando un lenguaje sencillo y diáfano, ha logrado transmitir de manera coherente contenidos que por su naturaleza resultan complejos en el ámbito jurídico. Ciertamente, contamos con una profunda obra que invita a los juristas a adentrarse en las complejidades del desarrollo rural sostenible, tópico tan ávido de estudio y debate en la doctrina patria.
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NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO ¿UN NUEVO PARADIGMA?, de Carlos Manuel VILLABELLA
ARMENGOL, Grupo Editorial Mariel, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, A.C., Universidad de Guanajuato, Juan Pablo Editor, México, 2014.
El autor de este texto que recensionamos, el profesor camagüeyano Carlos Manuel VILLABELLA ARMENGOL, inicia su estudio partiendo de que la Constitución, tal como hoy la reconocemos, es el resultado de las revoluciones burguesas desarrolladas a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX.
Generalmente, es la Constitución el punto de conexión entre el Derecho y el poder, desde el punto de vista formal, aunque también lo es entre el poder y el pueblo en los procesos de elaboración constitucional, ejercicio del poder y la participación popular en la toma de decisiones. Asimismo, ella media entre la dominación y la participación, entre los derechos y los deberes de ambas partes de la relación jurídico-política que se establece entre el Estado, de un lado, y la ciudadanía –genérico de otro.
Aunque nos encontramos ante una temática que no es de reciente análisis, sino que data en la época moderna, de finales del siglo XVIII en que se produjeron las revoluciones burguesas Inglesa y Francesa, así como la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y, ya un poco más tarde, las de varios países del subcontinente latinoamericano a partir de 1810, siempre es de interés por su implicación con el poder y el pueblo, además de las diversas acepciones que de alguna manera expresaban el sentido del vocablo Constitución.
En los procesos de formación del Estado burgués liberal y de los Estados latinoamericanos que vieron la luz como
Por Amanda Laura PRIETO VALDÉS. Licenciada en Derecho. Profesora del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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consecuencia de su liberación del yugo colonial, fueron los paradigmas políticos liberales, relativos a la soberanía de la nación, la representación, o participación de los ilustrados, que en aquel momento se consideraron a sí mismos como pueblo al “recibir una delegación o depósito de la soberanía”, los encomendados a participar en la toma de decisiones, tanto para conformar al Estado, elaborar o reformar la Constitución. En tales casos, la participación popular se vio limitada al aporte de la vida en los procesos liberales burgueses. Pero ya para finales del siglo XIX e inicios del XX, se empiezan a producir cambios sociales por la implicación popular directa en los procesos democráticos.
VILLABELLA ARMENGOL refrenda que en la conformación del Derecho Constitucional resultan hitos los primeros procesos revolucionarios debido a que en ellos se promulgaron los documentos fundacionales y se condensaron los conceptos y principios estructuradores de la disciplina. Tal así es, que de la mano de las revoluciones burguesas que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, se expandió el constitucionalismo escrito. Y es como correlato de la universalización del constitucionalismo, que se produjo un proceso de sistematización teórica que tributó a la formación de una disciplina particular dentro del Derecho Público.
Por su parte, la modernización formal que se produjo del discurso constitucional, las reformas que se introdujeron, el debate doctrinal que desencadenó, el estímulo de un proceso de reflexión que aflorara posteriormente en un pensamiento constitucional crítico y autóctono, al decir del autor de la obra, fueron las cuestiones principales que desembocaron o que marcaron el inicio de un nuevo constitucionalismo en la región.
Más adelante, VILLABELLA ARMENGOL defiende la idea de que el renovado modelo constitucional afloró definitivamente en la región con textos en los cuales convergieron diversos aspectos que le proporcionaban una fisionomía novedosa: la alta proyección social de sus contenidos, la legitimación de variadas e inéditas vías
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de participación directa del titular de la soberanía y la institucionalización de mecanismos para su ejercicio, y el hecho de que fueran gestadas en procesos constituyentes genuinos, donde se activó al constituyente originario.
He aquí uno de los grandes aportes de la obra que nos presenta el autor. Nos regala un material que en palabras de Miguel CARBONELL permite hacer un recorrido por la historia del constitucionalismo y una descripción puntual de las más recientes tendencias del Estado constitucional en América Latina. Estructurado en cinco acápites o temáticas generales, el material desplaza al lector por este tracto histórico. La bibliografía anexada por el autor constituye un medidor de la amplia gama de publicaciones sobre el tema en el ámbito teórico jurídico.
La última parada de la obra descansa en cuadros comparativos de las constituciones latinoamericanas, permitiéndole al lector conocer acerca de la forma en que se organizan constitucionalmente nuestros países de Latinoamérica.
El nuevo constitucionalismo latinoamericano exige de estudios teóricos que permitan sustentar el análisis y estudio comparativo, de forma tal que el lector pueda presenciar que el constitucionalismo ha ido evolucionando en la medida en que las sociedades lo han hecho. La obra de VILLABELLA ARMENGOL está inmersa en el espectro de obras que brindan estos aportes.
SEGURIDAD SOCIAL, de Raúl AVELLO PEÑA, Colección “El Derecho al alcance de todos”, Ediciones ONBC, Organización Nacional de Bufetes Colectivos, La Habana, 2014.
Decía el Apóstol que “… la madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la República y el remedio de sus
Por Jennifer BATISTA TORRES. Licenciada en Derecho. Profesora Adiestrada de Derecho Laboral del Departamento de Asesoría Jurídica y Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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vicios, es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura” (en “Tilden”, La República, Honduras, 1886, tomo 13, p. 301), lo que nos permite dejar claro lo trascendente de un pueblo culto e instruido; en especial, sobre sus derechos fundamentales.
En aras de colocar en las manos del pueblo trabajador y del resto de sus ciudadanos un texto con los elementos fundamentales del sistema de seguridad social cubano, Raúl AVELLO PEÑA, de conjunto con Ediciones ONBC, nos presenta un trabajo donde se abordan estas cuestiones de forma general.
Texto de apenas cincuenta y tres cuartillas, utiliza un lenguaje claro, sencillo y escaso de tecnicismos jurídicos, lo que permite a sus lectores conocer y entender los elementos aquí tratados sin ser juristas, más cuando se trata de un derecho tan importante como la seguridad y la asistencia social.
AVELLA PEÑA comienza su obra con una breve introducción donde refiere cómo desde una época tan temprana como 1819 Simón Bolívar expuso que un sistema de gobierno perfecto es aquel que produce mayor suma de seguridad social. Hace énfasis en los orígenes de la seguridad social como institución y como derecho reconocido constitucionalmente. Más adelante sistematiza en concisas líneas el decursar de la seguridad social en el país desde la Pseudorrepública hasta el triunfo de la Revolución.
Es un texto que se estructura en siete capítulos donde el autor va analizando los elementos de mayor trascendencia y los casos que se presentan en la práctica diaria a la luz de la puesta en vigor de la vigente Ley No. 105 de 2008 y de su Reglamento. Inicia los análisis introduciendo el régimen general de seguridad social comentando sobre el alcance de la protección, quiénes son los sujetos beneficiados y los tipos de prestaciones que se pueden disfrutar. Sobre todo, aclara cómo se financia la seguridad social.
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Explica cada una de las pensiones comprendidas en la Ley y analiza los elementos novedosos que incluyó el legislador, como, por ejemplo, el incremento de la edad para el retiro laboral y la posibilidad de que las administraciones puedan promover la tramitación del expediente de jubilación si observan disminución del rendimiento o capacidad del trabajador. Alude al tema de los certificados extemporáneos y las situaciones que se dan con relación a ellos. También hace valoraciones sobre los casos de las cirugías estéticas a los efectos del pago del subsidio por enfermedad.
Se refiere, además, al papel preponderante de la Comisión de Peritaje Médico Laboral en lo relativo a la invalidez para el trabajo, otorgando herramientas al lector para la defensa de su derecho a la seguridad social. Aclara, entonces, que el Comité de Expertos solo tiene un papel decisivo en lo concerniente a la determinación de la idoneidad demostrada. Describe también los elementos de la pensión por causa de muerte, quiénes son los beneficiarios de tal y qué requisitos han de concurrir. Concluye la parte referida a la seguridad social con los procedimientos para el trámite de estas pensiones.
Finaliza el libro con la institución de la asistencia social comentando sobre su alcance, las personas protegidas, los servicios sociales que comprende, entre otros elementos de especial interés. Deja en claro que si bien esta institución es un derecho fundamental materializado en las leyes de seguridad social, su aplicación obedece a determinadas situaciones que quedan definidas en la norma.
Seguridad Social es un texto cuyo fin fundamental es hacer llegar a los lectores no profesionalizados en Derecho los elementos claves para la defensa de uno de sus derechos laborales más importantes. Incluso, sirve de guía a los estudiantes de la carrera y a los operadores del Derecho para esclarecerse sobre interpretaciones en relación con varios temas algo complejos y poco tratados en la práctica.
El texto toca no solo temas típicos, sino que alude a vivencias reales que se presentan a diario en los centros y entidades
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laborales, haciendo énfasis en aquellos que resultan más controvertidos. El autor efectúa oportunas valoraciones. Todo ello le permite realizar comentarios y críticas, resaltando el estado de indefensión en que la propia norma legal coloca, en ocasiones, a los trabajadores y personas beneficiarias de la asistencia social. Se convierte así en una herramienta para el pueblo en general que puede desconocer sus derechos o aun conociéndolos no saber cómo exigirlos. Este es un texto que, como dijo Martí, viene a propagar la cultura jurídica y, pudiese agregarse, a ilustrar nuestro derecho a (y nuestro Derecho de) la seguridad social.
JOSÉ A. GARCÍA ÁLVAREZ. COMBATE Y JUSTICIA POPULAR, Tribunal Supremo Popular, La Habana, 2014.
Resulta indudable la importancia que tiene para el gremio jurídico el acercamiento a grandes figuras del Derecho en Cuba, especialmente a brillantes exponentes de la judicatura nacional. Este es, precisamente, uno de los grandes méritos de las publicaciones que ha ido llevando a cabo el Tribunal Supremo Popular desde el 2010, en recordación a excelsas figuras del Alto Foro cubano. La lectura de estos volúmenes es un justo homenaje a la trayectoria de hombres que consagraron sus vidas a la honrosa profesión de juez y es, además, un estímulo para las nuevas generaciones que ataviados con la toga, administrarán justicia.
En tal sentido, la obra que hoy reseñamos está dedicada a José A. GARCÍA ÁLVAREZ (1915-2001), quien fuera magistrado del Tribunal Supremo por más de cuarenta años y presidente de la Sala de lo Penal. El libro nos presenta una síntesis biográfica del excepcional jurista que nació en La Habana, en el seno de una familia humilde, y que trabajó desde muy joven sin
Por Giselle JORDÁN FERNÁNDEZ. Licenciada en Derecho. Profesora del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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abandonar la meta de estudiar Derecho, matriculando en la Casa de Altos Estudios en 1934.
La narración nos conduce por las diferentes etapas de su vida profesional, primero como abogado –en Camagüey y en La Habana, luego como juez en la antigua provincia de Oriente y posteriormente de nuevo en tierras agramontinas; de esta época resalta en el relato, su carta de renuncia a su cargo de juez suplente en el Poder Judicial, denunciando el régimen de la tiranía batistiana y poniendo de relieve su apoyo al proceso revolucionario y al Movimiento 26 de Julio.
También se resaltan los méritos del magistrado a partir de 1959 y el conjunto de responsabilidades que desempeñó no solo en su función de juez del Tribunal Supremo, sino en importantes misiones de gobierno fuera de Cuba y como miembro asesor del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en materia legislativa.
La obra que hoy reseñamos tiene igualmente un importante valor histórico y científico, ya que recoge dos artículos de GARCÍA ÁLVAREZ publicados en 1962 en la Revista Cubana de Jurisprudencia: se trata de: “Los tribunales revolucionarios (primera etapa)” y “Apuntes sobre el Derecho Penal”. El primero de ellos resulta un interesante testimonio de quien dirigiera dichos tribunales, primero como jefe de la Asesoría Jurídica y posteriormente al frente de la Dirección de la Fiscalía. En tal sentido, se abordan en ese texto los objetivos de los tribunales revolucionarios y aspectos de carácter procesal como las características del procedimiento y los recursos. El segundo artículo resalta la importancia del Derecho Penal, refiriéndose a su esencia, a las transformaciones acontecidas y las notas distintivas del Derecho Penal revolucionario y socialista.
Igualmente, resultan de gran relevancia los textos del MSc. Danilo RIVERO GARCÍA: el primero de ellos donde expone la opinión de GARCÍA ÁLVAREZ en torno al Acuerdo No. 172 de 1985 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y el segundo, relativo a una sentencia en la que el magistrado
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fue juez ponente y preserva su valor a la hora del análisis del delito de malversación.
Por último, es dable destacar el interesante testimonio gráfico, que con fotos, documentos y cartas viene a completar acertadamente la visión de esta importante figura de la judicatura cubana. Solo resta invitar a la lectura de este texto, convencidos de que tanto jueces como juristas en sentido general, encontrarán en sus páginas un referente imprescindible para su diario quehacer.
¿QUÉ MUNICIPIO QUEREMOS? RESPUESTAS PARA CUBA EN CLAVE DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, coordinado por Lissette PÉREZ
HERNÁNDEZ y Orestes J. DÍAZ LEGÓN, Editorial UH, La Habana, 2015.
La obra es resultado del proyecto de investigación “La descentralización municipal en pos del desarrollo local y la actualización del modelo económico” que resultó premio Alma Mater en el año 2012 en la categoría de Desarrollo Local. Se trata de un libro colectivo donde intervinieron 22 profesionales, de ellos 18 juristas, dos economistas, una arquitecta y un geógrafo, estos últimos han dedicado parte de su vida a estudios sobre el desarrollo local.
Bajo la guía de dos excelentes coordinadores, la estructura del texto nos conduce desde un análisis histórico, que nos devela las raíces transformadoras municipales nuestras que ponen de relieve la existencia de problemas actuales que arrastramos de la Colonia; pasando por nuestros derroteros, los antecedentes mediatos y el tránsito hacia el socialismo, centro del texto, y que agrupa la mayor cantidad de artículos.
Por Yunier Jorge FEÍTO ALBA. Licenciado en Derecho. Profesor Instructor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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¿Qué municipio queremos?... es un texto llamado a convertirse en guía para las trasformaciones en el orden institucional municipal y teniendo como premisa el desarrollo local; fue la meta de los autores plasmar los fundamentos jurídicos que pueden constituir base para el perfeccionamiento municipal; se nutre, además, de reflexiones en el orden económico y sociológico que permiten al lector discernir sobre los problemas actuales de nuestra sociedad y la importancia de la descentralización municipal.
Si el libro constituye un baluarte en sentido general, su epílogo estampa la “Propuesta de una guía metodológica en pos del perfeccionamiento municipal en Cuba” que nos resume los fundamentos y principios del municipio que queremos, visto este como un espacio de gobierno local, popular y democrático.
Fuente indiscutible de conocimiento lo constituyen los anexos del texto, seleccionados con gran cautela y a posta nos enlaza con las principales normas y proyectos para el estudio municipal en Cuba ordenados cronológicamente, una línea de tiempo y reseñas de obras sobre el iusmunicipalismo por autores del patio; en tal sentido sobresale el anexo dedicado a las Bases para una ley de municipios en Cuba, pues contribuye al debate público ya no solo en el recinto académico, sino con un alcance hacia la sociedad y sus dirigentes.
Total certeza hallará el lector que se acerque a tan enorme obra, de descubrir el municipio que queremos para la Cuba de los siguientes años; un municipio que gestione sus asuntos públicos con verdadera autonomía y al cual se le respete su competencia para impulsar proyectos de desarrollo local que se enlacen con las políticas nacionales, evidenciando así, además, la compatibilización entre la centralización y descentralización de las decisiones estatales; todo ello posible por la existencia de instrumentos jurídicos que propician estos cambios.
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EL CONTROL DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. UNA VISIÓN DESDE CUBA, de Grethel ARIAS GAYOSO, Editorial Novum, México D.F., 2015.*
La idea de lograr un ámbito de control para los actos administrativos que gozan de un espectro de libertad o un espacio de libre actuación, ha sido uno de los elementos permanentes en las necesidades de reformulación del Derecho Administrativo, adaptado a los tiempos modernos. Tal rúbrica evidencia la necesidad de la realización de estos estudios y la llegada de una obra vital para el Derecho Administrativo, por demás para el ordenamiento jurídico cubano, corporificada en el libro que aquí se reseña y que evidencia el marcado desarrollo que ya muestra el Derecho Administrativo cubano, y a la larga, el Derecho Público nacional.
Partiendo del criterio expuesto en el exquisito prólogo a cargo del Dr. Avelino BLASCO ESTÉVEZ, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de las Islas Baleares, “se repiensan y reformulan grandes instituciones del Derecho Público cubano en un apasionante momento histórico”. Es la discrecionalidad una de ellas, lo que el texto muestra en toda su extensión, y responde a la imperiosa necesidad de impulsar los estudios de Derecho Administrativo cubano desde esas instituciones generales que pueden ser particularizadas posteriormente.
Amparada en un estudio exquisito del estado, condicionantes y elementos de la discrecionalidad administrativa, la investigación que se nos presenta se ha dividido en tres capítulos que describen la temática de forma ordenada, coherente y sistemática, de manera que resulta de agradable y fácil lectura, al igual que su comprensión.
*Por Yalenni PÉREZ URQUIZA. Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba).
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El capítulo primero nos muestra a profundidad la estrecha relación entre el principio de legalidad y la discrecionalidad, superando condicionantes de otrora que concebían la potestad discrecional de la Administración Pública como un instituto muy poco vinculado al necesario principio de legalidad. A partir de esta necesaria vinculación, se sistematizan los principales conceptos de discrecionalidad administrativa mediante un exquisito y exhaustivo estudio bibliográfico que enriquece el estudio que se presenta y que facilita la distinción de la mencionada discrecionalidad con otras figuras o categorías conexas.
El capítulo segundo es, a nuestro entender, uno de los mayores aportes de la obra. Se parte, en esta sección, de la necesaria idea del control de la discrecionalidad administrativa, criterio encumbrado y consecuente con la vinculación de legalidad antes presentada. Su novedad radica no solo en la determinación de la discrecionalidad como elemento controlable, sino en la exposición de las formas de control vigentes en ordenamientos jurídicos foráneos. Así se analizan, en dependencia de las características de los sistemas de Derecho vigentes, los mecanismos de control permitidos en controles no judiciales –con variantes disímiles y en controles judiciales –con la disyuntiva del control de legalidad o de oportunidad.
El tercer capítulo, a nuestro juicio, trascendental, se avoca al análisis de la discrecionalidad en Cuba y los mecanismos de control que se le permiten, si se pudiera. A partir de un estudio histórico y teórico detallado de la ambas instituciones en Cuba, la autora realiza una merecida parada en la legalidad cubana luego de 1976, momento de entrada en vigor de la Constitución vigente, lo que se imbrica con la puesta en vigor de la Ley No. 7 de 1977, hoy Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, que consagra la imposibilidad de la justicia administrativa administrada en sede judicial de conocer de actos derivados del ejercicio de potestades discrecionales. Amparada en ambas disposiciones, y otras que le complementan, la autora realiza un estudio de la teoría,
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norma jurídica y disposiciones del Tribunal Supremo de Cuba que sustentan un diagnóstico objetivo de la condición de la discrecionalidad administrativa, además de la concepción imperante. De ahí que resulte igual de valedero el análisis, consecuencia lógica del anterior, de los mecanismos de control vigentes para garantizar el límite en el ejercicio de la citada discrecionalidad.
A partir del análisis de la legalidad vigente, y las implicaciones lógicas de la interpretación al citado principio, pasa a analizar el control no judicial de la misma, advirtiendo formas valederas de control político, de control administrativo propiamente dicho, el control por parte de los órganos de la Fiscalía General de la República y lo que denomina control ciudadano o popular, para finalizar en el necesario y pretendido control judicial de la discrecionalidad. Evidentemente, el resultado se complementa en todo momento con criterios acertados y valederos que no tienen otro fin que el del perfeccionamiento del ordenamiento jurídico cubano en los sectores en los cuales está presente la discrecionalidad administrativa, con el adecuado pronunciamiento en cuanto a los mecanismos efectivos para su control.
Quizá encuentre el lector pronto final en la obra presentada, descubriendo una de las grandes cualidades latente en la investigación: la sencillez del lenguaje, que transmite conceptos complejos, complicados, de manera que resulta agradable su lectura y mucho más fácil la comprensión. Es esta habilidad útil en temas tan necesarios para la formulación de pautas que tributen hacia el perfeccionamiento de instituciones vitales como la que nos ocupa; habilidad que hace de esta obra, y de su autora, una prenda para la cual el Derecho Público cubano se viste de galas.
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ABOGACÍA Y DERECHO: GESTIÓN DE CONFLICTOS JURÍDICOS. ABOGACÍA 2015, dirigido por Ariel MANTECÓN
RAMOS y coordinado por Elizabeth MOYA LINARES, Ediciones ONBC, Organización Nacional de Bufetes Colectivos, La Habana, 2015.
En octubre de 2015 tuvo lugar la celebración del Congreso Internacional Abogacía 2015, en La Habana, evento que todos los años organiza la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y que ahora en el volumen correspondiente a 2015, dentro de la serie Abogacía y Derecho: gestión de conflictos jurídicos, recoge una muestra de los trabajos presentados por abogados y juristas en general, nacionales y extranjeros, en ese encuentro.
Como en la edición anterior (2014), se nos presenta un volumen único, estructurado en cinco partes que se convierten en los ejes ramales del tema central que convoca el evento: Litigios civiles y de familia; Litigios penales; Litigios económicos, mercantiles y financieros; Retos del Derecho del Trabajo; y, cerrando el texto, Ética y pensamiento jurídico. Este es un libro diseñado para mostrar la labor teórica y empírica de los abogados, por lo que tiene un importante componente práctico. Los contenidos del texto y su certera estructuración logran con éxito el propósito.
En esta oportunidad, el texto se inicia con un artículo único que se centra en el análisis de los conflictos existentes entre las garantías procesales a los diferentes recursos y su ejecución en las sentencias civiles de primera instancia. Se trabaja desde un estudio comparado y se centra en la realidad del territorio español. A renglón seguido se abordan los litigios civiles y de familia, el que siguiendo la línea de las ediciones anteriores, coloca su visión en la modernización del proceso
Por Lien SOTO ALEMÁN. Profesora Asistente de Derecho Económico y Mercantil del Departamento de Asesoría Jurídica y Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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civil. Se analizan tópicos relevantes como las medidas anticipativas en el proceso de familia cubano, específicamente el proceso de alimentos cuando se encuentran en disputa los derechos de los menores. De suma relevancia resultan las reflexiones en el artículo referido a las medidas asegurativas en procesos civiles y familiares relacionados con la discapacidad, en cuyo texto las autoras analizan la figura de la curatela y su inclusión en los anteproyectos del Código de Familia cubano, en sus versiones 2004 y 2010. Sobre la implementación de la oralidad en la fase probatoria del proceso civil, se nos presenta un artículo que analiza los principios inspiradores del proceso civil cubano, sus ventajas y desventajas, y que de forma sagaz aporta las bases legales para la reformulación de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico en relación con los medios de prueba y el principio de oralidad. Como resaltan los autores, la implantación de un mayor uso del principio de oralidad en el trámite probatorio del proceso civil le dotaría de mayor inmediación, concentración, celeridad y una mayor efectividad en el cumplimiento de las garantías para las cuales se encuentra diseñada. En otra línea temática se expone una historia del seguro de título inmobiliario en México y se presenta un interesante artículo sobre el divorcio sin causal en el estado de Nuevo León, en el propio país. Se razona sobre las posibles contradicciones entre la legislación estatal de Nuevo león y las disposiciones establecidas a nivel federal y en la propia Constitución mexicana. La oportunidad de los temas tratados en esta parte del libro en su generalidad es conveniente.
Como en la edición anterior, la presencia de juristas foráneos en la obra es aún más palpable en la sección del libro dedicada a los litigios penales. En tal sentido, el lector puede acercarse a las características del sistema penitenciario brasileño, al tratamiento legal de la víctima en el delito de secuestro en México y el papel del Ministerio Público de ese país como garante de los derechos fundamentales de las víctimas. De Colombia obtendrá reflexiones sobre la crisis de la noción de bloque de constitucionalidad y su incidencia en el Derecho Procesal Penal. Los trabajos de autores
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cubanos brindan a la comunidad jurídica nacional los elementos fundamentales de la actividad probatoria en el proceso penal cubano, con énfasis especial en la necesidad de modificar la Ley procesal de manera que se reconozca la inutilización de los elementos probatorios que sean contrarios a los derechos fundamentales de los individuos y abogan por la introducción de criterios que permitan la declaración de la ilicitud de una prueba incorporada al proceso penal.
El Convenio Arbitral es el acuerdo en virtud del cual las partes en un conflicto deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Asume la forma de cláusula compromisoria o compromiso arbitral. Sobre la defensa procesal del Convenio Arbitral, el texto nos presenta un artículo en la tercera parte del libro, donde con llano abordaje se explica cómo no solo la actitud de la parte que es conminada ante un tribunal ordinario en detrimento del acuerdo suscrito, es relevante para la defensa del convenio, sino también el cumplimiento de los principios que orientan el actuar de quienes intervienen en la solución del conflicto, y la eficacia que se le otorga al Convenio Arbitral y su regulación en el marco convencional e interno de los Estados. Se apoya en estudios doctrinales y jurisprudenciales. Desde la experiencia foránea otro de los artículos realiza un análisis sobre la falta de jurisdicción de los órganos del poder judicial en el arbitraje comercial internacional, y desde la experiencia panameña se presenta un texto con certeras reflexiones sobre las peculiaridades del arbitraje aplicado a los conflictos societarios en la realidad comercial de ese país centroamericano.
Dentro de los estudios que se integran en la parte tercera del libro, dedicada a los litigios mercantiles, como es costumbre en las últimas ediciones, resaltan los vinculados al fenómeno cooperativo en el marco de la actualización del modelo económico cubano. Con un prisma eminentemente tributario se defiende la necesidad de un régimen especial de tributación para estos sujetos de gestión y se propone con
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acierto la inclusión en el texto constitucional de las conocidas inmunidades tributarias, a manera de incentivo para su constitución. En otra línea temática se abordan las sociedades mercantiles laborales en Cuba y las bondades de su posible reconocimiento y utilización en el escenario cubano. Desde la Propiedad Intelectual se vierten estudios sobre las medidas en frontera como garantía a la inversión extranjera en la Isla y desde España se aporta un profundo análisis sobre las modalidades contractuales aplicables a las redes de franquicia y los efectos de su internacionalización en la actualidad.
La cuarta parte se reserva al Derecho del Trabajo y cuenta con una amplia aportación de autores nacionales. Se inicia con un análisis de la nueva Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, estudio relevante si tenemos en cuenta que el envejecimiento poblacional constituye uno de los grandes desafíos de la era moderna, correspondiendo a los Estados la función de garantizar los derechos de las personas mayores. En relación con la defensa de los derechos laborales de las personas discapacitadas en Cuba, se presentan reflexiones en el marco de la actualización del modelo económico y las necesarias alertas a considerar teniendo en cuenta la diversidad de empleadores, en el sector estatal y no estatal. La noción del adolescente trabajador y su protección en el ordenamiento laboral cubano, se repasa mediante el análisis de las normativas internacionales suscritas por Cuba y el marco legal interno; se concluye que las leyes jurídico-laborales vigentes no regulan suficientemente el trabajo del adolescente al existir lagunas axiológicas y una latente dispersión normativa. Los estudios, en general, resultan atractivos a la lectura y realmente oportunos.
Tópicos de suma relevancia para el cónclave de abogados son los temas vinculados a la ética y el pensamiento jurídico, y en tal sentido la última parte del texto les dedica un espacio. Con acierto en la selección de los temas y la secuencia de las exposiciones se sigue una línea de análisis y pensamiento lógico que guía al lector por temas asociados al papel de los abogados en la prevención del lavado de activos y el posible conflicto en sede nacional entre el secreto profesional y el
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deber de información, con énfasis especial en las nuevas prácticas de los abogados en el asesoramiento a clientes en casos de compraventas y donaciones de bienes en Cuba; hasta otros asociados a la ética en la relación abogado-cliente y la necesaria implementación y actualización de los códigos deontológicos aplicables al ejercicio de la abogacía en las legislaciones nacionales.
Me gustaría concluir estas ideas resaltando que el lector se encontrará con un texto valioso, pues el Congreso del cual se hilvanaron las ponencias se ha consagrado gradualmente como un espacio significativo de exposición, debate y análisis. El texto cumple su cometido de brindar las experiencias prácticas de la actividad de la abogacía en Cuba y en otras realidades, así como pondera muy alto la vinculación teoríapráctica, tan cotidiana en la labor que desarrollan abogados y juristas en general.
APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Colectivo de autores, Ediciones ONBC, La Habana, 2015.
Fruto de la ardua investigación de un grupo de especialistas de la Fiscalía General de la República, es la obra que hoy reseñamos. Es, sin duda, relevante, tanto para los juristas como para todos los ciudadanos en general el conocimiento de las instituciones, y en tal sentido Aproximación a la historia de la Fiscalía General de la República se convierte, indubitablemente, en un texto de obligada lectura.
La trascendencia del Ministerio Público para la sociedad desborda los márgenes de estas líneas, pero solo se ha de valorar en su justa dimensión si se conoce, con profundidad, el devenir de esta importante institución.
Por Giselle JORDÁN FERNÁNDEZ. Licenciada en Derecho. Profesora del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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Uno de los principales méritos de la obra fue la rigurosa investigación que se realizara y el análisis documental tan importante que permitió reconstruir toda la evolución; es dable destacar no solo las entrevistas realizadas a importantes figuras del gremio jurídico, sino también los documentos examinados en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, así como los de carácter histórico consultados en el Archivo Nacional, el Instituto de Historia, las bibliotecas del Tribunal Supremo Popular y del Tribunal Provincial de La Habana.
Un prólogo de lujo, a cargo del Dr. Rolando RODRÍGUEZ, resalta la importancia de la obra y ofrece, de manera general, una ilustrativa visión de importantes momentos de la historia de la Fiscalía desde sus albores y su trascendencia para la sociedad actual.
Estructurado en diez capítulos, la obra transita por la presencia de la Fiscalía en la legislación colonial y mambisa, los orígenes romanistas de la institución, su presencia en la legislación española y mambisa para posteriormente abordar la etapa de las intervenciones norteamericanas en la Isla; la etapa de la neocolonia, la presencia del fiscal y la Fiscalía a partir de la lucha insurreccional contra la tiranía de BATISTA, y la etapa revolucionaria, resaltando la importancia de la Ley No. 1250 de 1973 de organización del sistema judicial. Otras notas distintivas las aporta el Capítulo 6, dedicado a la Fiscalía Militar, y el Capítulo 7 que aborda el interesantísimo papel de la Fiscalía en sus relaciones internacionales.
Asimismo, la obra también pone de relieve las importantes misiones que desempeña la Fiscalía General en la sociedad cubana actual, por ello también merecen ser destacados los apartados dedicados al desarrollo y preparación técnicoprofesional de los fiscales, a las rendiciones de cuenta de la Fiscalía a la Asamblea Nacional del Poder Popular y a sus actuales proyecciones de trabajo, en cumplimiento de los lineamientos y objetivos del VI Congreso del Partido y su Primera Conferencia Nacional.
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En tal sentido, es importante destacar las metas que se reconocen para el trabajo diario y que forman parte de esta importante proyección estratégica, a saber: la organización y calidad de la intervención del fiscal en los procesos penales; la celeridad y calidad en la tramitación; la aplicación consecuente de la política penal; la preparación de los fiscales para el acto de juicio oral; el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios; la participación en los procesos civiles; la protección a los menores de edad; las verificaciones fiscales, entre otros aspectos de vital relevancia.
Por último, no podemos dejar de mencionar los anexos de la obra, que son un adecuado complemento a la lectura y una fuente indiscutible de conocimiento; algunos de ellos fueron seleccionados en apoyo a la evolución histórica, como es el caso de la referencia biográfica de Francisco Esteban TAMAYO
GONZÁLEZ, fiscal designado por Carlos Manuel DE CÉSPEDES en ocasión de la toma de Bayamo. También se pueden apreciar datos estadísticos, fotografías y otros documentos que resultan de indudable interés para el lector.
Conocer a la Fiscalía es más que dominar lo regulado por el texto constitucional o la Ley No. 83, es conocer sus orígenes, su historia, su evolución, y en tal sentido Aproximación a la historia de la Fiscalía General de la República es una obra que viene a llenar un profundo vacío en la historiografía, a saldar una deuda con el pasado jurídico nacional y a señalar el camino por el cual proseguir.
DERECHO LABORAL, de Diego Fernando CAÑIZARES ABELEDO, Colección Jurídica, Editorial de Ciencias Sociales, 2015.
Escribir una obra donde se sistematicen las principales instituciones y categorías del Derecho Laboral no es labor
Por Jennifer BATISTA TORRES. Licenciada en Derecho. Profesora Adiestrada de Derecho Laboral del Departamento de Asesoría Jurídica e Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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fácil. Si a ello se suma la documentación histórica de la evolución de esta rama del Derecho y del fenómeno del trabajo en general, sin lugar a duda, es una obra de trascendental importancia. Este libro que hoy se presenta a la comunidad jurídica por el Dr. Fernando Diego CAÑIZARES
ABELEDO, quien fuera insigne profesor en la Universidad de La Habana, reúne dichas características.
Estructurado en dos grandes temáticas, la primera se dedica a los estudios históricos con el fin de iniciar el recorrido por la fascinante evolución de esta rama jurídica hasta lo que hoy conocemos como Derecho del Trabajo o Derecho Laboral. La segunda está destinada al estudio de las instituciones desde sus orígenes hasta sus elementos doctrinales.
Con un lenguaje sencillo, reservando los tecnicismos para las cuestiones pertinentes, el profesor describe con ingenio cada materia desde el punto de vista doctrinal; e igualmente realiza oportunos análisis sobre los elementos relevantes en cada acápite. Con un enfoque marxista logra colocar a disposición del lector, análisis y criterios sobre los trabajadores y el trabajo.
Comienza su texto con una breve presentación donde aclara cuándo surge la idea y la necesidad de que se publique teniendo en cuenta los importantes cambios que se están sucediendo en la legislación laboral. Prosigue su andar describiendo al trabajo como actividad humana y estableciendo el espacio en que se consideró un derecho. Deja claro que como tales es una necesidad y una obligación por la trascendencia que posee para las sociedades modernas, en tanto en la antigüedad se consideraba una labor denigrante.
Alude a la aparición del trabajo asalariado, a las primeras legislaciones con materias laborales, para posteriormente abordar el nacimiento del Derecho Laboral como rama autónoma del ordenamiento jurídico. Por supuesto, dedica un acápite a la internacionalización del mismo y finaliza la primera parte con algunas ideas y datos para una historia
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del Derecho Laboral en Cuba. Especial alusión realiza al reconocimiento del trabajo como derecho constitucional, lo cual constituye parte del valor de esta obra, dado que pocos textos cubanos sobre Derecho Laboral analizan esta cuestión. Destaca que en Cuba el trabajo es el fundamento de la existencia de la República.
Examina las diferentes instituciones entre las que destacan la capacidad jurídica laboral donde alude a la distinción entre esta y la típica capacidad jurídica civil, esclareciendo su manifestación en Cuba. A partir de ella se enfoca en la relación jurídica laboral que constituye el objeto de esta rama del Derecho y enuncia sus elementos fundamentales. También se refiere a la protección e higiene en el trabajo, denominación que se utilizaba con anterioridad para referirse a la seguridad y salud en materia laboral. Analiza el salario, la conceptualización, el derecho a la huelga –y no de huelgaࣣ y a los derechos sindicales. Es decir, recorre un abanico de materias trascendentes para el Derecho Laboral cubano.
Esta obra constituye, en palabras del autor, una modesta contribución a aumentar la cultura teórica e histórica en esta rama del Derecho para que los juristas de todas las edades, especialmente los jóvenes, conozcan y entiendan las instituciones laborales en aras de obtener la cultura laboral que se requiere en el ejercicio de esta especialidad. Si bien se hace referencia a la legislación laboral recientemente derogada, el texto no deja de cumplir su objetivo: promover el conocimiento jurídico doctrinal en materia laboral a los profesionales y estudiantes de Derecho, que por demás conocerán la manifestación de tal en normas previas pudiendo realizar consideraciones propias sobre los cambios ocurridos.
Derecho Laboral, del Dr. CAÑIZARES ABELEDO, es, pues, un libro que coloca a disposición de los que ejercen esta rama una herramienta que muestra un panorama general, sistemático y diferente de los derechos del trabajador, de su surgimiento y de las instituciones más importantes que lo informan. Es un texto más que necesario donde se evidencia lo que dijo Martí de que: “Para el trabajo queremos la República, para (…) dar ocupación real y
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suficiente…” (“En casa”, Patria, Nueva York, 28 de mayo de 1892, tomo 5, pp. 368- 369) y es este, el principal derecho y el que mejor se debe conocer.
LA CONSTITUCIÓN CUBANA DE 1976: 40 AÑOS DE VIGENCIA, Andry MATILLA CORREA (coordinador), Editorial UNIJURIS, Unión Nacional de Juristas de Cuba, La Habana, 2016.
¿Quiénes están involucrados en el libro? Además del Dr. MATILLA, Profesor Titular de Derecho Administrativo y presidente de la Sociedad Científica de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, quien con su acostumbrado ímpetu nos convoca y nos pone a trabajar, en este libro participan 13 profesores de Derecho Constitucional y Teoría General del Estado de las universidades de La Habana, Santiago de Cuba, la Central de Las Villas y de Camagüey.
¿Por qué este libro? Porque estamos en un aniversario cerrado de conmemoración del 40 cumpleaños de la Constitución de 1976; y merece recordar no solo el ampliamente participativo proceso de elaboración que tuvo, sino también valorar su vigencia y eficacia ante los cambios que durante este tiempo se han operado en la sociedad.
¿Para qué este libro? Para homenajear una de las obras cumbres del pueblo cubano, para recabar una mirada atenta a este texto no solo para los doctrinarios, sino para todos y cada uno de los cubanos; para tener a la Constitución como ha de ser, base permanente de los procesos de creación y aplicación del Derecho, fundamento y límite de la toma de decisiones y, también, para valorar los posibles cambios que en ella son necesarios ante el impacto de las transformaciones socioeconómicas que se han venido operando en estos 40 años.
Por Dra. Martha PRIETO VALDÉS. Profesora Titular del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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En el primer artículo, en carácter de líneas preliminares, MATILLA CORREA enfatiza en la importancia de la Constitución, calificándola de “escudo jurídico para resguardar la vida de la nación”, por lo cual destaca la necesidad de que se tenga conciencia de lo que ella es, normativa jurídica superior, por lo que debe emplearse como tal y debe garantizarse su eficacia. Tributa al análisis de cómo se concibió, cuáles son sus contenidos y la necesaria adaptación del magno texto a las nuevas condiciones en que vive el país.
Al abordar la elaboración de la Constitución de 1976, ZALDÍVAR
ABAD lo cataloga como proceso constituyente, enfatizando las peculiaridades del mismo, en especial la amplísima participación popular directa de aquel hacer, e interesante es su calificación como primigenia plataforma participativa hacia un nuevo constitucionalismo latinoamericano.
El tratamiento del contenido del texto normativo se inicia con el trabajo de FERRARI YAUNNER destinado a los valores, la que con una claridad meridiana significa que no debemos renunciar a los valores conquistados, sino que debemos tenerlos como guía para los nuevos cambios, reformular derechos y garantías que permitan darles vida y hacerlos parte indisoluble del actuar de los cubanos.
Por su parte, DELGADO TRIANA y DEL RÍO HERNÁNDEZ, en su artículo “La democracia socialista en la Constitución de 1976”, señalan que es importante releer los preceptos del magno texto de cara a la nueva realidad y enfatizan en la necesidad de ajustar la letra con el reto de mantener y perfeccionar las conquistas democráticas del pueblo cubano.
En la misma línea, referido al sistema del Poder Popular, PÉREZ HERNÁNDEZ parte de la inexistencia de un patrón temporal universal para calificar de actual o envejecido un texto constitucional, pero considera que 40 años marca un momento de madurez de un proceso, por lo que propone adoptar medidas que propicien una real y eficaz instrumentación de la participación popular directa en la toma de decisiones, con una mirada atenta a lo municipal.
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En cuanto al Estado cubano en su perspectiva global, VILLABELLA ARMENGOL parte de la necesidad de reconstruir el concepto de forma de gobierno como categoría que aborda la fisonomía del poder político, como arquitectura horizontal de los órganos supremos del poder, y lo inserta en el comentario de la ordenación constitucional cubana en la materia. Señala en su trabajo antecedentes del modelo concentrador existente e indica diversos aspectos que en la regulación constitucional merecerían una revisión.
También la división político-administrativa es objeto de tratamiento en este libro y viene de la mano de JIMÉNEZ
MORALES. La autora destaca que los entes públicos territoriales son diferentes en su amplitud y composición, y deben en su conformación propiciar una interacción entre la Administración local y la población. En la valoración de la regulación constitucional de la institución, señala la incidencia de la reforma de 1992 y las necesidades actuales para lograr una administración local eficaz, sin rigidez de formas.
El sistema electoral es comentado por RICHARDS MARTÍNEZ, quien señala cómo la reforma de 1992 propició una ampliación de la base social del Estado, así como la importancia de acercar aún más los ciudadanos a la conformación de los órganos del Poder Popular, con más participación consciente y responsable en la legitimación de estos.
La esfera de lo económico se introduce a través de los comentarios que realiza PÉREZ MARTÍNEZ a los fundamentos político-jurídicos que signaron la regulación constitucional de la esfera en el texto de 1976. Interesante es el tratamiento de la relación entre propiedad socialista e individual, si unidad o lucha de contrarios, así como la importancia actual del principio de complementariedad y la iniciativa privada para el desarrollo económico del país, sin obviar la necesidad de mecanismos institucionales que impidan la aparición de elementos enajenantes en la sociedad.
Los derechos constitucionales tienen un lugar especial en el tratamiento que efectúa CUTIÉ MUSTELIER, respecto a los que, además de caracterizar la tutela constitucional, la sistemática
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y la denominación de fundamentales, valora la incidencia de la reforma de 1992 en los mismos. En cuanto al presente, enfatiza en la necesidad de una pedagogía constitucional democrática que permita, como dice la autora, “hacer vivir y respetar la Constitución”, completar la Constitución e interpretar los derechos conforme a los nuevos tiempos.
De la mano de los derechos, han de venir las garantías, tema que es abordado por PRIETO VALDÉS, empleando el término de garantías constitucionales para referirse no solo a las instituciones, medios, normativas y procederes para el aseguramiento de los derechos consagrados en la Constitución, sino también para la protección de todos los contenidos del magno texto y de la supremacía jerárquica y normativa de la letra fundamental en todo el orden jurídico, político, económico y social. En tal sentido, se identifican limitaciones en la actual regulación de las garantías en esa acepción plural, necesidades de perfeccionamiento y realiza propuestas a partir de la relación derechos-garantías-control, como medio este último para asegurar los anteriores.
Por último, el trabajo de PACHOT ZAMBRANA y PÉREZ CARRILLO referido a la reforma constitucional, contiene reflexiones a propósito de su 40 aniversario, tanto en cuanto al procedimiento establecido, las tres reformas ya efectuadas, así como las transformaciones sociales operadas y las necesidades actuales. Son claros en su decir cuando sostienen que han de precisarse por la propia Asamblea Nacional los contenidos mínimos que caracterizan el sistema económico, político y social cubano por su propia intangibilidad, la prudencia de una ley que determine los límites de la reforma, así como el establecimiento del control previo de constitucionalidad de la ley de modificación del magno texto, como medios necesarios para preservar la supremacía y los contenidos esenciales del mismo.
Este pequeño libro, fruto de resultados de investigación de sus autores, en el que de manera sintética cada uno de los artículos mira desde el presente, el texto aprobado en 1976, es de lectura necesaria para todos.
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DERECHO FAMILIAR CONSTITUCIONAL, de Leonardo B. PÉREZ GALLARDO, Carlos Manuel VILLABELLA ARMENGOL y Germán MOLINA CARRILLO (coordinadores), Grupo Editorial Mariel, Puebla, México, 2016.
“Derecho Familiar Constitucional”, y ¿por qué no “Derecho Constitucional Familiar”?, es la interrogante que pudiera presentársele a cualquier lector que toma entre sus manos un ejemplar de este texto que hoy recensionamos, ya que en los 23 artículos que se presentan, escritos por 28 autores procedentes de Iberoamérica, Italia y Francia, aunque todos tienen como eje central a la familia, también se enfocan desde la óptica constitucional: la diversidad familiar hoy día requiere de una protección jurídica también plural, desde lo privado y lo público, de una tutela integral que posibilite acoger los cambios que en esta esfera se vienen manifestando en nuestras sociedades.
En el primero de los artículos, VILLABELLA ARMENGOL aborda cuestiones tan generales como la constitucionalización del Derecho desde una perspectiva científica, normativa y jurisprudencial, todo ello en sede familiar. Asimismo, defiende esa diversidad familiar y el necesario desarrollo de su tutela, como muestra de la urgencia en la reformulación de conceptos, instituciones y mecanismos de protección jurídica, no solo en el plano nacional –mirando a Cuba, sino también internacional.
Por su parte, KEMELMAJER DE CARLUCCI, de Argentina, desarrolla un tema que enmarca en la llamada constitucionalización del Derecho Privado. Desde un punto de vista argumentativo, aborda la necesaria tutela del Derecho de Familia en sede constitucional, defendiendo la
Por Dra. Martha PRIETO VALDÉS, Profesora Titular de Derecho Constitucional y Teoría General del Derecho, y Lic. Amanda Laura PRIETO
VALDÉS, Profesora Instructora de Derecho Constitucional y Teoría General del Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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idea de que el Derecho Familiar no emana solo de la ley, sino también, y fundamentalmente, del bloque de constitucionalidad; por lo que la autora nos compele al cambio, a no temerle a este si ello implica la ampliación de los derechos, especialmente en favor de las personas más vulnerables.
Desde España y Chile, los autores LÓPEZ Y LÓPEZ, LEPIN
MOLINA y VARGAS CARRASCO, analizan la institución de la familia, su ordenación en la Constitución, el matrimonio hetero- y homosexual, este último tan actual y polémico en nuestra Latinoamérica; así como sus formas de protección, presentes y las necesarias en tanto es ella la familia, el elemento natural y fundamental de la sociedad. En palabras de LEPIN y VARGAS, la constitucionalización del Derecho Familiar en Chile se observa en la práctica en los distintos mecanismos procesales utilizados: la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, las acciones de protección y amparo, o las acciones ordinarias presentadas en procedimientos de familia, advirtiéndose en este último caso la existencia de una eficacia horizontal.
En otra línea de ideas, desde Uruguay, RIVERO DE
ARHANCET se refiere a la familia como realidad social y el necesario enfoque jurídico de la diversidad de cuestiones que en torno a ella se presentan, tales como la sociedad conyugal, los derechos en familias tradicionales y ensambladas, el divorcio, el derecho de habitación o las protecciones especiales para discapacitados. Por su parte, la nicaragüense ABBOUD CASTILLO aborda el paulatino reconocimiento constitucional de la familia, así como la expresión de los derechos constitucionales en el Código de Familia, destacando una serie de elementos que son común denominador del marco normativo familiar nicaragüense y que sirven para tenerlos como pilares en pos de su cabal protección.
La interpretación constitucional como medio para asegurar la correspondencia de la letra suprema con la nueva realidad y el valor interpretativo de los preámbulos constitucionales en España, es la idea principal que recoge el trabajo que
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presenta BRAVO DE MANSILLA, quien decide abordar cuestiones relativas al matrimonio y la Constitución en España, haciendo una interpretación evolutiva de ambas instituciones.
El tratamiento de derecho constitucional a la intimidad familiar y las excepciones legítimas, de DÍAZ ALABART, contiene una invitación a la reflexión profunda de un tema actual, y en particular en España, así como el necesario freno a la intervención de los medios de comunicación; e inicia el estudio con la contradicción intimidad familiar y personal, aludiendo que cuando se habla de derecho a la intimidad nos estamos refiriendo al derecho que ostenta toda persona de mantener reservados determinados aspectos de su vida y actuaciones frente a injerencias de cualquier otro sujeto público o privado.
Del mismo modo, en el mundo actual, es fácil identificar una serie de relaciones sociales que suelen generar necesidades y que, por tanto, deben ser reguladas por el Derecho, y he aquí el estudio que presenta el mexicano GARCÍA SÁNCHEZ en torno a la constitucionalidad del matrimonio igualitario y su amparo. Otra de las temáticas de este libro, es la referida a la protección constitucional de la unión de hecho y los nuevos derechos a favor de los concubinos heterosexuales en Perú. Aquí, VEGA MERE presenta el tema reconociendo que han decaído muchos de los viejos paradigmas familiares, los cuales aparecían protegidos en el orden normativo, y cómo estos cambios han brindado nuevos bríos a las familias que se conforman sin recurrir a la institución del matrimonio.
Igualmente, autores como PEREÑA VICENTE nos convocan a reflexionar sobre las contradicciones y tensiones entre la verdad biológica y los valores superiores de igualdad y libertad, o la necesaria armonización entre Constitución y filiación. En palabras del autor, hablar de Constitución es hablar de derechos fundamentales y hablar de Derecho Privado es hablar del principio de autonomía de la voluntad,
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por lo que es pertinente el estudio de la interrelación existente entre ambos.
Desde la experiencia argentina se nos presenta el Derecho Constitucional-Convencional de Familia, a cargo de HERRERA, quien realiza un tratamiento de los principales cambios en el tratamiento jurídico civil del matrimonio igualitario, las uniones convivenciales, la familia ensamblada e, incluso, la patria potestad y la responsabilidad parental. Asimismo, BENAVIDES SANTOS, de Costa Rica, hace un interesante estudio comparativo del mandato protector que se encuentra en los textos constitucionales, así como el desarrollo de una serie de garantías de tipo procesal y decide titular su obra “Derecho Constitucional, Derecho Familiar y proceso: instrumentalidad y suficiencia normativa”.
De la autoría de CABRILLAC, SESTA y PILIA, tenemos el tratamiento de los derechos fundamentales en el Derecho Francés de Familia y la igualdad de los cónyuges; el derecho a la familia y su transformación con las nuevas instituciones: familia sin matrimonio, unión homosexual y procreación asistida; o la tutela al derecho fundamental de la familia, los dos últimos referidos al ordenamiento italiano. En ellos se recalca la necesidad de pautar determinadas reglas para llevar el Derecho Familiar a un régimen igualitario, tanto iguales derechos familiares como garantías procesales y procedimentales.
Un estudio sobre el Derecho Constitucional de Familia, el sistema sucesorio y los convivientes, nos lo presentan LLOVERAS, SALOMÓN, FARAONI y RÍOS, quienes concluyen que de la vinculación existente entre el Derecho de Familia, el sistema sucesorio y los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, se hace precisa la incorporación, en el ordenamiento jurídico argentino, de determinadas previsiones en orden a la vocación sucesoria del conviviente. Otro de los temas en el orden familiar, escrito por GUZMÁN ÁVALOS, es el relativo a la filiación ante el interés superior del menor, y es que ese principio rector debe
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aplicarse en todas las instituciones que se derivan del Derecho de Familia.
De la misma manera, la privacidad de la vida familiar y su tutela por instrumentos nacionales e internacionales es abordada por RAMOS CABANELLAS, para quien es imprescindible comenzar el estudio con una diferenciación entre intimidad y vida privada, concluyendo con la enunciación de la familia como sujeto del derecho a la privacidad. Mientras tanto, VALDÉS DÍAZ, desde Cuba, que concluye su trabajo con la idea de que el Derecho no es un producto estático e inmóvil, está consciente de que el ordenamiento jurídico también contiene normas que nunca serán suficientemente flexibles para adaptarse a la inmensa y fluida variedad de los hechos, por lo cual enfatiza que con independencia del criterio que se tenga respecto a la maternidad subrogada, una vez nacido un niño mediante su práctica no deben negársele en ningún caso sus derechos.
Contrario a la interrogante planteada al inicio de esta recensión, ÁLVAREZ-TABÍO ALBO, de Cuba, en su artículo “Retos del Derecho de Familia. Autonomía y unidad”, juega con el orden de las dos últimas palabras, sosteniendo que no importa el orden de estas en tanto ellas, en interacción, son premisas para enfrentar los desafíos del Derecho de Familia en el siglo XXI.
Casi al finalizar, los “Retos regulatorios en el siglo XXI del Derecho Familiar”, es lo que nos exponen FLORES SALGADO y BAUTISTA YLLANES, en cuyo artículo destacan la importancia de la familia para la sociedad, así como de su ordenación jurídica y protección en la pluralidad de formas en que esta se presenta en el siglo XXI, aun ante los choques culturales que algunas de sus manifestaciones pueda provocar en la sociedad mexicana de hoy, por lo que convocan al análisis, investigación y regulación consciente a fin de brindar certidumbre jurídica a la nueva realidad.
Por último, y no por ello menos importante, PÉREZ GALLARDO nos ilustra, desde una óptica comparatista, acerca de las
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nuevas construcciones familiares en la jurisprudencia constitucional iberoamericana; un estudio profundo que nos hace pensar en la necesidad de perfeccionamiento del orden jurídico cubano en la materia.
Respecto a la obra en su conjunto, es menester reiterar que se agradece a los coordinadores la introducción en la doctrina cubana del tema de la constitucionalización del orden jurídico familiar, y nos atrevemos a instar a otros doctrinarios del Derecho a seguir por este fenomenal camino como vía para asegurar tanto la supremacía de normas, principios y valores constitucionales, como los derechos humanos esenciales en cada sociedad.
