Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990

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9. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de

libertad

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre

de 1990

I. Perspectivas fundamentales

1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de

los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá

usarse como último recurso.

2. Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios

y procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas

mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores

(Reglas de Beijing)82. La privación de libertad de un menor deberá decidirse como

último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales.

La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir

la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo.

3. El objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por

las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en

todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades

fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de

detención y fomentar la integración en la sociedad.

4. Las Reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores, sin

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión,

nacionalidad, opinión política o de otra índole, prácticas o creencias culturales,

patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen étnico o social o incapacidad.

Se deberán respetar las creencias religiosas y culturales, así como las prácticas y

preceptos morales de los menores.

5. Las Reglas están concebidas para servir de patrones prácticos de referencia y

para brindar alicientes y orientación a los profesionales que participen en la

administración del sistema de justicia de menores.

6. Las Reglas deberán ponerse a disposición del personal de justicia de menores

en sus idiomas nacionales. Los menores que no conozcan suficientemente el

idioma hablado por el personal del establecimiento de detención tendrán derecho a

los servicios gratuitos de un intérprete siempre que sea necesario, en particular

durante los reconocimientos médicos y las actuaciones disciplinarias.

7. Cuando corresponda, los Estados deberán incorporar las presentes Reglas a su

legislación o modificarla en consecuencia y establecer recursos eficaces en caso

de inobservancia, incluida la indemnización en los casos en que se causen

perjuicios a los menores. Los Estados deberán además vigilar la aplicación de las

Reglas.

8. Las autoridades competentes procurarán sensibilizar constantemente al público

sobre el hecho de que el cuidado de los menores detenidos y su preparación para

su reintegración en la sociedad constituyen un servicio social de gran importancia y,

a tal efecto, se deberá adoptar medidas eficaces para fomentar los contactos

abiertos entre los menores y la comunidad local.

9. Ninguna de las disposiciones contenidas en las presentes Reglas deberá

interpretarse de manera que excluya la aplicación de los instrumentos y normas