Aspectos procesales de la responsabilidad por daño ambiental aplicables en la nueva jurisdicción contenciosa administrativa

• Author: MSc. Mario Peña Chacón
• Pages: 1-40

Año VI, número 14, enero - junio 2015

Aspectos procesales de la responsabilidad por daño ambiental aplicables

en la nueva jurisdicción contenciosa administrativa

MSc. Mario PEÑA CHACÓN1

“El derecho ambiental es descodificante, herético, mutante, se trata de

problemas que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta,

exigiéndoles un vestido nuevo. La invitación es amplia abarca lo público y

lo privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a

nadie, con la condición que se adopten nuevas características”

Ricardo Luis LORENZETTI

Los principios de prevención, precaución, contaminador pagador y reparacióno

solución a la fuente, necesitan de normas procesales que les permita su correcta

aplicación en los procesos donde se discute laresponsabilidad pordaño

ambiental.Es claro que la prevención es el principio fundamental y la vez,la

regla de oro tanto para el Derecho de daños como en el Derecho ambiental.

Frente al daño nace la obligación de reparar, frente al riesgo nace la de prevenir.

La experienciaindica que siempre será menos costoso prevenir que recomponer

el daño al ambiente, esto por las singulares particularidades de este tipo

especial de daño. Se debe prevenir aún el daño que es científicamente incierto,

recayendo el deber de reparación en aquel o aquellos sujetos que por acción u

omisión hayan participado en su consecución, siendo el deberde la

Administración Públicaprevenir el daño al ambiente y perseguir, por todos los

medios posibles, a los sujetos culpablesde su detrimento, así como buscar su

reparación, debiendo además abstenerse de realizar acciones y omisiones en su

funcionamiento que lleguen a afectarlo, pues de ser así, sería responsable de la

reparación ambiental y de indemnizar los derechos subjetivos vulnerados a sus

administrados.

Para poder darle cumplimiento a lo anteriores necesario que los procesos

donde se ventilela responsabilidad por daño ambiental, cuenten al menos con

un sistema de legitimación procesal abierto donde se reconozcan los intereses

difusos y colectivos, con normas especiales para su correcta integración y

conformación; también es necesario dotar de mayores poderes al juez para la

toma de medidas cautelares de forma expedita e inmediata que prevenga el

posible daño o en su caso,paralice sus efectos, aún en aquellossupuestos

científicamente inciertos; en la medida de lo posiblela carga de la prueba

debería invertirse recayendo en aquella parte procesal a la que se le achaca el

1Consultor legal ambiental, profesor de la Maestría de DerechoAmbiental de la Universidad de

Costa Rica y de la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras,

mariopena@racsa.co.cr

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daño, y cuando esto no sea posible, debería acudirse a la efectiva colaboración

de todos los afectados recayendo la carga en aquella parte procesal a la que le

sea menos oneroso su evacuación; se le debe dar especial valor a la prueba

indirecta de presunciones, a la prueba científica-técnica, y a la utilización de la

sana crítica racional en su valoración; las sentencias ideales son aquellas con

eficaciaerga omnescubriendo a todos losque se encuentren en idéntica

situación fáctica, y cuya ejecución, por motivos del interés público ambiental, sea

aún oficiosa.

El fin del presente ensayo es verificar si los principios antes descritos se

encuentran contenidos dentro del nuevo proceso contencioso administrativo

creado con la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo,

jurisdicción que dentro de sus competenciasconocerá de la responsabilidad por

daño ambiental que se le impute a la Administración Pública.

1. El nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo

El primero de enero de 2008entró en vigencia el nuevo Código Procesal

Contencioso Administrativo2(CPCA), por medio del cual se pretende dotar de

normas procesales modernas a la jurisdicción contenciosa administrativa creada

por elartículo 49de la Constitución Política, cuyo fin escontrolarjudicialmente

la legalidad de las actuaciones y omisiones de la Administración Pública, siendo

su antecedente más cercanola derogada Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa de 1966.3

El nuevo Código estábasado en losprincipios procesalesde oralidade

inmediación de la prueba, donde el proceso se desarrollaa través de audiencias

orales yúnicamente serán escritos la interposición y contestación de la

demanda, la sentencia y los recursos contra ella y los documentos, peritajes e

informes que se adjunten a los expedientes. De igual forma, son de aplicación

los principios procesales deconcentración, celeridad, carga de prueba,

dispositivo, impulso procesal,contradicción, identidad física del juzgador,

búsqueda de la verdad real, publicidad, preclusión, impugnación y ejecución.4

Se privilegia el principio de celeridadcon la reducción de plazos y de etapas en

el proceso, frente a situaciones de emergencia o de puro derecho. Se dispone

2Ley número 8508 publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 22 de junio de 2006.

3Ley número 3667 del 12 de marzo de 1966.

4Así lo dispone el artículo 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) al

estipular que: “La jueza o el juez tramitador y el Tribunal, según sea el caso, deberán asegurar,

durante las audiencias, el pleno respeto de los principios de la oralidad; En el curso de estas,

deberá promoverse el contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad real de

los hechos y velar por la concentración de los distintos actos procesales que corresponda

celebrar.”

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deun procedimientomucho más ágil y expeditoen donde seelimina la fase de

la interposición y publicación de edictos.

Para ser más efectivo el proceso, la oralidad va acompañada de un sistema de

gestión que pretende utilizar más recursos tecnológicos para comunicarse con

las partes y convocar a lasaudiencias.

Otro aspecto a resaltar es el hecho que el nuevoCódigo no se limita a revisar

las actuaciones de la Administración Pública, sino también susomisiones, bajo

el entendido que el Estadopuede lesionar derechos subjetivos, intereses

legítimos, colectivos o difusos tanto con su accionar lícito o ilícito, normal o

anormal, como con surenuencia a actuar tal y como se lo exige el bloque de

legalidad.

Siguiendo la jurisprudencia establecida por la Sala Constitucionalde la Corte

Suprema de Justicia, bajo el nuevo Código tampoco esnecesarioagotar la vía

administrativacomo requisito previo para acudir a la jurisdicción contenciosa

administrativa. De esta forma, el agotamiento es opcional y el administrado

elegirá si procede o no a agotarlao si, por el contrario, interpone el proceso con

la simple existencia del acto previo. A la vez, existela posibilidad del jerarca de

corregir la conducta impugnada o modificarla total o parcialmente, dentro de los

ocho días previos alemplazamiento,5lo que permite a la Administración la

rectificación desu actuación cuando no se ha agotado la vía administrativa o

cuando se impugna una conducta omisiva, con lo que se evita la realización de

todo el proceso.

El Código Procesal Contencioso Administrativofavorece tanto la legitimación

individual como la colectiva, y reconocela acción popular bajo reserva de ley.

De esta forma se ha abierto la legitimación de los administrados, a tal punto que

se admiten demandas interpuestaspor menores de edad, así como por grupos,

aún sin personalidad jurídica o patrimonio independiente.

Junto a esa capacidad ampliada de los ciudadanos para buscar justicia, también

el juez recibe nuevas potestades con la ley. Otorga más poderes al juez a fin de

que pueda garantizar la adopción de medidas cautelares adecuadas para el

reconocimiento y el restablecimiento de la situación jurídica quebrantada por la

conducta u omisión administrativa, y permite que pueda actuar de manera

oficiosa en las diversas fases del proceso para promover la resolución del

conflicto planteado.Las medidas cautelares contra las conductasy omisiones

administrativas pueden dictarse antes y durante el proceso, con inclusión de la

fase de ejecución. A la vez, viene aratificar una tendencia marcada por el

5En el caso de las Administraciones Descentralizadas elplazo de 8 días hábiles forma parte del

emplazamiento. Cuando se impugne una conducta omisiva de la Administración Pública, el

interesado podrá requerir, al órgano o el ente respectivopara que en el plazo de quince días

adopte la conducta debida. Si transcurrido dicho plazo la omisión persiste, quedará expedita la

vía contencioso-administrativa, según lo dispuesto por el artículo 35 del CPCA.