El delito en América Latina

• Author: Dr. Ramón de la Cruz Ochoa
• Pages: 41-51

Intervención del Dr. Ramón de la Cruz Ochoa. Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Presidente de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales en el Congreso CIENCIAS FORENSES93.

Page 41

Estimados amigos:

Contrariamente de lo que pueda quizás pensar este auditorio, no voy a ofrecer cifras que reflejen la cruda realidad de cómo el delito crece en América Latina, ya sea en sus manifestaciones convencionales como en las distintas variantes del llamado crimen organizado, no sólo el narcotráfico, quizás la más peligrosa manifestación del delito organizado, sino otras más tradicionales o novedosas que pueden ser aparentemente menos peligrosas como el juego, la usura, prostitución, tráfico ilícito de armas, contrabando de objetos de arte y piezas arqueológicas hasta el tráfico de órganos humanos para el trasplante que, según un reciente estudio de Naciones Unidas, se ha convertido en una actividad más del crimen organizado, dado que en los países desarrollados como Estados Unidos, en 1991 existían 24 000 personas en espera de recibir trasplante y, por supuesto, la gran cantidad de personas indigentes y sin hogar, incluso niños, que viven en las calles de las grandes ciudades, en especial en países en desarrollo, constituyen fuente de abastecimiento de dichos órganos para trasplantes; incluso hoy se trata de buscar tecnología para que los órganos puedan transportarse a largas distancias.

Esto es un breve reflejo de cómo crece el delito en América Latina. Por supuesto, podríamos preguntarnos qué hacen nuestros Estados para enfrentar esta situación que tanta influencia negativa ejerce en el modo de vida y estabilidad de nuestros países.

Pienso que puede ser útil en este Congreso exponer a ustedes cómo vemos esta realidad latinoamericana y qué puede hacerse para combatir con más eficacia este grave fenómeno social, que por supuesto, no puede verse alejado de las realidades económicas de una región, que como indica CEPAL, del crecimiento de su Producto Bruto Interno, sólo se beneficia el 25% de la población de la región, dando lugar esta circunstancia, al decir de Juan Pablo II, que América Latina sea la región del mundo donde las tensiones sociales llegan al máximo, y donde resulta imposible controlar la violencia criminal si no se revierte el proceso de desajuste de las estructuras económicas y políticas.

Nuestro subcontinente, salvo raras y honrosas excepciones, carece de una política criminal coherente para enfrentar el fenómeno del delito. Esto es Page 41 una consecuencia, a su vez, de que la mayoría de nuestros países carecen de una política social y, por supuesto, no puede haber política criminal si no hay una "política social" satisfactoria dentro de la cual aquella está comprendida; esto explica la carencia entre otras, de una prevención del delito que se desarrolle tanto a nivel primario, como secundario y terciario, que bien articulada y donde, por supuesto, se te dediquen los recursos suficientes acorde a las posibilidades de cada país que pueda evitar que núcleos sociales y personas con especial proclividad al delito por diversos factores, puedan caer dentro de la espiral delictiva que los convierte en delincuentes profesionales. Por el contrario, lo frecuente es ver reducido el concepto de prevención a las medidas físicas que tratan de diseñar las áreas urbanas como verdaderas junglas llenas de rejas, vigilantes y sistemas de alarmas que preserven la tranquilidad de la clase media y alta de los núcleos urbanos. Esta es una visión tecnocrática y elitista de la prevención muy extendida en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas.

El concepto acerca del papel de las fuerzas policiales no es más favorable. Buena parte de estas tuerzas se caracterizan por la corrupción, el abuso de poder y la falta de tecnificación policial, y es específicamente en este último donde reside la eficacia preventiva de la policía. El abuso de autoridad del poder policial no es más que el empleo de la fuerza contra una criminalidad cada día más inteligente y hábil. La policía debe mejorar su profesionalización en lo que son sus responsabilidades específicas: orden público, seguridad ciudadana e investigación criminal, esta última actividad, bajo la supervisión y control del juez o fiscal, de acuerdo al sistema procesal de cada país.

Los problemas de la administración de justicia son bien conocidos: se le pudiera caracterizar, en la mayoría de los países, como una institución en crisis sin capacidad para afrontar la congestión de casos en los despachos judiciales, la cual resulta en una creciente lentitud en los procesos y una pobre imagen ante el público. Es muy común también los procesos penales como verdaderos "juicios a expedientes", en que cada caso no más que unas cuantas fojas cosidas, en que el procedimiento escrito mantiene al Tribunal aislado por completo del procesado y de las circunstancias en que la función judicial se delega en empleados y funcionarios menores y en que cada procesado es un número de la carátula, alejado de todo humanismo como centro que debe ser de la actividad de la justicia

El sistema penitenciario, sin exageraciones, puede calificarse de "dantesco". La superpoblación carcelaria es un mal endémico en la región, con su secuela de *prisonización" o infección criminal. La prisión preventiva de excepción Pasó a ser regla, el sistema post-institucional carece de eficacia, y donde funciona, es obstruido por el sistema policial, que ante cualquier situación operativa especial, suele lanzarse a una verdadera "cacería" de los liberados, considerándolos como sospechosos permanentes.

Todos estos efectos engendran la impunidad que se agudiza cuando aparecen tensiones sociales graves. La impunidad hace que se incrementen las penas Page 42 en forma irracional, pensándose siempre como solución una mayor penalización del delito. Esta disparatada regla es la fuente de un derecho penal "del miedo" que se pretende, utópicamente y desorientadamente, que resuelva todo el problema de la impunidad. Otras formas socorridas son las detenciones sin término, las operaciones policiales, dirigidas selectivamente hacia determinados tipos de delincuentes, o sea, lo que un penalista latinoamericano llamó en su día los ataques "epilépticos" del sistema de justicia.

Ante este apocalíptico cuadro, cabría preguntarse ¿pueden funcionar mejor las cosas? Nuestro punto de vista es que sí, por supuesto sin pensar que hay 'varitas mágicas" y que el sistema puede funcionar perfectamente de la noche a la mañana; lo importante no es lograr una cura relámpago y milagrosa, lo que debemos es cambiar los conceptos, pasar de la cultura de la represión a una actuación donde la prevención sea nuestra principal prioridad y utilizar la represión cuando esta última sea absolutamente imprescindible como ultima ratio que deba tomar el Estado ante transgresiones graves del orden social.

Es también imprescindible enfrentar el fenómeno del delito con una política comunitaria y no pensando que es un fenómeno de la incumbencia exclusiva de la policía, fiscales y jueces, sino que es indispensable una participación activa de la sociedad.

Debemos procurar que la población recupere su confianza en la justicia penal, la que se considera muchas veces como demasiado indulgente y algunas veces como demasiado severa; para ello, el sistema debe estar apegado a la realidad social, evitar los ataques de "esquizofrenia social" y considerar en su conjunto la elaboración de una política criminal que actúe bajo los principios de racionalidad, planificación y democratización.

En este contexto de ideas es indispensable la participación comunitaria; la ciudadanía debe asumir el papel activo en la prevención del delito, incluso en la procuración y administración de justicia.

Para lograr la corresponsabilidad Estado-Comunidad, el primero debe motivar a la población a ser parte activa, para lo cual los medios de comunicación son esenciales, a fin de crear un ambiente social psicológicamente ideal en este proceso de motivación. Por otra parte, es importante mencionar que los medios de comunicación también actúan de tres maneras básicas con el sistema de justicia penal; a saber: a) divulgar la información relativa a los procesos; b) constituye un foro de debate público y c) configuran la opinión pública acerca de los problemas de justicia penal. Una actuación responsable de los medios de comunicación, es esencial en el desarrollo de cualquier política criminal, la alarma innecesaria y, sobre todo, las tendencias que tratan de llevar a la opinión pública la represión como única solución para enfrentar el delito.

Page 43

La política criminal comunitaria debe lograr:

- Participación de la comunidad en la toma de decisiones fundamentales sobre política criminal.

- colaboración de la sociedad en la prevención del delito, empezando en la familia, continuando en la escuela y terminando en la comunidad.

- Colaboración de la población con las autoridades policiales y judiciales. Hay que motivar a la población a denunciar los delitos y a cooperar en la investigación de los mismos.

- Participación en la ejecución de sanciones y tratamiento post-carcelario. Es necesario dar oportunidad a los reclusos para la reinserción en el medio social y laboral.

En cuanto a la administración de justicia se necesita una reforma a fondo que debe comenzar por una genuina participación comunitaria, especialmente en los delitos de poca monta, potenciar una justicia rápida, personalizada, comunitaria, inmediata que se ocupe de pequeñas conductas dañinas y aplique los modelos de control contemporáneos antes que la privación de libertad, la cual sólo debería ser utilizada con reincidentes en estos casos menores.

Tampoco debemos pensar que unilateralmente algunos de los caminos más socorridos darán resultado; la experiencia ha demostrado que los aumentos de plantilla y de presupuesto por si solo, no resuelven los problemas, las computadoras por si no son solución, como tampoco lo es utilizar como vía única la capacitación. Mucho menos aceptable es buscar en la degradación de las garantías procesales el camino para una buena administración de justicia.

Lo adecuado es plantearse una reforma estructural y sistemática que ubique a la justicia en su lugar institucional y que abarque todas tas aristas de su actividad.

No puede olvidarse el sistema penitenciario. Es necesario que éstos se conviertan en verdaderos centros de rehabilitación y reinserción social, donde el sancionado tenga posibilidades de trabajar, de desarrollarse culturalmente, todo ello bajo tres principios esenciales: legalidad, instalaciones adecuadas y el personal idóneo.

Mencioné al principio de mi intervención, que en esta descripción había excepciones, y es cierto, hay experiencias positivas en algunas áreas en países aislados y hay otras que abarcan un universo mayor. Hay también, y es de suma importancia, un pensamiento crítico y progresista que enfocan el delito como un problema social, con propuestas de soluciones sociales y democráticas. Esto, pienso, es lo más esperanzador.

En cuanto a Cuba, no es mí deseo ser apologético, sólo quisiera mencionar que en mi opinión es importante que en nuestro país, a pesar de lo controversial que es el diseño y ejecución de una política criminal y mucho más cuando esta se desarrolla en el medio de una situación económica compleja y difícil como la que actualmente estamos viviendo, hay principios fundamentales que Page 44 están consolidados y que son los pilares de ella. Estos son: Prevención del delito y participación comunitaria. En el país existen y se desarrollan sistemas de vigilancia física de amplía participación comunitaria como el Sistema Único de Vigilancia y de prevención social orientados por las Comisiones de Prevención y Atención Social, que se ocupan, a lo largo y ancho de todo el país, de la prevención hacia aquellos grupos de mayor vulnerabilidad.

Un sistema penal que sus componentes, si bien no han alcanzado el grado de profesionalización requerido, lo tienen como meta y nacen, y deben hacerlo cada día más, de la superación parte de su actividad diaria.

Un derecho penal que no quiere abandonar su papel de ultima ratio y que lucha día por día por convencer a la opinión pública que el delito y la sanción penal no es el "curalotodo" de cualquier indisciplina social.

La justicia, que tomó desde hace años la legalidad, la individualización y la proporcionalidad como sus banderas, tampoco ha abandonado, ni abandonara estos principios; creemos firmemente en que la disminución de la impunidad sólo puede lograrse integralmente y no a base del aumento desmesurado de las sanciones. El Estado no escatima recursos para, dentro de las dificultades actuales, lograr que el sistema de justicia funcione con eficiencia.

Estamos también por una gran participación comunitaria y decimos que cada día debe haber mayor participación comunitaria.

Nuestro sistema penitenciario, es, sin duda, y esto lo han afirmado muchos especialistas, el más avanzado como sistema en Latinoamérica. No dudamos que haya experiencias aisladas superiores y sabemos que existen, pero integralmente nos atrevemos modestamente a decir que el cubano ha logrado cosas que en otros países son quimeras.

Por supuesto, todo esto se desarrolla en un contexto difícil donde el bloqueo y hostigamiento de la gran potencia del norte, juega un rol decisivo; no obstante. los pilares de nuestra justicia siguen erguidos. Podrán producirse manifestaciones de desviaciones, pero lo esencial de la política criminal permanece y está consolidada porque ella es la que es consecuente con el humanismo y la justicia de nuestro proyecto social.