Notijurídicas
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Los avances operados en la labor de los Bufetes Colectivos, fueron reconocidos por José Ramón Machado Ventura, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al intervenir ante la Asamblea General de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, celebrada en EXPOCUBA durante los días 7 y 8 de junio del 1990 y donde se hiciera un balance de los cinco años de mandato.
Machado calificó esa gestión como cualitativamente superior en relación con igual período anterior, y destacó el alto componente joven con que cuenta hoy la abogacía en Cuba, así como su - mayor organización y calidad en los servicios prestados a la población. También examinó los apremios actuales y exhortó a la nueva Junta Directiva electa en ese cónclave a agotar los análisis y tomar las decisiones conducentes a solucionar los problemas de esta nueva etapa.
La clausura de esta importante reunión estuvo a cargo de Carlos Amat Forés, Ministro de Justicia, quien entre otros análisis sobre las sesiones de trabajo en las que participara, señaló que en los Bufetes Colectivos ha primado el sentido del deber profesional y dignidad que revelen un espíritu y conciencia nuevos.
En el foro en el que participaron más de 140 delegados elegidos en la base en todas las provincias del país y un grupo dé personalidades invitadas, vinculadas con esta esfera, fueron minuciosamente debatidos los puntos de la agenda con fructífero íntercambio Page 150 de criterios y experiencias que condujeron a tomar medulares acuerdos para el más eficaz funcionamiento de la Institución.
También se adoptaron cuatro importantes resoluciones. Una, dirigida a garantizar la permanente calidad del servicio, otras se refieren a la organización y funcionamiento de los Equipos de Trabajo en los Bufetes; al apoyo y dedicación constante por elevar a planos superiores el ejercicio de la abogacía en el cumplimiento de los principios justos y humanistas de nuestra Constitución Socialista; y de condena a la agresión televisiva y radial del Gobierno de los Estados Unidos de América, contra Cuba.
Emiliano Manresa Porto fue ratificado como Presidente de la Junta Directiva de la ONBC, electo durante la Asamblea General, máximo órgano de dirección de la Institución.
De igual forma, Orlando Lorente Ferrera y José Musa Mauad para los cargos de Vicepresidente Primero y Vicepresidente respectivamente; Juan R. Mendoza, como Secretario. Completan el nuevo órgano rector, por un lustro, Jorge Luis Lorenzo, Longino Pérez y Reynaldo Alvarez.
Significativa expresión de satisfacción constituyó en la sesión de clausura -que fue hecha coincidir con el Día del Trabajador Jurídico- la especial felicitación que se cursara a todos los presentes y demás trabajadores de esta actividad, en la nación.
La primera sesión ordinaria de la Asamblea General, correspondiente al nuevo período de mandato, se celebró recientemente el 27 de febrero del presente año 1991, con una elevada participación de delegados, donde se pasó balance al cumplimiento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior, rindió cuenta la Junta Directiva Nacional, se analizó la ejecución del Presupuesto de la Organización, correspondiente a 1990 y también fue aprobado el de 1991 y los Lineamientos de Trabajo.
Durante su desarrollo se contó con la presencia de José R. Machado Ventura, miembro del Buró Político, Carlos Amat Forés, Ministro de Justicia, Ramón de la Cruz Ochoa, Fiscal General de la República, José R. Amaro Salup, Presidente del Tribunal Supremo Popular, Zenaida Osorio Vizcaíno, presidenta de la UNJC y Oficiales del MININT, entre otros invitados del Partido, Gobierno y CTC.
Corresponde la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General celebrarse en el primer trimestre de 1992.
En un laborioso ambiente reflexivo e investigativo, polémico y camaraderil se desarrollan los encuentros de carácter científico-técnico entre juristas y economistas de la capital, auspiciados por la UNJC y la ANEC (Unión Nacional de Economistas de Cuba).
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Estas actividades de superación técnica comenzadas desde 1990 y programadas periódicamente para este año, permiten la discusión viva, el análisis y la reflexión sobre diversos temas económicos y jurídicos, que constituyen intereses comunes de los profesionales de ambas especialidades y a la vez favorecen la comprensión de importantes problemas contemporáneos en las condiciones actuales de nuestro país, dentro del contexto continental y mundial.
Uno de estos eventos tuvo lugar el 6 de abril en la sede de la Unión Nacional de juristas de Cuba (UNJC), contando con la participación de más de cien especialistas de ambas disciplinas, lo cual permitió un rico y profundo debate sobre las ponencias presentadas.
Inaugurado el Encuentro por el Candidato a Doctor José Peraza Chapeau; el Licenciado Alfredo Blanco especialista del Banco Nacional de Cuba, desarrolló la ponencia sobre Los Acontecimientos Integracionistas en Europa Occidental y su repercusión económica y jurídica en las relaciones internacionales.
La situación Económica de América Latina fue el tema expuesto por el Lic. Santiago Díaz Paz, del BNC y por su parte Araceli Sito Cabo, Sistematizadora Global del Comité Estatal de Finanzas y profesora titular de la Universidad de La Habana, abordó el tema sobre La Eficiencia Económica Empresarial y su Perfeccionamiento.
José A. Sánchez, Ingeniero-Economista y especialista del Comité Estatal de Abastecimiento Técnico-Material, desarrolló un interesante trabajó acerca del Programa de Economía Material en el contexto del Período Especial en que se encuentra nuestro país.
Las intervenciones sobre cada tema, aportes enriquecedores, aclaraciones y criterios apuntados, dieron al evento un singular contenido creador, en beneficio de nuestra Sociedad Socialista.
® El 23 de febrero se llevó a cabo en el local de la Unión Nacional de Juristas de Cuba el Seminario "Sistema Electoral y Democracia", organizado por la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo.
Se presentaron tres ponencias referidas al Sistema Electoral Cubano, el Sistema Electoral de Estados Unidos y algunos de los Sistemas Electorales de América Latina, expuestas por la C. Dr. Isabel Cristina Varona Fragüela, la Lic. Soraya Castro y la Lic. María de los Ángeles Vizoso, respectivamente.
El desarrollo de la actividad se caracterizó por un amplio debate por parte de los participantes y especialistas de la materia, elaborándose Page 152 una serie de propuestas que llevaron al análisis de los presentes a los fines de posibilitar el perfeccionamiento de la Legislación Electoral cubana vigente.
En el mes de marzo, en acto solemne en la Casa del Jurista de Santiago de Cuba, quedó constituido el Capítulo Provincial de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, el que estuvo presidido por el C. Dr. Eduardo Lara Hernández, presidente de la Sociedad y el Lic. Arnel Medina Cuenca, presidente del Buró Ejecutivo de la UNJC en la provincia.
El acto contó con la asistencia de una nutrida representación de jueces, fiscales, asesores y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente.
La directiva del Capítulo quedó integrada por los licenciados Héctor Suárez Granda, presidente; Ángel Marino Castellanos, vicepresidente y Josefina Méndez López, secretaria.
La ocasión fue propicia para la entrega de certificados acreditativos de miembros de número a juristas santiagueros que se han destacado en el estudio y la investigación en esas especialidades del Derecho.
Con posterioridad se efectuó un seminario debate sobre "Sistema Electoral y Democracia en Cuba", a partir de una interesante ponencia del Dr. Lara, la que suscitó numerosas intervenciones que contribuyeron a la riqueza del debate.
La Corte de Arbitraje de Comercio Exterior de Cuba se está reorganizando y reforzando de forma que pueda desempeñar plenamente el papel que a nivel internacional se le asigna y en particular que sea un apoyo eficaz a los intereses, tanto de las empresas cubanas como de las firmas extranjeras.
Tal anuncio lo hizo en La Habana el presidente de esa entidad, Carlos A. Montalván Mora, al resumir el acto de celebración del aniversario 25 de la constitución de la Corte, adjunta a la Cámara de Comercio de Cuba, que es la única y exclusiva instancia en el país creada para atender y resolver los conflictos que puedan surgir en la actividad de las relaciones económicas internacionales.
La Corte de Arbitraje -continuó-, está en disposición de cumplir el papel que se le ha asignado por la ley y tiene la disposición y la voluntad de ofrecer sus servicios a las firmas y empresas comerciales de otros países que hacen operaciones con Cuba.
Al terminar el discurso, se entregaron diplomas a cinco miembros de la Corte, en presencia del ministro de Justicia, Carlos Amat Forés; el presidente del Tribunal Supremo Popular, Raúl Amaro Salup, y el presidente de la Cámara de Comercio, Julio García Oliveras.
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Del 25 al 29 de marzo se recibió en la sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el cuarto grupo de colegas puertorriqueños, procedentes de la Universidad Católica de Ponce, con el fin de conocer el ordenamiento jurídico cubano e intercambiar criterios sobre la problemática jurídica en general.
Se les impartió un conjunto de conferencias por experimentados especialistas, miembros de la UNJC, sobre la evolución de las instituciones jurídicas en Cuba, la Constitución cubana de 1976, el Sistema Judicial cubano, la justicia penal en Cuba y las instituciones del Derecho de Familia.
Visitaron la Universidad de La Habana, el Bufete Colectivo de Plaza, en el Vedado, el Hospital Psiquiátrico y asistieron a un juicio penal en el Tribunal Provincial Popular de Provincia Habana. En este contexto conocieron la práctica de la aplicación del Derecho y pudieron evacuar sus inquietudes y preguntas sobre el ejercicio de la abogacía, la formación de las futuras generaciones de juristas y la forma de impartir la justicia en Cuba.
Al mismo tiempo, el Dr. Carlos Rivera Lugo, Decano de la Universidad Católica de Ponce, ofreció una conferencia sobre el Plebiscito en Puerto Rico y los asistentes al Seminario participaron en un encuentro con el Dr. Ramón Sánchez Parodi, Viceministro de Relaciones Exteriores acerca del tema de las Relaciones Cuba-Estados Unidos de América.
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A finales del mes de abril, en la sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, se presentó el libro "La Bicentenaria Constitución Norteamericana" del eminente jurista y diplomático doctor Ángel Domingo Ferrás Moreno, miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional.
Presidieron el acto el Doctor en Ciencias Jurídicas Miguel A. D'Estéfano Pisani y la C. Dr. Olga Miranda Bravo, en su condición de presidente y vicepresidente, respectivamente de la Sociedad.
Por la Editorial de Ciencias Sociales el compañero Alfredo A. Sicre Rivas, hizo la presentación de este título, del cual es el editor.
Ante una nutrida concurrencia, el autor destacó en una breves palabras el carácter de su obra, resultado de una seria investigación acerca de la Constitución norteamericana de 1787, donde hace un estudio de los elementos estructurales de esta Ley Suprema, así como incluye también un apéndice con el texto completo de la Constitución y de sus enmiendas.
En sencillo pero emotivo acto, en la sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Fiscalía General de la República dio posesión de sus cargos a un grupo de compañeros que, designados por el Consejo de Estado, recibieron su investidura de fiscales, unos para cumplir $u primer período y otros que se ratifican para un nuevo mandato.
Presidió la ceremonia el Dr. Ramón de la Cruz Ochoa, Fiscal General de la República.
El Doctor Heberto García López. en nombre de los fiscales ratificados y designados dio lectura al compromiso que estos hicieron al recibir su investidura.
Heberto García López, Ángel Ortiz Nodarse, José Candia Ferreyra, Raúl López Pertierra, María A. Raíces Pérez, Jesús García Simón, Sara Pérez Kasparían, Ángel Aguión Méndez, Manuel Castellanos Herrera, Héctor Castañeda Pérez y Carlos A. Interián.
Del 12 al 15 de marzo de 1991, se realizó en Brasilia el encuentro sobre la Paz en el Medio Oriente y el Nuevo Orden Internacional, Page 155 convocado por la Asociación Americana de Juristas y la Orden dos Avogados do Brasil. En el encuentro participaron especialistas de Universidades, representantes de las entidades convocantes, así como de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD), del Movimiento Internacional de Juristas Católicos, de la Comisión Internacional de Juristas, de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, del Núcleo de Estudios Estratégicos de la Universidad de Brasilia, y de otras entidades y órganos de prensa.
Durante el Encuentro se analizaron los antecedentes históricos del conflicto en la región en que se encuentran las más importantes reservas de petróleo del mundo (56 %), y un área político-militar estratégica.
La división artificial de la región, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de Estados nacionales, contrariando la identidad cultural y religiosa de sus pueblos, generó permanentes conflictos.
La invasión de Kuwait por Iraq, independientemente de la legitimidad o no de las causas invocadas, fue una violación del Derecho Internacional y provocó un peligro inmenso a la paz y la seguridad internacional que conmovió hasta sus bases el sistema de las Naciones Unidas. El presidente de los EE.UU. autoasumió el liderazgo de la respuesta. Impuso su voluntad a sus aliados y al resto del mundo, consiguiendo que el Consejo de Seguridad convalidase su irreductible decisión de resolver el conflicto mediante la guerra contra Iraq. Todas sus declaraciones, desde el día de la ocupación de Kuwait, y su rechazo a las diversas iniciativas de paz, indican el objetivo de establecer el dominio militar de la región por los EE.UU. y con ello asegurar el control de las reservas petrolíferas, la liquidación de su arsenal de armamento convencional, la monopolización de la mayor parte de los trabajos de reconstrucción, y una nueva carrera armamentista para "generar empleos en su país, que experimenta una aguda recesión. Además, la región sirvió como banco de pruebas de las armas más nuevas v sofisticadas. La manifestación del presidente de los EE.UU. de que su país es el único con autoridad moral y capacidad material para asegurar el nuevo orden mundial expresa una concepción de superioridad repugnante a la conciencia de la humanidad. Es inconcebible la existencia de amos y súbditos en la comunidad de naciones.
Los participantes del Encuentro expresan su profunda preocupación por la asimetría entre la premura y el exceso de las sanciones dispuestas por el Consejo de Seguridad, en comparación con la tolerancia y la retórica con que enfrentó otras situaciones de igual o mayor gravedad para la paz y la seguridad internacional. Especialmente grave resulta la violación de la Carta de la O.N.U. en el dictado de la Resolución 678, que por primera vez autoriza el uso Page 156 de la fuerza armada, y delega las responsabilidades del Consejo en el Gobierno de los EE.UU. Esa delegación se acrecentó con la absoluta falta de control de las acciones, que permitió a ¡as fuerzas dirigidas por el titular de la Casa Blanca la destrucción sistemática de la infraestructura económica y productiva de Iraq y Kuwait, provocando un verdadero holocausto de decenas de miles de muertos, heridos, mutilados, millones de seres humanos privados de alimentación, agua potable, medicina, vivienda, y daños inmensos a su patrimonio histórico- cultural-religioso, y al medio ambiente de la región y del mundo. Todos esos daños, y sus secuelas, deben ser debidamente indemnizados por los responsables.
Los participantes consideran que ha llegado el momento de democratizar el sistema de las Naciones Unidas, afirmando el principio de la igualdad soberana de todos los Estados, que requiere, entre otras cosas, suprimir el privilegio del veto establecido a favor de cinco países, cualquiera de los cuales tiene capacidad para imponer su decisión a la voluntad del resto de los 170 países integrantes. Requiere además la ampliación del número de miembros del Consejo de Seguridad, y de las atribuciones de la Asamblea General otorgándole a ésta la decisión exclusiva sobre la autorización para el uso de la fuerza armada. Es imprescindible establecer nuevos mecanismos que permitan a la Corte Internacional de Justicia asegurar el cumplimiento de sus sentencias. Sería un estímulo a la confianza internacional en el Derecho la ejecución de la condena de la Corte en el caso "Nicaragua vs. EE.UU." La democratización de las relaciones internacionales debe extenderse a las diversas organizaciones multilaterales, especialmente al Banco Mundial v al F.M.I., entidades cuyas resoluciones fundamentales dependen de la voluntad unilateral de los E.U.A. Constituye un imperativo la unidad e integración latinoamericana para que los países de la región puedan influir en la democratización de las relaciones internacionales.
Los participantes constataron que para la guerra la destrucción y la muerte, los países desarrollados contribuyeron en pocos días con decenas de miles de millones de dólares, mientras se niegan sistemáticamente a brindar el más mínimo alivio a la terrible degradación de las condiciones de vida de los miles de millones de seres que habitan en el Tercer Mundo. Por el contrario, siguen extrayendo su sudor y su sangre, a través de "las políticas de ajuste" impuestas por el FMI y el BM.
Los participantes condenan la propaganda belicista en que fue transformada gran parte de la información sobre la guerra en ciertos medios de comunicación de masas, y la censura establecida Page 157 como parte de la planificación de la guerra, por la principal fuerza militar que condujo las acciones bélicas. Este control de noticias e imágenes constituye una flagrante violación del derecho de los medios de comunicación de informar al público.
Los participantes afirman que así como se adoptaron sanciones severísimas contra Iraq, para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, el Consejo de Seguridad tiene la obligación de actuar con rapidez y eficacia -sin recurrir al uso de las armas- para imponer:
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El cumplimiento por el Estado de Israel de las antiquísimas resoluciones que ordenan la devolución de los territorios ocupados de la franja de Gaza, Cisjordania y las Alturas del Golán, y la internacionalización de Jerusalén.
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El derecho de autodeterminación del pueblo Palestino.
C) El cumplimiento por el Estado de Israel de las Convenciones de Ginebra, respecto a la población de los territorios ocupados.
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La retirada de las tropas sirias e israelíes del Líbano, permitiendo la autodeterminación, independencia, integridad y soberanía de este país.
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El respeto por todos los demás Estados de la región de las fronteras del Estado de Israel, legitimadas por las Naciones Unidas.
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La autodeterminación del pueblo kurdo.
Entienden que el medio más adecuado es la convocatoria inmediata de una Conferencia de Paz para el Medio Oriente, con la presencia de todas las partes interesadas, entre ellas la O.L.P., como única y legítima representante del pueblo palestino, reconocida por la O.N.U. y por 130 naciones.
Reafirman que el Derecho Internacional es esencial para la convivencia civilizada de los pueblos y los Estados. Las Naciones deben asegurar el cumplimiento de los propósitos enunciados en su Carta constitutiva, de mantener la paz y la seguridad internacional; fomentar relaciones de amistad entre las naciones basadas en el respeto a la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos; a realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario; y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión (Art. 1* de la Carta).
Ratifican que de conformidad con la Carta de la O.N.U., está vedado a cualquier país el uso individual o colectivo de la fuerza. Las resoluciones de las Naciones deben ser ejecutadas bajo la Page 158 autoridad y responsabilidad de sus órganos y de acuerdo con el procedimiento establecido.
Reclaman la retirada de las tropas de ocupación estadounidense de Panamá, y la indemnización a este país y a las víctimas civiles por los daños ocasionados por la invasión y por los demoledores bombardeos de los atacantes.
Los participantes del Encuentro instan a todos los Estados para que eliminen los arsenales de armamentos de destrucción masiva y que reduzcan los presupuestos de defensa, según mecanismos, tiempos, y controles acordados, que garanticen la seguridad recíproca, y destinen los ahorros obtenidos al desarrollo, con respeto a la decisión soberana de cada Estado para definir sus pautas.
Reclaman la anulación de la deuda externa de los países en vías de desarrollo -cuestionada en su legitimidad- haciéndose cargo el Estado al que pertenecen las entidades financieras acreedoras de recompensar en su justa medida, a las que justifiquen la legitimidad de sus créditos.
Proponen que los recursos resultantes de estas conquistas para los países deudores, se utilicen de la manera más apropiada desde el punto de vista social y de desarrollo nacional, y de salvaguardia y mejora del medio ambiente mundial.
Expresan que es deber de todos los gobiernos, especialmente de los de países desarrollados, contribuir para implementar en la práctica los enunciados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, especialmente los referentes a la obtención de niveles de vida más elevados para todos los pueblos, la promoción del progreso económico y social de todos los países, eliminando la distancia entre los desarrollados y los que aspiran a serlo.
Señalan la necesidad de perfeccionar el Derecho Internacional creando estructuras jurídicas capaces de actuar preventivamente en la solución de los conflictos y controversias.
Finalmente, los participantes del Encuentro se comprometen a profundizar el análisis para lograr esos objetivos en la Novena Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas a realizarse del 5 al 9 de junio en Porto Alegre, Brasil, como una contribución de los juristas, economistas, cientistas sociales y políticos, para la construcción de un nuevo orden internacional para todos los pueblos y países del planeta, donde hombres y mujeres se realicen integralmente, en libertad, alcanzando su verdadera condición humana.
Brasilia, D.F., 15 de Marzo de 1991
