Las dificultades en la ejecución de reglamentos ambientales: la cláusula de retribución de la constitución de los Estados Unidos
| Author | Dr. James L. Walker; Dr. Edward A. Fitzgerald |
| Position | Wright State University Dayton, Ohio, Estados Unidos |
| Pages | 159-160 |
Resumen de la ponencia presentada a la Primera Conferencia Científica de Derecho Ambiental, Holguín, Cuba, 1997.
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Durante la década de los 60 y en los primeros años de los 70, Estados Unidos experimentó una revolución virtual en su actitud hacia el medio ambiente. Asustados de la posibilidad de una primavera silenciosa y castigados por la crítica de su manejo libertino de recursos naturales, las varias administraciones de los Estados Unidos aprobaron 22 reglamentos monumentales del medio ambiente que fueron sin precedentes en su alcance y en su aplicación. Los estados de la Unión, ya animados y a veces coaccionados por el orden del día nacional, aprobaron, por su propia parte, cientos de reglamentos semejantes.
Durante los 80, y en la década actual, aunque muchas de estas leyes han sido renovadas y modificadas, el ardor revolucionario que las llevaba a su promulgación ha sido moderado mucho por toda una constelación de fuerzas, la no menos importante siendo un movimiento general hacia el lado derecho en la política estadounidense y una demonificación de los reguladores ambientales. Esto ha sido efectuado principalmente por intereses corporativos de las empresas grandes, que funcionan con la ayuda de los medios de comunicación sumisos. Por una campaña coordinada que representa a los americanos como oprimidos con tributos, excesivamente reglamentos e inclusive tiranizados por su propio gobierno, estas fuerzas han tenido éxito en debilitar, si no deshacer totalmente, el consenso nacional que ha sido elaborado durante las últimas tres décadas para buscar un medio ambiente más limpio y saludable.
El núcleo de este ataque contra los «ecologistas radicales», como a menudo se les llaman, ha sido la dicotomía falsa entre la prosperidad económica, es decir, trabajos, y un medio ambiente limpio. Las fuerzas anti-ambientalistas han llamado en favor de análisis costo-beneficio de los reglamentos para contrapesar las declaraciones del impacto ambiental. Estas mismas fuerzas, al lado de campañas de relaciones públicas bien sofisticadas, y contribuciones monetarias enormes a legisladores claves e inclusive Page 160 ataques contra programas educaciones y científicos ambientalistas, se quedan bien armadas y están tomando la ofensiva.
Discutiremos uno de los componentes más interesantes de la cultura legalista de los Estados Unidos, lo que milita contra la ejecución vigorosa de protecciones ambientales, esperando que este componente interese a nuestros colegas del campo de Derecho Ambiental. Es una cláusula relativamente poco conocida de la Constitución de los Estados Unidos que fue ideada para proteger a individuos de la requisa o confiscación arbitraria y no compensada de su propiedad privada. En el lenguaje coloquial se refiere a la cláusula de retribución. Es una parte de la Quinta Enmienda de la Constitución. Aunque directamente restringe solamente al gobierno federal, a partir de 1868, al aprobar la cláusula del procedimiento debido de la decimacuarta enmienda, ahora también restringe la acción de los estados individuales.
Durante los últimos años, los tribunales, tanto federales como estatales, han demostrado más y más una buena voluntad para considerar la idea de que esta cláusula sirva como barrera para la ejecución gubernamental de reglamentos ambientales contra los dueños de propiedades, muchas veces dueños corporativos de propiedades para la protección ambiental, y en que los tribunales juzgan que el gobierno ha sobrepasado sus derechos, se han llamado retribuciones ambientales. Por supuesto, en los Estados Unidos, los dueños corporativos de propiedades tienen esencialmente los mismos derechos que los dueños privados, aunque en el momento de redactar la cláusula de retribución esto seguramente no fue proyectado.
Aún más amenazador al movimiento ambientalista es que el despertar por parte de los promotores y de los contaminadores del potencial para llevar casos ante los tribunales, junto con las sobredichas contribuciones monetarias a ciertas campañas políticas, ha incitado un Congreso por otra parte inerte y ha estimulado varias asambleas legislativas estatales a tomar medidas de parte de sus electores, que de repente se sienten amenazados por un gobierno hambriento y listo para confiscar territorio. Las mismas asambleas que hace pocos años resonantemente aprobaron resoluciones para el día de la Tierra y aprobaciones para salvar las ballenas hoy día están presentando legislación con títulos como El decreto para la restauración de la propiedad privada. No es el gobierno que se ha cambiado sino el clima político y electoral al cual tienen que dar los legisladores.
Es nuestro objetivo repasar la historia de la cláusula de retribución como un límite a la protección ambiental durante los últimos años, de discutir algunos casos recientes y otros asuntos todavía por resolver, y finalmente de sugerir algunas aproximaciones alternativas a las retribuciones reguladoras, las cuales están más en armonía con el propósito original de la cláusula de retribución.
