VIII Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente
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Del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, se celebró en La Habana el VIII Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que contó con la presencia de más de 1 000 delegados en representación de 125 países y de organizaciones diversas.
La sesión de apertura de este Congreso estuvo a cargo del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, quién en nombre del gobierno y el pueblo de Cuba se dirigió a los delegados.
La Secretaria General del Congreso y Directora General de la Oficina de la ONU de Viena, Margaret Joan Anstee, procedió a la apertura de las sesiones de trabajo que se desarrollaron bajo el tema "La cooperación Internacional en Materia de Prevención del Delito y la Justicia Penal para el Siglo XXI."
Intervino también en dicha sesión, el señor Antoine Blanca, Director de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional de la ONU, quien dio lectura al mensaje que el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, envió al VIII Congreso.
Ese mismo día los delegados eligieron como presidente del cónclave al Dr. Juan Escalona Reguera, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de Cuba.
Posteriormente se discutió el tema "La prevención del delito y justicia penal en el contexto del desarrollo; realidades y perspectivas Page 6 de la cooperación internacional", en sesión plenaria que encabezó el Dr. Escalona, y se formaron dos comisiones, una que dirigía Bo Svensson, de Suecia, y otra bajo la dirección del japonés Minoru Shikita. Ambas comisiones analizaron políticas de justicia penal en relación con los problemas de las penas de prisión, otras sanciones penales y medidas sustitutivas; medidas nacionales e internacionales eficaces contra la delincuencia organizada y las actividades terroristas criminales; prevención de la delincuencia, justicia de menores y protección de la juventud y directrices de la ONU en materia de prevención del delito y justicia penal.
Igualmente, el Congreso analizó cuatro proyectos de resoluciones relativas a la prevención de la delincuencia urbana; la cooperación internacional para la prevención del delito; el papel del Derecho penal en la protección del ambiente, etc.
Un informe sobre la necesidad de la creación de un programa eficaz en materia de delincuencia y justicia internacional, exponía las dimensiones y la naturaleza del delito transnacionalizado, así como señalaba que la actual respuesta internacional es inadecuada para resolver el problema, por lo que se requiere aplicar un programa internacional para enfrentar este fenómeno que se agrava.
Asimismo, se sometió a discusión un manual de medidas prácticas contra la corrupción
De sumo interés fue el debate del tema sobre el terrorismo y la delincuencia organizada, reconociendo los delegados que debe priorizarse este problema y proponiendo iniciativas para Page 7 impedir la internacionalización de estas manifestaciones delictivas, además de primar en las discusiones el interés por la cooperación internacional para frenar el auge de ciertas formas de delincuencias.
Uno de los aspectos que despertó fuertes discusiones fue el relativo a la delincuencia juvenil y la justicia de menores y jóvenes en general, donde hay consenso en que deben primarios métodos psicopedagógicos sobre los represivos, teniendo en cuenta que los desajustes de los jóvenes provienen de las propias necesidades económicas y de problemas sociales que se manifiestan en el seno familiar y en los centros de educación de algunas naciones.
Tras el análisis de estos y otros asuntos, comenzaría la aprobación o no de las conclusiones por parte del Congreso en Pleno.
Entre las actividades que tuvieron lugar en el Congreso vale destacar la posición de la delegación cubana en relación con los sistemas de ajustes que es necesario realizar en los países dados la situación de crisis económica mundial que afecta a todos en mayor o menor medida.
La propuesta concreta de Cuba en este sentido, y así se dio a conocer en la conferencia de prensa, fue presentar un proyecto de solución sobre las consecuencias nefastas que para la prevención del delito y el funcionamiento del sistema de justicia penal, tienen estos ajustes cuando se hacen disminuyendo los recursos en los programas sociales (vivienda, salud, educación) sobre todo en los países subdesarrollados, razón por la cual deben aplicarse programas de reajustes económicos sin afectar estos índices, tal como ocurre en Cuba.
Estimada señorita Margaret Joan Anstee, Secretaria General del Congreso;
Señor Representante Personal del Secretario General de las Naciones Unidas;
Distinguidos delegados e invitados:
En nombre del Gobierno y del pueblo de Cuba, me complace dar la más calurosa bienvenida a nuestro país a todos los participantes en este Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y expresarles nuestro sincero deseo de que las deliberaciones de esta reunión culminen con todo el éxito al que aspiran y por el que tanto se han esforzado sus organizadores, en correspondencia con la importancia de los temas que van ustedes a debatir en el curso de las próximas jornadas.
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En lo que a Cuba respecta, estamos convencidos de que la cooperación internacional es un elemento decisivo para poder avanzar en el conocimiento del fenómeno del delito y de su evolución en un mundo sometido a agudas contradicciones, presiones enormes y profundos cambios. Los cubanos podemos dar testimonio de que el intercambio de información y experiencias sobre los resultados que cada país va alcanzando en este complejo problema, tiene un inmenso valor para todos los demás.
No es exagerado decir que la modernización de nuestro sistema de justicia penal es también en parte fruto de la cooperación internacional, fruto de estos congresos y del ingente trabajo de las Naciones Unidas en este campo.
Nuestro país ostenta la privilegiada situación de estar prácticamente libre de muchas de las formas más complejas y agravadas del delito contemporáneo. En ello intervienen, con un peso determinante, las características de nuestra sociedad, donde no existen grandes diferencias sociales y económicas entre los diferentes sectores de la población, y donde se cuenta con un universo de oportunidades comunes a todos los ciudadanos del país.
No encontrarán ustedes en Cuba forma alguna de crimen organizado, ni el clima generalizado de violencia que caracteriza a la gran mayoría de las sociedades actuales, y que tanta preocupación causa con toda razón a quienes siguen de cerca la evolución de estos fenómenos. No verán en las calles de nuestras ciudades niños abandonados, ni observarán las situaciones extremas de miseria y desamparo que se aprecian incluso en las opulentas capitales de muchas potencias desarrolladas. No advertirán la presencia de la droga, ni del juego, ni de la prostitución, ni de la mendicidad. Verán, en cambio, un pueblo saludable, trabajador y solidario. Todo ello, en definitiva, es parte de una gigantesca obra social de la que los cubanos tenemos obvias razones para sentirnos satisfechos.
Cuba les brinda también su experiencia práctica concreta en materia de justicia penal, que espero tengan ustedes ocasión de conocer. Me refiero específicamente a la experiencia en temas tales como el enfoque del delito como fenómeno en el que intervienen profundas causas sociales, el énfasis en la prevención más que en la represión de las conductas delictivas, las garantías procesales, el papel de las masas en la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, y las experiencias en el empleo de las sanciones alternativas a la privación de libertad.
Nuestro trabajo en la lucha contra el delito descansa en la prevención, en el conocimiento temprano de las actitudes predelictivas, en el esfuerzo concentrado en la solución de dichas actitudes mediante la atención diferenciada de cada caso.
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Damos prioridad en nuestro sistema penitenciario a la rehabilitación del sancionado, posibilitando su incorporación al trabajo en las mismas condiciones salariales de cualquier otro individuo por un trabajo similar, a fin de que pueda ofrecer a su familia la atención y la ayuda necesarias, y facilitándole posteriormente su reinserción social.
Nos parece especialmente acertada la decisión de los organizadores de este Congreso, en el sentido de situar como tema central de sus deliberaciones la vinculación entre delito y desarrollo. Nadie duda hoy día que entre los principales factores que generan conductas delictivas se cuentan la miseria, la marginación, el hambre, la incultura, la carencia de oportunidades y demás rasgos que tipifican en lo social el subdesarrollo, la pobreza y la discriminación. Siempre hemos estado convencidos de que, en nuestros países más pobres, la lucha contra el delito pasa por la lucha contra el subdesarrollo y la explotación.
A estas circunstancias habría que añadir aquellos factores externos que agravan la situación. El abismo de la desigualdad entre los niveles de desarrollo de los países industrializados y los subdesarrollados económicamente continúa profundizándose. La deuda externa se ha convertido actualmente en el principal obstáculo para el desarrollo, el más importante instrumento para el saqueo financiero y la más moderna forma de dependencia neocolonial para los países subdesarrollados. Se agrava el intercambio desigual y se profundiza el proteccionismo. Se reducen de manera drástica los flujos financieros externos para el desarrollo.
Lo pagado por los países del Tercer Mundo por concepto del servicio de la deuda externa desde 1880, supera con creces el monto actual de la propia deuda, que alcanzaba a finales de 1989 la fabulosa cifra de 1,28 millones de millones de dólares. Ya desde 1985 alertamos acerca de la impagabilidad de la deuda externa del mundo subdesarrollado y la necesidad de encontrar una solución a esta agobiante situación. Expresamos entonces que si se continuaban aplicando medidas de ajuste de tipo recesivo en medio de una crisis cada vez más desesperada, podrían ocurrir estallidos sociales incontrolables. Ya hoy nadie discute -ni acreedores ni deudores- que la deuda externa de los países subdesarrollados es no sólo impagable, sino incobrable.
Los efectos de la situación económica de los países del Tercer Mundo se evidencian en el grave deterioro de la calidad de la vida en ellos. Las cifras no por conocidas dejan de ser impresionantes: casi el 60 por ciento de la población económicamente activa desempleada o subempleada, y más del 75 por ciento sin un empleo suficientemente remunerado y un mínimo de seguridad social; más de 950 millones de seres humanos que viven en condiciones de absoluta pobreza; 195 millones de niños menores Page 11 de 5 años hambrientos; una mortalidad infantil 10 veces superior, como promedio, a la de los países desarrollados; 40 mil muertes infantiles cada día, en su gran mayoría por causas prevenibles o por desnutrición; 900 millones de analfabetos adultos; centenares de millones de niños que carecen de escuelas o están en la más absoluta miseria.
La cruda realidad es que hoy en el mundo subdesarrollado hay más hambrientos, más enfermos, más pobres, más desempleados, más ignorantes, más seres humanos carentes de esperanza. He ahí el caldo de cultivo más propicio del delito, en cuya prevención, además, poco podrán avanzar los países que, ahogados por la deuda y la inequidad del orden económico internacional, carecen de recursos para ello.
La actual crisis política internacional y la amenaza de una guerra que destruiría incalculables vidas humanas y enormes riquezas, derivadas de los sucesos en la región del golfo Arábigo Pérsico, multiplican los índices económicos negativos para la inmensa mayoría de las naciones del Tercer Mundo. Ya el precio de los combustibles se ha llevado en más de dos veces.
El deber de la comunidad internacional de encontrar una solución incruenta al conflicto tiene que ver no sólo con los intereses sagrados de la paz, sino también con la vida de decenas de millones de seres humanos que podrían morir como consecuencia del hambre, por encima de los que ya actualmente están muriendo por esa causa.
Me pregunto, señores delegados, si el marco actual de relaciones económicas internacionales, a los efectos de los países del Tercer Mundo, no conforma en sí mismo un conjunto definido de figuras delictivas: usura, extorsión, fraude y quién sabe cuántas más. Por eso, la lucha contra el delito, en este plano, pasa también por la lucha en favor de un orden económico internacional más justo.
Ciertamente, como se expresa en todos los documentos preparatorios de este Congreso, estamos en presencia de un acelerado proceso de internacionalización del delito y es muy loable la intención de empezar a dar una respuesta a este fenómeno singular de nuestro tiempo. Pero lo que cada vez resulta más evidente es la necesidad de enfrentar no sólo las formas más usuales del delito transnacionalizado, como pueden ser los delitos económicos, el narcotráfico, el terrorismo o los delitos contra el medio: todo análisis al respecto debe incluir necesariamente las acciones de quienes actúan o pretenden actuar con absoluto desconocimiento de las normas consagradas por el derecho internacional tales como la no intervención- o con el absurdo y peligroso expediente de la extraterritorialidad de las legislaciones internas de un Estado.
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La dramática realidad de nuestros días es que ningún pueblo pequeño se siente hoy seguro mientras a los poderosos se les reconozca de hecho la facultad de dictar y hacer a su antojo o conveniencia. Esa es también una forma de delito internacional -la más grave y peligrosa para toda la humanidad-, y no puede ser ignorada en análisis alguno sobre este tema que se pretenda llevar a cabo con un mínimo de objetividad. En este sentido, el mayor alcance y significado de la cooperación internacional estará dado por las acciones concretas que en conjunto pueda tomar la comunidad internacional ante estas manifestaciones de arbitraria y criminal violencia en la conducta internacional.
El auge del delito transnacional nos preocupa a todos en la misma medida en que observamos cómo se extiende aceleradamente, se diversifica y se complica en virtud del desarrollo tecnológico; cómo se institucionaliza a través del surgimiento de organizaciones supranacionales prácticamente omnipotentes, provistas de colosales recursos financieros y logísticos; cómo se apoya en procedimientos de corrupción, penetración, violencia y terror que tratan de socavar la estabilidad interna y la voluntad de resistencia de los Estados. Sin duda, de todas las formas de la delincuencia transnacional organizada que enfrenta la comunidad internacional en nuestros días, ninguna alcanza la magnitud y extensión, el volumen de recursos y el costo en términos sociales y humanos, que el narcotráfico.
No pretendo, señores delegados, detenerme en consideraciones que ustedes conocen de sobra acerca del carácter particularmente grave, pernicioso y explosivo de los problemas derivados de la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Al respecto, quisiera afirmarles inequívocamente que Cuba es uno de los países del mundo más limpios de droga. En nuestro país ese desastroso fenómeno no constituye un problema para la sociedad. Las leyes vigentes sancionan con severidad toda actividad relacionada con el tráfico internacional da drogas, y estamos considerando la posibilidad de poner en vigor leyes aún más severas. En aquellos casos en que han sido detectadas actividades de este tipo, se ha actuado con la mayor firmeza. Por otro lado, el número de hechos relacionados con la tenencia y el consumo de drogas es insignificante.
Nuestra posición geográfica nos convierte en zona de tránsito obligado de miles de líneas y compañías o naves aéreas que vuelan por rutas normales y que no pueden ser inspeccionadas en el aire. No obstante, la sistemática persecución de cualquier actividad sospechosa en nuestros cielos o aguas jurisdiccionales ha posibilitado entre 1970 y junio de 1990 la ocupación de 73 embarcaciones y 30 aviones y la captura de 422 traficantes de diferentes nacionalidades, así como la ocupación, solamente Page 13 entre 1985 y el mes de junio de 1990, de más de 125 toneladas de marihuana y 5 941 kilogramos de cocaína, todo con destino a los Estados Unidos.
Como podrán observar, difícilmente exista en el mundo un país menos atractivo que el nuestro para el narcotráfico internacional. Aprovecho la ocasión para reiterar la total disposición de Cuba a colaborar en cuanto esfuerzo serio y coherente se emprenda en la lucha contra el narcotráfico a partir del respeto a la soberanía de los Estados y de la cabal comprensión de que el problema no se resuelve solamente -ni aún principalmente- con medidas aplicadas en los centros productores, sino que la responsabilidad fundamental reside en los grandes focos del consumo de la droga.
Otro de los temas que serán considerados en esta el que se refiere a la delincuencia juvenil, tiene tambien una importancia excepcional a nuestro juicio. Son los jóvenes el sector más vulnerable ante la creciente espiral del delito en nuestros días. En aquellos países donde la delincuencia, en su forma más organizada y violenta, se amplía de manera creciente a diferentes esferas de la sociedad, los jóvenes constituyen el instrumento fundamental para la extensión de esas actividades y la materia prima de la cual se nutren y desarrollan las organizaciones criminales.
En los países desarrollados, inciden decisivamente en esta situación los factores sociales, económicos e incluso raciales que hacen posible que, dentro de esas sociedades a veces opulentas, grupos importantes de la población vivan en la marginalidad, la pobreza, la incultura, el desempleo, la discriminación. Ello explica el elevado índice del delito violento en las capitales y grandes ciudades de países altamente desarrollados. Contribuye a explicar también que el fenómeno del homicidio entre los jóvenes de 15 a 24 años, por su magnitud y gravedad, sea denominado por algunos como la "epidemia de la muerte" y sea considerado un grave problema de salud. Es indudable que mientras existan esas enormes diferencias en las condiciones sociales, económicas y culturales dentro de la sociedad, la delincuencia entre los jóvenes será muy difícil de resolver. Sólo la creación de oportunidades para la educación en un clima de igualdad y participación, el acceso al trabajo, a la cultura, de los jóvenes de las capas más pobres de la población, junto a la represión y control de las organizaciones delictivas, principalmente las dedicadas al comercio y consumo de la droga, hará posible en esos países la solución de este gravísimo problema.
En los países del Tercer Mundo, la participación de los jóvenes en actividades delictivas tiene otras características. Aquí también la pobreza y la falta de oportunidades, la escasez de posibilidades sociales, Page 14 generan tensiones y coadyuvan a determinar la comisión de delitos. Pero no se trata, en la mayoría de los casos, de la participación en organizaciones criminales promotoras de las formas más graves de delitos violentos y drogas. En estas condiciones, los factores socio-económicos, la apertura de oportunidades para el estudio y su calificación técnica, la seguridad de un puesto de trabajo, constituyen el más formidable apoyo en la gran batalla por la prevención de la delincuencia juvenil y la protección de los jóvenes.
En Cuba, como seguramente conocerán en el curso de los debates, el índice de comisión de delitos por parte de menores es sumamente bajo. Esto responde, por una parte, a que el papel fundamental en la prevención de las conductas delictivas lo desarrolla la sociedad en su conjunto, pero sobre todo, de manera aglutinante, a las enormes oportunidades y posibilidades creadas para el estudio y la calificación de todos los menores, a la efectiva igualdad de oportunidades y la atención excepcionalmente prioritaria que se ha ofrecido en el país a los jóvenes y niños. Estos factores sociales, unidos a nuestra concepción de sustraer el tratamiento de la delincuencia de menores del proceso pena! ordinario y aplicar un enfoque eminentemente reeducativo, determinan el resultado de que durante los primeros seis meses del presente año, solamente fueron procesados 1 330 menores por delitos cometidos, cuyo tratamiento se Inserta en el conjunto de medidas que se aplican en el país en los casos de menores delincuentes, las cuales contemplan en muchos casos el no internamiento y en todos la reeducación.
Señores delegados:
Me he sentido en la obligación de tocar estos temas por su directa relación con los problemas que deberá abordar este Congreso. Mas no quiero abusar de la paciencia y la benevolencia de ustedes, ni restar un minuto más de tiempo al inicio de sus deliberaciones. Sé que la agenda es extensa, que son muchos y muy complejos los documentos que deberán ser discutidos y las propuestas sobre las que deben tomar decisiones, y que el programa es apretado. Pero además de trabajar, nos gustaría que pudieran disfrutar estos días de estancia en nuestra patria. Nada nos agradaría más que tuvieran la oportunidad de conocer a nuestro país y a nuestra gente. Somos un pueblo pequeño que debe luchar cada día por sobrevivir y por desarrollarse, en condiciones muy adversas, que a partir de la crisis en los países socialistas de Europa -pilares de nuestras relaciones económicas internacionales -se hacen mucho más difíciles. No hemos vivido en la abundancia, pero tampoco hemos carecido de nada esencial; es mucho lo que nos falta, pero mucho también lo que hemos conseguido; somos impacientes e inconformes, pero creemos en los Page 15 hombres y en el futuro que nos labramos conscientemente día a día con heroísmo y determinación. Ninguna prueba, por difícil que sea, será capaz de vencernos.
Sólo me queda por decir que Cuba está dispuesta a colaborar con toda energía en el noble empeño que se han trazado las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, pues estamos convencidos de la importancia de ése trabajo y de la necesidad de esa cooperación. Por eso es de lamentar que aún haya quienes no interpreten así esa necesidad, y la supediten a mezquinas consideraciones políticas. Nos satisface comprobar que todo nuestro esfuerzo en materia de ordenamiento jurídico e institucional, en lo que se refiere a la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, ha sido coherente con los postulados y las aspiraciones de estos congresos y de los demás órganos de las Naciones Unidas especializados en estas cuestiones.
Una vez más quiero expresar nuestro reconocimiento a los organizadores de este evento por el tesonero esfuerzo en favor de la creación de condiciones verdaderamente óptimas para el desarrollo de su trabajo, y manifestar nuestra confianza en que las deliberaciones de esta reunión resulten de significativo beneficio para todos nuestros pueblos.
Muchas gracias.
(leído por el Sr. Antoine Blanca)
Excelentísimo señor, distinguidos delegados, señoras y señores:
Constituye para mí un gran honor y un gran privilegio representar al señor Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas, en la inauguración del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. AI pedirme que le represente en esta ocasión, el Secretario General pone de manifiesto su profunda conciencia de la relación simbiótica que existe entre el proceso de desarrollo económico y proceso social y el delito, la justicia penal y el tratamiento del delincuente.
El Secretario General de las Naciones Unidas está profundamente empeñado en las actividades que realizan las Naciones Unidas en esta materia y me ha pedido que les trasmita un mensaje especial en tan importante ocasión.
Pasaré ahora a dar lectura al mensaje del Secretario General.
MENSAJE
Deseo, con ocasión del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Page 17 trasmitir mis saludos y mejores deseos a todos los participantes. Vayan también nuestros sinceros agradecimientos al Gobierno y al pueblo de Cuba por su generoso ofrecimiento de ser huésped de tan importante acontecimiento. Cuba, con los importantes avances que ha hecho en los sectores sociales del desarrollo, como salud y educación, ha demostrado que está empeñada en dar a los frutos del desarrollo la distribución más amplia que es esencial para alcanzar los objetivos del progreso social y un mejor nivel de vida que enuncia la Carta de las Naciones Unidas.
En el curso de los años, los Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente han ejercido influencia sobre la política en el plano nacional al facilitar el intercambio de información y experiencia, recomendar cursos de acción, movilizar a la opinión pública y centrar la atención sobre grandes problemas de interés para los Estados Miembros y la comunidad científica. Los Congresos, además de dar forma a un conjunto de principios, normas y directrices universalmente convenidos, han sentado también la base para una mayor cooperación internacional en la lucha contra el delito.
El Octavo Congreso se celebra en un momento de cambio profundo y grandes promesas. Al terminar la guerra fría entre las superpotencias han mejorado las perspectivas de alcanzar la paz en el mundo. Al seguir consolidándose este proceso se reducirá la acumulación de armamentos, lo que liberará recursos para usos productivos, incluida la asistencia para el desarrollo. De hecho, la paz es un requisito previo para el desarrollo y el desarrollo afianza la paz. Ambos necesitan un sólido cimiento de justicia; las desigualdades, el desorden social y la intensificación del delito redundan en grave detrimento de ambos.
La internacionalización de muchas actividades y los avances de la tecnología han transformado la criminalidad. El delito ha dejado de ser un problema nacional de alcance limitado para convertirse en una amenaza mundial, trascendiendo las fronteras nacionales a medida que el crimen organizado y otras formas de delincuencia grave siguen en aumento. Los sindicatos del crimen aprovechan las diferencias que existen entre la legislación y las posibilidades de hacerla cumplir para desplazar sus operacio nes a los lugares en que el control es menos estricto. Se apro vechan de la pobreza, la ignorancia y la codicia y contaminan el medio humano, tal como el medio natural ha sufrido la conta minación causada por el delito ecológico. En el decimoséptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en el curso de este año, y en importantes conferencias se ha puesto de manifiesto el costo trágico que entraña el uso indebido de drogas y el poderío de los traficantes de drogas que utilizan la violencia in discriminada y la corrupción para sus Page 18 siniestros designios. La comunidad internacional ha instado a implantar completas estrategias para hacer frente al problema y asegurar que ningún rincón del mundo sirva de santuario para esos delincuentes y que la falta de vigilancia no los deje en la impunidad.
Persisten otros problemas graves. En muchas partes del mundo subsisten violaciones de derechos humanos fundamentales. Las ejecuciones sumarias, las desapariciones y la práctica sistemática de la tortura siguen imponiendo una pesada carga sobre la conciencia del mundo. El terrorismo sigue cobrando su precio y la injusticia social agrava las penurias de quienes no tienen esperanzas. Los habitantes de grandes ciudades de diversas partes del mundo viven en una permanente sensación de inseguridad, resultado de la proliferación del delito que hace de la vida cotidiana una difícil experiencia. Vastos sectores de la población que sufren las desigualdades que entraña una marginalización cada vez mayor, asociada a la brecha cada vez más profunda entre ricos y pobres, son además víctimas de la criminalidad desatada y a veces se ven arrastradas a ella. En términos tanto humanos como materiales, el delito y la reacción ante él cobran un alto precio. Desvían limitados recursos que son necesarios para cumplir objetivos de desarrollo. El delito hace que se pierdan o se disipen los frutos del desarrollo y socava la estabilidad, la paz social y el progreso sostenido.
El hecho de que los problemas a que hacemos frente tengan carácter cada vez más mundial, así como nuestra mayor interdependencia, pueden facilitar la acción concertada y la reacción conjunta de la comunidad internacional. De hecho, las Naciones Page 19 Unidas constituyen el mejor marco para ese empeño realmente multilateral. Podemos hacer grandes avances si concebimos medios nuevos y más eficaces de cooperación internacional. Hay que reducir el desfase entre el que perpetra un delito y los mecanismos de control. Si sumamos nuestros conocimientos y establecemos medidas prácticas para contrarrestar el delito deberíamos lograr mejores resultados en el empeño de prevenirlo y reducir la victimización.
La justicia es la base sobre la cual descansa la civilización. Tenemos que tratar de darle mayor calidad. Un >sistema de justicia penal más humano y eficiente puede constituir un instrumento de equidad, de cambio social constructivo y de justicia social; puede proteger los valores básicos y los derechos inalienables de la población. Este es el postulado básico de los proyectos de instrumentos y normas presentados al Congreso.
La garantía de una condición humana más satisfactoria es un objetivo digno. Por conducto de la importante labor que realizan ustedes ss está promoviendo este objetivo. Sobre ¡a base de lo que ya ss ha logrado, el Congreso tiene una oportunidad singular de examinar los problemas con que se tropieza en ámbitos fundamentales como el terrorismo, el delito organizado y la corrupción, así como la protección penal del medio ambiente, evaluar las medidas adoptadas y concebir los elementos de una estrategia mundial. La presencia en el día de hoy de altos funcionarios de gobierno, expertos procedentes de todas las regiones y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales demuestra la solidaridad cada vez mayor que hay entre las naciones en la tarea de hacer frente al problema del crimen. Espero sinceramente que puedan convertir esa firme decisión en una realidad tangible. Los problemas son graves y, de no resolverlos, el costo será elevado.
Las Naciones Unidas, en su carácter de foro para el debate y el intercambio de ideas, de fuente de asistencia, de catalizador y colaborador y de trampolín para la adopción de medidas conjuntas, puede ayudar a lograr el objetivo común de la prevención del delito y a mitigar sus efectos sobre la sociedad. No podrá hacerlo, sin embargo, si no cuenta con el pleno apoyo, material y político, de los Estados Miembros. Estoy seguro de que encontrarán la forma de cumplir nuestra obligación común en beneficio de nuestras sociedades y de futuras generaciones.
Les deseo el mayor de los éxitos.
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Margaret Joan Anstee, Secretaria General del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, patentizó, el reconocimiento del alto organismo internacional a los esfuerzos de nuestro país para asegurar el éxito del foro en la capital cubana.
La también Secretaria General Adjunta de la ONU y Directora General de su oficina en Viena, y del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, expresó gratitud al pueblo y gobierno de Cuba por su generoso ofrecimiento de servir de sede a este Congreso, y deseó que su entusiasmo y empeño en asegurar el éxito del mismo se reflejen en cada aspecto del encuentro en este impresionante Palacio de las Convenciones -dijo-, en la histórica y hermosa Ciudad de La Habana.
Refiriéndose a los preparativos especificó que, fuera de Cuba, éstos tienen su paralelo en los esfuerzos y contribución de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las varias agencias y organizaciones de las Naciones Unidas, y la contribución de los institutos regionales e interregionales de las Naciones Unidas, en el área de la prevención del delito y tratamiento del delincuente. Y todas esas actividades -precisó- han sido sintetizadas por el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia de la ONU, a quien Page 21 rendimos -dijo- un tributo especial por su sabiduría y dedicación.
Al hacer referencia a la historia de estos congresos, aseguró que ellos han mejorado constantemente los sistemas de prevención del delito y justicia penal en nuestro tiempo, y una de las funciones centrales de esos cónclaves, ha sido la visión universal para el intercambio de información y experiencias en esa área de trabajo.
En particular hizo constar que el tema de este Octavo Congreso -la cooperación internacional en materia de prevención del delito y justicia penal en el siglo XXI- lleva consigo la invitación a reconocer dónde estamos en este largo camino de casi cincuenta años y hacia dónde y cómo marcharemos de aquí hacia el futuro. ¿Cómo es nuestro camino? ¿Dónde estamos hoy al final del siglo en los esfuerzos para humanizar la justicia?, preguntó.
Recordó que han transcurrido cuatro décadas desde que la Asamblea General aprobara la resolución 415-V, que transfirió a la ONU las funciones que antes ejercían la Comisión Penal y Penitenciaria Internacional.
Nuestro planeta cada vez más pequeño -afirmó-, ha dado oportunidades amplias y perversas para la expansión de la actividad criminal, tanto en lo nacional como en lo internacional. El delito se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del mundo, que afecta directamente el ritmo y la eficacia del desarrollo.
Los beneficios que reporta esa actividad han aumentado en forma acorde con la actividad cada vez mayor en la mayor parte de los aspectos de la vida. Los actos que van en contra de la ley son tan fáciles de cometer como muchas otras actividades que se reproducen a escala internacional.
A este respecto hizo referencia a la variedad de métodos y al incremento de la frecuencia de delitos, lo que significa un freno al desarrollo y desvía recursos valiosos, humanos y financieros, que debían destinarse a la mejora de las condiciones de vida de los menos privilegiados y de la justicia social para todos, lo que debería ser empresa principal de la comunidad internacional, como lo enunciara la Carta de las Naciones Unidas, de promover el progreso social y mejores niveles de vida con mayor libertad.
En la misma dirección aseguró que el mundo se enfrenta a un problema internacional que se multiplica y debe encararse con medidas decisivas, tanto a nivel nacional como internacional.
Se ha reconocido -puntualizó- el papel que en ese sentido debe desempeñar la ONU y que puede resumirse en cuatro puntos principales: Ofrecer un foro para el intercambio de experiencia y la búsqueda de soluciones, crear un marco de cooperación Page 22 internacional merced a la elaboración de instrumentos jurídicos, tratados modelos, directrices y manuales, vigilar el fenómeno del delito y la aplicación de las normas, instrumentos y directrices internacionalmente convenidos, y dar apoyo operacional mediante la cooperación técnica a los estados miembros que ¡o soliciten, para ayudarlos en la puesta en práctica de esas normas y directrices, y para encarar problemas específicos de prevención del delito y justicia penal en esos países.
Puntualizó luego que los siete congresos realizados hasta ahora han hecho una serie de recomendaciones respecto a cómo la comunidad internacional debe responder a la actividad criminal y, al- propio tiempo, manteniendo las normas fundamentales de los derechos humanos.
A medida que el mundo tuvo más conciencia de estos problemas, los congresos han tenido importancia para las preocupaciones de prevención del delito y justicia penal en todo el mundo.
Este Octavo Congreso tampoco es excepción de la regla y tiene ante sí cinco tratados modelos que pueden ser usados por todos los países y el más importante es el tratado sobre la asistencia recíproca en asuntos penales, que establece el marco merced al cual las autoridades nacionales pueden solicitar cooperación de otros países en la investigación de los delitos y el enjuiciamiento de los delincuentes.
Asimismo, se refirió a modelos, normas y directrices prácticas que igual resultarán provechosos.
La Secretarla General hizo alusión igualmente al contexto que ofrece la reunión para estrechar contactos profesionales y de amistad y crear nuevos; a la vez que puso énfasis en la importancia del trabajo práctico que espera posteriormente.
Este congreso puede y debe resultar de importancia decisiva. Si el análisis de los problemas debatidos o si las posibles soluciones propuestas son demasiado generales, es muy probable que surtan pocos efectos y tengan poco valor. Será más útil para los estados miembros y para las Naciones Unidas que el Congreso formule soluciones concretas en respuesta a los problemas también específicos.
