Brevísima presentación histórica del derecho procesal en Cuba hasta 1976

• Author: Andry Matilla Correa
• Position: Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana
• Pages: 5-47

5

∗ Recibido el 15 de mayo de 2013

Aprobado el 20 de septiembre de 2013

Dr. Andry MATILLA CORREA

Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular de Derecho Administrativo

de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

RESUMEN:

El trabajo contiene un recorrido histórico por los principales aspectos

relacionados con la conformación y evolución del Derecho Procesal

en Cuba hasta 1976. Se identifican algunos hitos históricos que han

sustanciado esa evolución de las diversas etapas históricas, desde el

siglo XIX hasta la fecha de referencia; estableciendo valoraciones e

implicaciones a propósito de esos hitos. De igual modo, se hace

referencia a las principales aportaciones y configuración de las

diversas partes que abarca el universo del Derecho Procesal cubano.

PALABRAS CLAVES:

Derecho Procesal, historia, proceso, Derecho Procesal Civil, Derecho

Procesal Penal, Derecho Procesal Administrativo, Derecho Procesal

Constitucional, Derecho Procesal Laboral, leyes procesales.

∗ Este trabajo constituye el texto elaborado para la intervención del autor en el acto

inaugural del III CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL, auspiciado por

la Sociedad Cubana de Derecho Procesal, celebrado del 23 al 25 de abril de 2013, en

La Habana. Se ha querido respetar el tono de la exposición oral, por lo que sólo se

han añadido las referencias bibliográficas mínimamente indispensables para su

publicación.

Dr. Andry MATILLA CORREA

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ABSTRAC:

This paper includes a historical overview of the main aspects dealing

with the shaping and evolution of Procedural Law in Cuba up to 1976.

Some historical milestones are identified to have substantiated that

evolution of different historical stages from the 19

th

century, including

their assessment and implications. Likewise, reference is made to the

main contributions and shaping of the several parties within the scope

of Cuban Procedural Law.

KEYWORDS:

Procedural Law, history, process, Civil Procedural Law, Criminal Procedural

Law, Administrative Procedural Law, Constitutional Procedural Law, Labor

Procedural Law, procedural laws

SUMARIO:

1. A modo de introducción. 2. Una propuesta para dividir la historia

moderna del Derecho Procesal en Cuba. 3. La etapa inicial del

régimen procesal moderno en Cuba: el periodo colonial

decimonónico hasta 1898. 4. El Derecho Procesal cubano durante la

primera intervención norteamericana (1 de enero de 1899 hasta el

20 de mayo de 1902). 5. El Derecho Procesal en Cuba durante la

etapa republicana prerrevolucionaria (20 de mayo de 1902 hasta

1958). 6. El Derecho Procesal en Cuba durante la etapa

revolucionaria de la provisionalidad (1 de enero de 1959 hasta la

entrada en vigor de la Constitución de 1976). 7. A modo de epílogo.

“De tal manera, de la interrogación de Pilato: «¿Qué es la

verdad?» y de la sangre del Crucificado, surge otra pregunta de

harto mayor importancia, la sempiterna pregunta de la humanidad:

«¿Qué es la justicia?».

No hubo pregunta alguna que haya sido planteada con más pasión,

no hubo otra por la que se haya derramado tanta sangre preciosa ni

tantas amargas lágrimas como por ésta; no hubo pregunta alguna

acerca de la cual hayan meditado con mayor profundidad los

espíritus más ilustres, desde Platón a Kant. No obstante, ahora

como entonces, carece de respuesta. Tal vez se deba a que

constituye una de esas preguntas respecto de las cuales resulta

válido ese resignado saber que no puede hallarse una respuesta

definitiva: sólo cabe el esfuerzo por formularla mejo r.”.

¿Qué es la justicia?

Hans KELSEN

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

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1. A modo de introducción

En la “Exposición de motivos” de su Proyecto de Ley de Enjuiciamiento

Administrativo, de 1958 – un proyecto que no pasaría de ser un ejercicio

intelectual que hubo de quedar confinado a las páginas de un libro de finales

de 1958, obra que también quedaría olvidada en la noche de los tiempos por

las circunstancias históricas que sobrevendrían para Cuba semanas después,

esto es: el triunfo revolucionario de 1 enero de 1959 – su autor, el

imprescindible magistrado judicial Fernando ÁLVAREZ TABÍO – el más

representativo de los autores cubanos en materia de Derecho Procesal

Administrativo, hubo de estampar con convicción que “el proceso es el más

eficaz instrumento del Estado de Derecho para realizar la Justicia”1.

Y ciertamente, desde hace ya milenios, en el universo cultural del Derecho en

el que se inserta Cuba, el proceso ha echado sus raíces y se ha consolidado

como instrumento por excelencia para el alcance de la justicia; formando hoy

parte inexcusable de la arquitectura del sistema jurídico de un país.

Como el Derecho mismo, y en tanto fenómeno y categoría jurídica, el

proceso es un producto histórico coligado a la vida del hombre en sociedad

políticamente organizada. En consecuencia, tanto el proceso, como el

campo y la ciencia jurídica que se configuran a partir de éste, es decir el

Derecho Procesal, han de tener en la historia un elemento necesario – no

mero adorno de erudición – para entender su existencia, su evolución, pero

también para apoyar la proyección futura de su ordenación jurídica en pos,

precisamente, del cumplimiento cabal de los fines que animan la vida de

aquel instrumento.

Los juristas cubanos, al menos los de las últimas décadas del siglo XX y lo

que va de este siglo, no hemos sabido mirar lo suficiente a nuestro Derecho

desde el prisma que nos provee la Historia; y el Derecho Procesal no ha

escapado a esa situación. Lamentablemente, la falta de esa mirada

suficiente, ha hecho que no podamos tener conciencia ni comprender, a

cabalidad, toda la riqueza que subyace en el patrimonio jurídico de nuestra

nación. Un patrimonio que espera ser redescubierto, que requiere ser

redescubierto, que urge ser redescubierto; no solo para contemplar lo que

hemos sido capaces de construir en todo este tiempo de vida nacional, sino,

sobre todo, como campo de referencia para comprender cuánto nos falta

para perfeccionar nuestra vida jurídica, y cuáles han de ser las líneas

maestras que deben determinar ese perfeccionamiento.

Tomarnos un tiempo para pensar con visión histórica nuestro Derecho

Procesal, no nos ha de hacer perder tiempo en la marcha vital del mismo

1 ÁLVAREZ TABÍO, Fernando, Procedimiento contencioso-administrativo. Ley y

reglamento vigentes y Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Administrativo, Editorial

Librería Martí, La Habana, 1958, p. 263.

Dr. Andry MATILLA CORREA

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entre nosotros. Antes bien, nos ha de proveer conocimientos y lecciones de

vida necesarias para avanzar firmemente - y no a tientas -, sin perder un

minuto, en pos de algo que se nos revela como urgente e imprescindible en

los tiempos que corren: la trasformación del orden procesal vigente (en

todas sus aristas objetivas) como vía de proyectar mecanismos jurídicos que

constituyan verdaderas garantías de protección de derechos e intereses, que

se erijan en verdaderos vehículos que conduzcan, sin tropiezos, al encuentro

de la justicia (a veces tan esquiva, como siempre anhelada, cuando se trata

de componer el derecho vulnerado).

La historia del Derecho Procesal en Cuba, es una historia no contada aún;

como tampoco lo es la historia de cada una de las zonas en específico que

aquel comprende como marco objetivo mayor: el Derecho Procesal Civil, el

Derecho Procesal Penal, el Derecho Procesal Administrativo, el Derecho

Procesal Laboral, el Derecho Procesal Constitucional, por ejemplo. Aunque,

justo es decir que tampoco es una historia desconocida si nos detenemos a

pensar en sus hitos fundamentales, ni nos faltan las herramientas – del tipo

que fueren – para componerla; ni han faltado incursiones parciales en la

misma por los estudiosos.

Pero, junto al hecho de que la del Derecho Procesal cubano resulta una

historia aún no contada, ella misma es también una historia más que difícil

de contar, por los muchos aspectos que en ello deben tomarse en cuenta

(políticos, sociales, jurídicos, históricos), y por los variados campos a los

que mirar para encontrar su sustancia (el normativo, el doctrinal, el

jurisprudencial). Así la cosas, necesidad y complejidad se dan la mano

cuando se trata de mirar desde el prisma histórico al Derecho Procesal

patrio; dos variables que hacen interesante y rico el intento de colocar la

vista en dicho ámbito jurídico bajo ese prisma histórico.

Como en cualquier esfera de la vida de los cubanos, la historia de nuestro

Derecho Procesal ha estado plagada de acontecimientos y nombres que la

han abonado, que la han hecho sugestiva, que han determinado su riqueza.

Lo que nos recuerda, a primera vista, que el sistema jurídico cubano se ha

ido proyectando y desenvolviendo sobre dos tipos de componentes: los que

provienen de influencias externas y los que resultan de la creación propia de

los nacionales, componentes esos que han desempañado su papel en el

campo procesal patrio, haciendo de él una esfera donde las luces y las

sombras no han sido ni más ni menos que las que han acompañado al resto

de los espacios objetivos que conforman el universo jurídico de los cubanos.

De lo dicho hasta aquí no será difícil entender que en este espacio no

pretendemos acometer la sistematización de la historia del Derecho

Procesal, ni si siquiera en su más mínimo alcance. Sistematización que

además de sobrepasar por mucho el espacio objetivo con que contamos

aquí, excede por más nuestras fuerzas intelectuales, pues jamás nos hemos

considerado – en lo personal - versados en las cuestiones iusprocesales, ni

creemos reunir las capacidades intelectuales como para conducir si quiera a

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

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puerto maltrecho un empeño de esa índole. Solo nos entendemos como un

profesor de Derecho Administrativo, con ciertas curiosidades por los

avatares históricos del Derecho. De ahí que, en lo que siga, solamente

pretendemos trazar algunas apuradas y limitadas ideas, que quizás puedan

servir para un acercamiento futuro a la historia del Derecho Procesal

cubano, y para llamar la atención sobre la necesidad de hurgar en esa

historia, pretensión que ha venido compulsada por la invitación que se nos

ha cursado por los organizadores de este evento – a quienes agradecemos

encarecidamente, especialmente al presidente de su organización, el

profesor Juan MENDOZA DÍAZ –, para que hagamos una intervención de esta

naturaleza, en la que nos centremos brevemente en la vertiente histórica del

Derecho Procesal en nuestro país, recordando mínimamente algunos de sus

hitos fundamentales.

2. Una propuesta para dividir la historia moderna del derecho

procesal en Cuba

Cuba es un país que se inserta dentro del mundo del Derecho occidental de

base romano-germano-francesa, y entra a ese mundo de la mano de España,

en tanto la corona del viejo reino de Castilla auspició en sus inicios la

conquista y colonización de esta tierra antillana. Esa situación de

dominación española se extendió desde el siglo XVI hasta las postrimerías

mismas del siglo XIX.

Ante esa realidad, las bases primigenias del Derecho Procesal que se instala

en Cuba hay que comenzar a buscarlas estableciendo el horizonte más

antiguo al efecto en el vetusto Derecho Romano, con su aparataje jurídico

procesal, que ha sido puesto en claro por siglos de estudios iusromanistas e

iusprocesalistas. En la literatura cubana, pueden verse, para las referencias

al Derecho Procesal romano, las importantes obras de Derecho Romano

debidas a Emilio FERNÁNDEZ CAMUS y a Ernesto DIHIGO; así como, con

menor aliento, el vigente manual para el uso universitario de la autoría de

Julio FERNÁNDEZ BULTÉ, Delio CARRERAS CUEVAS y Rosa María YÁÑEZ.

La existencia de tales estudios nos dispensa de entrar en mayores

consideraciones al respecto, que nada nuevo aportarían.

El segundo elemento que conforma los antecedentes remotos del moderno

Derecho Procesal para nosotros, se da con el momento que se abre luego de

la caída del otrora Imperio Romano de Occidente, donde buena parte de una

fragmentada Europa va a caer bajo el dominio del mundo de ascendencia

germánica. Según reparaba el español Jaime GUASP, en el proceso

germánico (donde no cabía hablar de un proceso civil diferenciado del penal

hasta un momento avanzado de su evolución), hay que señalar tres etapas

históricas: la del período germánico estricto (orígenes a siglo V d. de J. C.),

Dr. Andry MATILLA CORREA

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la del período franco (siglos V a XII d de J. C.) y la del periodo feudal

(siglo XII d. de J. C. hasta la recepción de los derechos extranjeros)2.

El tercer elemento histórico tiene que ver con el desenvolvimiento del

Derecho Procesal tal como hubo de darse durante la Edad Media, y con

especial consideración en el mundo hispánico, hasta llegar a los albores de

la modernidad político-jurídica.

Con esa modernidad, se abre entonces un cuarto momento, que tiene en las

grandes codificaciones – con la codificación procesal napoleónica de inicios

del siglo XIX como ejemplo representativo – su aspecto más identificativo

y que, a partir de esos procesos de codificación, aportará nuevos ribetes

evolutivos al procesalismo.

Vista esa perspectiva bien general, puede decirse sin ambages que la

historia moderna – que es la realmente interesa a los efectos de entender el

vigente orden de cosas al respecto – del Derecho Procesal en Cuba debe

comenzar a contarse a partir del siglo XIX, de la mano inicial del trazado

que al respecto realizara la metrópoli española para nuestro país, en virtud

de la condición de territorio ultramarino que se le asignaba a la Mayor de

las Antillas dominada por la potencia ibérica. Por lo tanto, a tenor de esa

realidad, no será difícil comprender que nuestro sistema jurídico-procesal

moderno ha de tener una clara raíz hispánica, condicionada por las

características político-jurídicas de Cuba durante el periodo decimonónico.

Entre los procesalistas cubanos, referencias históricas generales como las

anteriores ya han tenido lugar desde hace tiempo, al menos en la ubicación

de los momentos de referencia para trazar la historia del Derecho Procesal.

Por ejemplo, Emilio MENÉNDEZ MENÉNDEZ, a propósito de su obra sobre la

Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente por aquel entonces en Cuba, al

tratar – de forma somera – los antecedentes históricos del Derecho Procesal,

comenzaba aludiendo al Derecho Romano, justificando que era “(…) el

dato, aunque remoto, más inmediato al objeto de comprender el

desenvolvimiento posterior del Derecho procesal (…)”3, y luego continuaba

con referencias al Derecho Germano, al Fuero Juzgo, al Derecho Inglés, al

Derecho Ítalo-Canónico, a la recepción del Derecho Romano en países

como Alemania – principalmente –, a la Codificación, y al Derecho

histórico español. Todo ello, antes de entrar a referirse a lo que denominaba

“Derecho histórico cubano”4.

2 GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid,

1956, p. 76.

3 MENÉNDEZ Y MENÉNDEZ, Emilio, Ley de Enjuiciamiento Criminal, con breves

comentarios de doctrina y de jurisprudencia y referencias al Enjuiciamiento civil vigente en

Cuba, Tomo I, Artículos 1 al 258, Jesús Montero, Editor, La Habana, 1948, p. 15.

4 Vid. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, E., en “Ley de Enjuiciamiento…”, cit., pp. 15 y ss.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

11

Si tuviéramos que contar la historia del Derecho Procesal en los últimos dos

siglos y poco más, nos decantaríamos por dividir la misma en grandes

momentos o etapas, en las que se manifiestan elementos propios y

singularidades que han sustanciado el iter evolutivo del ordenamiento

procesal entre nosotros. Así las cosas, esas etapas serían, hasta el momento:

la colonial decimonónica (durante el periodo decimonónico hasta 1898); la

que tiene lugar durante la primera intervención norteamericana (1 de enero

de 1899 hasta el 20 de mayo de 1902); la republicana prerrevolucionaria (20

de mayo de 1902 hasta 1958); la etapa revolucionaria de la provisionalidad

(1 de enero de 1959 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1976); la

etapa más actual que se abre con la Constitución de 1976 y llega hasta

nuestros días.

Claro está, esa división es solo a efectos metodológicos, puede hacerse otra

que se considere más operativa y conveniente, pero eso ha de ser un criterio

individual que sirva a los fines del mejor estudio de la cuestión. Aún así,

entendemos que esta distinción es conveniente y nos permite apreciar mejor

los diversos momentos evolutivos del más amplio orden procesal que ha

regido en nuestro país.

3. La etapa inicial del régimen procesal moderno en Cuba: el periodo

colonial decimonónico hasta 1898

Como ya dijimos, hasta las postrimerías del siglo XIX Cuba estuvo sujeta a

un régimen de dominación colonial por parte de España. Por lo tanto, esa

dominación determinó el retraso con que Cuba se incorpora al concierto de

Estados independientes – que no ocurriría sino hasta inicios del siglo XX –,

así como que en nuestro país se retrasara el posicionamiento – en su más

extendido alcance – de las conquistas que, en términos de política y

Derecho, había significado el advenimiento del Estado Moderno.

Luego de la muerte de FERNANDO VII en 1833 y en el enrumbamiento

gradual – y accidentado – de España por los derroteros de la modernidad

política y jurídica, la metrópolis decide, en 1837, alejar a los pocos

territorios ultramarinos que para esa época conservaba, del ritmo

constitucional y jurídico ordinario que seguiría el enclave europeo, pues en

la norma constitucional de ese año se determinaba que esos territorios serían

regidos por leyes especiales que al efecto se adoptarían; lo que trazó

entonces marcadas diferencias.

En definitiva, en tanto sometida a la dominación española, recuérdese

entonces que todo lo que en términos de Derecho (y por ende, de Derecho

Procesal también) aconteció en nuestro país durante ese tiempo

decimonónico, signado por los auspicios españoles, fue para mantener el

dominio ibérico sobre “la Perla de las Antillas”. E igualmente téngase en

cuenta que, al formar parte Cuba del territorio bajo pabellón español, no era

simple influencia lo que España ejercía sobre ella. En palabras que nos

Dr. Andry MATILLA CORREA

12

gusta evocar cuando nos referimos a este punto, y que provienen de un viejo

trabajo de la década de 1920 debido a Diego Vicente TEJER: “(…) España

no pudo influenciar en ella, porque nuestras leyes eran españolas; no eran ni

siquiera confeccionados en nuestra tierra; no se admitían en su confección a

representantes de los nativos ni tampoco se tenían en cuenta las diferencias

de medio que había en nuestra antigua metrópoli, para hacerlas más

adaptables a nuestras costumbres tropicales y criollas, sin que se pudiera por

este medio ir formando algo propio, aunque con base española, que era

buena, porque el Derecho español es notable por su lógica y claridad.”5.

Ahí está parte del quid para entender los orígenes hispánicos de nuestro

sistema jurídico nacional.

Ahora bien, los orígenes modernos del Derecho Procesal cubano tampoco

han sido identificados con claridad. Lo que requiere también algo más de

espacio, habida cuenta de los diversos componentes que hay que considerar

para ello, y los diferentes ámbitos que abarca lo procesal. Quizás, sea ese un

buen punto inicial para, una vez que se haya precisado, encontrar el impulso

necesario para dibujar el camino histórico de nuestro iusprocesalismo.

Por ahora, contentémonos con recordar que, para el siglo XIX, tres fueron

los principales ámbitos procesales que se configuraron en Cuba a partir de

la normativa que se introdujo gradualmente por España: el procesal civil, el

procesal penal y el procesal administrativo6. Tales áreas, se fueron

articulando primeramente a tenor de una legislación diversa, y ha de

presentar dos momentos, la de sus primeras manifestaciones y la de su

consolidación, que vendrá con la extensión a Cuba de las grandes leyes

procesales españolas de finales del siglo XIX, y que serán la columna

vertebral – con las correspondientes modificaciones y adecuaciones que le

sobrevendrían – del orden procesal nacional durante lo que quedará de esa

centuria, y los casi tres cuartos iniciales del siglo XX.

Ricardo DOLZ Y ARANGO, en su importantísimo Programa de Derecho

Procesal…, publicado en 1896, en la lección XLII enlistaba los

acontecimiento normativos que, en su percepción, comprendía la historia

del Derecho Procesal Civil en Cuba7. Arrancando desde las Leyes de Indias,

DOLZ Y ARANGO enunciaba una serie de disposiciones normativas previas

5 TEJERA, Diego V., Estado de la legislación cubana y de la influencia que ejerzan

en ella la de España y la de otros países, Editorial REUS, Madrid, 1925, pp. 43 y

44, publicado también en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia.

6 Excluimos al entonces denominando “procedimiento canónico”, porque poco ha de

aportar la referencia al mismo a los objetivos concretos que nos mueven en este

trabajo. Aunque, no desconocemos el valor que ha tenido el Derecho Procesal

canónico para la formación del moderno Derecho Procesal, en el mundo jurídico-

cultural en el que se inserta Cuba.

7 DOLZ Y ARANGO, Ricardo, Programa de Derecho Procesal civil, penal, canónico y

administrativo y teoría y práctica de redacción de instrumentos públicos, Imprenta y

Papelería “La Universal” de Ruiz y Hermano, Habana, 1896, p 49.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

13

todas a 1855, y anotaba “el lamentable estado del procedimiento en Cuba” a

la publicación de la importante Real Cédula de 20 de enero de 18558, que

introdujo importantes reformas en la organización de la administración de

justicia en los territorios ultramarinos de España (Cuba, Puerto Rico y

Filipinas, fundamentalmente). Luego, en 1855 entraría en vigor, por Real

Orden de 5 de octubre, quizás el primer cuerpo codificado de importancia

en materia civil antes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que fue la

Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855.

Por su parte, Eloy G. MERINO BRITO, al tratar los antecedentes de la

legislación procesal civil, previos a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881,

evocaba especialmente a la “Instrucción para arreglar el procedimiento en

los negocios civiles, con respecto a la Real jurisdicción ordinaria”,

redactada por José DE CASTRO Y OROZCO, Marqués de Gerona, y aprobada

por Real Cédula de 30 de septiembre de 1853; calificando a esa

“Instrucción…” como “(…) notabilísima y quizás superior técnicamente a

las dos leyes que le subsiguieron (…).”9. Y sobre la Ley de Enjuiciamiento

Civil de 1855 evaluaba: “La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 aunque

significó un progreso en cuanto codificaba y sistematizaba toda la antigua

legislación procesal civil y aspiraba a la unificación de los fueros y

jurisdicciones (…), fracasaba, no obstante, en la obtención de este último

propósito por la feroz resistencia que le hicieron las autoridades militares y

eclesiásticas, y fracasaba también en incorporar a la dogmática las

“enseñanzas de la ciencia y la experiencia”, con lo que su saldo final era de

retroceso y no de progreso, haciendo a la codificación un instrumento muy

inferior en calidad a la Instrucción del Marqués de Gerona.”10.

Los antecedentes de nuestro Derecho Procesal Penal en el siglo XIX, en la

primerísima fase de su construcción moderna, no han sido estudiados entre

los autores cubanos con precisión. No le falta razón a Danilo RIVERO

GARCÍA cuando ha señalado que “poco conocida es la historia de la justicia

penal en Cuba antes de 1889”11; año este último que es cuando entra en

vigor en Cuba la española Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Antes

de esa fecha, el acontecimiento normativo más importante al respecto,

estuvo dado porque el 5 de agosto de 1879, comenzó a regir en Cuba con

carácter provisional la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872. Sobre esa

norma, escribió MERINO BRITO: “(…), precedida en el tiempo por el Código

Penal de 1870 y la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial

del mismo año, el 22 de diciembre de 1872 se puso en vigor la Ley de

8 DOLZ Y ARANGO, R., en “Programa de Derecho…”, cit., p. 49.

9 MERINO BRITO, Eloy G., “La Ley de Procedimiento Civil y Administrativo”, en

Revista Cubana de Derecho, Año III, No. 7, enero-julio, 1974, Instituto Cubano del

Libro, La Habana, p. 178.

10 MERINO BRITO, Eloy G., en “La Ley de Procedimiento…”, cit., pp. 179 y 180.

11 RIVERO GARCÍA, Danilo, “Pasado, presente y futuro del Derecho Procesal Penal en

Cuba”, en Panorama del Derecho procesal hispanocubano, Juan MENDOZA DÍAZ,

(Coordinador) Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 77.

Dr. Andry MATILLA CORREA

14

Enjuiciamiento Criminal que codificó todas las disposiciones de

procedimiento entonces vigentes (régimen de compilaciones) en un

conjunto orgánico y sistematizado, que, sin apartarse de la tradición jurídica

española, fue sin duda una de las mejores, si no la mejor, de las leyes

promulgadas en ese periodo de intensa actividad legislativa y codificadora.

Esa ley de procedimiento solo rigió hasta el 3 de enero de 1875 en que por

Decreto de esta fecha se suprimió el Jurado y el juicio oral y público, y se

volvió al tradicional enjuiciamiento criminal de actuación escrita y única

instancia, reuniéndose en el juez pesquisidor la función jurisdiccional y

reviviéndose el proceder inquisitivo español multisecular”12.

El Derecho Procesal Administrativo, habría de tener sus antecedentes

normativos modernos más identificables en la ya mencionada Real Cédula

de 30 de enero de 1855, a través de artículos como el 1 y los del 118 al 121.

Luego, sobrevendrían 3 decretos de 4 de julio de 1861, que darían

importantes pasos para el establecimiento en esta primerísima etapa del

contencioso-administrativo en Ultramar. Aún así, hay que reconocer que los

orígenes del contencioso-administrativo para el caso cubano no han sido

fijados con total claridad por los autores nacionales que se han ocupado de

su estudio a lo largo de este tiempo. De hecho, las referencias en torno a la

normativa anterior a la vigencia de la Ley española de 13 de septiembre de

1888 (conocida históricamente como “Ley Santamaría de Paredes”), cuando

se han hecho, han sido muy someras; y no necesariamente con el interés de

precisar y reconstruir, en extenso, los antecedentes del contencioso-

administrativo en Cuba, a partir de un enfoque que permita apreciar la línea

evolutiva que ha presentado la ordenación jurídica del proceso

administrativo entre nosotros, antes del “reinado” de esa ley española de

1888. La indagación por el momento en que se inaugura para Cuba, en

específico, la jurisdicción administrativa, es algo que la literatura patria de

fines del siglo XIX, y la que tendrá lugar durante todo el siglo XX, ha

soslayado casi por completo. Con alusiones a lo que aconteció en el

territorio ibérico, se echan en falta pronunciamientos decisivos sobre lo que

al respecto acontecía en suelo cubano. De ahí que sea esa una cuestión que

amerite un estudio propio, que nos permita ganar en mayor conciencia sobre

la situación del origen del contencioso-administrativo para los cubanos13.

Junto a la realidad práctica procesal que discurría, entre las décadas de 1840

y 1880 aparece y comienza a evolucionar, en su primer momento, la

12 MERINO BRITO, Eloy G., “El Proyecto de Ley de Procedimiento Penal”, en Revista

Cubana de Derecho, Año II, No. 4, enero-marzo, 1973, Instituto Cubano del Libro,

La Habana, pp. 15 y 16.

13 Vid. MATILLA CORREA, Andry, “La justicia administrativa en Cuba: inicios y

evolución hasta la primera intervención norteamericana”, en El Derecho público en

Cuba a comienzos del siglo XXI. Homenaje al Dr. ÁLVAREZ TABÍO, Fernando, Ana

María ÁLVAREZ-TABÍO ALBO, y Andry MATILLA CORREA (Coordinadores), Editorial

UH, La Habana, 2011, pp. 381 y ss.; y PEREIRA BASANTA, Jolene, “Sobre el recurso

de plena jurisdicción y otros presupuestos de acceso a la justicia administrativa en

Cuba. Apuntes para una trayectoria histórica”, en Boletín del Ministerio de Justicia,

Año LXV, núm. 2147, octubre 2012, Madrid, disponible en www.mjusticia.es/bmj.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

15

enseñanza moderna del Derecho Procesal como disciplina docente en la

formación especializada de los juristas. Esos inicios y evolución estuvieron

ligados en su caso, básicamente, a cuatro planes de estudios.

Con la secularización de la Universidad de La Habana y la entrada en vigor

en Cuba del primer Plan de Estudios moderno en la enseñanza universitaria

en general, y del Derecho en Particular, de 1842, aparece también por vez

primera la enseñanza del Derecho Procesal en nuestro país, la que pasó a

ser, en esa, fecha la Facultad de Jurisprudencia. En ese plan, entre las

asignaturas que debían cursarse para obtener el grado de Licenciado en

Jurisprudencia, estaba la de Procedimientos Judiciales o Sustanciación (5to

año) y la de Ejercicios Prácticos de Sustanciación (6to año).

En el Plan de Estudios de 1863, aparecen las asignaturas de Teoría de los

procedimientos judiciales de España y de Práctica Forense, incorporadas

en el período de la Licenciatura que duraba 2 años luego de obtener el grado

de Bachiller, en la ahora Facultad de Derecho Civil y Canónico de la

universidad habanera.

En el Plan de Estudios de 1871, se mantuvieron como asignaturas la de

Teoría de los procedimientos judiciales de España y de Práctica Forense,

apareciendo la de Teoría y práctica de la redacción de instrumentos

públicos y actuaciones judiciales.

En el Plan de Estudios de 1880, encontramos ahora unificada en el quinto

grupo para la Licenciatura en Derecho Civil y Canónico, la asignatura de

Teoría de los procesamientos jurídicos o judiciales de España y práctica

forense. Y, además, para la carrera de notariado, se incluía la de Teoría y

práctica de la redacción de instrumentos públicos y actuaciones judiciales.

Como puede verse, es en este tiempo previo a la década de 1880 que se dan,

para Cuba, las primeras expresiones normativas modernas del Derecho

Procesal, venidas de España, claro está. Así como también se dan las

primeras manifestaciones de su enseñanza dentro de la formación

universitaria especializada en lo jurídico.

A lo que hay que añadir las primeras expresiones del quehacer doctrinal

moderno en materia procesal, esencialmente ajustadas al método legalista o

exegético que imperaba aún para la ciencia jurídica de entonces. Aquí, cabe

destacar los Elementos teórico-prácticos de procedimientos civiles, con

aplicación a las Islas de Cuba y Puerto Rico de José María CÉSPEDES

(1866). Así como lo relativo al procesal administrativo, cuya referencia más

destacable, quizás, puede ser lo que aparece incluido por José María

MORILLA – primer catedrático de Derecho Administrativo de la universidad

habanera – en la obra más importante del iusadministrativismo cubano del

siglo XIX, su Tratado de Derecho Administrativo español, 2 tomos, 2a.

edición aumentada con arreglo a las últimas disposiciones, Imprenta de la

Viuda de Barcina y comp., Habana, 1865.

Dr. Andry MATILLA CORREA

16

De esta primera fase, en una suerte de conclusión parcial, lo que importa

retener por ahora, es que el origen del Derecho Procesal en Cuba está ligado

al quehacer español sobre la Isla. Por lo tanto, esa esfera jurídica tiene,

como todo el Derecho que se fue asentando para nosotros en el siglo XIX,

un fuerte basamento hispánico y hay, en ese basamento, uno de los

componentes históricos que han sustanciado el sistema de Derecho nacional

durante su proceso evolutivo existencial.

Más allá de todo eso, para el fin del tercer cuarto y poco más del siglo XIX,

el procesalismo moderno cubano solo estaba en su fase primigenia, y aún no

habría de dar el salto hacia la consolidación inicial – normativa y doctrinal –

dentro del panorama jurídico criollo. Salto que se produciría en la década de

1880, cuando, en lo normativo, se hicieron extensivos a Cuba los

principales cuerpos legales procesales españoles y habría de establecerse en

el panorama de la enseñanza y el pensamiento iusprocesalista la figura de

Ricardo DOLZ Y ARANGO.

En efecto, por Real Decreto de 25 de septiembre de 1885 se hizo extensiva

a Cuba y Puerto Rico la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1881,

con ciertas alteraciones para su aplicación aquí; ley que fue luego reformada

para Cuba por Real Decreto de 23 de junio de 1893. Esta ley, de

importancia para su época, convirtió al régimen procesal civil en el más

importante dentro de Cuba, e incluso, hubo de operar como cuerpo de

aplicación supletoria para otro régimen procesal como fue el del

contencioso-administrativo que se instauraría por una ley posterior.

En las consideraciones de MERINO BRITO: “La ley del 81 no fue recibida

con aplausos por los juristas españoles. El mismo José María MANRESA,

que integró la Comisión redactora, aunque defiende el progreso que, según

él, significa la Ley sobre la legislación procesal anterior, especialmente en

lo que se refiere a la publicidad de las pruebas, a la caducidad de la

instancia y el llamado recurso de revisión, admite, no obstante, que es

casuística, lo que explica porque sus redactores tuvieron que actuar “con pie

forzado” de la ley anterior de 1855 y sin más facultades que las

estrictamente necesarias para modificar y adicionarla ciñéndose a las Bases

aprobadas por la Ley de 21 de junio de 1880. (…)”14.

Pocos años después de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil

de 1881, se hizo extensiva a Cuba (Puerto Rico y Filipinas) por Real

Decreto de 23 de noviembre de 1888, y se mandó a cumplir el 27 de

diciembre de 1888, la Ley de 13 de septiembre de 1888, Ley de lo

contencioso-administrativo, que ha pasado a conocerse históricamente como

la “Ley Santamaría de Paredes”. El régimen procesal administrativo que

articulaba se complementaría con el Real Decreto de 29 de diciembre de

1890 (publicado en la Gaceta de Madrid de 31 de diciembre de 1890), por

14 MERINO BRITO, Eloy G., en “La Ley de Procedimiento…”, cit., p. 180.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

17

el que se aprobaba el reglamento general comprensivo del procedimiento a

que debía ajustarse la sustanciación de los asuntos contencioso-

administrativos y sus incidentes, dictado en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 107 de la Ley de 13 de septiembre de 1888. Este reglamento

fue mandado a publicar en Cuba por Real Orden de 4 de abril de 1891,

señalando su cumplimiento en 25 de abril de 1891. Luego, por Real Decreto

de 8 de enero de 1892 se modificó la organización del tribunal local en

Ultramar. Para la organización de la jurisdicción administrativa esta ley

adoptaba – aún cuando entre la doctrina española se ha matizado esta

percepción – un sistema que el mismo Vicente SANTAMARÍA DE PAREDES

llamó armónico o mixto; basándose en el concepto por él expuesto de que

en la solución armónica: “(…) lo contencioso-administrativo no pertenece

al orden judicial ni al orden administrativo; tiene una situación propia; ni es

una segunda parte del procedimiento administrativo, ni es un pleito

ordinario que exija conocimientos especiales; surge de la reunión de estos

términos: lo administrativo y lo contencioso; y no debe estar supeditado ni

al Poder ejecutivo ni al judicial…”15. La mixtura en la composición de los

tribunales se daba, principalmente, a nivel de tribunales provinciales y

tribunales locales de Ultramar, pues su integración combinaba miembros

provenientes del orden judicial (Presidente de Audiencia Territorial y tres

magistrados de la Sala Civil de esa Audiencia) y cuatro magistrados o

funcionarios administrativos.

Luego, por Real Decreto de 19 de octubre de 1888 se hizo extensiva a Cuba

la española Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882,

comenzado a regir aquí el 1 de enero de 1889, no sin ciertas modificaciones

introducidas por el gobierno español. Según DOLZ, esta ley introducía un

sistema mixto inquisitivo en el sumario y uno mixto acusatorio en el juicio

oral16. Sobre dicha ley española ha dicho Danilo RIVERO que marcó el

término de una evolución legislativa que se desarrolló, con alternativas y

retrocesos, a lo largo del siglo XIX; fue sin dudas, la culminación de un

largo p roceso histórico abierto en la Constitución de Cádiz en 1812 – algo que

había resaltado ya con anterioridad MERINO BRITO17, agregamos nosotros –; y

significó, el paso de un proceso penal inquisitivo al tipo acusatorio formal, o

mixto, según el modelo del Código de Instrucción Criminal francés de

1808, recibido en la misma época en la mayor parte de los países europeos

continentales18.

15 SANTAMARÍA DE PAREDES, Vicente, “Discurso pronunciado por D. Vicente

Santamaría de Paredes en el Congreso de los Diputados el día 14 de diciembre de

1887 sobre la totalidad del Proyecto de Ley de lo Contencioso-Administrativo”,

como Apéndice a la tercera parte, en SANTAMARÍA DE PAREDES, Vicente, Curso de

Derecho Administrativo según sus principios generales y la legislación actual de

España, 3a edición, Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, Madrid, 1891, p. 892.

16 DOLZ Y ARANGO, Ricardo, en “Programa de Derecho Procesal…”, cit., p. 307.

17 MERINO BRITO, Eloy G., en “El Proyecto de Ley de Procedimiento…”, cit., p. 15.

18 RIVERO GARCÍA, Danilo, “La huella de la Ley Enjuiciamiento Criminal española

en el proceso penal actual”, consultado en la versión digital original inédita, p. 1.

Dr. Andry MATILLA CORREA

18

Es con la vigencia de esos tres grandes cuerpos normativos procesales, que

se abre, de la mano de los designios de la metrópoli española, el primer gran

ciclo vital del procesalismo moderno en Cuba. Ciclo que resultara el más

largo hasta el momento, porque esas normativas atravesaron en su

operatividad – con independencia de las modificaciones que sufrieron –

ocho décadas, en las que se han constatado diversas condiciones políticas e

ideológicas, que han ido desde un status colonial hasta un sistema socialista,

pasando por tiempos de ocupación militar norteamericana, y por una etapa

republicana bajo los auspicios capitalistas.

En cuanto a la enseñanza del Derecho Procesal, debemos recordar que en

1886 se aprueba un nuevo Plan de Estudios para la Facultad de Derecho de

la Universidad de La Habana, donde se incorporaron las asignaturas

Derecho Procesal Civil, penal, común y administrativo (primer curso) y

Derecho Procesal Civil, penal, común y administrativo (segundo curso),

además de la de Teoría y práctica de redacción de instrumentos públicos.

Como se verá, si se contrasta con los planes anteriores, la nomenclatura de

esas asignaturas de corte procesal, concebidas para su impartición desde

cierto sentido unitario del universo procesal bajo la regencia de un

procesalista, está ya mucho más en coherencia y a tono con los avances

científicos del iusprocesalismo tal y como para esa época se ponían de

manifiesto por lo más avanzado de su ciencia, especialmente la europea.

Asimismo, en ese plan de 1886, en la carrera de notariado, se impartían

también las asignaturas Derecho Procesal Civil, penal, común y

administrativo (primer curso) y Derecho Procesal Civil, penal, común y

administrativo (segundo curso).

Es en la década de 1890 donde se posiciona Ricardo DOLZ Y ARANGO como

la principal figura del iusprocesalismo nacional. DOLZ Y ARANGO nació en

1861 y falleció en 1937; y perteneció a la oleada generacional que ha

proveído – tal vez – a los más grandes juristas que ha tenido nuestro país en

el plano científico y profesoral. Este hombre no solo fue profesor, sino

también activo abogado y político, entre otras actividades que desempeñó.

Su obra no alcanzó ribetes de vastedad como hubiera sido lícito esperar de

alguien de su calibre científico – tampoco muchos de los grandes juristas

cubanos de su generación, hoy nombres imprescindibles de nuestra ciencia

jurídica, llevaron su obra a planos de vastedad –; pero escribió numerosos

artículos y a él se deben dos importantes libros, joyas de nuestro

procesalismo: Los abintestatos y el juicio ejecutivo (1891); y su colosal

Programa de Derecho procesal civil, penal, canónico y administrativo y

teoría y práctica de redacción de los instrumentos públicos (1896).

Este último, no era sino un programa de clases desarrollado y no

propiamente una obra general (tratado o manual). Pero, en él se contenían

enunciados los resortes fundamentales del pensamiento procesal de Ricardo

DOLZ Y ARANGO. El Programa…, ha quedado como la principal obra

procesalista con alcance general de DOLZ Y ARANGO. Por su carácter

general, es un texto que nos señalaba y nos coloca ante los ojos el universo

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

19

procesal cubano de entonces en sus enunciados esenciales. Pero,

precisamente por su condición de programa desarrollado, no nos sumerge a

fondo en ese universo, en tanto no exponía ni desarrollaba in extenso los

contenidos que enunciaba.

DOLZ Y ARANGO ha sido la figura más egregia y colosal del iusprocesalimo

cubano moderno hasta hoy; dominando esa escena desde finales del siglo

XIX y hasta su muerte en 1937.

Si algún aspecto puede señalársele a DOLZ Y ARANGO, y preferimos ponerlo

en la pluma de alguien como Niceto ALCALÁ-ZAMORA, es el hecho de que

fue “más maestro – y abogado y político, agregamos nosotros – que

investigador”. ALCALÁ-ZAMORA igualmente evaluaba: “Cierto que la

existencia de Ricardo Dolz se prolonga hasta el año 1937 y que por lo

menos desde 1920 pudo incorporarse a las modernas (muy relativamente

modernas) corrientes procesales; pero además de lo difícil que resulta

acoger con entusiasmo y asimilar a los sesenta años nuevas orientaciones y

conceptos, esta posibilidad la frustró el otro de los factores mencionados.

Vemos aquí que quien a los 35 años nos ha dado El juicio ejecutivo y el

Programa, prometedores anticipos de una labor que continuada a igual

ritmo habría logrado volumen y categoría impresionantes, decae como

procesalista a medida que su figura avanza por los senderos de la política

(con su secuela de conspiraciones y exilios), del periodismo, del deporte y

aun de eso que se ha dado en llamar el gran mundo. Y la investigación

científica exige un recogimiento (no aislamiento) espiritual y una

continuidad en el esfuerzo incompatibles con el ajetreo de DOLZ durante la

segunda mitad de su existencia.”. ALCALÁ-ZAMORA sentenciaba además:

“Contemporáneo de Tomás JOFRÉ en la Argentina y de Pablo DE MARÍA en

el Uruguay, aunque acaso incomunicados entre sí, Ricardo DOLZ está, como

ellos, evolutivamente situado en el tránsito del procedimentalismo al

procesalismo. (…)”19.

No queremos terminar esta referencia a la etapa colonial sin mencionar que

hay algunas obras a destacar. Por la parte del procesalismo civil la obra de

Antonio GOVÍN Y TORRES “El Enjuiciamiento Civil en Cuba y Puerto Rico”

(1886). Por el lado del Derecho Procesal Administrativo aparece algún que

otro trabajo escrito, entre los que vale destacar el texto de Francisco

MORENO, “La Administración y sus procedimientos. Compendio de las

principales teorías sobre los asuntos que forman el Derecho administrativo,

sus procedimientos y jurisprudencia”, Imprenta de El Eco Militar, La

Habana, 1886 – quizás la primera obra dedicada específicamente al procesal

19 ALCALÁ ZAMORA, Niceto, “Ricardo Dolz y Arango (1861-1937)”, en Revista

Cubana de Derecho, Año XVIII (4 nueva serie), No. I (69), enero-marzo, 1944,

Imprenta de F. Verdugo, La Habana, pp. 33 y 34 (hay edición como separata); este

trabajo fue incluido luego en ALCALÁ ZAMORA, Niceto, en “Ensayos de Derecho

Procesal Civil, Penal y Constitucional”, 1a. edición, Edición de la Revista de la

Jurisprudencia Argentina, S.A., Buenos Aires, 1944, pp. 719 y ss.

Dr. Andry MATILLA CORREA

20

administrativo en Cuba –; y los trabajos de Andrés SEGURA Y CABRERA,

sobre costas procesales en las demandas contencioso-administrativas

(1892), sobre el concepto técnico de la caducidad en asuntos contencioso-

administrativos (1892) y su “Ensayo de un programa para el estudio de lo

contencioso-administrativo” (1894).

4. El Derecho Procesal cubano durante la primera intervención

norteamericana (1 de enero de 1899 hasta el 20 de mayo de 1902)

El 1 de enero de 1899, Cuba hubo de entrar en una nueva condición política,

en tanto dejaba de ser dominio español y se convertía en tierra militarmente

intervenida por los Estados Unidos de Norteamérica, quienes frustraron los

esfuerzos independentistas de los cubanos – iniciados en su última fase por

la vía de las armas en 1895 –. La que ha sido conocida como “la primera

intervención norteamericana” en Cuba, fue un periodo que se extendió

desde el 1 de enero de 1899 hasta el 20 de mayo de 1902, y para dirigir los

destinos del país se colocó al frente del mismo a un gobernador militar

norteamericano, asistido para su gobierno por cubanos.

El Código Civil y el Criminal, vigentes antes del cese de la dominación

española, mantuvieron su vigencia, por la proclama del Gobernado Militar

al asumir oficialmente el gobierno de Cuba (1 de enero de 1899). Y además,

también las leyes procesales – junto a otras – conservaron su operatividad,

aún cuando nada se dijo expresamente sobre ellas en aquella proclama.

Una de las primeras urgencias que se le planteó a la vida pública cubana

bajo el interventor, fue la de reorganizar el aparato judicial en el país, pues

al desatarse los lazos de dominación que mantenían atada a la “siempre fiel

Isla de Cuba” a España, los poderes superiores que residían en Madrid

perdieron conexión con la “Perla de las Antillas”, y el sistema judicial se

desajustó en su organización y operatividad, siendo necesario adecuarlo a

las nuevas circunstancias. Así las cosas, durante la primera intervención

norteamericana se vivirá en nuestro archipiélago un momento interesante de

reajuste del aparataje procesal cubano, aunque no puede hablarse de

reajustes estructurales de envergadura en nuestro sistema de Derecho

Procesal, ni cambios profundos al respecto, en tanto se conservaron las

leyes procesales fundamentales que traían causa de la colonia (en lo civil, lo

penal y lo administrativo), y las principales transformaciones se dieron para

las exigencias más inmediatas que planteaba la necesidad de adecuar la

organización y la funcionalidad judiciales de Cuba a las nuevas

circunstancias sin España.

Sin querer agotar tomas las disposiciones que tuvieron que ver con lo

anteriormente dicho, mencionemos solo algunas de las más relevantes.

La primera medida que se dictó fue la breve Orden Militar No. 33 de 1º de

abril de 1899, suprimiendo el Tribunal local de lo contencioso-

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

21

administrativo y sometiendo a la Sala de lo Civil de la Audiencia de La

Habana, que todavía no se había reorganizado, el conocimiento de los

asuntos que eran de la competencia de dicho Tribunal.

Uno de los puntos claves dentro del proceso de organización judicial que se

llevó a cabo durante la primera intervención norteamericana, estuvo

constituido por la Orden Militar No. 41, de 14 de abril de 1899, por la que

se creaba “(…) un Tribunal que se denominará Supremo, que ha de residir

en la Capital de la Isla y que ejercerá su jurisdicción en todo el territorio

cubano, sin que pueda haber otro con igual título, ni carácter ni categoría”

(artículo I). El Tribunal Supremo quedó organizado también por esa orden

militar, disponiéndose en ella (artículo VII) que funcionaría constituido en

Sala de Justicia (única) o en Sala de Gobierno. Dentro de la competencia de

la Sala de Justicia se comprendían los asuntos relativos a los “recursos de

revisión así en materia civil como criminal o contencioso-administrativo”

(artículo VII, apartado 14). Con la creación del Tribunal Supremo se llenaba

el vacío que en el orden estructural y funcional de lo judicial había

originado la separación de España. Y es de llamar la atención sobre el hecho

de que ese Tribunal Supremo se ordenaba sobre la base del principio de

unidad de jurisdicción; por lo que, a partir de allí, toda actuación procesal

en materia administrativa quedaba entonces adscrita al contenido del

funcionamiento judicial, como venía siendo en materia civil y penal.

Con la creación del Tribunal Supremo en Cuba – fue su primer presidente

Antonio GONZÁLEZ DE MENDOZA Y BONILLA –, comienzan a pasar a manos

cubanas los resortes jurisprudenciales para la sustanciación y el desarrollo

del sistema jurídico cubano, y con ello del régimen procesal del país.

Por otra Orden Militar, la No. 95, de 10 de abril de 1901, se modificó la

organización del Tribunal Supremo, dividiéndolo ahora en tres Salas de

Justicia: una para conocer de los asuntos civiles, otra para los asuntos

criminales y otra para los asuntos contencioso-administrativos (artículo III).

Previamente, se había dado la Orden Militar No. 80 de 15 de junio de 1899,

relativa a la organización de las Audiencias.

Con la Orden No. 92, de 26 de junio de 1899, vendría un momento

importante para la ordenación jurídica del régimen procesal en Cuba, pues

determinaba el régimen jurídico general del “recurso de casación”. Con

dicha normativa, debida en gran medida a José Antonio GONZÁLEZ LANUZA

(el más reconocido de los penalistas cubanos, uno de los nombres

imprescindibles de nuestro Derecho, y por aquel entonces Secretario de

Justicia e Instrucción), se establecía una norma específica para regular las

cuestiones esenciales sobre el recurso de casación, de aplicación tanto a las

cuestiones civiles, como criminales – en la terminología de entonces – y

contencioso-administrativo. Con ello, se adoptaba una concepción unitaria

en la regulación normativa de la técnica casacional, dejándose a salvo, por

la vía de la remisión en su aplicación, algunos aspectos de las anteriores

regulaciones al respecto, contenidas en las precedentes leyes de

Dr. Andry MATILLA CORREA

22

Enjuiciamiento Civil (artículo I de la Orden No. 92) y Criminal (artículo II

de esa misma orden). Sin embargo, para el orden procesal administrativo no

ocurriría igual, sino que se dejaban sin vigencia los preceptos de la Ley de

lo Contencioso-administrativo de 1888 y de su Reglamento que tenían que

ver con este tema (artículo CVI de la Orden No. 92), y aparece una remisión

para aplicar directamente el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil

(artículos CV y CVI de la Orden No. 92) a la hora de proceder en casación

en asuntos de índole contencioso-administrativa; con la consiguiente

identificación para lo procesal civil y para lo procesal administrativo, de

esos aspectos en los que procedía tal remisión para el segundo de esos

ámbitos procesales.

Como advirtiera Ariel MANTECÓN RAMOS en un reciente artículo sobre la

historia de la casación en Cuba: “(…) La Orden Militar No. 92 se erigió, por

demás, en el patrón casacional cubano para el siglo entrante y condicionó el

esquema de comportamiento de los operadores procesales, en lo que

concierne a este medio de impugnación, durante los siguientes setenta y

cuatro años”20.

Cabe destacar igualmente la Orden Militar No. 213 de 25 de mayo de 1900

que creaba y regulaba los juzgados correccionales y el procedimiento

correccional, relativo a las faltas y ciertos delitos caracterizados como de

menor gravedad; esta orden derogó el Libro Sexto de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal que regulaba el juicio sobre faltas en primera y

segunda instancia. La existencia y funcionamiento de los juzgados

correccionales fue uno de los episodios singulares del panorama

jurisdiccional del siglo XX prerrevolucionario, revelándose más pronto que

tarde como una realidad cuya presencia en ese panorama no dejó de ser

criticada; recibiendo duros reproches sobre todo en trabajos fechados con

posterioridad al triunfo de la Revolución cubana21.

Sobre esos órganos escribió Mariano RODRÍGUEZ SOLVEIRA, que actuaban

con plenas facultades para resolver en un juicio oral rapidísimo al estilo de

la justicia anglosajón, así como que: “El procedimiento correccional

mencionado fue objeto de numerosas críticas. Los jueces se vieron en la

necesidad de celebrar un sin número tan grande de juicios cada día, que en

verdad no había tiempo para conocer bien los hechos, en muchas ocasiones;

20 MANTECÓN RAMOS, Ariel, “Rectificar el ángulo en el vértice: breve historia de la

casación en Cuba”, en Panorama del Derecho procesal hispanocubano, Juan

MENDOZA DÍAZ, (Coordinador), Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 318.

21 Vid. por ejemplo, cómo se expresaba CAÑIZARES ABELEDO, Fernando, “El

procedimiento correccional en Cuba – estudio crítico –”, en Revista Cubana de Derecho,

Año I, No. 2, octubre, 1972, Instituto Cubano del Li bro, La Habana, pp. 86 y ss.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

23

y las corruptelas de los testigos falsos, el cocheo a las autoridades y las

influencias políticas o de otro orden, resultaban ostensibles22.”

Otra disposición normativa que merece la pena destacarse en este periodo es

la Orden Militar No. 427 de 15 de octubre de 1900, por la que se entraba a

ordenar el recurso de habeas corpus.

Durante esta primera intervención norteamericana, tuvieron lugar dos

momentos en la reorganización de los estudios de la carrera de Derecho, en

un marco general de reacomodo educacional.

El primero, conocido como PLAN LANUZA, vino por la Orden Militar No.

212 de 4 de noviembre de 1899, y contemplaba para los estudiante de

Derecho la presencia en dos cursos de la asignatura de Derecho Procesal

(primer y segundo cursos), y se mantenía una asignatura relativa a la Teoría

y práctica de redacción de instrumentos públicos. Asimismo, los de la

carrera de Notariado debían cursar Derecho Procesal, primer curso y

Teoría y práctica de redacción de instrumentos públicos. Como profesores

de Derecho Procesal en la Universidad de La Habana, por la Orden Militar

No. 250 de 29 de diciembre de 1899, se nombraron a José María

CARBONELL Y RUIZ y a Ricardo DOLZ Y ARANGO.

Poco tiempo después, por la Orden Militar No. 266 de 30 de junio de 1900,

se pondría en vigor el llamado PLAN VARONA (Enrique José VARONA,

Secretario de Instrucción sería su inspirador). Una de las novedades de esta

reforma fue la división de la Facultad de Derecho en dos Escuelas: la de

Derecho Privado y la de Derecho Público. Por este plan de estudios se

mantuvo el Derecho Procesal en dos cursos, pero ahora había sido

nombrado para desempeñarse como catedrático (cátedra E) de esos dos

cursos, en la casa habanera de altos estudios, a Ricardo DOLZ Y ARANGO.

Igualmente, en la especialidad de notariado debía vencerse un curso de

Derecho Procesal y el de Redacción de instrumentos públicos.

5. El derecho procesal en Cuba durante la etapa republicana

prerrevolucionaria (20 de mayo de 1902 hasta 1958)

Cuba nace al concierto de Estados independientes en 1902, cuando el bastón

de mando del interventor norteamericano se entrega a un gobierno nacional,

bajo los auspicios de la Constitución de 1901. Se abría así un nuevo ciclo de

vida nacional que se extendería hasta el final mismo de 1958. Sería este un

tiempo convulso política y socialmente para la nación cubana, lleno de

complejidades y contradicciones. Complejidades y contradicciones que

22 RODRÍGUEZ SOLVEIRA, Mariano, “Cien años de Derecho en Cuba. (1868-1968)”,

en Revista Cubana de Derecho, Año, I, No. 1, enero, 1972, Instituto Cubano del

Libro, La Habana, p. 86.

Dr. Andry MATILLA CORREA

24

también recalaron en el ámbito de la justicia, la cual siempre no fue tenida

como la divisa fundamental que ha de animar la actuación judicial.

Para el sistema jurídico cubano, igualmente sería esa una época muy

interesante, sobre todo por la evolución que tendrá el Derecho en nuestro

país, y por los aportes nacionales que a ese sistema jurídico se harán.

En el orden procesal, este período, de sesenta años, será muy interesante,

sobre todo en el plano jurisprudencial y doctrinal.

Una de las constantes que a lo largo de la primera mitad del siglo XX se

pondrá de manifiesto ha de ser la del clamor, en aumento con los años, por

la necesidad de reformar sustancialmente la legislación procesal (tanto la

civil, la penal como la administrativa). Esa necesidad fue quedando cada

vez más en evidencia, ante el hecho de que el nuevo siglo iba poniendo al

descubierto nuevos requerimientos de justicia y aquella legislación se hacía

cada vez más obsoleta y hasta fragmentada; máxime si, como se recordaba,

era una legislación de factura extranjera, que procedía del periodo colonial.

En la media que avanzaba el siglo XX esas voces fueron haciéndose cada vez más

y más fuertes, pero lo cierto fue que mientras estuvo vigente la vida republicana

prerrevolucionaria, no logró concretarse ninguna reforma sustancial en ninguno de

los planos procesales (civil, administrativo y penal) que traían causa del siglo

XIX. Para ellos, solo se realizaron adecuaciones fragmentadas, a tenor de las más

urgentes exigencias organizativas y funcionales que la vida judicial y de la justicia

en general iba develando entre nosotros. Lo que no quiere decir que no se

agregaran nuevas piezas normativas de consideración en relación con el proceso

civil, el penal o el administrativo. Pero todo colocado de una manera que aún las

grandes leyes procesales finiseculares decimonónicas, continuaron representando

el rol de normas de desarrollo esenciales del sistema de Derecho Procesal patrio,

en cada una de aquellas zonas del ordenamiento jurídico.

Además de constituciones como la de 1901 y la de 1940 – las dos más

importantes, aunque no las únicas, normas constitucionales que rigieron

entre 1902 y 1958 –, que fijaron el norte jurídico sobre el cual debía

gravitar la organización y el ejercicio de la actividad judicial en Cuba, en

tanto ordenaron jurídicamente el Estado cubano en los dos grandes

momentos de vida que conoció en las seis primeras décadas del siglo XX,

una pieza normativa clave en la articulación del sistema judicial cubano

estuvo dada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1909, resultado de la

labor de la llamada Comisión Consultiva, que realizara sus labores durante

la segunda intervención militar norteamericana en Cuba (1906-1909). Esta

ley de organización de lo judicial, recibiría modificaciones en los tiempos

republicanos prerrevolucionarios y varios intentos de sustitución por otra

disposición legislativa más a tono con las circunstancias que iba revelando

el avance del siglo XX hacia su mitad, pero ninguno de esos intentos

fructificó. Ley Orgánica del Poder Judicial de 1909 tuvo una larga vigencia,

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

25

cercana a las siete décadas, es entonces el cuerpo normativo más importante

que se diera al respecto en la centuria que recién concluyó.

En nuestra opinión, hay un dato que señala a la etapa republicana

prerrevolucionaria en Cuba como interesante a los efectos del universo

procesal patrio, y tiene que ver con la aparición de un nuevo ámbito

procesal, hasta ese momento desconocido por los cubanos de manera

práctica, en la forma en que se iría articulando y construyendo gradualmente

durante la mitad inicial del siglo XX.

En efecto, si bien los mecanismos de control jurisdiccional de

constitucionalidad ya iban ganando espacios desde el siglo XIX en el

espectro del Derecho en otros países, no es hasta la centuria siguiente – ya

avanzada – que el pensamiento jurídico va identificando una franja que se

ha de denominar Derecho Procesal Constitucional y que se configura a

partir de tener como objeto de ordenación y atención a los mecanismo

procesales, judiciales o jurisdiccionales, particularmente articulados para la

solución de litigios en torno a la vulneración de los derechos, principios y

cuestiones constitucionalmente establecidas.

Sin la conciencia aún de esa denominación como Derecho Procesal

Constitucional – denominación que aparecerá en el espectro doctrinal

comparado décadas después –, lo cierto es que ya en el primer lustro de

vida de la Cuba republicana se echan las bases, en su primer ciclo vital, del

régimen procesal constitucional dando entonces surgimiento a una nueva

área dentro del marco procesal nacional.

El artículo 83 de la norma fundamental de 1901, resultó determinante en la

construcción de los primeros cimientos de la existencia del control

jurisdiccional de constitucionalidad, pues en el apartado 4 se establecía que

correspondía al Tribunal Supremo decidir sobre la constitucionalidad de las

leyes, decretos y reglamentos, cuando fuere objeto de controversias entre

partes.

Es en este artículo 83, en su apartado 4º, particularmente, donde se colocaba

la piedra fundacional del mecanismo de defensa jurisdiccional de la

constitucionalidad en el país; moldeándose allí, para nosotros, y en ese

primer tiempo de vida, la silueta más general del fuero de

constitucionalidad. Nacido con clara influencia del modelo norteamericano,

no sería un calco exacto del mismo, pues se modeló un sistema judicialista

concentrado para organizar el control jurisdiccional de constitucionalidad23.

23 Vid. MATILLA CORREA, Andry, “El control jurisdiccional de constitucionalidad en

la Constitución cubana de 1901”, en Escritos sobre Derecho Procesal

Constitucional. Homenaje cubano al profesor HÉCTOR FIX-ZAMUDIO en sus 50 años

como investigador del Derecho, Andry MATILLA CORREA, y Eduardo FERRER MAC-

GREGOR (Coordinadores), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,

Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Universidad Nacional

Dr. Andry MATILLA CORREA

26

El segundo de los cuerpos normativos que sirvieron para configurar el

régimen procesal constitucional en Cuba, durante sus primeros momentos

de vida, fue la Ley de 31 de Marzo de 1903, conocida como ley del “recurso

de inconstitucionalidad”, y que constaba de 27 artículos. El autor y

promotor principal de dicha norma jurídica fue Antonio SÁNCHEZ DE

BUSTAMANTE Y SIRVÉN – figura cumbre del Derecho en Cuba –. Ese

cuerpo normativo vino a convertirse en la ley que regulaba, entre los

cubanos, el régimen jurídico procesal en materia de inconstitucionalidad;

dándole así desarrollo, a nivel de legislación ordinaria, a lo preceptuado en

el artículo 83, apartado 4, de la Constitución de 1901, en lo correspondiente

a la vía de control de constitucionalidad que allí se regulaba.

Así las cosas, esa de 1903, y mientras estuvo vigente, pasó a ser una de las

leyes troncales, junto a las finiseculares normas procesales de factura

española, que sustanciaban el ordenamiento procesal vigente en Cuba.

El control jurisdiccional de constitucionalidad, a partir de los aportes de la

jurisprudencia, la doctrina y las necesidades políticas, continuó avanzando y

evolucionando, hasta entrar en una etapa superior de configuración. Luego

de la ley de 1903, la Ley de 17 de marzo de 1922 fue un momento a

resaltar, en tanto que introdujo modificaciones al tema de la eficacia de las

sentencias en materia de recurso de inconstitucionalidad.

Un paso sustancial posterior en la configuración en Cuba del régimen

jurídico de control judicial de constitucionalidad, lo vendría a aportar la Ley

Constitucional de 1934 por artículos como el 38 y el 78. Fue a tenor de esos

preceptos contenidos en la norma constitucional de 1934 que cobró

presencia en el Derecho cubano, la “acción pública de inconstitucionalidad

o recurso de inconstitucionalidad por acción pública” (por un solo

ciudadano para el caso de menoscabo de derechos fundamentales o por no

menos de 25 ciudadanos). Extendiéndose a partir de ellas, y en proporción

mayor que las regulaciones anteriormente señaladas sobre el recurso de

inconstitucionalidad (recurso de parte afectada), el marco de legitimación

del planteamiento, y el alcance de la eficacia de la resolución de las

cuestiones de inconstitucionalidad, ante y por el órgano judicial superior

nacional.

Las bases constitucionales del régimen jurídico sobre el control judicial de

constitucionalidad, establecidas en la Constitución de 1934, se vieron

respaldadas luego por la Constitución de 1935.

La etapa de alcance más sustancial de todas las que puedan fijarse en la

proyección estructural y funcional del régimen de control judicial de

Autónoma de México (UNAM), Universidad de La Habana, Editorial UNIJURIS,

La Habana, 2012, pp. 169 y ss.; publicado también en la Revista Iberoamericana de

Derecho Procesal Constitucional, número 17, enero-junio, 2012, Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, SA. de CV., México, DF.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

27

constitucionalidad en Cuba, debe ubicarse a partir de la promulgación de la

Constitución de 1940. En esa norma superior se establecía, en el Título

XIV, “Del Poder Judicial”, Sección Segunda, “Del Tribunal Supremo de

Justicia”, artículo 172, párrafo primero, que: El Tribunal Supremo de

Justicia se compondrá de las Salas que la Ley determine; y en el segundo

párrafo se especificaba que una de las Salas constituiría el Tribunal de

Garantías Constitucionales y Sociales. Por su parte, el artículo 174

enumeraba, inciso d, entre las atribuciones del Tribunal Supremo de

Justicia, la de: Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos-

leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes, disposiciones y otros actos

de cualquier organismo, autoridad o funcionario.

En consonancia con los artículos anteriores, la Constitución de 1940

dedicaba, en particular, la Sección Tercera, del propio Título XIV, artículos

182 y 183, al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Además,

aparecía también en el cuerpo de la Constitución de 1940, en el mismo

Título XIV, una Sección Séptima denominada “De la Inconstitucionalidad”,

artículos 194 y 195.

De acuerdo con lo que concluyera Eloy G. MERINO BRITO, sobre esta nueva

realidad que se abría para el régimen jurídico de defensa de la

constitucionalidad: “De mera función judicial que era la Constitución de

1901, con resultados absolutamente prácticos, ampliado un tanto por las

Leyes Constitucionales de 1934 y 1935, que admitieron una acción de

inconstitucionalidad con efectos invalidatorios generales, la Constitución de

1940 hace del control constitucional una verdadera institución política, con

funciones y ámbitos también políticos, que entrega en manos del Tribunal

de Garantías Constitucionales, el que en esta forma, viene a ser un

coordinado y al mismo tiempo autónomo instrumento de gobierno”24.

El ciclo de evolución del control jurisdiccional de constitucionalidad abierto

con la preceptiva de la Constitución de 1940, vino luego a complementarse

y desarrollarse, en su más acabada en expresión hasta el momento, por la

Ley No. 7 de 31 de mayo de 1949, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías

Constitucionales y Sociales (117 artículos, seis Disposiciones Transitorias y

una única Disposición Final), quien pasó a ejercer, de una vez, el control

jurisdiccional de constitucionalidad.

Esa ley de 1949 se convirtió entonces en la norma jurídica que ordenaba

específicamente el régimen procesal constitucional en Cuba, y la segunda

de ese tipo de régimen luego de la ley de 1903.

En definitiva, con la existencia de este Tribunal de Garantías

Constitucionales y Sociales, en Cuba se daría “(…) la primera experiencia

24 MERINO BRITO, Eloy G., “La inconstitucionalidad de las leyes en la nueva Carta

Política cubana de 1940”, en Repertorio Judicial, Año XVI, No. 9, septiembre,

1940, Año 1940, Compañía Editora de Libros y Folletos, La Habana, p. 165.

Dr. Andry MATILLA CORREA

28

iberoamericana que, muy tempranamente, reflejará, parcial, impropia o

desnaturalizadamente si se prefiere, el modelo europeo de los Tribunales

Constitucionales. Si se piensa que en Europa, inmersa en 1940 en el fragor

de la guerra, aun habrán de pasar bastantes años hasta que las primeras

Constituciones de la postguerra sienten el punto de partida para la

consolidación y ulterior eclosión de estos órganos de impronta kelseniana,

se puede valorar aun en mayor medida la trascendencia del paso dado por

los constituyentes cubanos.”.25

Todo lo que aconteció en torno al control jurisdiccional de

constitucionalidad en nuestro país en esta época que nos ocupa26, que en

resumidas cuentas se refiere al específico campo procesal de lo

constitucional, nos hace afirmar que fue ese el espacio procesal que con más

intensidad se desarrolló en la etapa republicana prerrevolucionaria, no solo

por su establecimiento y por el grado de evolución que alcanzó, sino por la

intensidad con que se dio esa evolución. Algo que no se logró hacer para los

demás segmentos procesales como el civil, el administrativo y el penal.

La primera mitad del siglo XX fue también el marco temporal que vio nacer

una nueva rama del Derecho: el Derecho Laboral o Derecho del Trabajo (en

los primeros momentos llamado también Derecho Social). Cuba no escapó a

esa realidad, y con un nuevo ámbito objetivo de relaciones sociales

ordenado por el Derecho (las relaciones laborales), poco a poco se va

poniendo al descubierto la necesidad de crear un espacio jurisdiccional para

resolver los conflictos en ese orden, con requerimientos procedimentales y

procesales propios.

A pesar de ciertos antecedentes normativos sobre el espacio propio que iba

ganando la legislación laboral, es en la Constitución de 1940 donde se

contenían importantes preceptos sobre el trabajo y en el artículo 84 de esa

ley de leyes se establecía: “Los problemas que se deriven de las relaciones

entre el capital y el trabajo se someterán a comisiones de conciliación,

25 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “El control de constitucionalidad en Cuba (1901-

1952)”, en Derechos Humanos y Constitución en Iberoamérica (Libre-Homenaje a

Germán J. Bidart Campos), PALOMINO MANCHEGO, José F. y José Carlos REMOTTI

CARBONELL, (Coordinadores), Lima, Instituto Iberoamericano de Derecho

Constitucional (Sección Peruana), 2002, p. 304.

26 Vid. MATILLA CORREA, Andry “El control jurisdiccional de constitucionalidad en

Cuba (1901-1959): recuento histórico de sus líneas generales”, en Panorama de la

Ciencia del Derecho en Cuba. Estudios en homenaje al profesor Dr. C. JULIO

FERNÁNDEZ BULTÉ, Andry MATILLA CORREA, (Coordinador) Facultad de Derecho,

Universidad de La Habana, Leonard Muntaner, Editor, Palma de Mallorca, 2009, pp. 96

y ss.; publicado también en LÓPEZ ULLA, Juan Manuel (Dir.), La justicia

constitucional en Iberoamérica. Chile, Bolivia, Colombia y Cuba, Servicio de

Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2011; y

como “El control jurisdiccional de constitucionalidad en Cuba (1901-1958)”, en

Revista Peruana de Derecho Público, Año 11, No. 21, julio-diciembre de 2010,

Editora Jurídica Grijley, Lima, Perú.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

29

integradas por representaciones paritarias de patronos y obreros. La Ley

señalará el funcionario judicial que presidirá dichas comisiones y el tribunal

nacional ante el cual sus resoluciones serán recurribles”.

Esas comisiones de conciliación están en la línea de una vía jurisdiccional

propia a los conflictos laborales, diversa de las vía judicial civil o contenciosa-

administrativa. En aquel contexto republicano prerrevolucionario repasaba un

presidente del Tribunal Supremo, Santi ago ROSELL Y LEYTE-VIDAL: “(…) Ha

querido también la Ley, que el único funcionario que forme parte de esas

comisiones, sea del orden judicial, ya que los demás componentes son

delegados de entidades obreras y patronales y no empleados de la

Administración Pública; por ello, la Sala de Gobierno de este Tribunal,

declaró, teniendo en cuenta el artículo 207 de la Carta Estatal, que las

Comisiones de Inteligencia, no constituyen una dependencia administrativa

del Poder Ejecutivo; por lo que pueden continuar formando parte de las

mismas, los miembros del Poder Judicial; por no constituir tampoco un

Tribunal extraordinario”27.

En el propio articulado de la Constitución de 1940, por el artículo 182,

inciso e, se establecía como una de las competencias del Tribunal de

Garantías Constitucionales y Sociales que ese mismo cuerpo jurídico

superior instituía, la de conocer de “las cuestiones jurídicos-políticas y las

de la legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su

consideración”. Surgía así otra estructura dentro del sistema judicial de

entonces que entraba a conocer de ciertos asuntos jurisdiccionales de

naturaleza laboral (social), además de aquellos casos que ya eran conocidos

por la vía contencioso-administrativa y que tenían que ver con cuestiones

laborales.

Luego de la entrada en vigor del texto Constitucional de 1940 se abrió la

expectativa, cada vez más creciente, de la necesidad de la creación de los

Tribunales de Trabajo como órganos jurisdiccionales especializados en la

materia laboral, en consonancia con la letra del artículo 84. Pero estos

tribunales no fructificaron y los esfuerzos normativos que se dieron

naufragaron en el iter procedimental legislativo28.

En la Ley No. 7 de 31 de mayo de 1949, Ley Orgánica del Tribunal de

Garantías Constitucionales y Sociales, por los artículos 13 y 16 se

complementaba la competencia de ese órgano para conocer y resolver los

27 ROSELL Y LEYTE-VIDAL, Santiago, “Discurso del Presidente del Tribunal Supremo

Dr. Santiago Rosell y Leyte Vidal”, en Repertorio Judicial, Año XXXIII, No. 9,

septiembre de 1957, 1957, Imp. Habana, La Habana, p. 170.

28 Vid. ÁLVAREZ TABÍO, Fernando, “Los Tribunales de Trabajo y la Constitución de

1940”, en Repertorio Judicial, Año XXI, No. 4, abril de 1945, 1945, Compañía

Editora de Libros y Folletos, La Habana, pp. 73 y ss.; y CORTINA, José Manuel,

“Tribunales del Trabajo o guerra social”, en Repertorio Judicial, Año XXVIII, No.

8, agosto de 1952, 1952, Imprenta Berea, La Habana, p. 171.

Dr. Andry MATILLA CORREA

30

recursos de apelación o casación en asuntos de naturaleza social y laboral y

las cuestiones de legislación social. Y se le dedicaba el Capítulo 10 de ese

cuerpo normativo a establecer el proceder frente al conocimiento y

resolución de las cuestiones jurídico - políticas y de legislación social. En

ese Capítulo, el articulo 108, prime párrafo, disponía: “Mientras no se creen

los Tribunales de Trabajo por la Ley, todas las resoluciones que se dicten

en materia de controversia laboral por el Ministerio de Trabajo, así como

los acuerdos de los Directorios de Retiro, o de Seguros Sociales, creados

por Ley o Decreto, serán recurribles directamente por vía de apelación

ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales”.

Otras normas jurídicas irían incorporándose y complementando el marco

jurídico de la jurisdicción laboral en nuestro país, como el Decreto No. 3864

de 1 de septiembre de 1949.

Importa entonces retener aquí la idea de que durante esta primera mitad del

siglo XX se fueron conformando en Cuba los primeros fundamentos del

fenómeno procesal laboral; fenómeno que se consolidaría entre nosotros en

la siguiente etapa histórica.

Ampliadas las esferas de manifestación objetiva del fenómeno jurídico

procesal en nuestro país, se ensancha también el quehacer doctrinal y

jurisprudencial en las cuestiones procesales, completando la labor de

conformación en dicha esfera procesal. Sobre todo, se fue fortaleciendo la

labor de la jurisprudencia nacional, una jurisprudencia que – como es lógico

suponer por las circunstancias históricas al echar a andar el Tribunal

Supremo cubano en 1899 – comenzó mirando muy de cerca lo que

jurisprudencialmente aconteció en el territorio de la antigua metrópoli

española, para luego ir desarrollando los espacios de autoctonía y configurar

un fuerte elemento que era imprescindible considerar cuando del

acercamiento al universo procesal se trataba.

Por otro lado, el período republicano prerrevolucionario puede calificarse

como el más intenso en materia de desarrollo doctrinal, y en ese sentido el

más importante que se ha dado en nuestro país hasta el momento. Muchos

juristas sumaron su pluma al desenvolvimiento teórico de ese espacio, desde

sus diversas esferas de manifestación; destacando sobre todo los aportes de

magistrados judiciales y profesores universitarios, lo que señalaba que había

un cierto diálogo constante entre teoría y práctica, y que estas dos últimas se

miraban mutuamente en nuestro sistema jurídico.

Realmente no pocos fueron los juristas que desde los ángulos en que se

puede manifestar la creación literaria dentro del Derecho, hicieron sus

contribuciones a la literatura patria sobre Derecho Procesal en este periodo

que nos ocupa, tanto con texto para el uso universitario, libros que

recogieron las soluciones jurisprudenciales, compilaciones legislativas,

comentarios de las principales disposiciones normativas en materia

procesal, como con monografías y artículos. En fin, una producción

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

31

bibliográfica que, vista de conjunto, no conocerá igual después de 1959 y en

lo que hubo de restar del siglo XX. Incluso, no pocos de esos autores

incursionaron por igual en diferentes áreas del Derecho Procesal, dándonos

obras muy estimables.

Intentemos entonces, una ilustración de esos nombres, a sabiendas que será

algo inacabado y que puede que no le hagamos justicia a algunos de esos

nombres necesarios. Esperemos que se nos disculpe cualquier omisión, al

fin y al cabo es solo una enumeración con fin ilustrativo.

Entre los primeros autores que con el siglo se movieron a dejar obra escrita,

hay que mencionar, por derecho propio, a Ángel C. BETANCOURT – llegaría a

presidir el Tribunal Supremo –, por lo que realizara con los principales

cuerpos normativos que recibió la Cuba de las primeras décadas del siglo XX.

Cabe aquí recordar los textos para el uso universitario – casi todos sobre la

base de lecciones universitarias profesadas por sus autores - como: Tratado

de Derecho Procesal con arreglo al programa del Dr. Ricardo Dolz y

Arango de Guillermo PORTELA; Derecho Procesal Civil. Segundo Curso, de

ALBERTO DEL JUNCO Y ANDRADE; Derecho Procesal Civil de Pedro CUÉ

ABREU; Derecho Procesal Civil. Primer Curso de Julián Francisco DE

SOLÓRZANO Y RENAU; Curso de Derecho Procesal Criminal, de José

PORTUONDO Y DE CASTRO.

Otros autores dejaron su impronta, por ejemplo en el Derecho Procesal Civil

– aunque algunos no en exclusiva en él –, con obras de variado tipo, en ese

caso están, entre otros: Ángel C. BETANCOURT, Eduardo R. NÚÑEZ Y

NÚÑEZ, Juan José Expósito CASASÚS, Manuel MARTÍNEZ ESCOBAR,

Fernando Leopoldo AGUILAR ALMEIDA, Mariano SÁNCHEZ ROCA, Juan

MIRANDA I URQUIZA, Alberto SÁNCHEZ OCEJO, Guillermo DE MONTAGÚ.

El Derecho Procesal Penal fue el de menor reflejo en cuanto a la producción

bibliográfica, por lo que puede evocarse tanto el ya mencionado texto de

José PORTUONDO Y DE CASTRO, como a Eduardo R. NÚÑEZ Y NÚÑEZ,

Emilio MENÉNDEZ MENÉNDEZ Y Pablo F. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, estos tres

últimos con obras en torno a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de

entonces.

En el Derecho Procesal Administrativo, cabe recordar a Ángel C.

BETANCOURT, José Clemente VIVANCO, Eduardo R. NÚÑEZ Y NÚÑEZ,

Gustavo RAMÍREZ OLIVELLA, Mariano SÁNCHEZ ROCA, Adriano G.

CARMONA Y ROMAY, Julián Modesto RUIZ Y GÓMEZ y sus copias de clase

de la asignatura Procedimientos Administrativos (externo – léase

contencioso-administrativo – e interno); Eloy G. MERINO BRITO. Y, sobre

todo a Fernando ÁLVAREZ TABÍO, quien hacia finales de la etapa

republicana prerrevolucionaria se convertiría en el más importante

procesalista administrativo de Cuba, y su obra El Proceso Contencioso-

Administrativo (Doctrina, Legislación, Jurisprudencia), Editorial Librería

Dr. Andry MATILLA CORREA

32

Martí, La Habana, 1954, lo colocaría entre los que integraban la primera

línea del iusprocesalismo administrativista de Iberoamérica.

En lo atinente al control jurisdiccional de constitucionalidad, hay que

convocar nombres como, por ejemplo, los de: Ángel C. BETANCOURT, Juan

GUTIÉRREZ Y QUIRÓS, Juan Federico EDELMANN, Guillermo DE MONTAGÚ,

Gustavo GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, Juan Clemente ZAMORA Y LÓPEZ SILVERO,

Enrique HERNÁNDEZ CORUJO, Raúl DE CÁRDENAS Y ECHARTE, Andrés María

LAZCANO Y MAZÓN, Ramón INFIESTA Y BAGES, Emilio MAZA Y RODRÍGUEZ,

Gustavo RAMÍREZ OLIVELLA, Eloy G. MERINO BRITO, Emilio MENÉNDEZ Y

MENÉNDEZ, Juan José Expósito CASASÚS, Julio GARCERÁN DE VALL Y

SOUZA, y Fernando ÁLVAREZ TABÍO (aún cuando este último publicara su

excelente libro sobre el recurso de inconstitucionalidad en 1960).

En lo correspondiente a la enseñanza universitaria del Derecho durante la

época republicana prerrevolucionaria, planes de estudio como el que se dio

por la ley de 3 de julio de 1925 para esa enseñanza, disponen la presencia

del Derecho Procesal (primer y segundo cursos), en los años terminales de

la carrera.

A pesar de que cada vez más se iba revelando en la práctica e iba ganándose

en conciencia de la necesidad de adecuar a las nuevas realidades de la vida

cubana el régimen procesal civil, penal y administrativo, mediante nuevas

leyes que sustituyeran a las finiseculares leyes de origen español que regían

en esas zonas procesales, no abundaron los intentos de colocar proyectos

normativos en esa senda antes de que el siglo XX llegara a su medio

camino.

En lo procesal civil, hay que recordar las “Bases para la reforma del

procedimiento civil en Cuba”, presentadas en 1935 por Federico LAREDO

BRÚ, pero que naufragaron en el intento de convertirse en norma jurídica.

No fue hasta la década de 1950 que los ánimos al respecto se movieron más,

y ello debido a un intento de proyección de nuevo Código procesal civil,

que tocaba también al régimen procesal administrativo. Ese intento, motivó

un interesante debate en el segundo de los momentos que presentó; y

aunque quedó como un episodio sin concluir, pues no se llegó a colocar en

la senda efectiva de su elaboración como ley, al menos el debate en torno a

una nueva norma jurídica procesal, se logró mover como quizás hasta ese

momento no se había dado.

Fue así que, como iniciativa individual, Guillermo DE MONTAGÚ, un

antiguo magistrado judicial que gozaba entonces de un gran prestigio

profesional y científico, y que tenía, además, una importante obra escrita,

dio a la luz en 1951, bajo la denominación de Proyecto de Código Procesal

Civil para la República de Cuba, una propuesta normativa de nuevo

régimen procesal. Desde tiempo antes de dar a la luz su propuesta

normativa, ya este magistrado judicial había dejado constancia de su visión

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

33

sobre la necesidad de reformar la legislación procesal civil vigente, y los

puntos esenciales que debían involucrarse en esa reforma. Así que en los

inicios de la década de 1950, al final de su obra Origen y formación del

proceso civil moderno, publicada en 1951, donde se recogían las

conferencias pronunciadas por él en el curso correspondiente a 1949 de la

Academia Interamericana de Derecho Comparado e Internacional, dio a

conocer su propuesta de legislación procesal29.

Según se encargaba de aclarar el propio DE MONTAGÚ en la “Advertencia”

que colocaba en el pórtico mismo de su propuesta legislativa procesal: “El

presente proyecto de Código Procesal Civil fue redactado sin encargo de

Organismo Oficial o privado alguno. Pero, al tener noticias del mismo el

representante de la Cámara Dr. Manuel DORTA DUQUE, lo hizo suyo y

presentó, suscribiéndolo además varios compañeros suyos, al Cuerpo

legislador de que forman parte. Encontrábase a la sazón en la Comisión de

Justicia y Códigos del mismo un proposición de reformas parciales a la Ley

de Enjuiciamiento Civil del también representante Dr. Buenaventura

DELLUNDÉ quien, generosamente lo retiró para dar paso a la integral que

significa este proyecto; y me honraron con su visita ambos señores, en

unión de los doctores Salvador ACOSTA CASARES, Gastón GODOY, Alberto

BLANCO, José E. GORRÍN, Leopoldo MARTÍNEZ AZOY y Silvio S.

SANABRIA, letrados distinguidos que venían realizando estudios al respecto

de modificar nuestra legislación procesal civil, acordándose adoptar mi

proyecto con la sugerencia de ciertas aclaraciones y adiciones a algunos de

sus preceptos para que yo las aceptara o rechazara libremente: honor y

cortesía que nunca agradeceré bastante. La mayor parte de sus

observaciones fueron incorporadas por mí a los artículos correspondientes,

conservando su redacción y contenido originales, con intercalación o

agregación de frases complementarias y, en menor número de casos, de

disposiciones (…)”; a continuación agregaba: “Tengo entendido que,

posteriormente el Dr. DELLUNDÉ ha propuesto una disposición transitoria

manteniendo, por razones políticas, en vigor los decretos sobre alquileres y

otras normas”; para luego también señalar: “Con las apuntadas

intercalaciones en su articulado primitivo, cuya totalidad subsiste, ha

quedado redactado el Código que, según parece, será en breve aprobado por

el Congreso”30.

A pesar de que a primera vista, por el nombre con el que se asumía (Código

Procesal Civil), pudiera parecer que este proyecto no tocaba directamente a

otra área de la arquitectura normativa de nuestro Derecho Procesal, lo cierto

es que sus implicaciones no solo se circunscribían a una nueva ordenación

jurídica del régimen procesal civil vigente, sino también el procesal

administrativo, como se desgaja claramente de la lectura de su articulado. El

proceso administrativo propiamente dicho, estaba ubicado en el Título VII,

29 DE MONTAGÚ, Guillermo, Origen y formación del proceso civil moderno.

Proyecto de Código Procesal Civil, Cultural, S.A., La Habana, 1951.

30 DE MONTAGÚ, Guillermo, en “Origen y formación...”, cit. pp. 143 y 144.

Dr. Andry MATILLA CORREA

34

“Contencioso-Administrativo”, al interior del Libro II, “Procesos de

conocimiento”, resolviéndose sus regulaciones específicas en solo nueve

artículos (artículos 276 al 284, ambos inclusive).

Puede entenderse que, dentro de la propuesta de Código Procesal Civil

debida a DE MONTAGÚ, venían a unificarse e integrarse en un cuerpo único

las regulaciones positivas relativas al proceso civil y al proceso

contencioso-administrativo. Un autor de la época, Pedro J. ENTENZA JOVA

consideraba: “Tan relevante obra se distingue por dos características

esenciales: la poderosa labor de síntesis efectuada, vertiendo en sólo 524

artículos los 2153 de nuestro Enjuiciamiento Civil, los del Contencioso-

Administrativo y la infinidad de reglas procesales, dispersas en diversas

legislaciones, que establecen los trámites de la ejecución hipotecaria, la

expropiación forzosa, el amparo en la posesión, el deslinde, los recursos de

casación y revisión, etc.”31.

Por nuestra parte, hemos de decir que, a la luz del proyecto de DE MONTAGÚ

la ordenación jurídica del proceso administrativo, propiamente considerado,

aparecía comprimida en nueve artículos, fundamentalmente, ocupando un

lugar secundario en lo sustancial dentro del diseño normativo que se

presentaba en ese proyecto legislativo, marcándose su dependencia

funcional directa, en lo que a la operatividad del orden normativo respecta,

del régimen jurídico ordenado para el proceso civil en ese propio cuerpo

normativo.

El deceso de Guillermo DE MONTAGÚ se produciría en 1952, poco tiempo

después de que hiciera público su Proyecto de Código Procesal Civil para la

República de Cuba, y que dicha propuesta comenzara a suscitar cierto interés

en términos del debate jurídico. Cabe destacar aquí la reseña bibliográfica

sobre el libro de Guillermo DE MONTAGÚ, en que aparece incorporado el

Código Procesal Civil, debida al insigne procesalista español Niceto ALCALÁ-

ZAMORA, y publicada en la Revista de la Facultad de Derecho de México,

No. 8, octubre-diciembre, 1952, México, D.F., pp. 22 y ss.

En definitiva, con el fallecimiento de su autor, este proyecto de normativa

procesal, en el estado de elaboración debido a DE MONTAGÚ, no avanzaría

más en el camino procedimental por convertirse en ley, ni llegaría a

posicionarse en el centro de un debate nacional como el que era de

esperarse ante la promoción de una propuesta de esa índole. Aunque, con la

muerte de Guillermo DE MONTAGÚ, no se apagarían todos los ecos de su

proyecto de Código Procesal Civil.

En la valoración del profesor Juan MENDOZA DÍAZ: “La aprobación del

Proyecto MONTAGÚ habría colocado a la legislación procesal civil cubana a

31 ENTENZA JOVA, Pedro J., El Código Procesal Civil Montagú, Imp. La Milagrosa,

La Habana, 1952, p. 3. También de ENTENZA JOVA, “El Código Procesal Civil

Montagú”, en la Revista Cubana de Derecho, Año XXIV (Nueva Serie), julio-

diciembre, 1950, Nos. III-IV (95-96), La Habana, p. 117.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

35

la vanguardia de nuestro continente y entre los ordenamientos procesales

más avanzados del momento. (…)”32. Realmente, agregamos por nuestra

parte, puede que lo hubiera colocado en la vanguardia de la legislación

procesal del continente en material procesal civil, pero no hubiera sido así

en lo que respectaba al contencioso-administrativo.

En 1953, la Comisión de Reformas Legislativas del Ministerio de Justicia

de nuestro país publicó el Ante-proyecto de Código Procesal Civil cubano,

cuyo ponente principal en esa ocasión era José E. GORRÍN PADILLA,

reconocido abogado y por entonces Presidente del Colegio Nacional de

Abogados. Dicho proyecto pasaría a conocerse como Ante-proyecto

GORRÍN, y la publicación de su contenido por la mencionada Comisión tenía

el objetivo de dar a conocer ante la comunidad jurídica nacional la letra de

esa propuesta normativa.

En esencia, el Ante-proyecto GORRÍN recogió el proyecto de Código

Procesal Civil para la República de Cuba debido al ya fallecido Guillermo

DE MONTAGÚ, al que le introdujo algunas adecuaciones y adiciones a su

articulado, pero sin transformaciones esenciales o fundamentales al

esquema normativo ideado por DE MONTAGÚ, ni a la manera en que eran

ordenadas las cuestiones procesales contenidas en ese proyecto. De ahí que

cuando se hacía referencia al aludido Ante-proyecto, en ocasiones se

advertía que sus autores eran Guillermo DE MONTAGÚ y José E. GORRÍN.

Ciertamente, el Ante-proyecto GORRÍN sería el proyecto de reforma procesal

que provocaría un debate nacional a su alrededor, no sólo recabando la

atención individualizada de los especialistas, sino generando acciones

gremiales que promovieron públicamente el análisis de esa propuesta

normativa. De hecho, entre estas últimas cabe destacar las promovidas por

el Colegio Nacional de Abogados en 1953 y 1956, donde participó como

conferencista principal el procesalista español Niceto ALCALÁ-ZAMORA, y

que al menos en la de octubre de 1953 estuvo acompañada luego de una

mesa redonda donde se debatió el proyecto normativo con la presencia

incluso del ponente principal José E. GORRÍN PADILLA; la del Comité

Ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial en

la provincia de Matanzas, de conjunto con el Colegio de Abogados de la

ciudad matancera (28 de noviembre de 1953); la mesa redonda convocada

por la Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial (ANFPJ), en

diciembre de 1953. También, el proyecto de norma procesal que nos ocupa

fue objeto de atención dentro un ciclo de conferencias que tuvo lugar en

mayo de 1956 en el Colegio de Abogados de Güines. Lamentablemente,

muy poco quedó publicado de ese debate, y en general sobre los análisis que

se dieron sobre el Ante-proyecto GORRÍN en los diversos espacios en que se

32 MENDOZA DÍAZ, Juan, “Un acercamiento al Proceso Civil cubano”, en Panorama

del Derecho procesal hispanocubano, Juan MENDOZA DÍAZ, (Coordinador), Tirant lo

Blanch, Valencia, 2012, p. 113.

Dr. Andry MATILLA CORREA

36

suscitaron, para poder constatar hoy en su real dimensión las diversas ideas

que se expresaron en relación con ese anteproyecto de legislación procesal.

El interés y el debate alrededor del Ante-proyecto GORRÍN, tuvo dos

momentos importantes: el primero en 1953 a raíz de la presentación de la

ponencia de GORRÍN PADILLA y de su circulación entre la comunidad

jurídica nacional, con las diversas acciones de análisis que ello generó;

luego, vendría otro momento importante algún tiempo después, en 1956,

cuando ese debate tenía ya apreciable grado de sustanciación y en el que no

pocos especialistas, desde 1953 y de una forma u otra, había expresado sus

valoraciones al respecto. En este segundo momento, incluso, se derivó en

acciones más concretas en función de la revisión de la letra de la propuesta

de código procesal, en la que se le dio cabida a otros juristas a partir de la

creación de una comisión encargada de revisar la letra del anteproyecto

(Comisión Nacional de Abogados), buscando adecuar más sus regulaciones

con las exigencias teóricas y prácticas del Derecho Procesal Civil y

Administrativo entre nosotros.

Según nos cuenta Fernando ÁLVAREZ TABÍO: “El Comité Ejecutivo

Nacional del Colegio de Abogados de Cuba, en sesión celebrada el día 5 de

abril de 1956, me hizo el alto honor de designarme redactor del título

dedicado al procedimiento contencioso-administrativo en el nuevo Código

procesal civil cubano, ponencia del distinguido jurista, Dr. José E.

GORRÍN”33; y seguidamente esclarecía que aunque desde el principio se

opuso a incluir la materia administrativa en un código de procedimiento

civil, porque esto significa negar autonomía al Derecho procesal

administrativo, acatando el criterio de la mayoría de la comisión encargada

de revisar el proyecto se lanzó a la tarea de redactar la parte correspondiente

al régimen contencioso-administrativo, atendiendo siempre a las exigencias

científicas del momento, pero sin olvidar las peculiaridades de nuestro

ambiente. De hecho, según el testimonio del propio ÁLVAREZ TABÍO, él

llegó a terminar su parte, que se pretendía integrar como un capítulo del

nuevo Código Procesal Civil cubano, la cual fue presentada a la Comisión

Nacional de Abogados.34

La situación políticamente convulsa que vivió Cuba en el final de la década

de 1950, y el posterior advenimiento al poder, en 1959, de las fuerzas

revolucionarias que lucharon en ese período contra el régimen dictatorial de

Fulgencio BATISTA, fueron factores de peso que impidieron que finalmente

se concretara de modo acabado la revisión del Ante-proyecto GORRÍN y la

reformulación del régimen procesal (civil y administrativo) que con él se

pretendía, y que dicha propuesta normativa fuera llevada al órgano

legislativo para su conversión en ley. Y así, ese anteproyecto de norma

procesal, como acción efectiva, pasó a dormir el sueño de los eternos.

33 ÁLVAREZ TABÍO, Fernando, “Nota preliminar”, en su obra, “Procedimiento

contencioso-administrativo…”, cit., p. 30.

34 Idem.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

37

Junto a todo lo dicho hasta aquí, vale recordar también que el tiempo que se

recorrió bajo lo que hoy se ha denominado como la República

prerrevolucionaria, estuvo lejos de significar un tiempo donde se vivió y se

realizó a plenitud la justicia. Mecanismos procesales y actuaciones

judiciales se hicieron presentes para responder a intereses de turno que

primaron sobre aquella misión de justicia, e impidieron precisamente que se

llegara a esta por los cauces procesales adecuados o señalados para ello.

Recordemos dos ejemplos ilustrativos.

El primero se dio con el Decreto-Ley No. 292 de 15 de junio de 1934, por

los que se crearon los desafortunados Tribunales de Urgencia y el

procedimiento por los que se actuaría en los casos de su competencia.

Nacidos en un momento muy convulso, de inestabilidad política y jurídica,

pero también de transformaciones del país luego de la caída del gobierno

machadista, estos tribunales se convirtieron en instrumentos justificados en

su existencia – como se lee en uno de sus Por Cuanto – por “La reiteración

alarmante e injustificada con que se producen los atentados a funcionarios

públicos por medio de aparatos explosivos y armas de fuego (…)”. De ahí

que – como se dice en otro de los Por Cuanto – “Todo ello hace más

necesario, imprescindible, para la prevención, investigación, y represión de

este nuevo género de delincuencia, la creación de cuerpos especializados en

ese género de investigación y la formación de Tribunales que, si bien

perteneciendo a los órganos jurisdiccionales ordinarios, resulten provistos

de una competencia por razón de la materia, especial para conocer de esta

clase de delitos, en los cuales, el juicio ha de llegar a formarse más que por

una prueba tasada, por elementos de convicción derivados de presunciones

que han de tomar sus puntos de partida, como base del salto lógico que ellas

implican, en las condiciones personales de los acusados, sus antecedentes en

relación con ese género de delincuencia y demás circunstancias de hecho

(…)”. Los motivos de esta norma se cerraban diciendo: “Tribunales y

funcionarios que además resultarán respaldados por el Gobierno en su

actuación y premiados en su labor, según la vocación que demuestren y

resultado o eficiencia que alcancen en la tarea de exonerar a la sociedad y al

pueblo de Cuba de la mácula que significa un tipo de delincuencia

abominable y bochornoso para todo pueblo civilizado”.

Los Tribunales de urgencia conservaron su existencia hasta su eliminación

luego del triunfo revolucionario de enero de 1959. Cuando aún estaba fresco

el recuerdo de esa presencia, y a pocos años de su desaparición, se afirmaba

sobre la norma que les dio vida y sobre su existencia misma: “Difícilmente

exista en nuestro país otro texto que exponga en forma tan brutalmente

franca el carácter represivo de los Tribunales. Todos recordamos lo que

fueron los Tribunales de Urgencia”35.

35 CUBA, Santiago, “Los Tribunales en el período de construcción del Socialismo.

(Versión del trabajo leído por el Fiscal del Tribunal Supremo, Dr. Santiago Cuba, en

Dr. Andry MATILLA CORREA

38

El otro ejemplo, tuvo que ver con la actuación del Tribunal de Garantías

Constitucionales y Sociales frente al golpe de Estado de Fulgencio

BATISTA, el 10 de Marzo de 1952, cuando al interesarse ante él la

declaración de inconstitucionalidad de los Estatutos Constitucionales que de

allí se derivaron y la restauración de la Constitución de 1940 y del ritmo

político-jurídico que esta última implicaba36, dicho tribunal dio un

espaldarazo través de la sentencia No. 127 de 1953 a los acontecimientos de

fuerza liderados por BATISTA. Como afirmamos en otra oportunidad, “(…)

esa actitud del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales abrigaba el

inicio del fin; y aportaría uno de los argumentos de fondo que se

esgrimieron y que condujeron al desmontaje de esa estructura de control

constitucional y del régimen jurídico de defensa de la constitucionalidad

que simbolizaba, en una etapa política y social posterior que se abriría con

el triunfo revolucionario de 1959”.37

6. El derecho procesal en Cuba durante la etapa revolucionaria de la

provisionalidad (1 de enero de 1959 hasta la entrada en vigor de

la constitución de 1976)

El triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959 fue un

acontecimiento que conmocionó al país desde sus cimientos. Ese día se

abrió un tiempo inédito en la historia del país.

En lo socio-político, en 1961, el gobierno revolucionario se decantaría por

el rumbo socialista de su proyecto, con el amparo del antiguo bloque

socialista de Europa del Este, encabezado por la URSS. De tal suerte, y bajo

condiciones políticas complejas en lo externo y lo interno, a poco del

triunfo revolucionario (1961) comenzó la construcción de un nuevo diseño

de sociedad bajo los auspicios del socialismo, en las condiciones de una

larga provisionalidad política y jurídica (que se extendería desde 1959 hasta

1976).

el acto de Apertura de los Tribunales, 3 de septiembre de 1962)”, en Revista Cubana

de Jurisprudencia, Año I, No. 9, septiembre 1962, La Habana, p. 22.

36 Vid. Recurso de inconstitucionalidad establecido ante el Tribunal de Garantías

Constitucionales y Sociales contra la Ley Constitucional de 4 de abril de 1952; la

Ley-Decreto No. 24 de abril de 1952; la Ley-Decreto No. 105, de 2 de junio de

1952, y la Ley–Decreto No. 721, de 27 de febrero de 1953, bajo la dirección de

Ramón ZAYDÍN Y MARQUEZ STERLING, admitido por el Tribunal de Garantías

Constitucionales y Sociales en votación unánime el día 12 de mayo de 1953, La

Habana, 1953; y Escrito de impugnación presentado por el Doctor Mario DÍAZ CRUZ

en nombre y en el del Hon. Sr. Presidente de la República Mayor General Fulgencio

Batista y Zaldívar en el Recurso de Inconstitucionalidad No. 145 de 1953, contra la

Ley Constitucional de 4 de abril de 1952, establecido por el Dr. Ramón ZAYDÍN Y

MARQUEZ STERLING, y 37 ciudadanos más, La Habana, 1953.

37 MATILLA CORREA, Andry, “El control jurisdiccional de constitucionalidad en Cuba

(1901-1959)…”, en “Panorama de la Ciencia del Derecho en Cuba...”, cit., pp. 96 y ss.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

39

Uno de los movimientos llamativos en torno a la actividad de la justicia que

se dieron en la primera época revolucionaria, producto de ciertas exigencias

al respecto del Poder revolucionario, tuvo que ver con la creación de

órganos jurisdiccionales diversos del aparato judicial, que conformaron

varios segmentos de actuación jurisdiccional, entre los que cabe recordar lo

que se dio en llamar la justicia revolucionaria y la justicia popular.

Realmente es un tema – por los motivos que fuere – al que no de le ha

colocado la mirada de los estudios histórico-jurídicos como para llegar hasta

hoy como revelado y esclarecido, desde esa perspectiva, en toda su

dimensión, más allá de la vivencia directa de aquellos que participaron de

un modo u otro en el mismo. Como capítulo de la vida jurídica cubana, en

algún momento deberemos detenernos en el in extenso para tender un mejor

conocimiento del mismo, a la luz de la historia y del Derecho.

De tal suerte, las nuevas condiciones políticas, marcadas por los fines y las

necesidades – políticas y de todo orden – del gobierno revolucionario y por

el enrumbamiento del modelo de socialismo que por entonces se practicaba,

más temprano que tarde señalarían la necesidad de ajustar la organización y

el funcionamiento del aparato estatal a esos nuevos derroteros, algo que se

consolidaría en la década de 1970.

Según planteaba dentro de aquél contexto temporal – primeros años del

decenio de 1960 – Santiago CUBA, Fiscal del Tribunal Supremo en ese

entonces: “Al triunfar la Revolución y pasar el aparato del Estado de la

minoría explotadora al pueblo trabajador, es natural que sus órganos entre

los que se encuentran los Tribunales, cambiaran de contenido. Ya no serían

los odiados instrumentos de represión contra el pueblo sino por el contrario,

en manos de las masas trabajadoras, se convertirían en vehículos de

transformación revolucionaria para velar por el cumplimiento del nuevo

orden jurídico y para aplastar la resistencia de las clases desplazadas del

poder que se opondrían por la fuerza a las transformaciones revolucionarias

en nuestra sociedad”38.

Una década después (1972), en esta misma cuerda, diría Eloy G. MERINO

BRITO: “(…) El objetivo cardinal de los tribunales de justicia en la sociedad

socialista es la defensa de la legalidad socialista emanada del poder

revolucionario, interpretando y aplicando sus leyes con sentido de pueblo,

por el pueblo y para el pueblo, no para frenar o amortiguar la lucha de

clases, sino para impulsarla hasta la total liquidación del sistema de

explotación del hombre por el hombre”39. Seguidamente comentaba a

propósito del Proyecto de Ley de Organización del Sistemas Judicial que

por aquellos días de evaluaba para su conversión en ley: “En el Proyecto de

Ley de Organización del Sistemas Judicial se estable como objetivo cimero

38 CUBA, Santiago, en “Los Tribunales en el período…”, cit., p. 24.

39 MERINO BRITO, Eloy G., “La organización del sistema judicial cubano”, en

Revista Cubana de Derecho, Año I, No. 2, octubre, 1972, Instituto Cubano del

Libro, La Habana, p. 64.

Dr. Andry MATILLA CORREA

40

de la actividad judicial “el mantener y reforzar la legalidad socialista”. De

él se derivan los demás: la defensa del régimen económico-social y

político de la Revolución; la protección de la propiedad socialista, de los

derechos e intereses legítimos de las instituciones, organismos y empresas

estatales y de las organizaciones sociales; el amparo a la vida, la libertad,

al dignidad, el honor, el patrimonio y demás intereses legítimos de los

ciudadanos, etc.”40.

A principios de los años sesenta, se produce la Reforma Universitaria, y es

depurado el claustro de la Universidad de La Habana, produciéndose una

renovación casi total del mismo en la carrera de Derecho.

Superados los albores de la vida revolucionaria, se puso en evidencia la

aparición de un nuevo factor de influencia sobre el sistema de Derecho

cubano, un factor hasta ese momento desconocido entre nosotros por no

corresponder al área de influencia histórica y cultural que, en ese sentido,

había venido operando desde el siglo XIX. Ese elemento fue el Derecho de

los países socialistas de Europa oriental, con la fuerte carga ideológica que

lo acompañó.

En el discurso de apertura de los tribunales, correspondiente al 3 de

septiembre de 1962, el entonces presidente del Tribunal Supremo, Enrique

HART Y RAMÍREZ, exponía: “Nosotros tenemos la suerte, hasta cierto

punto, de iniciarnos a la vida de estado socialista tras la experiencia de

países ya plenamente instalados en ella, lo cual nos permitirá, en gran

medida, ponernos a cubierto de las vacilaciones y los tropiezos de toda

improvisación que representa la adopción de un nuevo estilo de vida sin

contar con experiencia previa; ofreciéndonos la ventaja, al elaborar en la

oportunidad propicia el nuevo sistema de gobierno, de poder aprovechar en

muchos extremos la rica experiencia ganada por el pueblo soviético y por

los demás pueblos que integran en el sistema mundial del socialismo. No

significa esto, claro está, que debamos dedicarnos a copiar, inconsulta y

mecánicamente, lo ya elaborado por esos otros pueblos; sino saber

aprovechar, mediante selección meditada, lo que más ha de convenirnos en

cada caso, de acuerdo con nuestros antecedentes históricos, nuestra

peculiar cultura y muy especialmente con el status económico con que,

dada nuestra condición de país sub-desarrollado, la Revolución pueda

contar de modo inmediato. (…)”41.

De tal suerte, el Derecho cubano dejaría de mirar atentamente al Derecho

que se calificaba ahora como “burgués” e incompatible políticamente con

los principios que se enarbolaban y regían la marcha política del país, para

girar su punto de atención hacia el Derecho Socialista. Situación esa a la

40 MERINO BRITO, Eloy G., “La organización del sistema…”, cit., p. 64.

41 HART Y RAMÍREZ, Enrique, “Discurso de apertura de los tribunales (1962-1963)”, en

Revista Cubana de Jurisprudencia, Año I, No. 9, septiembre 1962, La Habana, p. 22.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

41

que el Derecho Procesal no escapó; aún cuando tampoco se desconocieron

nuestras raíces histórico-jurídicas.

En la primera década de vida revolucionaria, tampoco se acometió una

reforma de la normativa procesal vigente. Antes bien, solo se volvieron a

realizar reacomodos que pudiéramos llamar como puntuales, para atender

las nuevas circunstancias que iban señalando el planteamiento y desarrollo

de la justicia bajo los auspicios revolucionarios. Justo es decir que, superado

el primer lustro y algo más del tiempo revolucionario, fue perdiendo fuerza

el control judicial de constitucionalidad – en este tiempo se cambió el

nombre de tribunal por el de Sala al Tribunal de Garantías Constitucionales

y sociales –, por razones diversas (de índole histórica, ideológico y política)

cuya especificación no podemos acometer aquí, anunciando su futura

desaparición entre nosotros.

Las necesidades de transformaciones institucionales de la justicia en nuestro

país a la altura de la primera década de vida de la Revolución cubana,

fueron dejando en evidencia el imperativo de reformar la organización y el

funcionamiento de la justicia en Cuba.

Es en el primer lustro de la década de 1970 que comienzan a darse pasos

definitivos para lograr la institucionalización del país, aún sumergido en la

provisionalidad revolucionaria. Como parte de ese empeño, se fueron

adoptando un grupo de medidas para ir dotando gradualmente al país de los

resortes jurídicos que se acomodaran a las necesidades de permanencia y

desarrollo de la Revolución cubana. En el marco del llamado “proceso de

institucionalización”, la administración de justicia – quizás el segmento del

aparato estatal más factible de adecuar en aquel momento, por las

condiciones políticas que se daban – fue un sector que fue tocado de lleno y

con ello también el Derecho Procesal.

Según daba cuenta Héctor GARCINI GUERRA, en 1969 se estimó la

presencia de las condiciones necesarias para acometer la

institucionalización revolucionaria y en ocasión de celebrarse en el mes de

marzo el Forum Nacional del Viceministerio de Orden Interior, del

Ministerio del Interior, en sus palabras de apertura el Presidente de la

República, Osvaldo DORTICÓS TORRADO, después de exponer las

dificultades que afrontaba la administración de justicia, debido sobre todo

a la multiplicidad de jurisdicciones independientes, con visión diferente

de los hechos y conductas antisociales, con orientaciones distintas en

cuanto al desarrollo de sus actividades dijo: “Todo esto requiere, entre

otras cosas, que vayamos a una reforma profunda de la Administración de

Justicia en nuestro país. Esta no será, por cierto, una improvisación a

partir de hoy. Se ha llevado a cabo toda una experiencia a lo largo y ancho

del país sobre nuevas formas institucionales de la administración de

justicia; pero hoy existen, junto a esas nuevas formas, formas viejas,

Dr. Andry MATILLA CORREA

42

existe demasiado caos institucional en la administración de justicia que

nosotros tenemos que luchar por ponerle fin”.42

Para ese tiempo, en el panorama institucional de justicia en Cuba se

contaban, en manos de órganos diversos jurisdicciones como: la laboral, la

ordinaria, la popular, la revolucionaria, la militar, y la que conocía de los

supuestos de peligrosidad social y predelictiva.

Armando TORRES SANTRAYLL – en aquel momento Ministro de Justicia –

en el acto de investidura de los jueces del Tribunal Supremo Popular en

1974, se refirió a las causas fundamentales que concurrieron en pos de la

determinación de esos cambios en el planteamiento de la actividad judicial

nacional, considerando como las mismas: que la organización judicial

cubana, creada por la Ley Orgánica de los Tribunales de 1909, no estaba

elaborada en función de una participación directa del pueblo en la

administración de la justicia; que el órgano judicial estaba concebido como

uno de los poderes del Estado, y así estaba consagrado en el texto

constitucional de la nación; que buena parte de los órganos judiciales

estaban organizados sobre la base del juez unipersonal; que los

procedimientos judiciales fundamentales, tanto en lo criminal como en lo

civil, tenían una sustentación filosófica-política que pugnaba con la que

representa la base de la nueva sociedad; que en virtud del propio desarrollo

revolucionario y con el fin de resolver situaciones concretas a las que era

necesario hacer frente, el Gobierno se vio en la necesidad de crear además

de la ordinaria, otras jurisdicciones43.

El primer gran paso en dirección a la reforma de que hablamos fue la

creación de las denominadas “Comisiones de Estudios Jurídicos”, y la

redacción de las “Bases sobre Unificación de las Jurisdicciones, Principios

y Estructura del Nuevo Sistema Judicial”44.

En definitiva, la primera acción efectiva llegaría con la Ley No. 1250 de 23

de junio de 1973, que con la denominación de “Ley Orgánica del Sistema

Judicial” significaría la reforma total del sistema de justicia en Cuba,

replanteando la organización y el funcionamiento del sistema judicial

cubano. Con esa nueva ley, se abrogaba la vetusta Ley Orgánica del Poder

judicial de 1909, y las modificaciones que sufrió durante su larga vida.

Asimismo, por ese cuerpo legislativo se concluía el episodio de la

pluralidad de jurisdicciones – como instrumento ya no resultaba necesaria

42 GARCINI GUERRA, Héctor, “Las Comisiones de Estudios Jurídicos”, en Revista

Cubana de Derecho, Año I, No. 1, enero, 1972, Instituto Cubano del Libro, La

Habana, p. 24.

43 TORRES SANTRAYLL, Armando, “Investidura de los jueces del Tribunal Supremo

Popular y de los Tribunales Provinciales Populares”, en Revista Cubana de Derecho,

Año 3, No. 7, enero-junio, 1974, Instituto Cubano del Libro, La Habana, p. 16.

44 Vid. GARCINI GUERRA, Héctor, en “Las Comisiones de …”, cit., pp. 35 y ss.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

43

esa diversidad jurisdiccional –, a favor de la unidad jurisdiccional en manos

del nuevo sistema judicial que se organizaba.

De esa Ley No. 1250 se derivó una importante consecuencia para el ámbito

de alcance objetivo en materia procesal. Al no proveerse en aquella norma

jurídica ninguna estructura para realizar el control judicial de

constitucionalidad, ni fijarse expresamente su realización dentro del ámbito

competencial de los órganos judiciales, pues este tipo de control y el

proceso que implicaba quedaron formalmente eliminados del espectro

jurídico cubano. Con ello, se cerraba el capítulo práctico del Derecho

Procesal Constitucional en Cuba, después de casi tres cuartos de siglo de su

inicio y marcha entre nosotros, y de haber sido el primer país

iberoamericano en tener un órgano especializado dentro de la organización

judicial para realizar, de manera concentrada, el control jurisdiccional de

constitucionalidad.

Siguiendo con las trasformaciones en lo procesal, solo dos días después de

haberse emitido la “Ley Orgánica del Sistema Judicial”, se dicta la Ley

No. 1251 de 25 de junio de 1973, “Ley de Procedimiento Penal”; dando al

traste con la vigencia de la vieja ley española de Enjuiciamiento Criminal;

pero tomando mucho de ella.

Unos meses después, hace su entrada en la escena jurídica cubana la Ley

No. 1261 de 4 de enero de 1974, “Ley de Procedimiento Civil y

Administrativo”. Con ese nuevo cuerpo legal, se unificaba en una sola norma

los procesos civil y administrativo (recuérdense el Proyecto DE MONTAGÚ y el

Anteproyecto GORRÍN), derogándose las antiguas leyes de enjuiciamiento civil y

de lo contencioso-administrativo, igualmente de procedencia decimonónica.

Esta unificación, sin dudas expresión de una tendencia a unificar los regímenes

procesales, se haría tomando como eje central o protagónico el proceso civil. En

este caso, esa línea de unificación traería – junto con otras circunstancias que

han rodeado el control judicial del la Administración Pública y el

funcionamiento administrativo – la primera certificación de que el proceso

administrativo perdía protagonismo y algo de identidad como mecanismo

procesal con vida propia entre nosotros.

De acuerdo con lo que refería el profesor MENDOZA DÍAZ, el procesalista

uruguayo Enrique VÉSCOVI, en un libro de 1978 publicado en México

(Elementos para una teoría general del proceso civil latinoamericano),

colocó a la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo de Cuba, de 1974,

entre los códigos más modernos del continente americano, junto a la

legislación de Colombia, Brasil, Argentina y Guatemala.45 Para MENDOZA

DÍAZ, esa ley ciertamente se colocó en una posición de avanzada, en

comparación con la situación que el procedimiento civil tenía en ese

45 Vid. MENDOZA DÍAZ, Juan, “Un acercamiento al…”, cit., p. 115.

Dr. Andry MATILLA CORREA

44

momento en el resto del continente americano46. Sin embargo, en lo

administrativo no puede anotarse tal posición de avanzada.

A pesar de todas estas transformaciones de trascendencia en el régimen procesal

cubano – MERINO BRITO calificó a la Ley leyes de Procedimiento Penal de 1973

y a la de Procedimiento Civil y Administrativo de 1974, como que marcan dos

hitos muy importantes en el desarrollo de la legislación revolucionaria47 –, las

nuevas leyes procesales no dieron el salto cualitativo que era lícito esperar para

nuestro ordenamiento jurídico procesal. Se arrastraron en ellas viejos resortes que

se encontraban en nuestra legislación histórica al respecto (las leyes finiseculares

decimonónicas que acababan de abrogarse), algo que afloraba incluso en el uso de

la palabra “procedimiento” cuando la calificación correcta era ya la de “proceso”,

para definir el ámbito objetivo de regulación al que se referían.

En sede de desarrollo teórico y de producción científica en el área del

Derecho Procesal, debe reconocerse que hubo un retroceso en comparación

con los finales de la etapa que se cerró en 1958. Decayó enormemente la

producción bibliográfica (fenómeno que afectó a nuestro Derecho todo).

Muy poco se publicó al respecto a nivel de artículos y de libros

especializados. Lo más destacable en este orden de cosas, son los materiales

que se preparaban para – o eran el resultado de – la docencia en la Facultad

de Derecho de la Universidad de La Habana, básicamente a partir de un

sistema de reproducción mimeografiado o de ediciones universitarias.

Encontrar en los días que corren un ejemplar de tales textos es casi

imposible hoy – ni siquiera en los anaqueles de nuestras maltrechas

bibliotecas especializadas –, de ahí el poquísimo conocimiento que se tiene

de tales materiales, y su valor de uso ha resultado por el estilo. Incluso,

MERINO BRITO hablaba de un texto de su autoría, edición universitaria,

fechada en 1967, La Habana, Instituto Cubano del Libro, que constituían

sus comentarios y notas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal48, pero en

búsquedas intensivas y extendidas no hemos podido hallar un ejemplar del

mismo – ojalá no se haya perdido para siempre tan valioso texto –; muy

pocos entre las generaciones de juristas del último cuarto del siglo XX y lo

que va del XXI conocen la existencia de ese texto de MERINO BRITO.

A partir del hecho de proyectarse y contar con dos nuevas leyes procesales

que tocaban con protagonismo las esferas del Derecho Procesal Penal y el

Derecho Procesal Civil, estas fueron aflorando gradualmente como las dos

esferas fundamentales de nuestro iusprocesalismo; y hacia ellas se fueron

dirigiendo, también de forma gradual, las miradas de los intereses

científicos en ese contexto. Esto último se ha de advertir con mayor claridad

luego de la entra en vigor de las leyes procesales que en 1977 sustituirán a

éstas de la primera mitad de la década de 1970. Pero, el movimiento de

nuestra legislación en el primer lustro del decenio de 1970 en relación con

46 Idem. p. 115.

47 MERINO BRITO, Eloy G., “La Ley de Procedimiento Civil…”, cit., p. 177.

48 Vid. MERINO BRITO, Eloy G., “Proyecto de Ley de Procedimiento…”, cit., p. 15.

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

45

el ordenamiento procesal, unido a la aparición en una nueva época de la

Revista de Cubana de Derecho (a partir de 1972 y como principal

publicación con carácter periódico para el tema jurídico, por ese tiempo),

propiciaron que hacia el final del periodo de la provisionalidad fueran

viendo la luz importantes artículos – de la mano de reconocidos

especialistas del Derecho – sobre tópicos procesales, especialmente a

propósito de las disposiciones normativas que iban proyectándose y

entrando en vigencia en la primera mitad de los años setenta. Cabe recordar

en ello los trabajos de Eloy G. MERINO BRITO, a propósito de los cuerpos

legislativos sobre la organización del sistema judicial, sobre el

“procedimiento penal” y sobre el “procedimiento civil y administrativo”.

Por otro lado, con los primeros años de vida revolucionaria había dejado de

ser visible el interés por abordar científicamente los temas relativos al luego

sepultado control judicial de constitucionalidad (el libro de Fernando

ÁLVAREZ TABÍO de 1960, sobre el recurso de inconstitucionalidad, fue el

último gran aporte bibliográfico en ello).

Y se apagó el acercamiento al Derecho Procesal Administrativo, al punto

que los temas sobre el contencioso-administrativo se convirtieron en mero

episodio dentro de la enseñanza del Derecho Procesal Civil; para no

comenzar recordando su ausencia dentro de las escasas publicaciones

jurídicas de la época. Incluso, una figura como Fernando ÁLVAREZ TABÍO,

en activa labor en la judicatura y otras áreas hasta su fallecimiento al final

de la década de 1970, prácticamente nada escribió – para no ser absolutos –

luego de 1960 sobre este tópico, a pesar de su renombre en esas lides

iusprocesales administrativas que bien se había ganado desde antes del

advenimiento de la Revolución cubana.

Por último, hay que decir que dentro del marco de la enseñanza

universitaria y de la doctrina nacional iusprocesalista civil, va asumiendo

posiciones protagónicas el profesor Rafael GRILLO LONGORIA,

consolidándose hacia fines de los setenta como la figura principal del

Derecho Procesal Civil cubano en lo que restaría del siglo XX. Así como

también, para el Derecho Procesal Penal, el profesor Aldo PRIETO iría

tomando las riendas de su enseñanza en la casa habanera de altos estudios,

consolidándose igualmente en ello hacia finales del decenio de 1970.

7. A modo de epílogo

En 1976 comenzó a regir en Cuba la nueva Constitución de contenido

socialista. Con ella, finalmente, se ordenaban constitucionalmente los

pilares del Estado cubano, tomando de la experiencia vivida en los años

anteriores y con proyección de futuro. Y, claro está, en esa Constitución se

contenían los nuevos fundamentos jurídicos de la justicia en nuestro país.

Entre 1976 y los días que corren, el país ha vivido momentos interesantes en

lo político y en lo jurídico. Momentos, en algunos casos, que, a la vuelta de

Dr. Andry MATILLA CORREA

46

este tiempo y en mirada retrospectiva, eran impredecibles para la fecha en

que entró en vigencia el texto constitucional actual. Como decimos, ha sido

un camino interesante, donde incluso se introdujo una importante reforma

constitucional (1992) para hacerle frente a las nuevas circunstancias que se

abrían luego de la caída del antiguo bloque socialista de Europa del Este.

En todo este tiempo el Derecho Procesal cubano no ha dejado de moverse.

Varias leyes sobre organización de los tribunales se han adoptado. Nuevas

leyes de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, Administrativo y

Laboral (LPCAL) verían la luz en 1977, haciendo entonces efímera la

vigencia de las respectivas leyes procesales de 1973 y 1974. En el espectro

de la actuación judicial cubana se daban pasos definitivos en la materia

laboral como parte de su competencia, consolidando el Derecho Procesal

Laboral entre nosotros. En la década de los noventa los tribunales cubanos

asumirían el conocimiento de los litigios en materia de Derecho Económico,

lo que tendría un momento importante posterior con la incorporación a la

LPCAL de la ordenación normativa del proceso en materia económica, por

el Decreto-Ley No. 241 de 26 de septiembre de 2006. Asimismo, la

aparición de las salas de familia, según se ha ensayado desde no hace

mucho en este nuevo del siglo, puede significar nuevos horizontes para el

Derecho Procesal de Familia

En estas últimas dédacas el interés científico y la producción bibliográfica

en el Derecho Procesal se han ido reactivando – en unas áreas más que en

otras –, augurando que puede ser un paso decidido en el despunte definitivo

de un desarrollo in crescendo en este sentido.

A lo anterior hay que añadir la creación, hace poco más de un lustro, de la

Sociedad Cubana de Derecho Procesal – en el marco que brinda la Unión

Nacional de Juristas de Cuba –, con el profesor Juan MENDOZA DÍAZ como

presidente fundador de la misma. MENDOZA DÍAZ, además, desde fines del

siglo pasado es el profesor principal de Derecho Procesal (Teoría General

del Proceso y Derecho Procesal Civil) en la Facultad de Derecho de la

Universidad de La Habana.

Como puede verse, a partir de 1976 se inicia otro período en el camino del

Derecho Procesal en Cuba, cargado de acontecimientos y matices que, a

simple vista, dejan en claro la riqueza que comprende y que aún ha de

revelarnos si continua amplíandose en el tiempo – como todos esperamos –.

Como etapa en la marcha de nuestro Derecho Procesal, esta a la que ahora

nos referimos no se ha cerrado aún y, por tal, resulta algo prematuro y

dificíl apreciarla y evaluarla en su justa dimensión.

Por su extensión como marco de referencia temporal, esta fase, en lo que se

ha vivido, aporta ya nuevos elementos para seguir tejiendo la historia del

Derecho Procesal cubano. Pero, asimismo, nos parece anunciar – en lo que

ha de estar por venir, sin dudas – que es una historia que no se detiene aquí,

sino que seguirá enriqueciéndose y creciendo como capítulo relevante

Brevísima presentación histórica del Derecho procesal en Cuba hasta 1976

47

dentro del proceso de asentamiento, construcción y perfeccionamiento de

los resortes sobre los que descansa la búqueda de la justicia en Cuba.

En consecuencia, la síntesis apretadísima que hemos intentado en estas

páginas, sobre algunos aspectos de la evolución histórica del Derecho

Procesal en Cuba, es una síntesis inconclusa, no solo por lo mucho que

hemos omitido, sino por lo que aún queda por decir sobre ella desde 1976

hasta hoy. Pero esa empresa, la de narrar la historia del Derecho Procesal

cubano de manera acabada, bien contada, ha de ser una tarea para otras

voces con más fuerza y oficio que la nuestra.