El derecho a la prueba en el modelo jurídico cubano: una interpretación

• Author: Ariel Mantecón Ramos
• Pages: 464-484

El derecho a la prueba en el modelo jurídico

cubano: una interpretación

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I. Constitucionalización de las garantías procesales

El proceso de positivación o constitucionalización

El derecho a la prueba está comprendido dentro de las garantías procesales que

fueron objeto de constitucionalización en el devenir del siglo  y, fu ndam enta l-

mente –aunque no de modo absoluto–, con posterioridad a la Segunda Guerra

Mundial. Suele citarse a las Constituciones de Italia de  y de Alemania de

, como los textos de referencia en materia de positivación de los derechos

fundamenta les. En efecto, con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial

quedó históricamente superado el fascismo como sistema institucionalizado y,

en lo que respecta a estos dos países, que vivieron variantes especialmente frus-

trantes de este fenómeno, se hizo más visible y representativo el trá nsito hacia

un Estado de Derecho denido, sobre todo, por normas constitucionales con

criterio garantista reforzado. En este contexto de positivación de los derechos

1 La Con stitución mexica na de 1917, por ejemplo, incluye –especícamente en su ex-

tenso artícu lo 20– un amplio y pormenorizado catálogo de lo que luego se reconocería

como «gara ntías jurisd iccionales o proc esales». Cfr. S. García Ram írez: «Tres textos

precursores del c onstitucionalismo so cial», en Boletín Mexicano de Dere cho Compara-

do (BMDC), n.os 2 y 3, México D.F., 1968, p. 474; y A. Torres del Moral: L a experiencia

constitucional 1978-2000, C entro de Estudio s Políticos y Constitucion ales, Madrid,

2000, p. 212 .

2 G. Peces-Barba enma rca el proceso histórico de positiv ación de las garantías proces a-

les entre la Constitución de Francia de 1848 y el nal de la Segunda Guerra Mundial.

Cfr. Libe rtad, poder, socialismo, Ed itorial Civitas, Madrid, 1978, p. 210.

3 Cfr. J. Cazorla Pérez et al.: De rechos, instit uciones y poderes en la Constituc ión de 1978

(edición de los autores), Granada, 1983, p. 159.

4 Cfr. P. A ndrés Ibáñez: «Las garantías del imputado en el proce so penal», en RMJ, n.º 6,

2005, p. 5; L.P. Comog lio: «Art . 24», en Commentari o della Costituzione, Zanichelli,

1981, pp. 1-2; M. Cappelletti y V. Vigor iti: «Il diritto costituziona li delle parti nel

processo civ ile italiano», en Rivista di Diritto Processuale (RDP), 1971, pp. 604- 606;

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fundament ales, junto a los derechos humanos de corte tr adicional, se llevó a los

textos constitucionales un tipo de derecho no vinculado directamente a la

esfera de protección de la vida, la integridad corporal o la libertad física y cívica

del individuo, sino de sus derechos procesales.

El derecho a la prueba es uno de los que la doctri na reconoce como garantías

constit ucionales del proceso. Debemos precisar q ue existe una línea terminoló -

gica que tiende a considerar los conceptos de «garantías» y «derechos» funda-

mentales, sin distinción, aun siendo en cuanto a la doctrina diferenciables, al

estimar que ambos conceptos entran a engrosar, sin diferenciación práctica, el

catálogo general de derechos de la Constitución. No es nuestro interés entrar

en diversidades conceptuales al respecto; en el curso de este estudio, opta mos

por usar en determinados momentos el término «garantías» para puntualizar la

cualidad de un derecho procesal que ha sido constitucionalizado. Es necesario

precisar, sin embargo, que para el modelo concreto por el que discurren estas

reexiones es relevante la diferencia terminológica entre ambas categorías.

Constitucionaliz ación y judicialización

Junto al fenómeno de incorporación de los derechos procesales al ámbito de la

Constitución, es importante destacar otro proceso, que es el de la judicialización

N. Trocker: Processo civile e Costituzio ne, Giurè Editore, Milá n, 1974, pp. 98 y ss.

5 Como se deduce de N. Trocker: l a positivación de garantí as procesales tuvo mayor des-

pliegue en Italia que en Alemania (Cfr. Ob. cit., pp. 103-104). En efecto, la Constitución

italiana, del 21 de diciembre de 1947, regulaba en el artículo 24 , el derecho de acc eso a la

justicia y a la defensa; en el artículo 25, el derecho al juez natural establecido por ley; y en el

artículo 111, ya en el ámbito especí co del proceso pena l, los derechos al juicio con todas

las garantías, a ser informado oportunamente de la acusación, a la prueba y al recurso.

La Ley Fundamental de Bonn, del 23 de mayo de 1949; m ás parca, por su pa rte, reconoce

el derecho de acceso a la jus ticia en su ar tículo 19.4; al juez legal, en su artículo 101.1; y a

ser oído en su defensa, en su art ículo 103.1. Sobre el cas o alemán, cfr. E. Zurawka: «El

concepto de Estado de Derecho en l a Ley Fundamental de la República A lemana», en

El Estado español en su dimensión histórica, PPU, Barc elona, 1984 , pp. 238-241. Para un e s-

tudio del proceso de constitucionalización de las garantías procesa les, en general, cfr.

J. Picó I Junio: Las garantías const itucionales del pro ceso, Bosch, Casa Editorial, Barcelona,

1997, pp. 17-21; D. Vallespín Pérez: El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del

proceso civil, Atelier, Barcelon a, 2002, pp. 23 -32; M.A. Garcí a Herrera: «Rigidez constitu-

cional y Est ado social», en La experiencia jurisdiccional: del Estado legislativo de derecho al

Estado constitucional de derecho, Consejo General del Poder Jud icial, Madrid, 1999,

pp. 60-61; P. Cruz Villalón y J. Pardo Falcón: «Los derechos fundamentales en la Consti-

tución española de 1978», en Boletín Me xicano de Derech o Comparado, n.º 97, México D.F.,

2000, pp. 94 -95; así como M. Cappelletti: Dime nsioni de lla giust izia nell e società contempo -

ranee: studi di dirit to giudiziario comparato, I l Mulino, Bologna, 1994, pp. 95-9 6.

6 Es la línea de análisis de J. Montero Aroca y J. Flors M atíes (Amparo c onstitucional y

proceso civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2 005, pp. 23-24); así como de J. Picó I Junio

(Ob. cit., p. 18), y S. Sánc hez Agesta («El artículo 24 de la Constitución y el Recurso de

Amparo», en El Tribunal Constitucional, vol. III , Dirección General de lo Contencioso

del Estado, Madrid, 1981, p. 2490), quien atr ibuye al art ículo 24 de la Constitución la

virtualidad de consagrar como derechos fundamentales de la persona lo que al m ismo

tiempo son garantías de los demás derechos y libertades.